Ejército y agentes toman el control de minera Media Luna en Guerrero

POR EZEQUIEL FLORES CONTRERAS

CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- Agentes estatales y federales, así como soldados asumieron el control de las instalaciones de la minera canadiense Media Luna, de Torex Gold, en Cocula, y prácticamente reventaron el paro laboral que mantenían trabajadores desde hace más de dos meses para desconocer a la CTM y afiliarse al sindicato de Napoleón Gómez Urrutia.

El operativo policiaco militar se registró tras la ejecución del dirigente del movimiento laboral, Quintín Salgado Salgado, quien fue asesinado el jueves 25 cuando salía de su casa en el poblado de Nuevo Balsas, lugar donde se encuentra asentada la empresa extranjera.

Al respecto, el gobierno de Héctor Astudillo emitió un comunicado donde informó que ayer por la tarde, se realizó un operativo policiaco militar en las instalaciones de la empresa para liberar al jefe de seguridad de la minera Media Luna y a siete trabajadores en la comunidad de Real de Limón que presuntamente habían sido retenidos por los trabajadores paristas.

El boletín indica que luego de un proceso de “negociación” con los inconformes, fueron liberados los ocho trabajadores de la minera canadiense.

Las autoridades estatales afirman que seguirán dialogando con los paristas y que las instalaciones de la minera serán resguardadas por policías estatales y ministeriales para garantizar que sigan los trabajos “sin contratiempo”.

Además, señalaron que también siguen dialogando con al menos 200 habitantes del poblado de Atzala que mantienen un bloqueo carretero para impedir el ingreso de maquinaria y automóviles a la minera.

Desde el pasado 3 de noviembre, un grupo de trabajadores impulsaron un paro laboral para exigir el cambio de titularidad de su contrato colectivo de trabajo, que actualmente ostenta la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

A la fecha, el conflicto se ha agudizado porque además de las presiones de los directivos de la empresa canadiense, han sido asesinados tres miembros del movimiento laboral.

Desde marzo de 2016, Proceso advirtió sobre el riesgo de los proyectos mineros impulsados por el gobierno de Héctor Astudillo en una franja de la entidad donde el narco lo controla todo.

En el texto titulado Inversión millonaria en territorios del narco en Guerrero, se indica que los proyectos de desarrollo de la industria minera y portuaria que contempla Astudillo están enfocados en zonas controladas por el narcotráfico, donde la sociedad padece la extrema inseguridad y violencia, el desplazamiento masivo de personas y el colapso de la economía local.

De las cinco iniciativas incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 (PED) del gobierno estatal, destaca la construcción del puerto La Unión, obra anunciada desde 2007 por el entonces presidente panista Felipe Calderón en la comunidad de Petacalco, municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, donde está la polémica termoeléctrica Plutarco Elías Calles que fue concebida como “una extensión” del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Igualmente, se planea establecer un eje minero que abarca municipios de las regiones de Tierra Caliente, Costa Grande Montaña, Centro y zona Norte, entre ellos Coyuca de Catalán, Zirándaro, Cutzamala, San Miguel Totolapan, Arcelia, Teloloapan, Buena Vista de Cuéllar, La Unión, Eduardo Neri, Mochitlán y Quechultenango, indica el documento, cuya copia obtuvo Proceso.

Esta franja, donde Astudillo pretende impulsar dos de sus más importantes proyectos, es controlada por la delincuencia organizada. Ahí la confrontación entre bandas criminales ha exhibido también los nexos de políticos y autoridades de los tres niveles de gobierno y del Ejército con el narcotráfico.

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