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Madres y padres de los 43 se repliegan por pandemia (Guerrero)

Foto: Lenin Mosso

Algunos regresaron a sus pueblos, su principal herramienta de lucha ahora es su celular, desde el cual realizan acciones virtuales para exigir la aparición con vida de sus hijos. “Tenemos que cuidarnos, porque si no, ¿Quién va a buscar a nuestros hijos?”: madre de uno de los 43

Texto: Vania Pigeonutt / Pie de página / Amapola

Cristina Bautista Salvador es madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. A cinco años ocho meses de no ver a su hijo lamenta que la pandemia pause su lucha.

Es el tercer día 26 de exigencia de justicia virtual. Así fue en marzo, abril, y ahora en mayo. Desde el 26 de septiembre del 2014 que ocurrió la desaparición masiva, los padres y padres de los estudiantes llenan con consignas y pancartas cada mes, las calles de la Ciudad de México.

“La pandemia nos estancó porque no podemos estar en las calles gritando con las consignas: ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos! ¡Ni perdón ni olvido!”, comparte doña Cristi.

Desde el 20 de marzo, tres días antes de que las autoridades sanitarias declararan la Jornada Nacional de Sana Distancia, Cristina regresó a su pueblo, Alpoyecancingo, municipio de Ahuacotzingo contiguo a Chilapa, en la llamada Montaña baja.

Su dinámica cambió rotundamente, ahora, la mayoría de las acciones de lucha las realiza vía celular. A cambio, está como desde hace mucho no estaba: cerca de su mamá y papá, de sus hijas y sus nietas.

“Me siento muy triste porque no podemos salir a las calles, pero todos los padres y madres estamos firmes en la exigencia por la presentación con vida de nuestros hijos. Ya son más de cinco años sin saber de ellos”, platica en la charla por teléfono.

Agradece que en este tramo–2,040 días– las organizaciones que respaldan su caso de manera legal, como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y otras, los sigan acompañando hasta saber de sus hijos, qué fue lo que realmente pasó la noche el 26 y madrugada del 27 de septiembre en Iguala.

Ese día fueron asesinados por supuestos criminales apoyados por policías municipales de Iguala, Huitzuco y Cocula tres normalistas y tres civiles, además de que la Fiscalía General de la República también les atribuye la desaparición forzada de los 43 estudiantes.

Todos los días, dice Cristina, la preocupación por no saber dónde está Benjamín crece.

Por otra parte el compromiso de cuidar su salud también es grande. A la fecha ninguno de los padres de Ayotzinapa se ha contagiado de coronavirus, asegura, porque saben que la prioridad es mantenerse lo más saludables posible para continuar con sus acciones en las calles, una vez que puedan hacerlo.

En estos dos meses en Guerrero, Cristina ha realizado varias actividades en su comunidad, como montar guardia de vigilancia en la entrada y la salida de su pueblo junto a comuneros y comuneras, para evitar el tránsito de vehículos, sobre todo los provenientes de otros estados.

La intención es que no se propague la Covid–19, porque hasta el momento, ninguno de sus vecinos– de una comunidad nahua de unos 1,500 habitantes– está enfermo. Con sus guardias, así se piensan mantener.

De lo que no se ha salvado Cristina es del padecimiento económico. En su pueblo no hay trabajo. Durante los meses de protestas en la capital del país, vendía artesanías de Chilapa. Las llevaba a otros eventos y le compraba la gente, pero esa entrada está parada. “Había comprado más en marzo pero sigue guardado allá en Tixtla. No hay como moverse ahorita”.

Estancada lucha legal del caso Ayotzinapa

Vidulfo Rosales Sierra, uno de los abogados del caso del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, aseguró que por la vía legal no puede avanzar, en tanto los juzgados no reanuden sus actividades. Por ahora todo está pausado por la emergencia sanitaria, aunque la ruta legal y la articulación de la lucha política con los padres, se mantiene.

Rosales reiteró que se suspendieron reuniones con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y con otros funcionarios de su gabinete, las investigaciones siguen su curso, pero al no poderse hacer en campo, explica el abogado, los resultados o avances son limitados.

El caso sigue igual, mientras se desconozca el paradero de los normalistas desaparecidos y no se castigue a los responsables materiales e intelectuales.

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