Proyecto «turistificador» detona abusos contra pueblo otomí (Querétaro)
Texto y fotos: Alejandro Ruiz / Pie de Página
El gobierno municipal de Amealco de Bonfil quiere remodelar una plaza en Santiago Mexquititlán, y gastar 10 millones de pesos. Nadie consultó a los pobladores, y nadie sabe de qué trata la remodelación. Pero sí saben que ésta es el inicio de un proceso que los expulsará de su pueblo
QUERÉTARO.- El 17 de agosto pasado, pobladores de Santiago Mexquititlán tomaron la caseta de cobro de Palmillas, en el estado de Querétaro. Exigieron la cancelación de la obra que el gobierno municipal de Amealco de Bonfil –presidido por Rosendo Anaya– pretende realizar en la explanada del templo de la comunidad; y que costará 10 millones de pesos, aunque hasta la fecha ningún habitante de la comunidad ha sido informado qué pretenden construir o remodelar.
Ese día, los manifestantes también exigieron la liberación de los juegos mecánicos que que el gobierno les confiscó “en castigo” por protestar.
Santiago Mexquititlán es un pueblo pequeño perteneciente al municipio de Amealco de Bonfil al sur del estado. Según la Secretaría de Bienestar tiene entre mil 500 y mil 700 habitantes pertenecientes a la etnia hñöhño. Es uno de los asentamientos originarios más antiguos de la región, y al paso de los siglos ha luchado por preservar su territorio e identidad. Ahora la amenaza es más fuerte, desde que el municipio fue declarado “pueblo mágico”.
A mediados de junio, algunas autoridades municipales se apersonaron en la comunidad. Presentaban a las familias un documento en español, aunque la mayoría sólo habla hñöhño. Y a cambio de una firma, obsequiaban pollos o materiales de construcción.
Por eso, entre los habitantes ya había incertidumbre y recelo; pero fue el 30 de julio que supieron de qué se trataba. Ese día, personal del gobierno municipal de Amealco de Bonfil, acompañado de simpatizantes y maquinaria pesada, arribó a Santiago Mexquititlán. El presidente municipal, Rosendo Anaya Aguilar, y la delegada municipal Veronica hernández, acompañados de diputados de la bancada del Partido Acción Nacional, iban a inaugurar la remodelación de la explanada del templo. Una obra cuyo presupuesto asignado es de 10 millones de pesos.
Los habitantes de Santiago Mexquititlán se opusieron. Nadie les consultó ni informó; la obra afectaría el patrimonio histórico, cultural y material del pueblo; desplazaría a los comerciantes del tianguis dominical; y sobre todo, daría inicio un proceso de turistificación que encarecería las rentas y los servicios básicos en su pueblo.
Al momento que los habitantes vieron entrar la maquinaria pesada a la plaza principal del pueblo, manifestaron su rechazo. En respuesta, un grupo de choque dirigido por Verónica Hernández, agredió a los habitantes. Al menos 10 personas fueron heridas en la trifulca, una de ellas con lesiones en la cabeza por golpe con martillo.
En esta represión, además, personal del Ayuntamiento “expropió” los juegos mecánicos de la comunidad al cercar las inmediaciones del templo. Esto fue una suerte de “castigo” por oponerse a la obra de remodelación de la plaza principal.
Rosendo Anaya: oídos sordos
Tras las agresiones, las y los manifestantes se movilizaron hacia la capital queretana; iban a exigirle al gobierno del estado de Querétaro – presidido por Francisco Domínguez Servién – que cancelara de la obra. Advirtieron que esta no contaba con los estudios de impacto socioambiental requeridos, ni con el permiso de las autoridades tradicionales de Santiago Mexquititlán.
Vista del tianguis dominical Santiago Mexquititlán.
El Ejecutivo estatal se lavó las manos. Argumentó que el gobierno del estado no puede “interferir” en las decisiones de los ayuntamientos. Sin embargo, en rueda de prensa realizada el 31 de julio, una comisión del Concejo Indígena de Santiago Mexquititlán declaró que esta respuesta contradecía el actuar de la administración estatal; pues en el 2018 incentivó – en conjunto con la administración de Rosendo Anaya – la patrimonialización de la muñeca “lele” –originaria de Santiago Mexquititlán–; así como la declaratoria del municipio de Amealco de Bonfil como pueblo mágico.
