Trabajadores de Technotrim denuncian por esta vía acoso por parte del Departamento de Recursos Humanos de esta empresa.
Las redes sociales se han convertido en aliado de trabajadores que exigen un pago que consideran justo de utilidades, pero que por miedo a represalias no muestran su identidad. Tal es el caso de los empleados de la maquiladora Technotrim que desde inicio de semanas han posteado una serie de mensajes para denunciar el acoso del Departamento de Recursos Humanos.
Lo anterior como presión para que no ejerzan la medida que han adoptado otras empresas, como son los paros de labores, en exigencia a utilidades justas.
La amenaza, según publicaciones, ha sido tajante: si realizan un paro de labores, cerrarán la empresa. El sindicato no ha mostrado apoyo a la base trabajadora.
Desde inicios de semana una serie de publicaciones bajo anonimato fueron posteadas, todas ellas exigiendo utilidades justas, de acuerdo al trabajo que aseguran es agotador.
“Nos exigen demasiado para la baba de utilidades que nos dan, todos se quedan callados por miedo, yo no, sueldo miserable, mi trabajo está bien hecho. No estoy peleando nada que no merezcamos”, escribió una usuaria de las redes sociales que laboran en la empresa.
“En Technotrim obligan a los empleados a trabajar al 150 ó 200 por ciento, el trabajo de dos personas quieren que lo haga sólo una, siempre nos tienen bajo mucha presión y olvídate de que no cumplas con la producción porque te suspenden o hasta te corren, siendo así debería haber muy buena utilidad y no la miseria que siempre nos han dado”, escribió otra usuaria.
En otra de las publicaciones incluso se da a conocer que el módulo de la Pailot paró el turno esperando apoyo de los demás, pero por miedo no se unieron al movimiento.
“Los de Recursos Humanos andaban bien asustados, hasta el nuevo gerente estaba ahí, pero no quedó más que ponerse a trabajar porque faltó el apoyo de los demás”, se posteó.
Patricia Mayorga
Proceso
Por lo menos siete personas fueron privadas de su libertad el jueves pasado y cinco de ellas fueron localizadas sin vida ayer en el municipio de Guachochi.
El pasado jueves fueron privadas de su libertad varias personas cerca del ejido de Tónachi, localizado a unos 40 minutos de la cabecera municipal de Guachochi. Entre las víctimas se encuentra un adolescente de 16 años de origen indígena, un estudiante de la Universidad Tecnológica Tarahumara, un maestro, el comisario ejidal de Tónachi y un excomisario. Cinco eran familiares.
De acuerdo con pobladores de esa región, el problema se originó por un pleito de tierras y detonó en una brecha cerca del ejido de Tónachi.
Ayer en la mañana fueron encontrados los cuerpos de Elzar Palma Payán, quien tenía 21 años y era trabajador del ejido de Tónachi e hijo de Elzar Palma Ramos; Héctor Fabián Contreras, de 20 años, estudiante en la Universidad Tecnológica de la Tarahumara, y Gerónimo Alonso González, de 16 años, quien pidió aventón a la familia para llegar a la comunidad La Gobernadora.
Durante la tarde, fueron encontrados Héctor Fabián Payán Escárcega, de 44 años, quien era comisario ejidal de Tónachi, y Édgar Josué Payán Olivas, de 30 años.
Según vecinos de la cabecera municipal, también están desaparecidos un hombre que vive en la cabecera municipal de Guachochi y el maestro Claudio Bustillos Lerma.
MORELIA, Mich.-“Es imprescindible aumentar las penas para los delitos que se consideren graves, como: feminicidio, pornografía infantil, pedofilia, entre otros; que son flagelos que vive el Estado de Michoacán”, afirmó Rosa María de la Torre Torres, en la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se dictaminó para su aprobación en Pleno, el aumento de 40 a 50 años como pena máxima privativa de la libertad los delitos, y así plasmarlo en la Constitución del Estado de Michoacán.
De acuerdo a información de un comunicado, en la reunión se dictaminó ha lugar para admitir a discusión la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre la armonización de la Constitución del Estado y la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, para armonizar en cuanto a la fechas del año legislativo y su división en dos periodos de sesiones, además de reformar las fechas de presentación y discusión de los proyectos de leyes de ingresos de todos los municipios que conforman el Estado, con la finalidad de contar con lapso mayor de análisis para su aprobación.
En otros asuntos, y derivado del dictamen de Ha Lugar al tema del Fuero, los integrantes de esta Comisión coincidieron en la necesidad de abrir foros para la participación académica y ciudadana, con el fin de escuchar inquietudes, propuestas y opiniones para el estudio y el debate de este tema.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, asistió este lunes a una reunión de líderes empresariales en la zona Diamante de este puerto.
El encuentro inició alrededor de la 11:30 de la mañana; participan el gobernador Héctor Astudillo Flores y el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, además de un centenar de dirigentes de cámaras y asociaciones de prestadores de servicios y hoteleros, principalmente.
Los temas que más destacan en el encuentro son la seguridad en el puerto y la crisis económica que ha incrementado la violencia en el estado.
Al concluir, el grupo de Coordinación Guerrero de Seguridad, que integran funcionarios de los tres niveles de gobierno, así como mandos policíacos y castrenses, sostendrá una mesa de trabajo.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que el Ejército mexicano se hará cargo, a partir de esta semana, de las cámaras del Centro de Control y Vigilancia 4 (C-4) en Guerrero.
Anunció también la construcción de otro C-5, que tendrá cobertura en todo el estado. Además, se pondrá en marcha un programa de prevención del delito.
El responsable de la política interior del país se reunió en privado desde las 11:30 horas con empresarios de la entidad.
Al encuentro asistió el gobernador Héctor Astudillo Flores y el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, además de dirigentes de cámaras y asociaciones de prestadores de servicios y hoteleros, principalmente.
Posteriormente, a las 15:00 horas inició un encuentro a puerta cerrada con el grupo de Coordinación Guerrero de Seguridad, integrado por funcionarios de los tres niveles de gobierno, así como mandos policíacos y castrenses.
El cónclave se celebró en la zona Diamante, para abordar temas como la seguridad en el puerto y la crisis económica que ha incrementado la violencia en la entidad.
Huauchinango, Puebla.- Sin informar previamente a la población, la Sierra Norte de Puebla fue entregada por la Secretaría de Energía a la ex paraestatal Petróleos Mexicanos para la exploración de hidrocarburos no convencionales que deben extraerse a través de la fractura hidráulica o fracking que causará daños irreversibles en sus habitantes y en los bienes naturales.
A través del estudio “La fracturación hidráulica en la Sierra Norte de Puebla: una amenaza real para las comunidades”, el Consejo de la Tierra (Tiyat-Tlali), la Alianza Mexicana contra el Fracking y el centro de análisis e investigación FUNDAR, alertaron a los habitantes de esta región sobre los impactos negativos que traerá esta decisión tomada tras la aprobación de la Reforma Energética.
Los investigadores alertaron que la entrega del territorio de al menos 13 municipios serranos para la extracción de hidrocarburos no convencionales pone en riesgo a mestizos e indígenas nahuas, tepehuas y totonakús que pueblan estos lugares asentados sobre la provincia petrolera Tampico-Misantla, la segunda del país en prioridad para explotar yacimientos de lutitas, quienes no han sido informados previamente de la “entrega de dichas áreas, ni de la decisión sobre utilizar esta técnica”.
Los municipios afectados son Jalpan, Jopala, Pantepec, Tlacuilotepec, Venustiano Carranza, Xicotepec. Zihuatehutla, Tenampulco, Acateno, Ayotoxco, , Hueytamalco, Jonotla y Tuzamapan de Galeana, que estarían comprometidos como parte de las Rondas 2 y 3 del Plan Quinquenal de licitaciones de hidrocarburos publicada por el gobierno y que se desarrollarán en los próximos cinco años a través del fracking y que pondrán en riesgo también al menos cuatro cuencas hidrográficas: las de los ríos Cazones, Nautla, Tecolutla y Tuxpan.
“Además, una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por Pemex en 2014 para la explotación de hidrocarburos, incluyendo el uso de la fracturación hidráulica, mostraba que 35 municipios de la región cuentan con potencial hidrocarburífero. Aunque esta MIA fue retirada y el proyecto no fue llevado a cabo, indica que una gran parte de la Sierra se verá afectada por el desarrollo de esta actividad”, alertaron.
Según el documento publicado por los tres organismos de la sociedad civil, Petróleos Mexicanos calcula que esta provincia cuenta con el 57.8 por ciento de recursos prospectivos de petróleo y gas húmedo en este tipo de yacimientos en el país y por ello se prevé que en los próximos años se intensifique la actividad exploratoria en la región para determinar las reservas existentes, pero esta fase se hace también con la cuestionada técnica de la fractura hidráulica.
El análisis confirmó, como lo había dado a conocer en este medio de comunicación http://regeneracion.mx/se-exploran-233-pozos-para-fracking-en-puebla/ que, hasta el año 2013, en la Sierra Norte de Puebla se habían abierto con fracking al menos 233 pozos en los municipios de Francisco Z Mena, Venustiano Carranza y Pantepec, con 121, 98 y y 14 respectivamente.
Empero los habitantes de estos tres municipios ubicados en el yacimiento petrolero Paleocanal de Chicontepec “no fue informada por el gobierno y, mucho menos, incluida en la toma de decisiones sobre estos proyectos. Esto es reflejo de una de las problemáticas asociadas al desarrollo de esta actividad, que se encuentra rodeada de un velo de opacidad y carece de mecanismos de participación efectivos. Esto conlleva la vulneración de los derechos de acceso a la información, participación, autodeterminación de los pueblos, consulta y consentimiento libre, previo e informado, entre otros”, estima el estudio.
La fracturación hidráulica es una técnica que conlleva el uso y contaminación intensiva del agua que es mezclada con más de 750 productos químicos altamente tóxicos y causantes de enfermedades como cáncer y daños en el sistema endocrino y el sistema nervioso, entre otros daños.
Una carretera sinuosa y un majestuoso paisaje de la Sierra Madre Oriental dan la bienvenida a la comunidad Salaverna, en el municipio de Mazapil, ubicado en pleno semidesierto zacatecano.
Al llegar pareciera que se trata de un pueblo fantasma, por el silencio que domina; los ladridos de unos perros que deambulan por la calle dan indicios de que quizá haya personas en las desgastadas casas del lugar.
Emilia de la Torre es uno de los pocos habitantes que quedan en la localidad; está casada con Celestino Guevara, dueño de lo que hace cuatro años aún era la tierra de abarrotes más surtida en Salaverna, pero desde 2012 la vida ahí ya no es igual.
“Desde aquel año, cuando se presentó un hundimiento en la mina Tayahua, el gobierno del estado nos ha querido correr de nuestras casas, que porque estamos en riesgo de que esto se derrumbe”, recordó la mujer.
Salaverna era una comunidad en la que convivían más de 80 familias; ahora sólo hay 16, cuyos integrantes se resisten a dejar sus hogares, pues autoridades federales y estatales les han pedido abandonar el poblado ante el presunto riesgo que implica una falla geológica localizada a unos 10 kilómetros.
Emilia aseguró que no hay peligro, que el argumento de ambos gobiernos es mentira: “nos quieren correr porque quieren abrir el cerro y sacar el mineral”.
La mujer miró de manera melancólica las ruinas de la capilla del “viejo” Salaverna y después continuó su relato: “estamos en completo abandono desde que eso pasó. Muchos licenciados nos han ofrecido unas casas que muy buenas y que muy bonitas. Pero pos’ los de allá abajo (quienes viven en Nuevo Salaverna) me dicen que batallan mucho porque no tienen agua, que porque las casas están chiquillas, que no pueden tener animales y hasta tienen que andar cuidando a los niños para que no los vayan a atropellar”.
ara ella, no es necesario tener mucho para ser feliz, pues aunque vive en la pobreza, disfruta de sus actividades en el pueblo, como hacer de comer mientras siente el viento que se cuela por la ventana de su cocina.
Soportan la presión
Micaela Zamarripa Hernández, vecina de Emilia, se unió a la narración y contó cómo su familia se ha enfrentado a innumerables amenazas y malos tratos de los representantes de Tayahua, proyecto de la minera Frisco, propiedad del magnate Carlos Slim Helú.
También recordó el hundimiento de 2012 y que desde entonces cambió el pueblo; luego directivos de la empresa extractiva y autoridades estatales comenzaron a presionar a los habitantes para que abandonaran sus viviendas y se unieran a las decenas de familias que se mudaron al Nuevo Salaverna.
“Yo también tengo una tiendita, pero como los de seguridad de la mina ya no dejan subir a los repartidores, pues nosotros vamos hasta Mazapil o Concha del Oro para traer por lo menos algo que no se nos pudra”, mencionó.
“Antes vendíamos de todo: fruta, verdura, arroz, azúcar, maíz. Ahora no ganamos nada con traer ese tipo de productos, que se nos echan a perder, porque no hay quién los compre, ya hasta a los mineros les prohibieron subir a comprar”, lamentó.
Emilia y Micaela coincidieron en que uno de los problemas de seguir en la comunidad es la deficiencia en los servicios; obtener el gas es muy difícil, ejemplificaron, hay que ir a conseguir los tanques a los municipios aledaños, porque tampoco se permite el paso a las gaseras.
