Acusan revictimización de familiares de desaparecidos en Baja California
Aline Corpus / Fotos: Colectivo Movimiento Estatal por los Desaparecidos de Baja California./ Info Savia
TIJUANA.- Cuerpos apilados en fosas comunes, restos óseos calcinados, fotografías borrosas, ausencia de muestras genéticas, son apenas una parte del peregrinar y el dolor que enfrentan los familiares de los desaparecidos en Baja California, denunciaron colectivos de búsqueda de Tijuana.
Integrantes del colectivo Movimiento Estatal por los Desaparecidos de Baja California mencionaron que la cifra de cadáveres en fosas comunes pudiera llegar a los 16 mil, a lo largo de los años: Restos apilados uno sobre otro, cuyo costo de exhumación asumen las familias.
“Lamentablemente siguen enviando cuerpos (a las fosas comunes) sin tomarles muestras de ADN, y hay más de 16 mil cuerpos en Baja California sin prueba genética para poder corroborar que son los que nosotros buscamos”, subrayó Paula Sandoval León, familiar de un joven desaparecido por secuestro e integrante del Movimiento Estatal.
El Presidente de la organización, José Fernando Ortigoza Mugarte, agrega: “Ahí (en las fosas comunes) podríamos localizar, quizá, al 70 por ciento de nuestros desaparecidos”.
Además, a las fosas comunes hay que agregar los cientos de cuerpos y restos óseos que están en 248 fosas clandestinas localizadas entre los años 2009 y 2022, que según datos entregados por la Fiscalía General del Estado, a través de una petición por Transparencia, existen en el Estado.
Dicha información oficial reconoce que decenas de cadáveres no cuentan con perfiles genéticos.
También la Fiscalía indica que en Baja California hay 14 mil 426 desaparecidos solo entre el año 2007 y el 2021, según documentó la organización civil Elementa Derechos Humanos.
En enero del 2023, el Fiscal Ricardo Iván Carpio Sánchez presumió que Baja California tendría un laboratorio con ADN nuclear y ADN mitocondrial, que supuestamente acabaría con el rezago de pruebas genéticas en máximo 40 meses, es decir, alrededor de tres años.
Tan solo en la primera fase se invirtieron 50 millones de pesos en equipo robótico. Hasta la fecha, no se cuenta con algún informe de avance.
“No vamos a investigar”
Foto: Señora Juana Vázquez fotografía a su hijo Julio Guzmán.
Julio Alexander Guzmán Vázquez -de 42 años al momento de su desaparición- tiene una mirada tranquila en la foto que guarda de él su mamá en una vivienda en California, Estados Unidos.
Nacido en Guatemala, su madre Juana Vázquez, de 66 años, lo describe como una persona preocupada por su familia, trabajando en Tijuana luego de ser deportado de Estados Unidos en 2014.
Residente de Canoga Park, un vecindario del Valle de San Fernando, a Julio le iba bien en California, pero no contaba con documentos y un día fue deportado hasta Guatemala; Julio no quiso quedarse ahí, intentó estar lo más cerca de sus cuatro hijos, y prefirió residir en Tijuana.
Algunos años antes de su desaparición, Julio le platicó a su mamá que había encontrado trabajo en un Call Center.
“Ofrecía diferentes productos”, platicó su mamá, “empezó con las aseguranzas para los carros que cruzan la frontera, luego vendió cosas para cocina, y en el 2020 me dijo que vendía páneles solares”.
En diciembre del 2020, Julio estaba ansioso y pidió dinero a sus familiares. Quería 500 dólares para arreglar el drenaje de la vivienda que rentaba en la colonia El Soler, al noroeste de Tijuana.
“Le dije que eso le correspondía al rentero, pero él respondió que el dueño alegaba que entregó la vivienda bien”, recordó su mamá.
Doña Juana le envió 300 dólares, luego supo que una semana después seguía pidiendo 500 dólares a su hermana, quien también le envió otros 300 dólares.
La última comunicación de Julio con su familia fue el 7 de enero del 2021.
En cuanto pudo, su mamá viajó de California a la vivienda que rentaba su hijo y confrontó al rentero.
“El señor no me pudo sostener la mirada”, relató, “titubeó, dijo que Julio se había ido y que había mandado recoger sus cosas con otra persona”.
Al principio, doña Juana quiso creerle, pero con el paso del tiempo, puso la denuncia por desaparición y empezó la odisea. Nadie le daba razón de su hijo, incluso contrató un investigador privado.
El 11 de noviembre del 2022, la señora Juana se dirigió con el agente que llevaba la carpeta de investigación de su hijo en el Centro de Apoyo para Personas Extraviadas o Ausentes (Capea), pero el oficial no estaba.
“Había otro agente que me dijo, ‘pues si quiere busque ahí en las fotos’”, contó, “revisé la carpeta y estaba ahí la foto de mi hijo con su tatuaje en la mano izquierda que decía ‘Lupita’, el nombre de su esposa, y la fecha de nacimiento de ella. Era él”.
“Lo habían localizado desde el 25 de febrero del 2021, en la calle Segunda del mismo fraccionamiento donde vivía, prácticamente atrás de su casa”, lamentó.
Julio tenía huellas de violencia, murió por impactos de arma de fuego, y lo dejaron en la parte trasera de un vehículo Honda de modelo antiguo.
Pasó un año y 11 meses para que la Señora Juana ubicara a su hijo por casualidad, no hubo pruebas de ADN, además, pagó más de 45 mil pesos entre la exhumación, un ataúd, el traslado a California y dos funerarias, una en México y otra en Estados Unidos.
