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En Coahuila afirman que es imposible identificar restos óseos de Masacre de Allende, a 8 años de la matanza (Coahuila)

En este reportaje especial de VANGUARDIA testimonios narran un episodio de impunidad, corrupción, terror y autogobierno por parte del crimen organizado en colusión con las autoridades

Armando Ríos/LA VANGUARDIA.COM

CRIMEN ORGANIZADO. Declaraciones apuntan a que miembros de Los Zetas quemaron y demolieron hogares de las personas que secuestraban. Fotos: Archivo

Centenares de artículos han recorrido los portales del mundo contando lo sucedido en Allende. ¿Cómo en un pueblo tan pequeño pudieron ocurrir tales atrocidades?… Parecido a la época Holocausto, las pérdidas que dejó la masacre en este poblado de Coahuila entre el 18 y el 20 de marzo del 2011 aún no tiene cifras exactas.

La historia empezó a contarse hasta el 2013. La noticia aparecía en los medios nacionales y como un efecto dominó en los internacionales. Así, tal cual: tanto Piedras Negras como Allende, pasaron más de dos años conviviendo con el rostro de las 40 casas derrumbadas y quemadas por el crimen organizado, hasta que alguien se atreviera a contar la historia. El secreto a voces se desbordó como una presa de agua después de un diluvio.

Todo empezó durante la tarde del viernes 18 de marzo de hace ocho años. Aunque la zona ya había registrado una serie de homicidios violentos y balaceras, el temor fue distinto. “El pueblo estaba completamente solo. Se sentía un ambiente tenso”, dicen los testimonios.

El arribo de 50 camionetas tipo pickup con múltiples elementos del Cartel de los Zetas a bordo habían puesto sobre aviso a los 23 mil habitantes del poblado que se encuentra a escasos 40 kilómetros de la frontera con Texas. Aún con el resguardo, las primeras versiones de los pobladores dijeron que había por lo menos 300 personas desaparecidas o masacradas a lo largo de ese fin de semana.

Fue desde el 2008, cuando Héctor Moreno Villanueva, Mario Alfonso Cuellar y José Luis Garza Gaytán empezaron a trabajar con el cártel de los Zetas en la zona. El rancho “Los Garza”, era su punto; una propiedad más de tierra que se ubicaba entre la conexión de Allende y el poblado de Villa Unión.

La ruptura de los tres sujetos con el cártel que dirigían en la plaza fronteriza Miguel Ángel y Omar Alejandro Treviño Morales el “Z-40” y el “Z-42” en 2011, se debió a una supuesta traición según lo que se ha declarado en los juicios de la corte norteamericana que lleva parte del caso.

Moreno Villanueva, Mario Alfonso Cuellar y Garza Gaytán, habían huido a Estados Unidos con una cantidad de entre 5 y 10 millones de dólares provenientes del tráfico de drogas, así como con los números contables del cartel, como lo menciona el expediente 168/2014 en poder de la Fiscalía. A excepción de Garza Gaytán, Héctor y Mario “Poncho”, Garza Gaytán fue el único que no se convirtió en testigo protegido por la DEA para dar la información sobre las operaciones de los hermanos Treviño.

“Cuando ‘Poncho’ y yo nos venimos para acá, a los Estados Unidos, ellos empezaron a matar a toda esta gente inocente, y sus familiares intentaron poner denuncias, pero les dijeron que no les tomarían ni una y que tenían 24 horas para irse de la ciudad”, dijo Héctor Moreno, en su testimonio según el Informe “Control…Sobre Todo el Estado de Coahuila” de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas.

Los testimonios que recogió el Poder Judicial del Estado de Coahuila, por las causas penales presentadas por la Fiscalía General del Estado tres años después de la masacre, narran una historia de impunidad, corrupción, terror y autogobierno por parte del crimen organizado en colusión con las autoridades.

José Ángel Herrera, Fiscal Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas en Coahuila, dice que aunque los indicios biológicos que han encontrado en el rancho Los Garza registran el hallazgo de al menos tres personas que fueron víctimas de los sucesos, los testimonios que han recabado entre los pobladores, bomberos, víctimas y perpetuadores del crimen, e incluso el propio exalcalde de Allende hablan de “muchas más personas”.

Los hechos relatan que desde el 18 y hasta el 22 de marzo, el Servicio Estatal de Llamadas de Emergencia del 911 recibió 64 reportes de incendios entre Piedras Negras, Villa Unión y Allende, mismos que, según las declaraciones ministeriales de los bomberos no podían ser atendidas debido a las amenazas.

La técnica que utilizaron los Zetas en presencia de los policías para efectuar su venganza a través de la desaparición, el homicidio y el terror, empezaba con el allanamiento de los hogares, ya al interior con la captura de las personas (o en su caso el asesinato en el mismo domicilio), y antes de retirarse quemaban el domicilio o derrumbarlo con maquinaria industrial.