Casi siempre hay agua, aunque no es limpia; “siempre tenemos con qué lavar o hacer el quehacer de la casa, pero no la podemos beber porque es la que usa la minera para prender su máquinas, por eso para tomar tenemos que comprar garrafones”, expuso Emilia.
Agregó que cuando inició el conflicto también les quisieron quitar la luz, pero como se trata de un servicio que otorga una dependencia federal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), “no pudieron hacer nada y se resolvió el problema inmediatamente”.
Se van amenazados
Roberto de la Rosa Dávila, delegado de Salaverna, aseguró que, como la única forma de trabajar ahí es la siembra, la ganadería o la minería, a muchos se les amenazó con despedirlos si no entregaban sus casas.
“No todos los que se fueron del pueblo lo hicieron convencidos de querer vivir allá, en el Nuevo Salaverna; a muchos los amenazaron con que, si no se iban, los corrían de la mina y, como la mayoría trabajaba ahí, pues tuvieron que irse”, explicó.
Con la mudanza de cientos de habitantes, la economía del lugar casi se paralizó y a tiendas como la de Emilia de la Torre y Celestino Guevara ya nadie va.
Pero ésos no son los únicos daños surgidos de la migración a Nuevo Salaverna, también los niños han sido perjudicados.
se es el caso de Emiliano Guevara Torres, un chiquillo de 10 años inquieto y que, pese a su edad, se da cuenta de que la situación de su pueblo no es la misma desde hace años, porque la minera Frisco cambió su mundo y el de toda la gente de la comunidad.
“Me acuerdo que un día vinieron unos señores, aquí a la casa de mis abuelos, y les enseñaron unos papeles. Los veía muy enojados y como asustados, bueno, digo que estaban asustados porque yo así me pongo cuando me regaña mi mamá”, y al decir esto, Emiliano se sonrojó.
Continuó su historia entre triste y apenado: “antes la escuela estaba acá, en el pueblo, pero se la llevaron al Nuevo Salaverna y ya no puedo ver a todos mis amigos; antes, después de la escuela, jugábamos toda la tarde y corríamos, ahora todo está callado y arrumbado”.
Pero eso no ha sido la parte más difícil, resaltó, pues ahora, para los que se quedaron, asistir a clases todos los días es muy complicado, pues tienen que recorrer cerca de 5 kilómetros para llegar a la escuela.
“Muchos lo hacen a pie, otros en camioneta, por eso nos dan permiso de llegar media hora tarde a los que vamos desde acá arriba”, relató Emiliano.
El camino entre los dos pueblos consta de dos tramos: primero un kilómetro de terracería, muy incómodo según el niño, y después la carretera ya está pavimentada.
Contrastes
Nuevo Salaverna es muy diferente al pueblo del que se inspiró su nombre; en el fraccionamiento construido por Frisco todas las calles están pavimentadas y hay variedad de servicios: televisión por cable, teléfono, Internet, alumbrado público, drenaje y agua potable.
Pese a estas ventajas, no todos están contentos. Uno de ellos es Jesús Montoya Cárdenas, quien dijo estar arrepentido de haber entregado su casa a cambio de una de las de la nueva unidad habitacional.
Se quejó de que a quienes cedieron, la empresa extractiva no les ha cumplido todo lo que prometió hace cuatro años.
“Nos dijeron que si nos veníamos para acá nos iban a dar escrituras de las casas, 15 mil pesos y que hasta un salón de fiestas nos iban a poner. Íbamos a tener todo: iglesia, hospital, escuela, pero de qué sirve, si ni maestros hay para todos los niños”, reprochó.
Jesús aclaró que ya entregaron las escrituras de las viviendas a todos los que se mudaron a Nuevo Salaverna; sin embargo, confesó: “sabrá Dios qué dicen, ni leer ni escribir sé”.
En los documentos que repartió la empresa no se da certeza jurídica a los que habitan.las casas en ese fraccionamiento, pues se especifica que la minera es propietaria de los lotes y de los inmuebles entregados.
Con lágrimas en los ojos, Jesús refirió que desde que se mudó, su vida cambió por completo. “Uno no sirve para estar encerrado, pero ya ni cómo regresar allá arriba: cuando uno decía que sí se venía para acá, en ese momento le hacían unos hoyos a las casas y un camión las tumbaba”.
Otro de los descontentos es Manuel Morales Cárdenas, quien calificó como “un golpe” la mudanza al nuevo poblado, porque lo que más ha visto afectado es su salud.
“De qué sirve que haya una clínica aquí cerquita, si está cerrada. Sólo la abren de lunes a viernes y por la mañana; aparte, si no alcanzas cita, ni te atienden”, criticó.
Manuel y Jesús aseguraron que son muchos los que están molestos con el nuevo estilo de vida que han adoptado e incluso que están dispuestos a regresar al viejo Salaverna, aunque sus casas hayan sido destruidas por la minera; sin embargo, los demás vecinos se negaron a hablar.
Tijuana.- Fue el Gobierno municipal del XXI Ayuntamiento de Tijuana, encabezado por el doctor Jorge Astiazarán Orcí, el gran ausente en el desfile conmemorativo del 1 de mayo en la ciudad, ante las protestas de diferentes grupos de inconformes, entre los que destacó el contingente de dos mil 500 unidades de transportistas.
Que protestaron por la indolencia del Gobierno para atender sus reclamos ante lo que dicen, significa el despojo de su patrimonio.
Los transportistas encabezaron una protesta más contra el Gobierno municipal, asegurando que el alcalde miente sobre la operación del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT).
Aseguraron que no le tienen miedo a la represión del Gobierno, y acusaron a la administración del XXI Ayuntamiento de ser los responsables de la “contaminación” del proyecto integral de la Ruta Troncal.
Miguel Ángel Jiménez Quintero, representante de la Unión de Taxistas de Baja California, negó rotundamente que los transportistas fueran los responsables de los actos vandálicos acontecidos la madrugada del 30 abril en la parada de la Ruta Troncal ubicada en puente Lázaro Cárdenas, en donde se rompieron los paneles de cristal ya instalados.
Reiteró la falta en la que incurrió el Gobierno al haber autorizado la aprobación de 900 placas por un valor de 250 millones de pesos, beneficiando en su mayoría a la empresa que dirige el ahora candidato a diputado Arturo Aguirre.
Por lo anterior informó que estarían denunciando al alcalde ante el Banco Mundial, Banobras y la Secretaría de Comunicación y Transportes con quienes se obtuvo el importante recurso para el inicio de las obras correspondientes al SITT.
Los transportistas exigieron que se regrese el reglamento a como estaba antes de las modificaciones publicadas en el Diario Oficial de Baja California el 26 de febrero de este año 2016, y con ello aseguró el líder transportista se acabarían los problemas y las manifestaciones.
Precisamente al ser cuestionado sobre la “mega marcha”, la cual se ha especulado realizarían los transportistas en vista de que el Gobierno no cambia de postura sobre el Reglamento de Transporte Público, Jiménez Quintero informó que aún no hay acuerdo entre todos los grupos, acción para la cual se reunirían este lunes.
“Se le avisara a los medios de comunicación unas horas antes para que no se le filtre la información al Gobierno”, dijo el líder transportista, asegurando que es un hecho que se hará la manifestación sin tener confirmación de día y hora.
Miguel Ángel Jiménez agregó que las autoridades no han podido justificarles las modificaciones en el Reglamento con respecto a las rutas, “las están encimando, sobre-poblándolas”, especulando que esa información seguramente la compartirían hasta que acaben las campañas políticas.
Desfilaron taxis representantes de las rutas Dorado y Blanco (Otay-Centro), de la cual se refirió se cuenta con 200 unidades de modelo 2016 en circulación; Verde y Blanco (Centro-70/76), Blanco y Estrella Dorada (Mirador), Blanco y Morado (Línea-Palacio), Azul y Blanco (Centro-Soler), Rojo y Blanco (La Presa-Centro), Azul y Dorado (Cañada-5 y10), además de unidades de Taxi Ejecutivo y camiones de Azul y Blanco, Rojo y Dorado, entre otros.
Por su parte, Héctor Márquez, presidente del Transporte Azul y Blanco, enfatizó en que no están en contra de la modernización, muestra de ello es que han estado comprando unidades de modelos recientes, teniendo ya en circulación modelos 2013, 2014 y 2015, “no es solo comprar transporte nuevo, falta ordenamiento, es lo que se ocupa”.
Mientras que en las redes sociales empezó a circular a través de la página Yo Amo Tijuana, una convocatoria pública a la Marcha Pacífica a Favor de la Modernización del Transporte, con el lema: “Es hora de que Tijuana levante la voz, ya basta de ser chantajeados por transportistas y sus intereses, Tijuana va primero ante todos” (sic).
Extraoficialmente se supo que las autoridades municipales no se presentaron a recibir a los contingentes del desfile, en el balcón de la Presidencia Municipal como es tradicional, a causa de que la Conferencia de Trabajadores de México (CTM) y el Sindicato de Burócratas no confirmaron la realización del evento.
Por su parte, la CTM sí llevó a cabo un evento privado en las instalaciones del edificio de la organización, ubicado en la calle Niños Héroes, entre 4 y 5, de la Zona Centro, desde las 10:00 horas, acto al que asistió el candidato del la coalición PRI-PV-PT y Nueva Alianza, René Mendívil.
Francisco Domínguez Servien, titular del Poder Ejecutivo, las autoridades estatales que lo acompañaban y líderes sindicales, abandonaron el desfile conmemorativo del Día del Trabajo, entre gritos, empujones, lluvia de objetos y agresiones.
Todo comenzó con una tensa calma minutos después de las 8:00 horas en avenida Corregidora, esquina con Zaragoza, dirección a Universidad, en el entendido que el mandatario estatal observaría el desfile a la altura del jardín Zenea.
El desfile fluyó con tranquilidad en los primeros 90 minutos, donde solo se presentaron expresiones de molestia e inconformidad por parte del Sindicato de Salud, sección 32, y del Movimiento Democrático Queretano “Francisco Villa”, pero todo en orden.
El hartazgo y repudio de los maestros contra la Reforma Educativa y el cese de sus compañeros por no presentarse para la evaluación docente, fue lo que hizo detonar los ánimos en el desfile del Día del Trabajo, que se celebró este domingo 1 de mayo.
Los miembros del contingente de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fueron los primeros en consignar su coraje por las decenas de docentes que han sido cesados de sus puestos en educación básica y bachillerato, por no acreditar su evaluación.
Con expresiones como “Este día no es de fiesta, es de lucha y protesta”, “Esos son, esos son, los que roban la nación”, “Fuera Pancho” y “Pancho decías que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería”, se plantaron frente al templete donde se ubicaron los autoridades estatales.
El nutrido grupo de maestros decidió plantarse frente al templete donde estaban las autoridades y su líder sindical, en donde nunca cesaron los ánimos enardecidos, gritos, muestras de pancartas y consignas contra la Reforma Educativa.
Cuando por fin pudo continuar el desfile, tocó el turno de pasar por la zona al contingente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sección 24, que de inmediato se confrontó con los maestros de la CNTE.
Los integrantes de la CNTE lanzaron a sus pares del sindicato expresiones y descalificaciones como “borregos” y “vendidos“, sin que se diera una reacción por parte de algún docente, sin embargo, hubo quienes cayeron en provocaciones e iniciaron los empujones y manotazos.
Maestros del SNTE hicieron una vaya humana fallida, que solo incitó mas a que se encendieran los ánimos de quienes representan a la coordinadora, por lo que tuvieron que intervenir algunos trabajadores de la Secretaría de Gobierno para tratar de tranquilizar el asunto.
La situación se intensificó cuando un grupo de maestros, aparentemente de la CNTE, comenzaron a quemar gorras y playeras frente al templete donde estaba el gobernador, además que varios del SNTE se unieron a la causa en contra de la Reforma.
Una vez unidos la CNTE con grupos disidentes del SNTE, empezaron a subir de tono las agresiones verbales, aventaron papeles hacia el templete, después siguió el lanzamiento de playeras y gorras, alcanzando a agredir a varios funcionarios, entre ellos, el gobernador.
En cuanto eso sucedió, J. Cruz Araujo Ávila, secretario general de la CTM, decidió suspender el desfile, explicando que no podían permitir que continuarán con ese tipo de agresiones, además que estaban impidiendo que continuara el desfile obrero.
En ese momento se levantaron las autoridades y bajaron del templete, entre silbidos, gritos, empujones y lluvia de objetos, por lo que tuvieron que abandonar el desfile con un paso apresurado, pues varios maestros los persiguieron hasta las puertas de la Secretaría de Gobierno.
Cuando decidieron abandonar eran las 11:30 horas, momento en el que sólo habían desfilado 4 de los 12 contingentes que estaban en el programa del desfile conmemorativo, pero consideraron que era imposible continuar sentados frente a los inminentes signos de violencia.
El templete fue tomado por varios sindicatos, entre los que destacan el SNTE, la CNTE, la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto y trabajadores de Recolección de Basura de la capital del estado, quienes se sumaron y celebraron la sucedido.
Los recolectores de basura comenzaron a pedir la salida de Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de Querétaro, sin embargo, el alcalde ni siquiera se presentó al desfile conmemorativo del Día del Trabajo.