El Concejo Indígena de Santiago Mexquititlán, a través de sus voceras, denunció: «Desde el 8 de marzo de este año grupos de choque dirigidos por el ayuntamiento nos han estado amenazando y violentando». Acusó que pretenden «imponer sus proyectos gentrificadores […], y tanto el gobierno estatal como el municipal se han estado deslindando de responsabilidades, cuando a nuestro pueblo lo tienen pisoteado y humillado.”
Gobierno federal:cómplice
Los pobladores de Santiago Mexquititlán señalan al gobierno federal como cómplice de la imposición de esta obra, así como de las agresiones que han sufrido. Y es que la delegación para el estado de Querétaro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha tenido una postura ambigua.
Cuando se le cuestionó si otorgó los permisos al municipio para iniciar la obra, el delegado del INAH, Diego Prieto aseguró a la comunidad que “no otorgaría nada sin consultar primero a la comunidad”. Sin embargo, días después, Prieto aprobó el proyecto, sin consulta alguna.
El 13 de agosto, en una audiencia celebrada en la Ciudad de México, el Concejo Indígena de Santiago Mexquititlán cuestionó a representantes del gobierno federal sobre el avance de la obra. El Ejecutivo federal confirmó que efectivamente la delegación del INAH en Querétaro había firmado los permisos que autorizaban el inicio del proyecto de remodelación en la plaza principal. Entonces, la comisión exigió que se cancelara.
El Ejecutivo federal se comprometió a realizar una mesa de diálogo entre la comunidad y el ayuntamiento, el 17 de agosto a las diez de la mañana.
Protesta de pobladores de Santiago Mexquititlán frente a Bucareli, Ciudad de México.
Gobierno queretano los deja plantados
Al llegar la fecha acordada con la federación, ninguna autoridad se presentó a la mesa de diálogo. Entonces Santiago Mexquititlán determinó bloquear por más de 32 horas la autopista México –Querétaro en el tramo de la caseta de cobro 5 “Palmillas”.
De acuerdo con Sara Hernández, concejal indígena de Santiago Mexquititlán, “es evidente que hay complicidad entre los tres niveles de gobierno para realizar la obra.
Nosotros estamos exigiendo que se reconozcan las determinaciones que emanan de las autoridades comunitarias que tenemos aquí en Santiago, lo cual implicaría que no se realice la obra por lo simbólico y sagrado que es el templo para nosotros. Asimismo, demandamos que no se nos discrimine mas; las agresiones que el gobierno de Rosendo Anaya ha dirigido hacia la comunidad son un atropello a nuestra dignidad y nuestro derecho a la autodeterminación.”
El ejemplo de Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González
El 3 de agosto del 2006 un grupo de tres mujeres originarias de Santiago Mexquititlán –entre ellas Jacinta Francisco Marcial– fueron injustamente acusadas de secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI). Esto, después de que la AFI realizara un operativo para decomisar mercancía apócrifa en el tianguis dominical de la comunidad.
Manifestantes del Santiago Mexquititlán expresan sus demandas a las autoridades para que la asamblea decida el futuro de la plaza.
La entonces Procuraduría General de la República (PGR) sentenció a las mujeres mediante una serie de irregularidades procesales, como la falsificación de pruebas y la falta de traductores. Jacinta sólo comprendía su lengua materna: el hñöhño, por ejemplo. Tras pasar varios años en prisión, Jacinta y sus compañeras fueron puestas en libertad el 16 de septiembre del 2009 , cuando su defensa y una enorme movilización de organizaciones de derechos humanos probaron las irregularidades. Este hecho, y la movilización en particular de la familia de Jacinta, marcó significativamente a la comunidad.
De acuerdo a J. (quien por razones personales prefiere mantener su identidad en el anonimato) “cuando la familia de Jacinta comenzó a platicar con la gente del pueblo, todos fuimos cobrando conciencia de que nadie iba a hacer las cosas por nosotros. Comenzamos a transformar la vergüenza por orgullo; orgullo de ser indígenas, de ser hñöhños, de ser de Santiago Mexquititlán; y empezamos a ver que los partidos políticos tan sólo dividen a la comunidad, la compran y la corrompen; comenzamos a luchar por nuestros derechos, por nuestra dignidad.”