“A las siete u ocho de la noche pude ver cuando la gente armada se metió al domicilio de la calle Cuahutemoc y Morelos a una persona del sexo masculino a empujones y después escuché disparos, y de rato sólo vi salir de la casa dos bultos cubiertos en bosas grandes de color negro. La gente empezó a saquear la casa llevándose las cosas, hasta que llegaron una patrulla de la policía de Allende con una policía mujer, y después llegaron dos patrullas más que cuidaban la casa”, dice la declaración de un vecino.

“El día 20 de marzo recibí una llamada por parte del vecino, el cual me informa que un grupo de 12 personas habían irrumpido en el domicilio de mi hermana, los cuales se encontraban con armas largas, y que sacaron de la casa a (menciona cuatro nombres: el de su hermana y tres personas más); los suben a la camioneta y se retiran del lugar no sin antes quemar la casa”, detalla otra declaración.

Alguien más reportó un incendio, en el lugar prohibido. El 23 de noviembre del 2014, comparecieron ante las oficinas del Ministerio Público cuatro bomberos de Allende que atendieron los reportes de incendio que los guiaban hasta el rancho Los Garza:

“Nos dimos cuenta que en la entrada del rancho, había unidades de Policía Municipal con elementos de dicha corporación y entre los cuales se encontraban (menciona cuatro nombres resguardados por derechos de datos personales), también (…), quien era el director de Policía Municipal (…) entre otros policías los cuales no vi bien de quien se trataba, señalando que yo conocía muy bien a todos estos policías debido a que tenía mucho contacto con ellos”, dice el bombero.

“Asimismo me pude dar cuenta que ahí en el rancho se encontraban los dueños del mismo, ya que pude ver a (menciona a un hombre), a la señora, y a la hija de éste (…) y a estas personas la gente de los Zetas como que les gritaba y los estaban golpeando. Asimismo me di cuenta que estaban estacionando un camión cerca de la bodega, y se veía que estaban bajando tambos grandes y se percibía olor a diésel o gasolina. Cuando la gente de los Zetas se dan cuenta de nuestra presencia y de que intentábamos sofocar el fuego, nos dicen: ¿Ustedes qué?, rúmbenle a la verga, a chingar su madre ¿o quieren que les pase a ustedes o a su familia lo mismo? Y también nos dijeron que teníamos prohibido salir a atender cualquier reporte, que no nos querían ver apagando las casas. Tomamos la decisión de retirarnos a la base de bomberos, y ahí nos estuvimos por lo que sí recibimos reportes de incendio pero no atendimos los llamados porque estábamos amenazados y permanecimos acuartelados varios días”, detallan.

Los testimonios de policías coludidos y miembros del cartel, detallan que a las instalaciones de Los Garza llevaron a bebés, mujeres desnudas y hombres de entre 18 y 55 años, así como a niños de meses, niñas y jóvenes desde 13 a 18 años.

En una declaración ministerial con fecha del 25 de febrero del 2015, de donde se revela la desaparición de siete familias completas durante ese fin de semana, uno de los expolicías de Allende narra la amenaza que recibió por parte de la Dirección de Seguridad Municipal para trabajar en dicha corporación, los pagos que recibió y las detenciones que realizó bajo amenaza de muerte.

“La gente de los Zetas nos mandaba dinero, y la que nos lo entregaba era (…) en ocasiones nos mandaba de mil o dos mil pesos, y si me negaba a recibirlos nos decía que lo teníamos que agarrar porque sino íbamos a valer madre con los zetas”, dice, mientras que las declaraciones de otro sujeto señala que los halcones recibían una cantidad de 500 pesos por reportar las entradas y salidas de policías, y ponían sobre aviso de posibles entradas del ejército; sin embargo, no se detalla a ciencia cierta cuántos de estos cargos existían.

“Me dijo (por teléfono), que lo trajera, yo le dije que esos trabajos yo no los hacía, y ella me dijo que me podía ir muy mal con los jefes. La esposa de este se fue en su mueble a otro lugar (…), la (nombre oculto), me dijo que la siguiéramos (…) yo le dije que no quería hacer eso (…) me dijo que si no lo hacía me iban a matar a mí por no hacer caso y que iban a desaparecer a mi familia. Al bajarme de la patrulla le dije a la señora que se moviera porque yo iba a manejar su camioneta porque me tenía que acompañar. Ella se fue en el asiento del copiloto, pero al estar en la camioneta me di cuenta que también iban dos niños menores de edad; uno que ya había visto y un bebé en un portabebé. Ella me dijo que por qué hacía eso, yo le dije que me estaban mandando o me iban a matar a mí”, narra.