A pesar de los compromisos para lograr avances en la búsqueda de desaparecidos, en Jalisco todo sigue igual. Algunos familiares del colectivo Por Amor a Ellas denunciaron que la Unidad Especializada para la Atención de Desaparecidos, creada en enero por la Fiscalía General del Estado (FGE), no ha dado resultados.
Destacaron que a la fecha no se tiene información de las investigaciones ni acceso a los expedientes ni avances en la clasificación para la búsqueda de personas desaparecidas en las que esté involucrada la delincuencia organizada.
Juan Carlos Zaragoza Gaona declaró que tras retirarse de las mesas de diálogo que entablaron los familiares y organizaciones con las autoridades estatales a mediados del año pasado no han recibido respuesta a las demandas realizadas.
“Lo único que sabemos es que se creó una nueva agencia de búsqueda especializada, pero hasta el momento no hemos visto resultados ni respuestas. Han encontrado a jóvenes, al anciano extraviado, al niño perdido, al adolescente berrinchudo, pero de los desaparecidos, que es realmente donde está involucrada la delincuencia, no hemos obtenido ninguna respuesta”, puntualizó.
Zaragoza dijo que es necesario que las autoridades se enfoquen en las desapariciones relacionadas a la comisión de un delito, como las clasificó el fiscal general, Eduardo Almaguer Ramírez, “que le echen más inteligencia, porque donde está la delincuencia organizada involucrada es más difícil, nosotros sabemos, pero no vemos ningún resultado”.
En mayo de 2015, su hijo fue presuntamente levantado en una camioneta negra cuando fue a la tienda a tan sólo unos metros de su casa, ubicada en la colonia Jardines de Nuevo México, en Zapopan, “desde ese día hasta la fecha no hemos tenido resultados favorables”.
Lo anterior lo declaró durante un acto simbólico desarrollado este fin de semana por el colectivo en el paseo Chapultepec, en donde se colocaron listones verdes con el nombre de algunas de las personas que han desaparecido en los últimos 10 años, y que de acuerdo con esta organización son un total de 3 mil 179 personas: 847 mujeres y 2 mil 332 hombres.
Al igual que Zaragoza, Rosario Cervantes Ávila es una de las mamás de desaparecidos que acuden frecuentemente a los actos públicos que se realizan en la ciudad para exigir justicia a las autoridades.
La mamá de Óscar Javier Hernández Cervantes, quien desapareció el 22 de julio de 2014, señaló que esta unidad especializada no ha dado resultados: “No hemos visto realmente que esa unidad nos haya ayudado a encontrar a nadie ni a tener mayor información sobre ninguno. Realmente no ha sido favorable el que la hayan creado para ninguno de nosotros. No ha habido avance en ninguno de los casos”.
Por su parte, Jaqueline Galaviz Ramos responsable de Incidencia de la Oficina de Occidente de Amnistía Internacional México, declaró que es importante que no solamente se creen instituciones para la búsqueda de desaparecidos, “sino que estén fortalecidas, con personas capacitadas, sensibilizadas y sí nos preocupa lo que seguimos escuchando por parte de las víctimas en cuanto al tema de acceso a sus expedientes”.
Subrayó que se requiere exigir más para que esas personas tengan respuesta, paz y justicia.
Agregó que es necesario que las autoridades y la sociedad en general cambien el discurso criminalizante o estereotipado respecto a las víctimas, en lo que coincidió Mignelia Gómez, quien desde el 28 de enero de 2010 busca a su hermano, él habría sido levantado de su domicilio (en la zona de Chapultepec) por unos hombres armados.
“Nuestros hijos fueron etiquetados porque lo primero que te dicen es: ‘Hay, narco’, por favor”, lamentó.
La señora Gómez hizo un llamado a la ciudadanía para que generen conciencia frente al problema de desapariciones que se vive en el estado, “que no nos etiqueten, que no nos critiquen, que no hablen de nosotros sin saber los motivos de nuestro dolor, porque te lo vas a llevar hasta la tumba si ellos no aparecen”.
El trasvase que se planea hacer para llevar agua de la presa El Zapotillo a León implicará el envío de agua limpia a esa ciudad de Guanajuato y el regreso de aguas residuales a Jalisco, según el diseño del proyecto. Esto, además que las obras tienen casi cinco años de retraso y recientemente se incorporaron como materia a los juicios que han emprendido ciudadanos contra autoridades; en este caso, el expediente fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El presidente del Observatorio Ciudadano del Agua, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, explicó que además no se ha informado qué comunidades resultarán afectadas con el paso del ducto, el cual generará una especie de frontera, pues tendrá que quedar cercado para evitar que sea dañado. Señaló que habría algunas viviendas que tendrían que ser reubicadas para que pueda ejecutarse esta obra.
La presa El Zapotillo comenzará en el poblado del mismo nombre, en el municipio de Cañadas de Obregón, en los límites con los municipios de Mexticacán y Yahualica. “Hay un aspecto que no se ha tomado en cuenta, que el acueducto va a provocar desplazamiento de personas, porque en algunos puntos afecta las viviendas, según el trazo”, señaló Márquez.
Las comunidades que podrían resultar afectadas por el paso del ducto están en Jalostotitlán y San Juan de los Lagos, “y además será una barrera física. Aunque se ha estado ofreciendo a la gente que sería subterráneo y podrían seguir teniendo su ganado y sembrar encima, pero por lo menos estará cercada. Además, tampoco tenemos evidencia y sí declaraciones que será superficial, porque el costo para hacerlo subterráneo se elevaría muchísimo”.
Según el trazo que tendría el acueducto para el trasvase, éste atravesaría cinco municipios de Jalisco: Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno y Unión de San Antonio.
Los gobiernos municipales no han recibido información puntual sobre esta obra, según confirmaron los alcaldes en una reunión que se llevó a cabo hace un mes en Tepatitlán de Morelos, en la que participaron diputados locales. Ahí manifestaron que no sabían que debían aprobar los permisos y cambios de uso de suelo para la construcción de la obra.
Según la información del proyecto de la presa, proporcionada por la Comisión Estatal del Agua, el acueducto tendría una longitud de 140 kilómetros y una capacidad de 5.6 metros cúbicos por segundo.
De regreso
En el proyecto inicial de la presa El Zapotillo, la planta potabilizadora se construiría en Guanajuato. Sin embargo, con las modificaciones que se hicieron, se determinó que el agua de la cuenca del río Verde se captará en la presa y de ahí se llevará unos metros hacia la planta potabilizadora, que estará en territorio de Jalisco, muy cerca de la cortina.
La planta potabilizadora generará lodos, además de los químicos que se utilicen para el tratamiento del agua. Según el proyecto integral, la planta tendrá en una primera etapa una capacidad para potabilizar 3.8 metros cúbicos por segundo.
Una vez potabilizada el agua, ésta será conducida por el acueducto hasta llegar a León, Guanajuato, donde, una vez que sea utilizada, se descargará en el río Turbio, el cual las arrastrará hasta el río Lerma, ya en territorio de Jalisco.
Guillermo Márquez explicó que el agua será medida al llegar al acuaférico de León, que se espera sean 120 millones de metros cúbicos, que serán regresados al río Lerma. Por ello, afirmó que no se ve cuál sería el beneficio para Jalisco, porque “ellos (Guanajuato) se llevan agua entubada, potabilizada y que luego se descargaría en uno de los ríos más contaminados de México, que es el río Turbio, a cielo abierto, mezclándose con las descargas que ya hacen de las zonas industriales y de tenerías, de las que no están retirando los metales pesados”.
Afirmó que incluso en este momento hay un problema de salud serio en torno a la contaminación del río Turbio, por las descargas industriales y los procesos que se usan para las pieles en las tenerías.
Investigadores han insistido a las autoridades sobre la inconveniencia del trasvase. En un documento elaborado por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) sobre las mentiras en torno al proyecto El Zapotillo, Pedro Arrojo Agudo, premio Goldman de Medio Ambiente 2003, señala que los trasvases construidos “para transportar agua de una cuenca a otra son inviables, no sólo en aspectos ecológicos, sino también en lo social y económico”.
En manos de la Corte
La empresa Abengoa, responsable de la construcción del acueducto, interpuso en días pasados un recurso de revisión adhesiva para pedir que no se modifique la negativa de una suspensión a favor de los ganaderos de San Juan de los Lagos. Este recurso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como parte del expediente 525/2016, el cual conoce el ministro José Fernando Franco González Salas.
El recurso fue presentado por Abengoa a través de su filial Concesionaria del Acueducto El Zapotillo, SA de CV.
Esta atracción es consecuencia de la decisión que ya había tomado el máximo tribunal del país a finales del año pasado, sobre el juicio de amparo promovido por la Asociación Ganadera Local de San Juan de los Lagos, que pedía como medida cautelar la suspensión de las obras para el trasvase por la afectación que les causarían.
En principio, la suspensión les fue negada en el juicio de amparo 1390/2014 por el Juzgado Séptimo de Distrito en materias Administrativa y del Trabajo, por lo que los ganaderos interpusieron un recurso de revisión que recayó en el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa, con el expediente 600/2015. Fue el mismo tribunal el que pidió, por la trascendencia del tema, que el asunto fuera resuelto por la Corte, para que revise de fondo los argumentos de los productores.
El argumento de los magistrados para pedir que el expediente fuera atraído por la Corte fue que “podrían verse afectadas áreas o sectores de importancia económica, en la especie, la agrícola y ganadera de la región, en relación con la utilización del agua”.
En el expediente se hace referencia a que al ejido Agua de Obispo, en San Juan de los Lagos, ya se le otorgó la suspensión de plano en el amparo indirecto 1390/2014 sobre esta misma obra. En este caso se determina que en la superficie de 474 hectáreas no podrá construirse el acueducto, hasta en tanto no se resuelva el amparo.
El amparo que revisa la Corte fue promovido por unos 800 ganaderos contra el decreto por el que se modifica la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y piden que se ponderen “los derechos fundamentales a la vivienda y un ambiente sano, con relación al beneficio o a la utilidad pública de la construcción de una obra de infraestructura de grandes dimensiones, en coordinación de los ejecutivos federal y de los estados de Guanajuato y Jalisco”.
Obra atrasada
La asignación de las obras para la construcción del acueducto fue dada a conocer el 19 de septiembre de 2011 por la Comisión Nacional del Agua, a favor de la empresa Abengoa, a través de su filial Concesionaria del Acueducto El Zapotillo, SA de CV. Un mes después se firmó el contrato y se marcó el arranque de las obras, con un plazo de tres años para su conclusión.
Lo anterior representaba que las obras debían estar concluidas en octubre de 2014, con el acueducto listo para hacer las conexiones con la planta potabilizadora, a unos metros de la presa El Zapotillo. Sin embargo, se han tenido que firmar varias prórrogas, la última sobre finales de 2014, para permitir a la empresa arrancar en esos días con los trabajos, nuevamente con un plazo de tres años; incluso, se llevó a cabo un acto inaugural para la instalación del primer metro de tubo.
Del nuevo plazo para la terminación de las obras transcurrieron ya 18 meses, sin que Abengoa haya construido hasta el momento ningún metro adicional del acueducto. El principal problema que enfrenta la constructora es que no han sido liberados los derechos de vía.
Guillermo Márquez dijo que este tiempo debe aprovecharse para que Jalisco entienda que el trasvase “es una gran amenaza para la soberanía hídrica y el futuro de Jalisco, todos los sectores se pueden unir y exigir al gobierno que actúe en consecuencia, y hacer un contrapeso para que esto se revierta y se cancele”.
Los recursos legales en proceso en contra del trasvase y de la misma presa El Zapotillo atrasarán aún más las obras, lo cual implicaría al menos un año más.
A detalle
El trasvase permitirá llevar el agua que se capte en la presa El Zapotillo, que llega del río Verde, a León, Guanajuato
El acueducto recorrerá 140 kilómetros por los municipios de Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno y Unión de San Antonio. Tendrá una capacidad de 5.6 metros cúbicos por segundo
La construcción del ducto afectará al menos zonas habitacionales en Jalostotitlán y Lagos de Moreno
La planta potabilizadora quedará en Jalisco, a unos metros de la presa El Zapotillo, la cual generará lodos y utilizará químicos. Esta planta tendrá capacidad, en su primera etapa, de 3.8 metros cúbicos por segundo
Una vez que el agua llegue y sea utilizada en León, Guanajuato, las aguas residuales se descargarán en el río Turbio, que las arrastrará hasta el río Lerma, ya en territorio de Jalisco
La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el recurso de revisión adhesiva que interpuso la empresa Abengoa, incorporándolo al expediente 535/2016, que se abrió por el amparo de los ganaderos de San Juan de los Lagos
Los ganaderos promovieron un juicio de amparo contra el trasvase, pero les fue negada la suspensión; presentaron un recurso de revisión y el tribunal federal pidió a la Corte que atrajera el caso
En el expediente se menciona que ya hay una suspensión definitiva contra la obra del trasvase, concedida al ejido Agua de Obispo, en San Juan de los Lagos, en el amparo 1390/2014
La construcción del acueducto fue asignada en octubre de 2011 por la Conagua a la empresa Abengoa, fijándose un plazo de construcción de 36 meses
Se han firmado varias prórrogas para la conclusión de la obra, la última en octubre de 2014, con un plazo de tres años. Se colocó el primer metro de tubo, pero no ha habido más avances
Con plantón indefinido, trabajadores exigen la firma del contrato colectivo de trabajo
Desde hace un año les prometieron prestaciones a todos los integrantes del gremio, y no les han cumplido
Ciudad Madero, Tam.- Exactamente un año después que se registró un plantón que duró 40 días en la explanada del ayuntamiento de Ciudad Madero, éste realizado por los trabajadores integrantes del Sindicato Liberal al servicio del municipio maderense, esta acción se vuelve a repetir.
