Desaparición de personas en Quintana Roo, Indolencia y Falta de Empatía de Autoridades; Solo reaccionan Ante la Presión de Colectivos de Familiares
Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22
Deysi Blanco es la mamá de Fernanda Cayetana desaparecida el 21 de julio de 2022 en el domicilio de un vecino en la zona continental de Isla Mujeres, a donde había ido a lavar trastes, desde entonces se ignora su paradero, a pesar, que en noviembre de 2022 fue detenido Marco Antonio Cahuich Adrián, principal sospecho y quien se había dado a la fuga a San Cristóbal de las Casas, al estado de Chiapas.
Entrevistada recientemente, doña Deysi comentó que fue hasta el 27 de diciembre pasado cuando se pudo llevar a cabo una audiencia judicial de desahogo de pruebas, luego de haberse diferido por dos ocasiones, debido a que los abogados de Cahuich Adrián dejaban de representarlo, hasta que llegó a defenderlo un defensor público que ni él mismo conocía y que le fue proporcionado por el juzgado.
A pesar, que fue detenido desde la noche del día 10 de noviembre de 2022 y puesto a disposición del juez al día siguiente, después de un año se realizó la referida audiencia, por lo que el proceso ha retrasado y hasta el momento no se conoce información sobre el paradero de Fernanda Cayetana.
El calvario de la mamá de Fernanda Cayetana continúa porque está a expensas de la defensa de Marco Antonio, el dueño de la casa donde la menor de edad fue a lavar trastes y de donde desapareció.
Desde la desaparición de su hija, doña Daysi se ha involucrado en colectivos de familiares de personas desaparecidas en Quintana Roo, con la finalidad de hacer presión y obligar a las autoridades a realizar las búsquedas de acuerdos a los protocolos establecidos para tales efectos.
Con la experiencia que le ha dejado su participación en los colectivos de madres buscadoras, doña Deysi comenta que en Quintana Roo no se tiene el registro exacto de las personas desaparecidas, pero que el número fluctúa entre mil y dos mil personas adultas, de la tercera edad, niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Lo lamentable del asunto es que las investigaciones no avanzan, mientras que la desaparición de personas se da todos los días.
Recodó que en uno de los grupos de madres buscadoras en el que participó, tuvo conocimiento de que se encontraron solo dos personas en Tulum, el número de personas localizadas con y sin vida, es mínimo.
Nombres de personas como Francisco Padilla, René Alfonso, Gilberto, Jorge y un bebé de nombre Jonathan, además de Fernanda Cayetano, son los que resuenan en la memoria de doña Deysi, porque sus familiares, al igual que ella, dedican su vida a buscarlas.
Doña Deysi, ahora solo quiere que las autoridades le saquen la verdad a Marco Antonio, que diga a donde llevaron a su hija, porque actualmente está en la cárcel viviendo con privilegios, allí come y descansa, mientras una niña se encuentra desaparecida.
El objetivo de vida de doña Romana es buscar a su hija Diana
Iniciamos un nuevo año y en materia de desaparición de personas en el estado de Quintana Roo no puede haber “borrón y cuenta nuevas”, se tiene que hacer memoria, seguir buscando a esas personas desaparecidas, hay que visibilizar los casos, los nombres, las historias, así como el trabajo que todos los días realizan cientos de mujeres y hombres en busca de sus seres queridos y desde luego, dejar claro, que diferentes instancias gubernamentales, de acuerdo a la ley, tienen la obligación de encabezar esa búsqueda, porque de lo contrario estarían en la ilegalidad.
A pesar de ello, en la entidad, quienes buscan a sus seres queridos se quejan constantemente de la indiferencia, de la falta de empatía, de negligencia, de parte de las personas servidoras públicas que están cobrando un salario y que tienen a su disposición recursos públicos para actuar, pero ante la falta de voluntad política y desconocimiento del tema de los derechos humanos han convertido esta desgracia nacional en un sistema burocrático.
Además, de las estadísticas, las cuales diversos actores gubernamentales tratan de minimizar, el fenómeno de la desaparición de personas en México está conformado por un cúmulo de historias de dolor y angustia, de desesperación ante la indolencia gubernamental.