En la declaración adquirida vía transparencia con el resguardo de datos personales, el expolicía afirma que esta familia fue entregada a los miembros del cartel; sin embargo, desconoce los puntos a donde pudieron ser trasladados, aunque otras declaraciones hablan de que a ese lugar fueron enviadas todas las personas que fueron capturadas por la fuerza.

“(el miembro de los Zetas) Bajó a los niños y ya no supe que pasó con ellos, tampoco supe que pasó con la esposa, supongo que los mataron pero desconozco dónde hayan dejado los cuerpos. Quiero señalar que desde que pasó lo que antes relaté no he podido dormir muy bien ya que se me quedaron muy presentes los niños”, dice.

En una declaración vertida el 13 de junio del 2014 ante la Agencia del Ministerio Público, un miembro del crimen organizado que participó en los hechos detalló haber visto a una pareja y menores:

“En relación a la desaparición de la familia… sin recordar la fecha exacta pero fue en marzo del 2011. (detalla antecedentes de su llegada al Rancho Los Garza) Me di cuenta que había llegado una camioneta, también me di cuenta que ya habían llevado a más personas, entre las que pude reconocer a (…) y se veía tirado en el piso y a su esposa la cual ya estaba toda encuerada además de un trabajador de ellos. También observé en ese lugar amarradas a cuatro mujeres, las cuales eran señoras grandes, pero no podría decir sus edades; a dos niños de 13 a 18 años, y también a varios hombres de entre 30 y 55 años, a algunos se los habían traído de Piedras Negras”, dice.

Agrega, que al día siguiente permanecieron las capturas con otra de las familias que les pedían, entrando al hogar de las mismas a punta de pistola.

“Nos metimos a la fuerza, de ahí sacamos a su esposa, a su hijo más chico, siendo ayudados por policías, subiéndolos a la misma patrulla; luego nos los llevamos a la casa del rancho donde teníamos a los otros, luego fue sacarlos y llevarlos a la bodega para matarlos a todos disparándoles en la cabeza. Una vez que los matamos a todos lo que hice fue rosear el diésel por toda la bodega con los cuerpos adentro (menciona que durante esta acción fueron asesinadas dos personas más). Después de esto le prendimos fuego con toda esa gente muerta al interior, y ahí estuvimos muchas horas hasta que cocinamos a todas esas personas, y por tanta lumbre hasta se derritió el techo de la bodega”, afirma el declarante.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce a 49 víctimas, la Fiscalía a 29, pero ante la falta de denuncias o reclamaciones de cuerpos, a ocho años de lo ocurrido se desconoce a cierta ciencia cuántas personas fueron desaparecidas, debido a que desde Piedras Negras, también había quienes terminaban en el rancho Los Garza:

El 24 de agosto del 2014, el exalcalde de Allende de entre 2014 a 2017, Luis Reynaldo Tapia Valadez declaró ante la CNDH:

“No son trescientas víctimas, son muchas más personas. La matanza siguió hasta la semana siguiente”.

La exnovia de uno de los miembros del cartel, reafirma la teoría de que no existe un conteo exacto sobre las víctimas de desaparición o de homicidio.

“En virtud de que mi expareja se encontraba involucrado con el crimen organizado, conocí a la persona que lo cuidaba cuando estaba en cautiverio y me platicaba muchas cosas relacionadas con los hechos (…) se los llevaron allá por el panteón Los Ángeles en Piedras Negras, y que inclusive a más personas pues se hacían filas de gente y después se los llevaron al rancho ‘Los Garza’ (…) además de que les quemaron y derrumbaron sus casas.

Entre enero y abril del 2014, la Fiscalía Especializada titularidad de José Ángel Herrera, recolectó después de un operativo, la evidencia de 24 contenedores metálicos de 200 litros, de donde se obtuvo la totalidad de 794 fragmentos óseos, pero debido al grado de carbonización y calcinación de los mismos, fue descartado que los mismos estuvieran susceptibles a un análisis de reconocimiento de ADN.

En ese mismo lapso de tiempo, dicho órgano reportó un nuevo hallazgo de 66 fragmentos óseos y 68 órganos dentales con características humanas; los cuales si lograron ser puestos a disposición de la división científica de la Policía Federal para ser analizados.

Dicha cuestión, es un as que no necesariamente revelaría una realidad más sobre lo ocurrido en aquél fin de semana, pues otro operativo de ubicación y recolección de restos en fosas clandestinas en el norte del Estado, donde se incluyó el municipio de Allende, tuvo el hallazgo de dos mil 459 restos óseos, de los cuales resultaron 219 muestras biológicas y 15 perfiles genéticos que hasta hoy en día no han sido reclamados, o no cuentan con una denuncia por desaparición por parte de sus familiares.