Y es que el domingo primero de mayo, justo al término del desfile conmemorativo a esta fecha, los empleados municipales integrantes de este gremio acudieron al ayuntamiento y se plantaron de manera permanente, tal como ocurrió el 1 de mayo del 2015.
Rosario Cárdenas Herrera, secretaria general del Sindicato Liberal Democrático, señaló que esta acción es en respuesta a la nula atención y al incumplimiento que se ha tenido por parte de la administración maderense durante los recientes 365 días transcurridos.
“Hace un año estuvimos aquí y nos levantamos con promesas, como el homologar el salario a los trabajadores, de que se iba a firmar un contrato colectivo, porque está apegado a ley, por las reformas que hubo, que se nos iba a dar lo que ahorita tanto se trilló en el evento del día del trabajo, igualdad de derechos laborales”, destacó.
Dijo que la autoridad municipal no ha cumplido al 100 por ciento, ya que sólo les han dado “migajas”, quedando muchos pendientes, entre ellos el contrato colectivo de trabajo para todos los miembros de esta agrupación, lo cual es urgente debido a que la administración está por terminar.
Cárdenas Herrera, destacó que estarán de nueva cuenta el tiempo que sea necesario hasta que puedan dialogar con el presidente municipal, esto para que se les cumpla con la promesa que se les hizo desde hace un año.
A los maestros despedidos, cada cuatrimestre les daban sus horas clase, lo que no sucedió para el periodo mayo-agosto. (El Siglo de Torreón)
TORREÓN, COAH.-
La Universidad Tecnológica de Torreón (UTT) despidió a 14 docentes por simpatizar con el Sindicato Democrático de Trabajadores de la UTT que se encuentra en proceso de registro, según denunciaron maestros que se manifestaron en las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, hoy por la mañana.
“Fueron 14 profesores de asignatura, que son profesores que trabajan por horas y les condicionaron sus horas si pertenecían a su sindicato blanco, y como ellos no quisieron firmar, de la noche a la mañana les dicen que ya no hay horas para ellos y empiezan a contratar nuevo personal”, dijo Cuauhtémoc de la Cruz, quién figura como secretario general del mencionado sindicato.
Comenta que a los maestros despedidos, cada cuatrimestre les daban sus horas clase, lo que no sucedió para el periodo mayo-agosto.
“Esto es una más del rector Raúl Martínez Hernández de su abuso de poder, prepotencia y nepotismo que está ejerciendo en la UTT”, aseguran.
Poco después de mediodía, las autoridades de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje solicitaron dialogar con los manifestantes para escucharlos y ver las alternativas de solución.
Posteriormente llegaron los médicos a la Plaza Fundadores, mientras los obreros de los distintos sindicatos afiliados a la CTM arribaron al Jardín de San Antonio de donde partieron a la plaza IV Centenario. (Twitter)
La de esta mañana fue una conmemoración distinta del Día del Trabajo en Durango. Los contingentes se manifestaron cada uno por su cuenta y las autoridades no hicieron acto de presencia, más que en el acto cívico de la CTM (organismo filial del PRI).
Desde las 8:00 horas se empezó a ver movimiento de trabajadores de distintos sectores en varias zonas de la ciudad. Los primeros en manifestarse fueron los miembros del STEUJED, en la plaza IV Centenario.
Posteriormente llegaron los médicos a la Plaza Fundadores, mientras los obreros de los distintos sindicatos afiliados a la CTM arribaron al Jardín de San Antonio de donde partieron a la plaza IV Centenario.
Minutos antes de que llegara el contingente del Magisterio Unido, pasó uno de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el cual dio vuelta a la cuadra del antiguo Palacio de Gobierno gritando sus consignas.
Más tarde arribaron sindicatos de la Unión Nacional de Trabajadores, tales como los de telefonistas y de empleados del Monte de Piedad, entre otros, así como un nutrido contingente del Magisterio Unido de Durango que se desvió en Bruno Martínez rumbo a la avenida 20 de Noviembre. Frente a la Catedral, hicieron su propio mitin.
Sin incidentes, los trabajadores de los distintos sectores productivos de la entidad conmemoraron a través de acciones diversas y con un enfoque distinto el Día del Trabajo, una fecha que se instauró para recordar los rezagos de la clase trabajadora, los cuales persisten a 130 años de haberse iniciado una lucha por mejorar sus condiciones.
En momentos en que efectuaba trabajos de mantenimiento en la Planta de Concentrado de la Unidad Hércules de Minera del Norte, a la una de la madrugada, el trabajador Hilario Cruz Ortiz resultó atrapado por el desprendimiento de una de las tolvas de carga de mineral.
Operador sindicalizado de 46 años de edad, adscrito a Mantenimiento Mecánico, el señor Cruz Ortiz recibió auxilio inmediato de los integrantes del turno y de personal médico de la Unidad, quienes lo trasladaron a la clínica-hospital local, donde lamentablemente falleció a causa del politraumatismo que presentaba. El accidente fue puesto de inmediato en conocimiento del Ministerio Público que inició la investigación correspondiente, al igual que la Comisión de Seguridad de la Unidad minera.
La dirección de la empresa instruyó prestar a la familia del trabajador Cruz Ortiz todo el apoyo necesario y a la vez determinar con precisión el origen del desprendimiento de la tolva de carga.
“Sabe cómo me vencí, sabe cómo me rendí, cuando los de la Sopral me dijeron o te sales o violamos a toda tu familia. Entonces, me engarruñé como las víboras, ya que hacía…”
Vamos subiendo el cerro y el olor de las hierbas aromáticas como el poleo, el orégano y el San Nicolás van extendiéndose por toda la ladera, al tiempo que el aroma se va metiendo por los huecos del alma, Juan Estrada comienza a desgranar su historia de tortura y sufrimiento.
Ascenso al cerro en el Municipio de Doctor Mora
Va delante de nosotros, sus pasos son cortos pero firmes y rápidos y a cada paso que da, va jalando los recuerdos, va empujando la memoria hacia atrás y evoca los detalles de una vida marcada por veinte años de tormento.
Cierra los ojos, respira hondo y dice: “Soy Juan Estrada Copado, originario del Sotolar, donde nací y crecí y de donde tuve que salir huyendo. Ahora vivo en Presa de la Plata en Doctor Mora en una casa que mi suegra me prestó, hoy no tengo nada, todo se lo quedaron, todo lo que un día fue de mis padres, mis abuelos y mis antepasados”.
Juan, es uno de los muchos afectados por la Sociedad conocida como la SOPRAL, la cual nació hace 20 años en el Municipio de Victoria, misma que fue creada en ese entonces por el capataz de la hacienda Corralillos de nombre Alejandro Sáenz.
Él, junto con otras personas fundó dicha asociación y después de ello se dedicaron a despojar de sus tierras a decenas de campesinos en su mayoría de escasos recursos y que lo único que tenían como patrimonio era lo que sus padres les habían heredado que era la tierra donde vivían.
Estrada Copado, narra que fue por el año de 1996 cuando esto comenzó y que la forma en que les fueron quintando sus tierras fue a base de amenazas y cárcel, por lo que todos prefirieron irse para no tener más problemas.
Panorámica del lugar
Cuenta que en su caso por ejemplo lo acusaron de daños y perjuicios a propiedad privada, los cuales él nunca había hecho, puesto que los de la SOPRAL ellos mismos los hacían para inculparlos y obligarlos a pagar por algo que no debían.
Contó que muchas veces a él se lo llevó la judicial, que en una ocasión era la una de la mañana cuando fueron por él y se lo llevaron caminando por entre el cerro y que a cada rato le decían “este mezquite esta bueno para colgarte”.
Otra ocasión dice que iba llegando del trabajo y que poco antes de entrar a su casa lo abordaron los judiciales mandados por los de la SOPRAL y que le dijeron “Ya estás bueno, vámonos”. Que junto a una señora del rancho del Sotolar lo amarraron y así amarrados como los animales uno con el otro se los llevaron caminando por entre el cerro.
Dice que ese día le dieron una golpiza que no la puede olvidar, que lo dejaron como muerto y que el resultado de eso fue que le brotó una hernia de la que después lo tuvieron que operar.
Fue mucho el tiempo que vivieron él y su familia bajo la zozobra de que lo fueran a sacar por la noche o madruga de su casa y se lo llevaran, ya fuera sin ropa o descalzo.
Pero que la manera en la que la SOPRAL lo venció, fue el día en que un grupo de ellos le fue muy claro y le dijeron lo que ya mencionó antes y que eso no lo pudo soportar, porque no podía permitir que su esposa e hijas fueran violadas.
Entonces decidió dejar sus tierras, salirse de lo que había sido su hogar desde que nació, para que quienes lo amenazaron tomaran posesión de ellas, mientras él y su familia tuvieron que irse a otro lugar donde ya no corrieran peligro.
Señala que quienes se adueñaron de las tierras fueron Alejo Mata Rivera, Herminio Reséndiz Estrada, Enrique Salazar, Carmen Vázquez; Isidro Lino, Isagro Juárez y Manuel Loyola, todos ellos miembros de la SOPRAL.
Fueron 3700 hectáreas de las que la SOPRAL se adueñó y 10 familias que tuvieron que abandonar sus hogares para salir huyendo hacia otro lugar por culpa de las amenazas.
Hoy el Sotolar, donde todos ellos vivían, luce desolado, sólo hay viejas ruinas de las casas, lo que fueron parcelas, son ahora baldíos llenos de maleza y mezquites, los manantiales de agua se secaron, pareciera que la vida se fue detrás de los que salieron huyendo.
Así lucen hoy en día lo que fueron sus casas de los campesinos despojados.
Al ver las viejas paredes le pregunto a Juan Estrada, quien ahora rebasa los cincuenta años, qué siente, se le entre corta la voz y responde “Triste, algo quema por dentro, aquí habíamos crecido todo”.
Las consignas para hacer justicia a los 43 normalistas de Ayotzinapa llegaron hasta el Desfile Conmemorativo del Día del Trabajo en el municipio de León. En medio de los contingentes, un grupo de manifestantes clamó por esta y otras solicitudes ciudadanas.
Integrantes de diferentes organizaciones adscritas al Frente Amplio Social, como el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y algunos sindicalizados de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en León se manifestaron durante alrededor de 20 minutos afuera del balcón principal de Presidencia Municipal, en donde se ubicaba el alcalde Héctor López Santillana.
Entre este grupo, sobresalió un hombre que se identificó como padre de uno de los 43 normalistas de Ayotizinapa, quien dijo que es tiempo de que el presidente Enrique Peña Nieto deje la presidencia de la República por haber mentido en este caso.
“Quiero agradecer a las organizaciones, a los trabajadores, que siempre están al pendiente de los 43 padres de familia en alguna acción que alguno de nosotros haga, que estén al pendiente, que cada mes nos apoyen. No vamos a parar, y aunque el gobierno nos quiso engañar, pensó que nos íbamos a quedar callados, pensó que los padres de familia de los 43 normalistas se irían a sus casas, aquí estamos, vamos a dar batalla”, dijo.
Otra consigna pública la hizo un normalista quien pidió a los ciudadanos que exijan cuentas al gobierno, no solo al federal sino también al de Guanajuato.
“Ahora mis palabras no son para el gobierno, sino para toda la gente, para el pueblo que está escuchando, para todo los presentes que están ahora viviendo esta manifestación, porque ya es justo de que no nos dejemos (…) Debemos darle a la gente información, que se informe, que busca más información sobre los movimientos, las movilizaciones, que hemos estado pasando en el estado de Guerrero sino también aquí en el estado de Guanajuato, que se une a todas las causas”, mencionó.
Entre estos manifestantes también se encontraba Ricardo Gómez, integrante de Ciudadanos Hartos, quien recientemente fue detenido por la policía municipal cuando se oponía a la tala de árboles en el Parque Hidalgo e integrantes de la Coordinadora Leonesa de Adultos Mayores (Clama).
Representantes del gobierno municipal bajaron para hablar con los manifestantes y después de algunos minutos, y de manera pacífica, se retiraron y permitieron que el desfile continuara.
Mexicali, 1 de mayo.-El desfile conmemorativo por el Día del Trabajo se convirtió en una marcha de protesta encabezada por maestros, trabajadores del Sector Salud y familiares de desaparecidos.
Tradicionalmente, la fecha que es utilizada para que organizaciones gremiales marchen por la calle principal del Centro Cívico y reciban aplausos de autoridades de los tres órdenes de gobierno, se convirtió en un área protestas ya que se dieron cita al acto protocolario docentes del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETE), quienes demandaron al gobernador Francisco Vega de Lamadrid el pago de su jubilación y se pronunciaron en contra de la medida anunciada para hacer frente a la falta de maestros, de compactar grupos en las escuelas.
