Fuera de Agenda | La cuarta militarización

Juan Veledíaz/El Sol de México
21 noviembre 2019

Fue una ceremonia aquella del 29 de octubre pasado en el estadio de la secretaría de la Defensa Nacional, con la que comenzó una nueva etapa en la militarización de la seguridad pública del país.

Esa mañana se presentaron a los 32 militares que serán los coordinadores estatales de la Guardia Nacional. Algunos son ex comandantes de zona en los estados donde ahora encabezaran a la corporación, otros son los jefes en activo de las brigadas de Policía Militar desplegadas en esas regiones, algunos mas pasaron a retiro en el último año, y alguno que otro son tránsfugas de policías civiles donde salieron en medio de cuestionamientos severos sobre su actuar.

Hubo un mensaje entrelíneas cuando el encargado del discurso fue el general de brigada José Luis Valdés Chávez, actual comandante de la tercera brigada de Policía Militar con cuartel en El Saúz, a las afueras de Culiacán, unidad que fue blanco de ataques por las bandas armadas del cartel de Sinaloa en el “jueves negro” conocido como el “Culiacanzo”.

Valdés no dijo nada que no se haya dicho antes, como aquello de que trabajaran para la seguridad de la ciudadanía, o que con “acciones contundentes” buscaran que impere el estado de derecho. Sin embargo, no debe pasar por alto que algunas de las atribuciones como analizar la seguridad pública en sus territorios, generar inteligencia táctica para prevenir y combatir delitos, elaborar planes “de contingencia para casos específicos de seguridad pública”, eran labores que en otro momento hacian corporaciones civiles, como la Policía Federal.

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La entrada en operación de la Guardia Nacional, con 32 mandos miitares distribuidos en cada entidad, significa la cuarta militarización de la seguridad pública del país con todo lo que ello podría implicar.

La primera comenzó en 1997 con la llegada de mandos militares a hacerse cargo de la secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y la Policía Judicial capitalina. Esa historia se selló con una serie de violaciones graves a los derechos humanos, que tuvieron un retrato descarnado con la desaparición durante un operativo de seis jovenes de la colonia Buenos Aires, cuyos restos fueron encontrados en el Ajusco.

La segunda fue cuando a finales de los años 90 el general de brigada Guillermo Álvarez Nahara fue nombrado director de la Policía Judicial Federal, varios oficiales fueron designados en puestos operativos y un grupo de soldados de fuerzas especiales fueron comisionados a la corporación. Al finalizar el sexenio de Ernesto Zedillo varios de ellos fundarían el primer cuerpo paramilitar al servicio del crimen que se autodenominó “Zetas”.

La tercera sucedió durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, el caso mas grave fue la llamada “Operación Conjunta Chihuahua”, un despliegue de unidades militares en varias ciudades de esta entidad donde se dispararon los asesinatos extrajudiciales y las desapariciones forzadas, que desembocaron en varios juicios penales con militares presos y algunos generales aun sin ser llamados a cuentas.

Con lo sucedido hace un par de semanas estamos en el inicio de la cuarta militarización de la seguridad pública cuyas consecuencias, si no hay controles civiles, podrían ser previsibles.

@velediaz424

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