Devastan megagranjas de Kekén (Yucatán)
Redacción/Sol Yucatán
Con más de 220 megagranjas lidera un modelo de explotación que afecta la salud, el medio ambiente y la economía local, dejando a su paso devastación y resistencia en Yucatán. Contaminación de mantos freáticos hasta el despojo de tierras y desplazamiento de comunidades mayas
En Maxcanú han contaminado el agua potable de comunidades vecinas. Estanques con profundidades de hasta 40 centímetros, cubiertos apenas con plástico negro, permiten que los desechos de los cerdos se filtren al manto freático
Los habitantes advierten que los megaproyectos y las industrias extractivas están destruyendo su historia, su cultura y sus fuentes de vida.
A lo largo de los años, Kekén, la gigante porcícola que opera en Yucatán bajo el Grupo Porcícola Mexicano, ha sido centro de una serie de controversias y denuncias. Desde la contaminación de mantos freáticos hasta el despojo de tierras y el desplazamiento de comunidades mayas, el impacto de esta empresa trasciende el ámbito ambiental, afectando también la salud, la economía local y los derechos humanos.
El 25 de octubre de 2024, un incendio en la planta de Kekén ubicada sobre la carretera Mérida-Umán provocó la evacuación de al menos 40 trabajadores. Aunque se presume que la acumulación de gases pudo ser la causa, la empresa evitó que la policía y los bomberos ingresaran al inmueble por más de una hora, retrasando las labores de emergencia y evidenciando una preocupante falta de transparencia. Este evento, aunque controlado, subraya las deficiencias en seguridad y manejo de crisis de la empresa.
Santa María Chi: intimidación y contaminación
En Santa María Chi, las protestas contra la contaminación de la granja San Gerardo, operada por Kekén, han derivado en actos de intimidación hacia los líderes comunitarios. Wilberth Nahuat Puc, comisario local, denunció hostigamiento judicial y vigilancias constantes tras liderar manifestaciones pacíficas. Además, en diciembre de 2024, representantes de la ONU visitaron la comunidad para escuchar testimonios sobre los efectos de la operación porcina, que incluyen contaminación de agua, pestilencias constantes y daños a los suelos de cultivo.
Estas denuncias están alineadas con la petición realizada por comunidades como Santa Gertrudis Copó, Kinchil e Ixil, quienes han exigido que el Plan Nacional de Desarrollo incorpore medidas para detener el modelo de “desarrollo” destructivo que amenaza la Península. Las comunidades han destacado cómo las megagranjas, combinadas con desarrollos urbanos y proyectos verticales, despojan tierras ancestrales, contaminan los recursos naturales y desplazan a familias mayas.
El desplazamiento y la marginación de comunidades mayas también es evidente en Santa Gertrudis Copó, donde desarrollos de lujo como Cabo Norte y Aqua Living han acaparado tierras y afectado espacios comunitarios, incluyendo un campo deportivo local. Estas prácticas recurrentes son facilitadas por errores administrativos que, según los pobladores, benefician a intereses privados.
En marzo de 2024, Sol Yucatán reveló que Kekén domina el rastro municipal de Mérida, donde sacrifica un promedio de 600 cerdos diarios, generando ingresos de hasta 44 millones de pesos anuales. Los propios abastecedores aseguraron a Sol Yucatán que el rastro le da prioridad a Kekén y a los mayoristas de Quintana Roo. Sin embargo, la empresa solo reporta a las arcas municipales la mitad de esos recursos, mientras los abastecedores locales enfrentan una competencia desleal. De acuerdo al portal de Kekén, los cerdos son sacrificados en rastros con calidad TIF, con los más altos estándares de calidad e higiene, sin embargo, estarían engañando a sus consumidores, debido a que la empresa sacrifica los cerdos que se consumen en Mérida en el rastro municipal, el cual no cuenta con dicha certificación.
Pestilencia y riesgo hídrico
En julio de 2021, se publicó cómo las operaciones de Kekén en Maxcanú han contaminado el agua potable de comunidades vecinas. Estanques con profundidades de hasta 40 centímetros, cubiertos apenas con plástico negro, permiten que los desechos de los cerdos se filtren al manto freático, afectando directamente a los pozos de San Fernando, Paraíso y Santo Domingo. Los campesinos locales han denunciado pestilencias constantes, un aumento en enfermedades y el silenciamiento de voces críticas mediante obsequios de carne o servicios como internet.
En septiembre de 2024, ejidatarios de Chumayel señalaron que las granjas porcinas de Kekén cercanas al municipio están contaminando el aire y amenazando la calidad del agua de los pozos. Los habitantes denunciaron que el tamaño de las instalaciones parece exceder los límites permitidos, ya que la acumulación de desechos genera pestilencias insoportables, especialmente en días lluviosos. Además, advirtieron que la contaminación podría devastar sus sembradíos al impedir el uso de agua potable para el riego.
Wilberth Nahuat Puc, comisario de Santa María Chi, denunció actos de intimidación tras protestas pacíficas contra la contaminación por granjas porcícolas en la comunidad.
El caso de Sitilpech
En la comunidad de Sitilpech, cercana a Izamal, Kekén ha instalado una de sus granjas más grandes, con capacidad para 48,000 cerdos. Desde su llegada, los habitantes han denunciado olores pestilentes, contaminación del agua y afectaciones a su calidad de vida. En 2024, la CONAGUA constató que la empresa ha contaminado el acuífero local. Las autoridades no realizaron consultas previas con la comunidad, violando el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú, lo que ha intensificado la lucha legal de los pobladores.
Esta situación refleja las palabras de los habitantes de Ixil, quienes advierten que los megaproyectos y las industrias extractivas están destruyendo su historia, su cultura y sus fuentes de vida. Las comunidades han denunciado que la contaminación del agua y el aire, combinada con la pérdida de tierras, les deja sin opciones para sustentar a sus familias.
Con más de 220 megagranjas en Yucatán, Kekén lidera una industria que prioriza la exportación de carne a mercados internacionales como China, Japón y Estados Unidos, mientras ignora los derechos de las comunidades locales. En 2023, la empresa reportó ingresos superiores a los 28,700 millones de pesos, pero su impacto ambiental y social es incalculable. La contaminación de mantos freáticos, la sobreexplotación de recursos hídricos y la precariedad laboral son solo algunos de los costos ocultos de este modelo.
En palabras de las comunidades, “No pedimos privilegios, pedimos justicia. Estas tierras son nuestro hogar, nuestra historia y nuestra fuente de vida”.
Exigencias y un llamado a la justicia
Las comunidades afectadas por Kekén exigen la clausura de las instalaciones que operan sin permisos, programas de remediación ambiental y compensaciones económicas para los afectados. También demandan que las autoridades realicen consultas previas, libres e informadas antes de autorizar nuevos proyectos.
El impacto de Kekén no es solo un problema local; representa un llamado urgente a replantear las políticas de desarrollo que sacrifican la sustentabilidad y los derechos humanos en beneficio de intereses empresariales. La lucha de las comunidades mayas por defender su territorio y su futuro es un recordatorio de que el progreso no debe construirse a costa de quienes menos tienen.