En el lugar también se manifestaron los afiliados del Sindicato de Trabajadores del Issste en protesta por el “hostigamiento y violencia laboral” así como “despidos injustificados” del delegado Guillermo Peñúñuri Yépiz.
Desde las 8:00 horas de este domingo, los sindicatos “tomaron” las principales calles del Centro de Gobierno para desplazarse hasta la calle Paseo de los Héroes en donde se encontraban las autoridades gubernamentales en un templete.
El contingente más numeroso fue el del Sindicato Nacional de Trabajadores de La Educación (SNTE); pero marcharon en silencio y sin exclamar ninguna demanda.
Solamente un grupo de jubilados de la Sección 2 reclamaron a la titular de la Secretaría del Trabajo y Precisión Social (STPS), Juana Perez Floriano, que haga un llamado al mandatario estatal para intervenga en el caso del fraude de la caja de ahorro magisterial, ASOMA, la cual era administrada por el ex dirigente del Sindicato de Educación, José Peñuelas Hermosillo.
Los profesores quemaron una figura de cartón con la foto de Peñuelas, quien se encuentra bajo proceso judicial por las denuncias penales de los maestros.
También protestó con pancartas y lonas un reducido grupo de familiares de víctimas de desaparición forzada en la entidad.
Toluca, Méx., 1 de mayo.- Comuneros de San Francisco Xochicuautla que fueron afectados por el derrumbe de una casa y la destrucción de un campamento por policías estatales para dar continuidad a los trabajos de la autopista Toluca-Naucalpan, que construye el Grupo Higa, se unieron al contingente con motivo del Día del Trabajo que se realiza en esta capital del estado de México, para exigir que se cumplan los acuerdos de reparación de daños.
El representante de la comunidad y delegado de San Francisco Xochicuautla, Armando García Salazar, propietario de la casa derrumbada y que servía también para recibir a los comuneros de otras regiones, encabezó el contingente y demandó que haya una reparación justa de los daños materiales.
García dijo que hasta el momento los trabajos para la continuidad de la carretera siguen detenidos; sin embargo, no han llegado a un acuerdo para la reparación del daño, por lo que él y su familia viven en un campamento con apoyo de la comunidad.
El líder otomí explicó que este lunes tendrá una reunión en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo que se ha desempeñado como intermediario para lograr un acuerdo.
“Lo que hicieron es algo ilegal, por eso lo que yo pido es una reparación del daño, no una indemnización, son cosas diferentes, ellos tiraron nuestra casa, tienen que pagar todo”, dijo García de acuerdo con la nota publicada por Reforma.
La publicación refiere que el contingente de San Francisco Xochicuautla estuvo conformado por casi un centenar de personas. Esta comunidad pertenece al municipio de Lerma. Los trabajos los realiza la empresa Autovan, subsidiaria de Constructora Teya, de Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa.
Viola GEM órdenes judiciales
Cabe recordar que el pasado 11 de abril unos 600 policías estatales irrumpieron en la comunidad de Xochicuautla para que entrara la maquinaria y equipo para reiniciar los trabajos de la autopista Toluca-Naucalpan, detenida desde 2007.
Uno de sus propósitos fue derribar la casa del delegado Armando García Salazar al tiempo que desalojaron a la familia, sin que les permitieran retirar del inmueble objeto alguno, al tiempo que destruían y desmantelaban el campamento de “Digna Resistencia” que el Frente de Pueblos en Defensa de los Recursos de la Madre Tierra había instalado en la parte alta de la montaña para evitar el avance de las obras.
Luego, el 13 de abril, las partes involucradas se reunieron en la Secretaría de Gobernación, en la ciudad de México, y llegaron a 4 puntos de acuerdo, entre ellos que “la administración del gobernador Eruviel Ávila se comprometía a que se “reparará el daño” de las construcciones derribadas; pagar una renta mientras se restablece el patrimonio perdido y firmar un contrato de la reparación del daño a la propiedad de manera independiente a todo lo relacionado con la construcción de la carretera.
Otro fue el que contó con el aval de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el que el gobierno mexiquense realizaría los trabajos requeridos para reparar los daños a la tubería de agua de la comunidad, y en contraparte los integrantes de la comunidad a garantizar las condiciones de seguridad.
Y el último punto de acuerdo fue que el gobierno mexiquense vigilaría para que la Policía Estatal se retirara y deje sólo la guardia necesaria para el resguardo de la maquinaria, estacionada a un kilómetro de San Francisco Xochicuautla.
SALINA CRUZ, OAX. La refinería Antonio Dovalí Jaime, la más productiva del país, cuya operación inició desde hace más de 37 años con la instalación de 24 plantas que procesan el hidrocarburo, está convertida en un eminente factor de riesgo para sus trabajadores, así como para la comunidad, por su escaso mantenimiento y el exceso de corrupción que se complica con la falta de rutas de evacuación y la pésima o nula señalización.
La Dovalí Jaime, se ubica al norte de la ciudad, colindante con la comunidad de Boca del Río y San Pedro Huilotepec, rodeada de al menos 20 colonias en una extensión de 600 hectáreas.
Desde cualquier punto de la ciudad, se puede apreciar las instalaciones petroleras por sus enormes chimeneas de más de 50 metros de altura, que emanan enormes columnas de humo tóxico que se esparcen en el cielo.
Silvestre Sánchez Carrillo, especialista en el tema de seguridad industrial y exdirector de la Unidad Municipal de Protección Civil, admitió que la refinería atraviesa por una severa crisis de seguridad.
Y es que las explosiones e incidentes, están a la orden del día, aunque el gerente Jaime Tarcicio Bracamontes y el mismo encargado de Comunicación Social, Demetrio Cipriano, se empeñan en minimizar los riesgos.
La explosión más reciente que cimbró al municipio, ocurrió el 24 de noviembre, en la planta de Alquilación y dejó daños materiales y al menos una veintena de lesionados, sin que se precisara con exactitud si hubo muertos.
“No queremos que nos pase lo que ocurrió en “Pajaritos”. Lo que si es cierto, es que los riesgos se pueden evitar, y es responsabilidad de la gerencia velar por la seguridad de los trabajadores y de la misma ciudadanía”, admitió Sánchez Carrillo.
“Los riesgos están ahí, en la operación misma de la refinería, lo que se pretende es que esos riesgos sean minimizados con mantenimientos preventivos y correctivos y posteriormente con la aplicación de los medios de seguridad”.
Y es que en ese mismo 24 de noviembre, la explosión generó pánico entre la población y por la falta de información y coordinación entre las autoridades de los tres niveles de Gobierno, se generó un caos.
“No hubo una información real de lo que estaba aconteciendo en la refinería. Pemex, como siembre, se mantuvo hermético y hasta minimizaron los hechos y la gente salió corriendo sin rumbo definido para ponerse a salvo”, afirmó el especialista.
Carrillo calificó al titular de Comunicación Social como un funcionario omiso e irresponsable, porque se niega a informar de lo que ahí sucede.
“En un incidente, lo que generan es angustia y desesperación entre la sociedad. Comunicación social no cumple con sus funciones y generan un caos”, insistió.
Explicó que la refinería cuenta con lo más sofisticado en tecnología, que van desde detectores de gases en caso de fuga, detector de combustibles y otros sensores que pueden emitir una señal de riesgo.
Pésima señalización
De acuerdo con la fuente, esa refinería ubicada en más de 600 hectáreas, colindante con la comunidad de Boca del Río, Huazantlán y Huilotepec, cuenta con rutas de evacuación, pero no hay señalización.
Sobre las vialidades que se utilizan como ruta de escape, se pudo constatar que no hay señalización que indique a los automovilistas, el camino a seguir para ponerse a salvo.
“Son rutas que la gente no utiliza en una emergencia, porque carecen de señalización”.
Además, las dos avenidas están llenas de enormes topes y baches, que impide un tránsito fluido a los automovilistas.
Derecho del vía, invadido
Talleres mecánicos, centros comerciales, tiendas, misceláneas, cantinas y parques, forman parte de los asentamientos que invaden el derecho de vía de Petróleos Mexicanos.
Las líneas transportan gasolina, chapopote, diesel, amoniaco y otros productos que son altamente explosivos.
Silvestre Sánchez indicó que son al menos 23 colonias colindantes con el derecho de vía, con asentamientos humanos y familias que viven con el riesgo bajo sus pies.
Dijo que la única forma de estar preparados ante un desastre, es mediante la cultura de la prevención, pero sobre todo que se cumplan con los protocolos de seguridad que marcan la normatividad de Pemex o la empresa productiva del estado, concluyó.
Un grupo de médicos realizó un plantón en la plaza La Purísima para demandar al gobierno mayor seguridad en clínicas y hospitales.
Médicos de Nuevo León denunciaron una ola de inseguridad y violencia que los afecta a la hora de ejercer su profesión en la zona metropolitana de Monterrey y los municipios aledaños, como robos, asaltos y hasta violencia física.
En un plantón realizado en la plaza La Purísima, unos 30 médicos locales se sumaron al movimiento Yo Soy Médico 17 que se llevó a cabo de manera simultánea en todo el país, en donde demandaron que se garantice la seguridad de los médicos y todos aquellos profesionales que laboran en clínicas particulares y públicas, así como hospitales de diferentes tamaños. El coordinador del movimiento en Nuevo León, el doctor Francisco Hernández Ortíz, explicó que la intención es hacer consciencia en las autoridades para que se refuercen los rondines de vigilancia en los alrededores de los centros de salud.
El coordinador del movimiento local y otros médicos que acudieron a este plantón dieron a conocer que en las pasadas semanas han ocurrido asaltos y ataques a profesionales médicos; este mes de abril atacaron las instalaciones de la Clínica 28 del IMSS para robarles sus pertenencias, mientras los médicos que laboran en Montemorelos dieron a conocer que han sufrido asaltos en la carretera por criminales.
“No podemos permitir que esto esté pasando. Hay que manifestarnos, aunque seamos pocos, no importa. El chiste es que esto empiece a avanzar, porque ha habido mucha inseguridad en nuestro gremio.
“Queremos ir con los alcaldes para pedirles y exigirles que las patrullas ronden las áreas de urgencias, que son las que dan el servicio de 24 horas. Y por lo que pasó el 17 de abril en la Clínica 28, pedirles que cubran estas áreas, que se manifiesten ahí. En todo el sector salud: popular, particular, IMSS, porque los que estamos aquí somos del sector salud (público) y privado”, advirtió Hernández Ortíz en entrevista con MILENIO Monterrey.
Agregó que además estarán buscando una reunión con el Secretario de Salud, Manuel de la O, para que intercedan en materia de seguridad y prevención, ya que la seguridad que se tiene dentro de los centros de salud es deficiente y no les garantiza que no ocurran hechos violentos dentro de las mismas instalaciones.
Las irregularidades a los derechos laborales se encuentran enmarcadas en la reforma al Sistema de Jubilaciones y Pensiones, mencionaron los sindicalizados
El próximo 17 de mayo podría haber estallamiento de huelga del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Escuela Normal del Estado de Querétaro (STAENEQ), advirtió Leonel Ponce Martínez, secretario general de dicho organismo, quien dijo que la falta de acuerdos con autoridades educativas del Poder Ejecutivo motivaron esta determinación.
Explicó que las irregularidades a los derechos laborales de los integrantes del STAENEQ, se encuentran enmarcadas en la reforma al Sistema de Jubilaciones y Pensiones, aprobadas en diciembre del año pasado, contemplado en la Ley de Trabajadores del Estado de Querétaro.
“Prácticas dilatorias del gobierno que omite cumplir los compromisos asumidos y firmados con este sindicato. Dicha omisión atenta contra los derechos de los agremiados, toda vez que esta organización tiene celebrado con la autoridad un convenio desde 2006, el cual en su artículo 20 establece una serie de prestaciones adquiridas por los trabajadores académicos de la Escuela Normal”, manifestó el líder sindical.
Ponce Martínez enfatizó que con el referido ordenamiento se violenta la propia Carta Magna, al pretender aplicar un efecto retroactivo en integrantes del sindicato que representa.
“Con la aprobación de la ley que reforma las pensiones y jubilaciones de los trabajadores al servicio del estado de Querétaro, el gobierno viola el principio establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que indica que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”, destacó el inconforme.
En este contexto dijo que en lo que va del presente año tres maestros adheridos al STAENEQ, han realizado trámites de jubilación, mismos que les han sido rechazados por no cumplir con los lineamientos que se establecen en las nuevas bases para obtener esta prestación.
Finalmente, Leonel Ponce confió en que con este emplazamiento se puedan dar las mesas de trabajo necesarias para evitar el estallamiento a huelga de los 189 profesores que conforman dicho sindicato y con ello evitar afectar las actividades de los casi mil 400 alumnos que se tienen en los tres planteles de la Escuela Normal del Estado de Querétaro, ubicados en la capital, San Juan del Río y Jalpan de Serra.
Los manifestantes bloquearon la carretera por varios minutos. (El Siglo de Torreón)
TORREÓN, COAH.-
Un grupo de habitantes del ejido El Cambio del municipio de Matamoros bloquearon la antigua carretera Torreón-San Pedro en protesta por las arbitrariedades de los elementos de Seguridad Pública y es que el jueves los elementos detuvieron a un joven que incluso también es policía municipal, lo acusan de estar involucrado en el crimen organizado.
