Gobierno de Colima no reconoce como desaparecidos a Ricardo y Antonio
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Redacción / Diario Avanzada
Colima, México, Avanzada (08/02/2023).- Aunque ya pasaron más de tres semanas de la desaparición de los defensores Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, y que existen indicios para considerar que su ausencia está relacionada con la probable comisión de un delito, el gobierno de Colima no los reconoce como desaparecidos, pues se refiere a ellos únicamente como “personas no localizadas”.
Así lo dejó establecido en un boletín de prensa emitido el lunes 6 de febrero, con el encabezado “Gobierno de Colima exhorta a compartir información que permita encontrar a personas no localizadas provenientes de Aquila, Michoacán”.
Mediante ese comunicado, hizo un llamado a toda la población, para compartir con las autoridades competentes “cualquier información que contribuya a la pronta localización del abogado defensor de derechos humanos, Ricardo Arturo Lagunes Gasca, y del liderazgo (sic) de la comunidad de Aquila, Michoacán, Antonio Díaz Valencia”.
Tras señalar que este llamado es parte de las acciones y compromisos que estableció la administración estatal que encabeza la gobernadora Indira Vizcaíno Silva durante la comunicación que ha mantenido con familiares de Lagunes Gasca y Díaz Valencia, el gobierno indicó que “ha estado en comunicación permanente con las familias de estas dos personas, así como ha ocurrido con las familias de otras personas no localizadas, a quienes se les ha informado sobre los avances que se registran en las investigaciones correspondientes”.
No obstante, el no reconocimiento del caso de Ricardo y Antonio como el de personas desaparecidas es violatorio de la legislación estatal, pues el Decreto 50 del Congreso del Estado, mediante el que se creó la Comisión de Búsqueda del Estado, define a una “persona desaparecida” como “La persona cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito”.
En cambio, “persona no localizada” es “la persona cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito”.
Por lo tanto, de acuerdo con ese decreto Ricardo y Antonio sí deben ser considerados “personas desaparecidas”, pues de acuerdo con la información proporcionada por las propias autoridades la camioneta en la que viajaban fue localizada en Cerro de Ortega con huellas de impactos de bala, lo que hace presumir que su ausencia está relacionada con la presunta comisión de un delito.
De hecho, desde hace varios años en el país han brotado exigencias de que se elimine de las leyes la categoría de “persona no localizada”, como ocurrió en el caso de Guanajuato en febrero de 2020, ya que según colectivos de familiares las autoridades “le dan mal uso (a esa figura) y así se justifican para no investigar y no buscar a las personas”.
Bibiana Ojeda Negrete, hermana de Manuel Ojeda, quien desapareció en 2018, indicó que las autoridades usan la figura “No localizado” para “no decirnos la verdad, para no entregarnos cuentas. Seamos realistas, aquí en el estado (de Guanajuato) nos damos cuenta de cuántas personas no localizadas hay. Casi todas son desaparecidas, bueno fuera que anduvieran de fiesta las chamaquitas, pero no es así”.
Ante las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, la hermana de Manuel insistió en que se eliminara tal categoría del dictamen de ley que entonces se preparaba. “Se justifican con eso para no ayudarnos a las familiares, y es algo que frustra y da coraje”, señaló.
Según una nota publicada en el portal de la revista Proceso, también en esa ocasión Armando, papá de Armando Isaac Rodríguez García, quien a sus 29 años fue sustraído violentamente por hombres armados de su tienda de mascotas, en León, el 18 de septiembre del 2019, dijo: “Me doy cuenta de que ni siquiera la Fiscalía sabe la categoría en la que está el caso. El tener (sólo) esta categoría como persona desaparecida provoca una gran diferencia en el actuar de las autoridades y en las acciones de búsqueda e investigación”
El académico y activista Raymundo Sandoval Bautista señaló: “Por la propia experiencia de las familias, no estamos de acuerdo con esta categoría (de no localizado). La iniciativa ha incorporado avances, estándares internacionales, pero en este tema sí creemos que es una cuestión que define procesalmente la ley, el futuro que podría tener la búsqueda de personas desaparecidas”.
Bibiana Ojeda insistió en la importancia de eliminar la categoría de persona no localizada, pues ello “contribuye en cierta parte a la verdad y a la justicia. Por la violencia que hay en el estado, por los levantones, secuestros y demás, es fundamental que no se nos siga mintiendo… si esta ley se va a hacer para ayudar a las personas, tienen que eliminar esto”.