Resistir contra el aparato partidario
El trabajo que la comunidad ha realizado para que se les reconozcan sus derechos ha visto altibajos; Ángela Cresencia, concejala indígena de Santiago Mexquititlán, explica: “Los partidos políticos se han encargado de dividir a la comunidad, y muchas veces lucran con las necesidades del pueblo; esto ha hecho mucho daño en la comunidad, pues compran las conciencias de nuestras hermanas y hermanos. El gobierno sólo nos ve como un voto, no nos respeta y nos humilla constantemente.”
Pese a este panorama, la comunidad comenzó a organizarse a través de sus autoridades tradicionales, tales como los ‘cargeros’ y la unión de comerciantes hñöhño. Estos órganos de toma de decisiones están estrechamente vinculados al templo y la plaza principal; pues sus responsabilidades son velar y cuidar la iglesia y sus imágenes, así como organizar el comercio e intercambio de la comunidad.
Juan Trinidad – quien ocupó el puesto de cargero durante un año – señala que “Aquí el tratamiento (puesto de cargero) es de un año. El cargo es tradicional y comunitario y mis actividades eran la de echar las flores y ver lo del templo y los altares, así como recibir a gente que viene de fuera y poner las veladoras. Nosotros trabajamos en conjunto con la gente del tianguis para ver las mejoras de la iglesia. Así lo hemos hecho siempre, ya que el gobierno nunca se ha acercado para ver qué hace falta.”
El vínculo que existe entre los órganos de toma de decisiones de la comunidad siempre va en relación con sus espacios comunes. Por ejemplo, de los ingresos que se generan en el tianguis, se construye un fondo económico para el mantenimiento de la iglesia, el cual se administra a través de un comité mixto integrado por la unión de comerciantes hñöhño y los cargeros. Éstos, además de suministrar los recursos económicos, aportan faenas de trabajo para los trabajos de construcción y conservación del templo y la plaza principal.
Adrián Fernández es concejal de la unión de comerciantes hñöhño. Él señala que los ingresos del fondo común provienen de las cuotas que dan los tianguistas. Pues «para poder instalar un puesto en el tianguis se les pide una aportación económica de 10 o 15 pesos –dependiendo el largo de su puesto–. Este pago es mínimo en comparación con otros tianguis; «nosotros tenemos muy claro que este espacio es para apoyar a la comunidad y generar ingresos económicos que nos permitan tener una vida digna para todos.”
Estas formas tradicionales de autoridad nacen desde un proceso que la comunidad ha definido con el paso del tiempo. Durante el periodo en el que se ocupa el cargo, quien lo ostenta tiene la obligación de rendir cuentas a la comunidad en una Asamblea General, donde se toman las decisiones.
Una representación comunitaria
Las estructuras de representación que la comunidad ha diseñado han transitado en los últimos años hacia una forma más acabada de autogobierno.
En una Asamblea General del pueblo realizada el 29 de febrero del 2020, determinaron establecer una ruta jurídica, para el reconocimiento formal de sus órganos de representación comunitaria. Así crearon el Concejo Indígena de Santiago Mexquititlán, integrado por representantes de la Unión de comerciantes hñöhño y los cargeros.
Comerciante del tianguis dominical de Santiago Mexquititlán.
Desde que tomaron esa decisión, las y los habitantes de Santiago Mexquititlán han sido acosados permanentemente por el ayuntamiento. Sin embargo, la comunidad ha definido que no responderán a ninguna agresión “pues es un pretexto para reprimirnos y frenar el proceso jurídico.”
Sara Hernández señala:
“Nosotros estamos convencidos de que el autogobierno es la única forma para hacer valer nuestros derechos y nuestro territorio; pues sólo la comunidad puede definir qué es lo que es mejor para el pueblo. Hoy sabemos que esta lucha no va a parar, pues poco a poco vamos construyendo nuestra autonomía.”
Entre los cerros que se elevan alrededor de Santiago Mexquititlán, un pueblo que camina hacia el reconocimiento de su dignidad. Pues como diría Estela Hernández – hija de Jacinta Marcial: “Nosotros no pararemos ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!”