Dicen que mediante tortura lo obligaron a reconocer que estaba vinculado con una persona que fue detenida por posesión de drogas. La familia del acusado interpuso una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, en donde se acreditó la violación a sus garantías individuales, pues un médico certificó lesiones hacia el inculpado.
Los quejosos consideran que además de este tipo de arbitrariedades, los operativos que continuamente se instalan en los ejidos, son únicamente para violentar sus derechos y son recaudatorios.
Durante unos minutos permanecieron en la carretera por lo que no se originó un caos vial.
Desde el pasado jueves los 300 empleados de sindicalizados de Conduit han decidico suspender labores , tomando por completo la empresa y la han bloqueado por completo con sus vehículos.
MONCLOVA, COAHUILA.- Los empleados exigen una entrevista directa con el dueño de la empresa Conduit, y han sido muy claros en que no negociaran con otro directivo que no sea el mismo dueño.
El paro de labores comenzó desde las 11 de la noche del jueves, en el cambio del segundo al tercer turno, quedándose a las afueras los obreros, y por la mañana se les sumaron los del primer turno.
Las exigencias de los obreros son referentes a la utilidades que recibirán, ya que la empresa les informo que les darán alrededor de 3 mil pesos y eso dependiendo de la categoría.
Además dicen estar cansados de su líder sindical Jorge Carlos Mata de CTM de quien dijeron están cansados de no tener una verdadera defensa, insistiéndoles en que retomaran la actividad y con una comisión dialogar con la empresa.
Residentes arman plantón frente a la edificación de departamentos
Habitantes de Santo Domingo, Ajusco y la Candelaria se sumaron a la movilización de vecinos del pueblo de Los Reyes, Coyoacán, quienes exigieron que expertos independientes analicen el agua que brota del predio Aztecas 215 para verificar que efectivamente está contaminada Foto María Luisa Severiano
En apoyo al pueblo de Los Reyes, habitantes de las colonias Santo Domingo, Ajusco y la Candelaria, en la delegación Coyoacán, realizaron ayer por la tarde una marcha que partió de cuatro puntos diferentes con el fin de exigir un alto al deterioro ambiental que provoca una desarrolladora inmobiliaria al construir tres torres de departamentos sobre un yacimiento de agua, el cual brotó durante los trabajos de excavación, en el predio de la avenida Aztecas 215.
Al término de la movilización, una comisión de los inconformes se instaló en plantón frente al terreno donde se efectúa la obra para exigir la cancelación del proyecto inmobiliario, el cual, afirmaron, ha ocasionado que desde el año pasado miles de litros de agua sean echados a la red del drenaje.
Los colonos demandaron al Gobierno de la Ciudad de México expropiar el predio, que cuenta con una superficie de 8 mil 735 metros cuadrados, por causa de utilidad pública, tras considerar lamentable que mientras en la zona de los Pedregales y en otras delegacionales, como Iztapalapa, el desabasto es una constante, se permita el desperdicio de agua en la obra.
También solicitaron que una comisión de expertos, independiente al gobierno capitalino, tome muestras y realice nuevos estudios del agua, que brota del vaso hídrico y se contamina en la superficie.
“Vamos a defender este recurso con la verdad y con argumentos para que las autoridades tomen cartas en el asunto”, manifestaron.
Indicaron que aún con los resultados que arrojó el análisis del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), donde se percibe una ligera contaminación, de acuerdo con los parámetros de la Norma 127, que establece los límites permisibles de calidad del líquido, si bien no puede utilizarse como potable, si para otros fines.
Al grito de: “Los pueblos no se venden, se aman y se defienden”, aseguraron que no levantarán el plantón hasta que sean escuchados por las autoridades. “No les pedimos nada extraordinario, nada más que hagan su trabajo”.
Esta, agregaron, “no es una lucha por espacios políticos, sino por la defensa del agua y nuestro territorio. De manera sencilla, porque sencillo es nuestro pueblo, les decimos que no nos han dejado otro camino, porque no nos escuchan. Han echo oídos sordos a nuestra demanda, pero con organización y dignidad vamos a defender nuestros derechos”, expusieron.
La Brigada Nacional de Búsqueda de familiares desaparecidos denunció a través de las redes sociales hostigamiento de la policía de Orizaba, a Aracely Salcedo, integrante del colectivo y fundadora del Colectivo de Familias de Desaparecidos Córdoba-Orizaba.
De acuerdo al comunicado los hechos se suscitaron el viernes alrededor de las 19:00 horas cuando el vehículo en el que viajaba Aracely circulaba entre las calles norte 10 y Oriente 31, varios elementos policíacos, a bordo de cerca de 8 patrullas de policías estatales y del municipio de Orizaba, armados con armas largas, rodearon el vehículo en el que viajaba Aracely Salcedo, los fotografiaron y los encañonaron.
“Exigimos al gobierno de Veracruz que cese los actos de hostigamiento contra familiares de personas desaparecidas y defensores de derechos humanos que acompañan casos y a la Brigada. Asimismo, a la Fiscalía General del Estado que investigue de manera diligente estos hechos”.
El comunicado señala que los elementos argumentaron que iban en persecución de un vehículo, sin embargo consideron no coincide en lo absoluto con el vehículo en el que viajaban las personas agredidas, por lo que ya le dieron aviso a las autoridades federales e iniciaron las acciones legales correspondientes
Poco antes que el gobierno de Guanajuato diera a conocer la compra de 600 hectáreas donde se tenía pensado construir una planta automotriz de Toyota en Apaseo el Grande, la empresa Jaos & Sgb Sapi de CV, realizó un acaparamiento de esas tierras y ha revendido por lo menos 10 hectáreas a la administración panista.
Aunque no se conoce el monto que la empresa regia pagó por las tierras del ejido Caleras de Ameche, el diputado local priísta Rigoberto Paredes Villagómez reveló que fue en 300 mil pesos cada hectárea, y las en un millón 480 mil pesos.
Fue entones el 17 de septiembre de 2015, cuando el secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Guillermo Romero Pacheco, solicitó la expropiación de cinco predios de ocho hectáreas, de las 20 que había comprado Jaos, y el gobierno procedió a realizar avalúos rústicos, sin que se especifique algún monto, y aunque la empresa aceptó vender, se usó el avalúo que ellos hicieron.
Así fue como el estado y Jaos acordaron un precio de 145.68 pesos el metro cuadrado; es por esto que, por los cinco predios de ocho hectáreas la empresa recibió 11 millones 893 mil cien pesos. Y se dio paso a las declaratorias de expropiación, las cuales a su vez fueron firmadas el 14 de diciembre de 2015 por el gobernador panista Miguel Márquez Márquez y el secretario de Gobierno, Salvador García López.
Hecho seguido, el 5 de diciembre de 2014, el secretario Romero Pacheco tramitó la expropiación de dos hectáreas propiedad de Elpidio Rodríguez Acosta, según da a conocer el Periódico oficial del estado. Así el 24 de agosto de 2015 se inició el proceso de expropiación, pero Rodríguez Acosta no contestó las notificaciones del acuerdo de radicación.
Fue el 30 de noviembre siguiente, cuando el apoderado legal de Jaos, Juan José García Henríquez, envió un escrito al estado informando que el 12 de noviembre de ese mismo año habían adquirido la propiedad de Rodríguez Acosta.
Fue entonces que un abogado manifestó que Jaos & Sgb daba por aprobado el uso que dará el estado a la propiedad, pero “no está de acuerdo con el valor estipulado en el expediente, por lo que solicita que se tome en consideración el avalúo que acompaña a su promoción”, se publicó en el periódico oficial.
Lo que llevó a que el 10 de diciembre, Luis Miguel Aguirre Aranda, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Económico, diera a conocer que la autoridad “reconoce el avalúo comercial aportado por el apoderado general de Jaos & Sgb”. Y la administración estatal dio paso al pago de 2 millones 915 mil 500 pesos, por dos hectáreas, argumentando que “el valor es razonable, adecuado y técnicamente sustentado por el predio que no cuenta con superficie construida”.
Rehabilitar una radio comunitaria que pretende a través de la comunicación mejorar las condiciones de vida de los pueblos Guerrerenses, en el estado con los más altos índices de violencia y el tercero en pobreza extrema. Es el reto de una organización indígena que con apoyo de la sociedad civil organizada en México, invitan al mundo entero a materializar este sueño.
Frente al monopolio empresarial de la radio en México [1], las radios comunitarias son espacios de vital importancia para la difusión y revitalización de las lengua y cultura indígena. El 15 de noviembre de 2014 Radio Zapata 94.1 FM, inició transmisiones, en el ejido de Buena Vista, Municipio de San Luis Acatlán, en el Estado de Guerrero.
El contenido y programación de esta radio comunitaria es diseñado por las y los habitantes de la región, a partir de las necesidades particulares de los pueblos. Radio Zapata se propone desde la programación radiofónica en español y en lenguas indígenas, cinco objetivos básicos:
Fungir como un espacio de comunicación y de difusión para las comunidades.
Revitalizar la cultura y las lenguas indígenas Ñamnkué (amuzgo), Na’Savi(mixteco), Me´pháá (tlapaneco) y Náhuatl.
Brindar alternativas culturales y educativas como un medio para eliminar la violencia.
Fomentar el desarrollo integral de las comunidades impulsando el consumo y la producción local.
Combatir la violencia y discriminación hacia las mujeres así como proporcionar información confiable sobre salud sexual y reproductiva.
En junio del 2015 la tormenta tropical Carlos, evolucionó a huracán categoría I, destruyó gran parte del equipo de transmisiones de la radiodifusora, además del techado de la casa de salud de la comunidad. Debido a la falta de recursos económicos y a pesar de la determinación de las asambleas comunitarias para reconstruir la radio, solo se ha logrado restablecer, a través de jornadas de trabajo voluntario, una pequeña parte del equipo y el techo de la casa de salud.
El pasado 11 de Abril del 2016 el CIPOG-EZ dio a conocer una campaña de recaudación económica para rehabilitar la radio comunitaria [2]. La cual se materializo a través de la plataforma de crowdfunding goteo.org, la campaña de cofinanciamiento solidario “Radio Zapata, tejiendo comunidad desde el corazón de la montaña”. Con ella se espera recaudar el recurso necesario para rehabilitar la radio y de esta forma contribuir a que las comunidades indígenas de la Costa-Montaña, sigan fortaleciendo su autonomía, por la defensa de su cultura y su territorio.
Radio Zapata constituye el segundo eslabón en la construcción de un proyecto regional comunitario llamado “La Casa de Saberes”. El cual busca resolver diversas problemáticas a través de la formación pedagógica de promotores locales en áreas fundamentales como son: el acceso a la salud, la revitalización de la lengua y la cultura, el acceso a la información, el resguardo de la memoria histórica, y el fortalecimiento del mercado local.
El contexto de las radios comunitarias en América Latina es de “legislaciones nacionales que mantienen un control por los gobiernos del espacio radioeléctrico que discrimina activamente a los medios comunitarios, frente a las emisoras estatales y comerciales” [3].
El contexto local de Radio Zapata, es además sumamente complejo, basta hacer un breve recuento en algunas aéreas estratégicas para entender su importancia geopolítica y el nivel de impunidad que se vive en la entidad.
El caso más conocido recientemente es el asesinato de tres personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, conocida como Ayotzinapa. 9 de los jóvenes desaparecidos hasta este momento, son originarios de la región Costa-Montaña, donde Radio Zapata ha dado seguimiento al caso, informando en diversas lenguas indígenas, a los 21 municipios en los que tiene cobertura.
En él estado conviven comunidades indígenas de distintos pueblos como los Nahua, Mixtecos, Tlapanecos y Amuzgos. Cada una conserva su propia lengua y tradiciones lo cual genera una riqueza biocultural invaluable. De acuerdo a los rigurosos estudios de la “Revista mexicana de biodiversidad” el estado de Guerrero es el cuarto más importante a nivel nacional biológicamente hablando [4].
Para 2012 el gobierno de México ya había concesionado 56 millones 7 mil 745 hectáreas a empresas mineras transnacionales, lo que representa el 28% del territorio nacional. En Guerrero esta cifra corresponde al 23% del territorio estatal.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su reporte de Medición de la Pobreza 2014, determino al estado de Guerrero como el tercer lugar a nivel nacional, con más altos índices de pobreza. Porcentaje de su población en pobreza: 65.2%. Personas en situación de pobreza: 2.31 millones. Personas en situación de pobreza extrema: 868,100 [5].
En Febrero del 2015 la organización InSight Crime publicó que “los grupos criminales de México se afanan por satisfacer la creciente demanda de heroína en Estados Unidos”… “Solamente en Guerrero, los enfrentamientos obligaron a más de 2.900 personas a abandonar sus hogares entre enero de 2013 y julio de 2014” [6]. Algunos especialistas aseguran que en el estado de Guerrero se produce entre el 60% y el 85% de la goma de opio a nivel nacional.
Bajo este escenario el Consejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), que nace en 2008, tiene sus raíces históricas en más 30 comunidades indígenas en la Región Costa-Montaña de Guerrero, muchas de éstas conforman el núcleo agrario mixteco de Buena Vista y decidieron impulsar Radio Zapata en 2013.
