Familiares exigen acabar con la corrupción que impide localizar a desaparecidos

Proceso

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Cientos de familiares de personas desaparecidas y representantes de organizaciones civiles se manifestaron este viernes frente a palacio de gobierno, en esta capital, para exigir a las autoridades estatales y federales que acaben con la corrupción y la impunidad que impide localizar a sus seres queridos.

Durante su asistencia al encuentro denominado “Las desapariciones en el norte de México: intercambio de experiencias de familiares y organizaciones”, familiares de desaparecidos, quienes llegaron de varios estados de la República, trajeron a Nuevo León la esperanza de que el gobernador electo, Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, sostenga su palabra de atender sus casos, porque Rodrigo Medina “no ha mencionado ni una palabra”, soltó Irma Leticia Hidalgo, madre de Roy Rivera Hidalgo, desaparecido el 11 de noviembre de 2011.

Los asistentes de Coahuila dijeron que aportarán la experiencia en su entidad, donde el gobernador los recibe por lo menos cada dos meses en mesas de trabajo, aunque hasta ahora no han localizado a sus desaparecidos, sostuvo Diana Isist García, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem).

Mientras los manifestantes protestaban a las puertas de palacio de gobierno, que fueron cerradas, adentro se realizaba el foro “Sistema Nacional Anticorrupción”, donde el gobernador César Duarte Jáquez se ufanó de que Chihuahua es ejemplo de anticorrupción.

Luego vino la demagogia del presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Miguel Salcido Romero, quien aseguró que la corrupción ha dejado de generar 2% del Producto Interno Bruto mexicano, es decir, 340 millones de pesos.

Según Duarte, el reto es regresarle la confianza a la sociedad, en el sentido de que la justicia va por un camino distinto al de la política. “No se usa a la política como escudo y como pretexto”, dijo.

Y en la llamada Cruz de Clavos o Cruz de la Impunidad, donde los familiares de desaparecidos realizaron el encuentro, Luz Estela Castro Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), acusó que Chihuahua tiene “un narco-estado gobernado por un cacique corrupto, insensible y superficial”.

Continuó: “Eso bien lo saben las familias de personas desaparecidas. Mientras esperaban frente al palacio de puertas cerradas para una audiencia, Duarte se fue de fiesta con Juan Gabriel. En Chihuahua, para los hombres del poder, las desapariciones son un mito, así presume el gobernador, y va diciendo: ‘afortunadamente en mi estado no hay desapariciones’”.

Oficialmente en la entidad hay mil 500 personas desaparecidas, pero ese número se multiplica si se contabilizan los desaparecidos en la Sierra Tarahumara, cuya cifra que permanece aislada e ignorada.

“Hablamos claro, alto y fuerte, cuando denunciamos que en Chihuahua estamos ante una realidad que no puede soslayarse. Son territorios donde el crimen organizado ha suplantado al estado, con la complicidad de las autoridades, y donde niños, niñas y las mujeres son los más vulnerables. Me refiero las mujeres de los pueblos que se ven obligadas a convivir con grupos criminales, con policías y militares”, destacó Castro Rodríguez.

“Presas del terror, las mujeres deben caminar, bajo la mirada amenazante de los hombres con sus armas listas para disparar, allanar cualquier hogar o para llevarse a sus hijas e hijos como botín de guerra. En la lógica de este conflicto armado, miembros del crimen organizado y policías se confunden hasta el punto de no poder discernir quién es el perpetrador de las agresiones”, subrayó.

A la marcha de este viernes en calles de esta capital se unieron las hermanas Mitzy Paola, Nitza Sitlaly y Deisy Alvarado, hijas de Nitza Paola Alvarado, desaparecida por militares en diciembre de 2009 en el ejido Benito Juárez, junto con dos primos.

Las tres ya obtuvieron asilo político en Estados Unidos, mientras María de Jesús Alvarado, tía de las tres hermanas, quien se hizo cargo de ellas, está en proceso de obtenerlo.

Nitza Sitlaly dio a conocer que ella y Paola aspiran a ser abogadas para defender los casos de desaparición, porque ya conocen el camino. “Antes, cuando estábamos más chicas, no nos dábamos cuenta de la gravedad de lo que pasaba. Mi tía, desde chicas, siempre se hizo cargo del caso, pero luego vimos que eran muchísimas víctimas y nos hemos involucrado más”, relató.

Asimismo, dijo que no se explican por qué las autoridades no actúan para localizar a sus familiares desaparecidos, pese a que ya tienen a dos militares ubicados como responsables, uno de los cuales, Élfego José Luján Ruiz, está preso. El otro es el excomandante de la V Zona Militar en Chihuahua, Felipe de Jesús Espitia.

Ambas hermanas cofundaron el grupo de Mexicanos en Exilio, junto con otros chihuahuenses desplazados, principalmente del Valle de Juárez.

Silvia Ortiz de Sánchez Viezcas, de la asociación Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida), dio a conocer que en Coahuila se han denunciado alrededor de mil 800 desapariciones, pero la cifra negra la estiman entre 3 mil 500 y 4 mil casos. La mayoría no son denunciados por miedo, apuntó.

Explicó que Vida trabaja para que la gente tome conciencia y se dé cuenta de lo que ha sucedido y sigue sucediendo. “En una semana, la pasada, desaparecieron cinco chicas por separado en Torreón. Hay mucha corrupción, las autoridades dejaron trabajar a la delincuencia organizada de manera más fuerte entre 2009 y 2012″.

La hija de Silvia Ortiz desapareció el 5 de noviembre de 2004. En el caso, dijo, hay policías involucrados. “Los delincuentes le pagaban protección al jefe del grupo Antisecuestro, Enrique Ruiz Arévalo. Por mi hija pagaron 400 mil pesos de protección”, refirió al recordar a Silvia Stephanie Sánchez Viezcas, quien tenía 16 años al momento de su desaparición.

En 2006 Ruiz Arévalo fue “levantado” y posteriormente ejecutado.

Diana Iris García, de Fundem, destacó que por presión de las familias que se unieron, porque no las tomaban en cuenta en solitario, han logrado que los funcionarios de alto nivel los reciban cada dos meses, y con el gobernador también van cada dos meses. En las mesas de trabajo, abundó, lograron la creación de la Suprocuraduría Especializada para Personas No Localizadas y la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparecido.

Ahora trabajan en el programa especial para la atención de familias de personas desaparecidas, porque tienen derecho a la salud, vivienda, educación y trabajo, dijo.

De Ciudad Juárez llegaron padres de mujeres desaparecidas y/o asesinadas, como José Luis Castilllo, quien busca a su hija Esmeralda Castillo Rincón. Dijo que sólo le entregaron parte de un tobillo localizado en El Valle de Juárez, pero su hija puede vivir todavía sin un pie, señaló. Ese argumento le valió para que las autoridades reactivaran la recompensa para localizar a Esmeralda.

Por su parte, los representantes de Baja California denunciaron la actividad de los grupos armados que actúan en total impunidad, así como la falta de actuación de las autoridades, ya que hasta ahora son los mismos familiares quienes buscan a sus seres queridos con recursos propios, en medio del dolor.

Por ello, exigieron que el gobierno descongele los casos que tienen archivados en sus oficinas.

Luego de recordar que el próximo domingo 16 se cumplen siete años de la masacre de Creel, los manifestantes colocaron una ofrenda floral encima de la placa conmemorativa por el asesinato de la activista Marisela Escobedo Ortiz, asesinada afuera del palacio de gobierno el 16 de diciembre de 2010.

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