Durante el 2015, la Fiscalía General del Estado en supervisión de la SEIDO sostuvo una entrevista en el penal del altiplano con Omar Treviño Morales, el “Z-42”, uno de los supuestos orquestadores de estos sucesos, mismo que les reveló en aquél entonces de manera metafórica que “a las personas se las comen los peces” y que deprendió un operativo de búsqueda de cuerpos o restos humanos en presas del Estado, pero nada se les mencionó respecto al caso Allende, ni tampoco de más personas involucradas.

Iniciada la quinta etapa de la investigación del caso, se mencionan a por lo menos seis policías involucrados en el caso y múltiples miembros del crimen organizado; sin embargo, el activismo en pro de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas que hace la abogada Ariana García Bosque, abogada de familiares de colectivos de búsqueda dice que las responsabilidades deben ir más allá.

Bajo esa tesitura, la jurídico de Familias Unidas por la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas en Piedras Negras, dice que incluso, el caso debe ser atraído por la federación debido a los conflictos de interés que pueden resultar de las investigaciones concretas y a fondo.

“Hay conflicto de intereses en las investigaciones porque algunos, sino es que muchos de los funcionarios que pudieron tener responsabilidades en estos crímenes están dentro de la función pública del Estado. Será la federación quien tenga que esclarecer la responsabilidad de muchos funcionarios o exfuncionarios del Estado de Coahuila como lo es el exprocurador Jesús Torres Charles, como lo es el exgobernador Jorge Torres López, Humberto Moreira, el secretario de gobierno en ese entonces Armando Luna Canales, que al menos hasta los eventos del 2011 y los del 2012 con el Penal de Piedras Negras tienen responsabilidad, e incluso esto abarca parte de la gubernatura de Rubén Moreira”, expresa.

Durante la temporalidad de función pública de alto rango de los cuatro funcionarios que menciona la activista, fueron registradas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas del Fuero Común, mil 342 personas desaparecidas de las mil 754 totales de Coahuila, siendo el 96 y el 2017 el primero y el último registro de los cuales no existen paraderos.

En ese sentido, José Ángel Herrera, dice que en lo que concierne a delitos de Delincuencia Organizada, señala que la federación tiene sus debidas carpetas de investigación; sin embargo, por su parte se están desarrollando únicamente los delitos que conciernen al fuero común, como con los que han sido condenados algunos de los involucrados, por ejemplo, en secuestro calificado.

Al día de hoy, en la investigación de la ‘Masacre de Allende’ trabajan dos coordinadores, un MP y cuatro policías, y con estos hay cuatro órdenes de aprehensión cumplidas: dos contra policías y dos contra miembros del crimen organizado; cuatro órdenes parciales más contra personas del crimen organizado internadas en cárceles federales; y otras cuatro órdenes pendientes más contra sujetos que están prófugos de la ley.

Ariana García Bosque, abogada de familiares y de colectivos de búsqueda.

“Será la Federación quien tenga que esclarecer la responsabilidad de muchos funcionarios o exfuncionarios del estado de Coahuila como lo es el exprocurador Jesús Torres Charles, el exgobernador Jorge Torres López, Humberto Moreira, el secretario de Gobierno en ese entonces, Armando Luna Canales, esto abarca parte de la gubernatura de Rubén Moreira”.

Además, existen únicamente dos sentencias condenatorias contra policías y el director de seguridad municipal de Allende.

Por otro lado, la Fiscalía Especializada en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, dice que en el caso del ex alcalde de Allende, Sergio Lozano, fue cumplimentada una orden de aprehensión que concluyó con el no ejercicio de la acción penal en septiembre del 2017, y tras la búsqueda de reaprehensión, donde la autoridad recabó dos testimoniales, una nueva orden fue desechada debido a que los testimonios retiraron voluntariamente sus declaraciones por presuntas amenazas.

“Por la cuestión de impunidad podemos decir que ahí están los resultados”, expresa Jose Ángel Herrera.

En marzo del 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 10VG/2018 respecto al caso, donde uno de los puntos recomendatorios a las instituciones del Gobierno del Estado fue ofrecer una disculpa pública a las familias; sin embargo, tanto Ariana García de Familias Unidas, como Silvia Ortiz del colectivo de búsqueda Grupo VIDA, dicen que las familias de desaparecidos en la entidad han solicitado que se realice esta misma disculpa en todas las regiones de la entidad, debido a que los hechos de Allende fueron graves, pero también generalizados en los diversos municipios de Coahuila.

Aunque el delegado de la Presidencia de la República de Coahuila, Reyes Flores Hurtado declaró en diciembre del año pasado que existen elementos para formar una Comisión de la Verdad sobre el caso, tal y como se hizo con el caso Ayotzinapa, fuentes extraoficiales de la Secretaría de Gobernación en el tema de Derechos Humanos dirigido por Alejandro Encinas, dice que el tema no se ha analizado o se ha puesto sobre la mesa.

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