El CIPOG-EZ hace un llamado a transformar la solidaridad en una acción concreta, la donación que cada uno de nosotros pueda aportar, les permitirá a estos pueblos indígenas continuar el reto que se propusieron y están construyendo.
Un sogno che nasce dal cuore, diventa parola e fa sentire la sua voce in una regione molto vasta dello stato messicano del Guerrero, il più colpito dalla violenza e il terzo per la condizione estrema di povertà nel paese. Radio Zapata è la sola esperienza radiofonica comunitaria e non commerciale che ogni giorno parla, anche nelle loro lingue, alle diverse popolazioni indigene che vivono su quelle alture del Guerrero. Nel giugno dello scorso anno, un uragano ha quasi completamente distrutto le attrezzature dell’emittente e quelle di una clinica delle comunità locali. Per questo è in corso una campagna di solidarietà che contribuisca a completare la ricostruzione di un’esperienza di autonomia essenziale per la cultura politica di chi si ribella a un destino che calpesta abitualmente la dignità delle persone.
Riabilitare una radio comunitaria.Uno strumento semplice, che attraverso le onde quotidiane della comunicazione, cerca di migliorare le condizioni di vita del suo popolo indigeno. E’ questa la sfida del Consiglio Indigeno e Popolare di Guerrero – Emiliano Zapata (Consejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata, CIPOG-EZ), un’organizzazione comunitaria che dalle alture di Guerrero – lo stato messicano con i piú alti indici violenza e al terzo posto per la povertá estrema – invita il mondo a far parte di questo progetto.
Il monopolio privato del business radiofónico in Messico [1] non concentra soltanto i profitti multimilionari, ma soprattutto impone un modello culturale unico per tutto il paese, un fatto riconosciuto in tutto il mondo a partire dalle proteste dell’EZLN nel 1994 a favore della diversitá dei popoli indigeni che compongono il Messico. In quest’ottica, le radio comunitarie hanno svolto e svolgono di fatto un ruolo contro-egemonico e di resistenza, per il diritto alla comunicazione e quello alla difesa delle proprie tradizioni e radici culturali. E’ la voce di mille voci di resistenza, che da 22 anni afferma la dignitá della popolazione indígena.
Purtroppo, il quadro legale a cui sono sottoposte le radio comunitaire in paesi come il Messico, discrimina profondamente le iniziative comunitarie rispetto alle emissioni statali e commerciali [2], controllando rígidamente gli spazi nell’etere. Radio Zapata 94.1 FM, situata nell’ejido[3] di Buena Vista, Municipio de San Luis Acatlán, nello stato di Guerrero, rappresenta l’unica voce non commerciale degli abitanti della zona, che in modo autonomo e quotidiano organizzano il proprio palinsesto in spagnolo e in lingua indigena, contribuendo a:
Tenere aperto uno spazio di comunicazione e diffusione delle e per le comunitá locali raggiunte.
Rivitalizzare la cultura e le lingue indigene Ñamnkué, Na’Savi, Me´pháá e Náhuatl.
Offrire alternative culturali ed educative come strumento per ridurre la violenza.
Promuovere lo sviluppo integrale delle comunitá tramite consumo e produzione locale.
Combattere la violenza e la discriminazione di genere.
Il contesto in cui si sviluppa e resiste Radio Zapata é sommamente complesso; oltre alle statistiche, é sufficiente pensare ai nefasti eventi degli ultimi mesi. Il caso più tristemente famoso dell’impunitá governativa é quello della scomparsa dei 43 studenti della Scuola Rurale Raúl Isidro Burgos, nella zona di Ayotzinapa. Nove dei giovani scomparsi sono originari della regione costa-montagna, dove Radio Zapata ha dato ampia diffusione al caso, informando in diverse lingue indigene dei 21 municipi che copre il suo raggio d’azione. In questo stato, infatti, convivono Nahua, Mixtecos, Tlapanecos e Amuzgos, ognuno con la sua lingua nativa.
Nel 2015 l’organizzazione InSight Crime ha pubblicato un’indagine sui gruppi criminali del Messico che “si affannano per soddisfare la crescente domanda di eorina negli USA… Solamente in Guerrero, tra gennaio 2013 e luglio 2014, i conflitti hanno obbligato oltre 2.900 persone ad abbandonare le proprie case [4]”. Alcuni specialisti assicurano che nello stato di Guerrero si produce tra il 60 e l’85% della pasta d’oppio dell’intero territorio nazionale.
Altro grave problema é rappresentato dalle enormi concessioni stipulate con imprese straniere e nazionali per lo sviluppo di mega-progetti. Nel 2012 il governo messicano aveva giá concesso 56.7 milioni di ettari a transnazionali minerarie, corrispondenti a circa il 28% del territorio nazionale. Nel Guerrero, questa cifra corrisponde al 23% del territorio. Per uno stato in cui il 77.8% delle terre é suddiviso in territori comunali (ejidos) e comunitá, l’ingegneria del conflitto alimentata dal governo messicano per garantire la realizzazione dei mega-progetti estrattivi, ha generato un ambiente favorevole alla proliferazione di gruppi paramilitari e/o del crimine organizzato.
In questo scenario, il CIPOG-EZ ha iniziato a chiamare la popolazione per trasformare la solidarietá in azione concreta e visibile. Nel giugno 2015, l’uragano Carlos ha colpito il terreno comunale di Buenavista, distruggendo gran parte delle apparecchiature di Radio Zapata, oltre al tetto della clinica comunitaria. A causa della mancanza di risorse, e nonostante la determinazione delle assemblee comunitarie, la ricostruzione di Radio Zapata non é ancora stata completata. Grazie alle giornate di lavoro volontario, sono state riparateper ora soltanto una piccola parte delle apparecchiature e una porzione del tetto della clinica polivalente.
Radio Zapata rappresenta il secondo anello nella costruzione di un progetto comunitario regionale comunitario, chiamato “La Casa dei Saperi” (“La Casa de Saberes”) che, attraverso la formazione di promotori locali, vuole affrontare problematiche fondamentali come l’accesso alla salute, all’informazione, la rivitalizzazione della lingua, della cultura nativa, recuperando la memoria storica delle diverse comunitá e del territorio.
L’11 aprile il CIPOG- EZ ha lanciato, sul suo sito web[5], la campagna di fundraising “Radio Zapata, tessendo comunitá dal cuore della montagna”, con l ‘obiettivo di raccogliere fondi per poter ripristinare completamente le trasmissioni. Attraverso la piattaforma crowdfunding goteo.org vi invitiamo a partecipare alla solidarietà con le comunitá di Costa Chica-Montagna di Guerrero. Ogni donazione puó contribuire alla lotta di ogni giorno.
Integrantes del Sindicato de Trabajadores Transportistas del Municipio de Huimilpan aseguraron ser despojados en la obra de construcción del libramiento Apaseo-Palmillas
El director del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Ricardo Ortiz Estrada, subrayó que la dependencia federal no puede intervenir en contratos entre particulares; por este motivo, dijo que no puede ser mediadora en el caso de los integrantes del Sindicato de Trabajadores Transportistas del Municipio de Huimilpan, adheridos a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que exigen que se respete su participación para los acarreos de materiales para la obra de construcción del libramiento Apaseo-Palmillas, la cual, fue concesionada la empresa ICA.
“Es un contrato entre particulares, la secretaría no interviene en ninguno de ese tipo de contratos. (…) Como es una empresa grande que ya trae obras en todo el país, puede tener desde antes un contrato ya estipulado con la CTM directamente, (…) lo que llegan y hacen en los estados es hacer convenios con los camioneros. (…) La empresa es libre de contratar a quien ellos quieran y hacer contratos privados con quien ellos quieran”, dijo.
El pasado 27 de abril, el periódico AM de Querétaro publicó que integrantes del Sindicato de Trabajadores Transportistas del Municipio de Huimilpan aseguraron ser despojados por parte de trabajadores del Sindicato Nacional del Estado de México en la obra de construcción del libramiento Apaseo-Palmillas, en las inmediaciones de la carretera 400 a la altura de la comunidad San Francisco.
Al respecto, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Transportistas del Municipio de Huimilpan, Eugenio René Fajardo Orta, señaló que de acuerdo al contrato que firmaron desde que arrancaron los trabajos de construcción del libramiento en 2014, cada sindicato puede realizar el 50 por ciento de todos los acarreos de agregados o materiales para el concreto de la vialidad.
Así mismo, el funcionario federal enfatizó que todos los daños que cause la construcción del libramiento serán resarcidos por ICA. Subrayó que la SCT está avalando que se lleven a cabo los trabajos de reparación.
“Se están reparando todos y cada uno de los deterioros”, añadió
Por otra parte, Ortiz Estrada puntualizó que es responsabilidad de los automovilistas respetar los señalamientos que se encuentran colocados en la obra de Paseo de la República a la altura de Santa Rosa Jáuregui. Dijo que el automovilista será responsable si se ocasiona un accidente a consecuencia de que cruce la zona donde se encuentran ejecutándose los trabajos de la obra. Aseguró que, en el mes de julio, se pondrán en funcionamiento los tres carriles.
La Paz, Baja California Sur (BCS). La empresa BCS Desarrollos Los Cabos, S.A. de C.V. pretende la realización de un megaproyecto turístico a 10 kilómetros de Cabo Pulmo, al que han denominado Cabo Pelícanos, el cual tendría una inversión total de 220 millones de dólares, en un superfice de 302.85 hectáreas.
La compañía interesada, ingresó una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la aprobación de su desarrollo que se prevé, tenga un tiempo de finalización de 25 años.
El proyecto, el cual se ejecutaría en 7 etapas, está integrado por 3 hoteles con 1,070 habitaciones, 99 cabañas, un campo de golfo de 18 hoyos, lagos, un club campestre, un campo de entrenamiento extremo, un helipuerto, así como una planta de aguas residuales y una desaladora.
De acuerdo a la información proporcionada por el promovente, este desarrollo se ubicaría a uno 40 kilómetros de San José del Cabo —cabecera municipal de Los Cabos— y a 10 kilómetros del Parque Nacional de Cabo Pulmo; sin embargo, no se encontraría dentro del Área Natural Protegida, en donde se halla este último.
El propietario del proyecto, que tendría financiamiento de capital privado —según lo informado en su MIA— asegura que se generarán 5,000 empleos durante el periodo del desarrollo, y 1,500 fijos para su operación ya finalizada la construcción.
“Se evitará en lo posible hacer contratación de personal que no radique en el Estado de Baja California Sur, con el propósito de no propiciar la creación de asentamientos humanos dispersos y darles prioridad a los pobladores de la región”, expuso la empresa.
Cabo Pelícanos busca abastecerse de agua, principalmente, de 2 manera: la primera, con una planta desaladora con la que cubriría las necesidades de la zona agrícola, los campos de golf, los lagos y las áreas jardinadas; y segundo, a través de tomas de agua y pozos, que pertenecen al al Acuífero de Cabo Pulmo.
Este millonario proyecto se presentó ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), luego de que otras empresas pretendieran, en años anteriores, la edificación de los desarrollos: Cabo Cortes —a quienes le cancelaron los permisos en 2012— y de Cabo Dorado —que tampoco recibió el aval de la Semarnat, negándoles la autorización—; ambos, en las inmediaciones de Cabo Pulmo.
Sin embargo, la magnitud de los 2 anteriores desarrollos difieren al de Cabo Pelícanos, pues en el caso del extinto Cabo Dorado, el número de habitaciones planeadas para edificarse eran de 18,000, contra las 1070 de esta vez.
Documental que describe la lucha de Comunidades de Pedregales de Coyoacán, contra proyectos devastadores, que amenazan a todos los pueblos
Pueblos y barrios de Coyoacán, ente los que se encuentran La Candelaria, Santo Domingo, Santa Úrsula, Los Reyes, además de vecinxs de Iztacalco, Santa Fe y Magdalena Contreras, se unieron a la marcha que este 29 de abril, realizaron desde cuatro diferentes puntos, para exigir cancelación definitiva a la construcción de la empresa “QuieroCasa”, quese realiza en Aztecas 215.
Las principales peticiones son dos: Cancelación definitiva de la obra de Aztecas 215 y regresar el terreno para uso comunitario, reparando los daños ocasionados a los ojos de agua, que existen en la zona, ya que fueron desviados al drenaje, contaminando millones de litros de agua.
Durante el desarrollo de la marcha, personal de la delegación, colocaron sellos de “suspensión de trabajos” pero por cuestiones de “seguridad”, no porque se pretenda cancelar las operaciones, por lo que Comunidades de Pedregales de Coyoacán, denunciaron que los trabajos en el predio de av. Aztecas, la empresa continua trabajos de obra.
En la zona de Pedregales de Coyoacán, la inmobiliaria QUIERO CASA está construyendo desde hace un año departamentos de lujo en un predio ubicado en Av. Aztecas 215, Pueblo de los Reyes.
Una ilegal perforación que hizo la inmobiliaria fracturó un venero de agua ocasionando que el vital líquido brotara a la superficie derramando diariamente miles de litros de agua que son bombeados directamente al drenaje.
A un año de este derrame de agua se calcula que más de 1,200 millones de litros de agua limpia han sido derramados al drenaje y las autoridades de los 3 niveles de gobierno no han hecho nada, a pesar de las diferentes denuncias vecinales que ya se hicieron.