La señora Juana quiso saber cuál fue la razón de la muerte de su hijo, pero en la Fiscalía le respondieron que ella no había aportado suficientes datos para que se abriera una indagatoria más profunda, por lo que cerrarían el caso.
“No vamos a investigar”, le dijeron.
“Ya tengo 66 años”, expresó la mamá de Julio, “lo único que quiero es que me digan qué pasó, a veces lo único que me da consuelo es saber que lo voy a extrañar pocos años, porque espero que me quede poco tiempo para irme también”.
“Yo peleé por el ADN”
Paula Sandoval León es una mujer a la que le secuestraron a sus dos hermanos en Tijuana, ambos el 16 de enero del 2020, tras ser contactada por los victimarios, logró negociar para que uno de ellos regresara con vida al pagar un rescate.
Sin embargo, su segundo hermano, Jesús Daniel Sandoval León – de 26 años al momento de su privación – no regresó, pese a que se pagó otro rescate para tenerlo a salvo.
“Pedí la prueba de vida y no me la quisieron dar. Me dijeron ‘necesitamos que pagues más dinero para regresarte al otro’ y pagamos la segunda cantidad, pero ya tenemos más de 3 años buscando y esperando”, relató.
Sandoval León comenzó a hacer búsquedas en campo desde el 18 de enero del 2020.
“Desde el primer momento noté que no recopilaban ADN”, detalló Paula, “todavía a mí me tocaron los libros (con fotos) deplorables, imágenes borrosas, desgastadas por tantas personas que van a buscar, pegadas con ‘tape’ o pegamento, eran impresiones a blanco y negro”.
En la actualidad, las fotografías son digitalizadas.
“Eran muchos calcinados, muchos los que no se podían reconocer a plena vista”, expuso.
“Yo pedía ADN (al tener fotos borrosas) y me decían que no, que tenía que haber algo que me indicara que podía ser el mío (familiar buscado), sin embargo, imagínate, ¿cómo iba a saber si el cuerpo estaba totalmente calcinado?”, contó.
“Es muy triste pasar por todo esto”, explicó, “nadie sabe qué hacer, qué sigue, en quién confiar, a veces dicen que te van a ayudar pero te perjudican, es sumamente desgastante, a veces ya quieren cerrar el caso lo antes posible”.
Meses después del secuestro de sus familiares, y debido a su insistencia, la Fiscalía aceptó tener la prueba genética de su mamá.
“Yo peleé para que tomaran la muestra de mi familia”, aseguró.
Como integrante del colectivo Movimiento Estatal por los Desaparecidos de Baja California, la Fiscalía les ofreció una plática del proyecto de inversión para las pruebas genéticas en desapariciones, pero hasta la fecha no han sabido más.
Paula aseguró que las autoridades les han comentado que pudieran estar 16 mil personas en fosas comunes.
“Ese número nos lo dijeron las mismas autoridades, pero tratan de no hacerla pública ni de sacar estadística”, añadió, “la he pedido (de manera formal), que me digan cuántos cuerpos hay en fosa común sin ADN y me la han negado”.
Hace falta capacitación en ciertas áreas del Gobierno, mucha sensibilización, exaltó.
“No culpo a todo el Gobierno, hay personal que sí quiere trabajar, pero hay otros que tiene muy mala actitud, no les interesa, hay gente que está como ‘castigada’ en el área de desapariciones, creo que deben tener más capacitación y elegir muy bien a su personal”, insistió.
José Fernando Ortigoza Mugarte, Presidente del Movimiento Estatal por los Desaparecidos de Baja California, que agrupa a varias asociaciones de búsqueda, señaló que hay una sospecha de que en las fosas comunes podría estar el 70 por ciento de los desaparecidos.
“Queremos sacar todos los ADNs de los que están en fosas comunes, no sabemos cómo le van a hacer, pero tenemos un presentimiento de que ahí está el 70 por ciento de nuestros familiares”, refirió.
¿Y el Protocolo?
Desde julio del 2021, la Comisión de Implementación, Seguimiento, Evaluación y Actualización del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, publicó un extracto del Protocolo Homologado.
En dicho documento se establece: “Al comenzar la Búsqueda Individualizada las Fiscalías tienen que abrir una carpeta de investigación, entrevistar a profundidad a la familia (…) tomarles muestras de saliva o sangre para obtener su perfil genético, pedir la comparación entre estos perfiles y los de personas fallecidas no identificadas, conseguir las huellas dactilares de la persona desaparecida, pedir la comparación entre esas huellas y las de personas fallecidas no identificadas”.
En Mexicali, el pasado 13 de Julio, el Fiscal General Ricardo Iván Carpio Sánchez presumió que hoy en día los perfiles genéticos pueden tardar horas, y no seis meses como antes, que los nuevos laboratorios de genética forense comprados por la Intervención de la Gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, arrojarían resultados de genética entre 48 y 72 horas.
Además, dijo, hay 40 peritos en lugar de solo cuatro.
Entre el 13 y el 19 de julio, se ubicaron al menos 14 cuerpos en un narcocementerio en la colonia Miguel Alemán, en el valle de Mexicali, zona colindante con San Luis Río Colorado, Sonora.
Con toda la tecnología que se presumió arrojaría resultados en horas, la Fiscalía tampoco ha proporcionado un adelanto, explicación o informe, de la identificación de los restos a través del perfil genético.
https://infosavia.com/acusan-revictimizacion-de-familiares-de-desaparecidos-en-bc/