Por ejemplo, la historia de Romana Rivera Ramírez se ha conocido a nivel nacional por la búsqueda de su hija Diana García Rivera, cuya ficha de búsqueda la emitió la Fiscalía General de Quintana Roo desde el 26 de febrero de 2020, pero hasta la fecha las investigaciones no avanzan, todo es burocratismo, mentiras, cinismo, negligencia de parte de quienes tienen que investigar.
Esta etapa dolorosa en la vida de la señora Romana inició como a las 03:40 horas del 22 de febrero de 2020 en Cancún, cuando un comando armado ingresó al Bar Imperio, ubicado en la Plaza Infinity, para llevarse a Diana, de 20 años, y a un joven, de 21 años, que la acompañaba en ese momento, de nombre Jorge Armando, quien pasó a visitarla al domicilio de sus medias hermanas, por la noche del día 21 de febrero, posteriormente le ofreció darle un rite a su casa, pero está documentado que después estuvieron en dicho bar, hasta la hora que fueron privados de la libertad.
La madre de Jorge Armando, Luisa Rodríguez, sostiene que tuvo una conversación telefónica a las 03:30 horas del 22 de febrero, pero los hombres armados ingresaron al bar diez minutos después para llevárselos con rumbo desconocido. De las cámaras de seguridad instaladas en las vialidades de Cancún, se obtuvo muy poca información, porque la mayoría no servían, a pesar de la multimillonaria inversión que se hizo con dinero del pueblo para rentar ese sistema de videovigilancia.
La señora Romana, al ir a presentar la denuncia en la Fiscalía ante la desaparición de su hija, coincidió con los padres de Jorge Armando y el padre de este declaró que su hijo vende automóviles, pero también vende y consume drogas, por lo que sería posible que por esto se lo hubieran llevado.
El día 21 de febrero, entre ocho y media y nueve de la noche, la señora Romana le marcó a Diana para preguntarle en donde estaba, a lo que le respondió que se le había hecho tarde y que al día siguiente regresaría a su domicilio. Al día siguiente, le volvió a marcar, pero la mandaba a buzón, por lo que presumió que se le había acabado la pila y que estaba bien por estar en casa de sus hermanas. Hasta por la tarde del día 22, una de ellas, le habló para decirle que Diana había salido casi a la media noche con un joven quien la llevaría a su casa.
A partir de esa hora inició la búsqueda, la cual hasta los primeros días del 2024 aún no termina. Los primeros días y horas tanto doña Romana como los padres del joven se enfrentaron al burocratismo de la Fiscalía, a la deshumanización de las personas servidoras públicas, a la falta de protocolos, a la indiferencia, a la falta de empatía, por lo que la ficha de búsqueda se pudo liberar hasta el día 26 de febrero.
Doña romana no conocía los procedimientos, ignoraba que procedía, de lo que si estaba segura es que la Fiscalía tenía que actuar, hacer algo, para localizar a su hija.
De voz de la titular de la Fiscalía Especializada solo escuchó que se estaban enviado los oficios respectivos a la Policía Ministerial de Investigación, que iban a hacer la diligencias en el lugar para levantar alguna evidencia o cosas así.
A insistencia del padre del joven se logró que realizaran un cateo, por lo que todo el personal que laboró ese día lo llevaron a declarar, pero de esos testimonios no se obtuvo ninguna información significativa para la búsqueda. Todo quedaba en burocratismo y falta de interés institucional.
La señora Romana en la búsqueda de su hija Diana a conocido al fiscal Oscar Montes de Oca y al actual, a Raciel López Salazar, así como a dos fiscales especiales para personas desaparecidas y ha participado en el trabajo colectivo de familiares de personas desaparecidas en Quintana Roo, pero sigue sin encontrar a su hija.
A casi cuatro años de la desaparición de Diana, la integración de la carpeta de investigación de su caso y de otras personas ha sido lento, sin embargo, el trabajo institucional mejoró, pero gracias al trabajo de los colectivos, porque la institución, por si sola, no actúa, a pesar, que la ley se lo ordena.