La Asamblea General de pueblos, barrios, colonias y pedregales de Coyoacán convocan este 29 de abril, a una megamarcha en defensa del agua y del territorio. Exigen la cancelación definitiva de las obras que se construyen en avenida Aztecas 215.
Marchan para exigir la expropiación del predio donde está el manantial
Habitantes de Santo Domingo, Ajusco y la Candelaria se sumaron a la movilización de vecinos del pueblo de Los Reyes, Coyoacán, quienes exigieron que expertos independientes analicen el agua que brota del predio Aztecas 215 para verificar que efectivamente está contaminada Foto María Luisa Severiano
En apoyo al pueblo de Los Reyes, habitantes de las colonias Santo Domingo, Ajusco y la Candelaria, en la delegación Coyoacán, realizaron ayer por la tarde una marcha que partió de cuatro puntos diferentes con el fin de exigir un alto al deterioro ambiental que provoca una desarrolladora inmobiliaria al construir tres torres de departamentos sobre un yacimiento de agua, el cual brotó durante los trabajos de excavación, en el predio de la avenida Aztecas 215.
Al término de la movilización, una comisión de los inconformes se instaló en plantón frente al terreno donde se efectúa la obra para exigir la cancelación del proyecto inmobiliario, el cual, afirmaron, ha ocasionado que desde el año pasado miles de litros de agua sean echados a la red del drenaje.
Los colonos demandaron al Gobierno de la Ciudad de México expropiar el predio, que cuenta con una superficie de 8 mil 735 metros cuadrados, por causa de utilidad pública, tras considerar lamentable que mientras en la zona de los Pedregales y en otras delegacionales, como Iztapalapa, el desabasto es una constante, se permita el desperdicio de agua en la obra.
También solicitaron que una comisión de expertos, independiente al gobierno capitalino, tome muestras y realice nuevos estudios del agua, que brota del vaso hídrico y se contamina en la superficie.
“Vamos a defender este recurso con la verdad y con argumentos para que las autoridades tomen cartas en el asunto”, manifestaron.
Indicaron que aún con los resultados que arrojó el análisis del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), donde se percibe una ligera contaminación, de acuerdo con los parámetros de la Norma 127, que establece los límites permisibles de calidad del líquido, si bien no puede utilizarse como potable, si para otros fines.
Al grito de: “Los pueblos no se venden, se aman y se defienden”, aseguraron que no levantarán el plantón hasta que sean escuchados por las autoridades. “No les pedimos nada extraordinario, nada más que hagan su trabajo”.
Esta, agregaron, “no es una lucha por espacios políticos, sino por la defensa del agua y nuestro territorio. De manera sencilla, porque sencillo es nuestro pueblo, les decimos que no nos han dejado otro camino, porque no nos escuchan. Han echo oídos sordos a nuestra demanda, pero con organización y dignidad vamos a defender nuestros derechos”, expusieron.
(30 de abril, 2016).- En Sinaloa, todos los feminicidios que han ocurrido, han sido en Culiacán y Navolato. Dichos delitos han sido recurrentes en abril. Hasta el momento, van cuatro mujeres asesinadas en estos dos municipios, tres de éstas han sido asesinadas en los últimos 10 días.
El primero de los feminicidios del mes, se dio en Villa Juárez, Navolato. Una mujer fue asesinada a balazos en el interior de una cuartería donde rentaba una habitación junto a su pareja quien también resultó herido de bala.
El 2 de abril por la madrugada, un grupo de sujetos armados violaron la entrada del inmueble ubicado en la colonia López Portillo, y asesinaron a un hombre de más de 70 años, el atentado también le arrebató la vida a Santa Pérez Zaragoza, de 23 años.
Un proyecto de “salvamento arqueológico” de la zona por la que cruzará el gasoductoTuxplan-Tula, en Veracruz, Hidalgo y Puebla, fue rechazado por el INAH por lo que posibles vestigios quedarán sin protección.
En el proyecto rechazado por el Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ya habían sido reportados hallazgos fechados en el periodo clásico, en la zona de Tula en el estado de Hidalgo, según difundió el propio INAH.
El proyecto de “Salvamento Arqueológico” Gasoducto Tuxpan-Tula Fase de Prospección” que pretendía inspeccionar la zona de Veracruz, Hidalgo y Puebla -en Huauchinango- donde será instalado el gasoducto operado por la empresa Gasomex, fue rechazado según el oficio 401.B(4)19.2016/36/0233 firmado por María de los Ángeles Ola y Barrientos, Presidente del Consejo de Arqueología del INAH, del que este medio tiene una copia.
La negativa se comunicó a José Alberto Durán Iniesta, investigador de la Dirección de Salvamentos Arqueológicos, del propio INAH, argumentando razones de metodología y duplicidad de gastos.
El gasoducto Tuxplan-Tula prevé la construcción y operación de una estación de compresión así como 12 gasoductos a lo largo de cinco mil kilómetros de longitud, según lo reporta la Secretaría de Energía (SENER).
En Puebla, la zona sagrada y territorio indígena donde se implementará el proyecto corre peligro, según lo han advertido expertos de la Unidad Regional en Puebla de Culturas Populares, como Roberto Quintero y Gerardo Pérez.
Este proyecto de Gasomex afectará los municipios de Xicotepec, Huachinango y Tlacuilotepec.
Adicionalmente, indígenas de las comunidades de Cuacuila, Xopanapa, Tepehuaquila, Ixhuacatla, Ahuacatlán y Xilocuautla han expresado su rechazo a los planes energéticos pues han señalado que violan el derecho a la consulta, sin actualización de las Manifestaciones de Impacto Ambiental y con los riesgos potenciales de que los gasoductos estén cerca de las comunidades.
Los materiales que procesarán generan daños irreversibles a la salud y el ambiente
Nelly López/Plano Informativo | 29/04/2016
Se llevó a cabo una reunión con la finalidad de conocer los diferentes posicionamientos respecto a la instalación de una empresa de tratamiento de desechos industriales en el municipio de Santo Domingo.
La empresa: Centro de Ingeniería y Tecnología sustentable Palula, expuso durante todo el tiempo que ya cuenta con todos los documentos y permisos necesarios para iniciar operaciones a la brevedad, incluso hizo mención que académicos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), realizaron un estudio de la factibilidad de este proyecto.
Sin embargo, los habitantes de Santo Domingo manifestaron su rechazo a la instalación de este basurero industrial e hicieron patente que jamás hubo consulta ciudadana ni se tomó en cuenta su opinión sobre la construcción del mismo.
Los investigadores del Colegio de San Luis, Francisco Peña y Germán Santacrúz, indicaron que el proyecto tiene irregularidades, basta apuntar la ubicación del mismo. No obstante, con base en la autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), señala que el territorio que utilizará la empresa se encuentra en el municipio de Mazapil, Zacatecas. De igual manera, desmintieron que no habría sustancias tóxicas, pues utilizarán para este confinamiento sustancias como peróxido de carbono, ácido nítrico y ácido sulfúrico.
Aunado a esto, las geomembranas que se utilizan para evitar la lixiviación no siempre son seguras y el daño de las filtraciones al subsuelo puede acarrear problemas severos de contaminación. Las geomembranas que se utilizan en procesos de lixiviaciones de residuos industriales deben cumplir con todos los parámetros de seguridad y contar con el diseño adecuado de acuerdo al suelo en el cual se utilizará, de lo contrario pueden fallar por punzonamiento durante el periodo que se encuentren aislando residuos del suelo. Las fallas en las geomembranas pueden ocasionar filtraciones de los lixiviados al subsuelo y en consecuencia a las aguas subterráneas, provocando con esto un generador de contaminación de difícil detección.
Los investigadores mencionaron varias sustancias como el peróxido de hidrógeno que puede ser tóxico si se ingiere, se inhala o se tiene contacto en piel y ojos; puede producir inflamación de las vías respiratorias, irritación y dolor en los ojos.
El ácido nítrico puede ser corrosivo para la piel, ojos, nariz, membranas mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal o cualquier otro tejido con el que tenga contacto. La respiración de este ácido nítrico usualmente provoca resequedad en las vías respiratorias y causa tos, esto provoca vulnerabilidad a desarrollar infecciones y enfermedades pulmonares.
En cuanto a la exposición al ácido sulfúrico, este tiene consecuencias mayores en todos los seres vivos, ya que es altamente corrosiva y puede traer consecuencias fatales.
Algunas voces abogan por decir que estas sustancias son inofensivas y que prueba de esto que se encuentran en el medio ambiente. Sin embargo, esta aseveración no convence a las personas que viven al redor de donde se planea hacer este confinamiento que quedará expuesto de manera cotidiana a este tipo de contaminación, teniendo consecuencias tales como quemaduras en los tejidos, irritación de vías respiratorias, afectaciones en la presión cardiaca y dificultad para respirar.
En el caso del confinamiento que se tiene planeado en Santo Domingo, Fausto Cervantes representante de la empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula, mencionó que a las 670 toneladas de residuos industriales que la empresa recibiría diariamente, se les eliminará la toxicidad para no afectar a la población cercada.
Si bien es cierto que no causan la muerte instantánea, la realidad es que la constante exposición a este tipo de sustancias puede causar daños irreversibles a la salud y el medio ambiente.
Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo).– Representantes de cinco pueblos indígenas del Estado de México alertaron que el Gobierno de Eruviel Ávila Villegas ha lanzado una ofensiva en su contra para despojarlos de su territorio, agua y bosques para pasarlos a manos de empresas privadas que buscan construir megaproyectos. Además, los comuneros y activistas acusaron que la denominada “Ley Eruviel” no sólo está diseñada para reprimir la protesta social, sino que también pone sus vidas en riesgo.
Los frentes de Xochicuautla, Tecamac, San Francisco Magú, Coyotepec y Atenco advirtieron que no detendrán su resistencia ni se dejarán intimidar por las autoridades del Gobierno mexiquense. Por el contrario, continuarán la lucha en conjunto para defender sus recursos, usos y costumbres, y para detener la Ley que amenaza sus derechos humanos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra en el proceso de análisis para determinar la constitucionalidad de la Ley que Regula el uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, aprobada en marzo por el Congreso estatal.
“Hay un riesgo de que la SCJN la haga constitucional. En términos legales, nos tendríamos que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pero lo que yo creo que va a pararlos son las movilizaciones y la lucha y presión social”, dijo el abogado José Antonio Lara Duque, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), a SinEmbargo.
El vocero del Consejo Supremo Indígena de Xochicuautla, José Luis Fernández, aseguró que desde hace nueve años decidieron en su asamblea comunitaria que no aceptarían proyectos en su territorio. A raíz de esta negativa, acusó, han sido víctimas de persecuciones, amenazas de muerte y golpes a mujeres y niñas. En mayo de 2014, añadió, hubo 14 detenidos.
El pasado 11 de abril, alrededor de mil policías entraron y salieron del poblado de San Francisco Xochicuautla para salvaguardar la construcción del proyecto carretero Toluca-Naucalpan, que construye la filial Autovan-Teya del Grupo Higa. Con maquinaria pesada demolieron una casa y rompieron tuberías de agua.
Tras la incursión violenta de trabajadores de la empresa y policías del Edomex, habitantes de la comunidad otomíe, autoridades del Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Gobernación (Segob) firmaron un acuerdo de suspensión de esos trabajos, en tanto se realizan mesas técnicas que buscarán más alternativas.
El vocero del consejo expuso que su comunidad no está en contra de la modernidad, sino de la violación contra sus derechos humanos y la forma cómo el Gobierno del Estado de México “tuerce” las leyes.
También refirió que, con Aarón Urbina Bedolla en la Presidencia Municipal de Tecamac, han implementado una “ingeniería de conflicto” donde usan a coordinadoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para agredir a los compañeros del sistema de agua.
Por parte del pueblo San Francisco Magú, Abigail Salvador Torres dijo que esta Ley promovida por el priista Eruviel Ávila “ya está autorizando que nos golpeen y, si nos resistimos, que nos maten”.
Para Abigail es una forma de combatirlos porque “no les gusta que defendamos nuestros derechos” y legalmente podrán agredirlos, como ya lo han hecho. En una asamblea el 8 de marzo del año pasado, narró, un grupo de granaderos golpeó “a varias personas” que estaban manifestándose contra la tala de árboles de su bosque. La semana pasada, contó a este diario digital, la comunidad estaba en la delegación del pueblo y les enviaron “tres convoyes militares y una patrulla federal”.
Desde noviembre de 2012, la empresa Merket Construcciones busca instalar un desarrollo inmobiliario denominado “Bosques del paraíso” en los predios “El Ocote y las Carretas.”. Sin embargo, por la resistencia de la asamblea comunitaria, el proyecto está suspendido.
Sergio Velázquez Morales, de la Administración Autónoma del Agua Potable en Coyotepec, declaró a este medio que el 9 de junio de 2013, tras un bloqueo en la carretera México-Querétaro contra la municipalización de sus pozos, llegaron granaderos y miembros de la policía estatal y replegaron a la gente con balas de goma. Después empezaron a volar helicópteros y desde arriba arrojaron gases lacrimógenos.
“Si estamos en resistencia y lucha es para proteger lo que nos pertenece”, reiteró en el foro.
Finalmente, Ignacio del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), leyó un pronunciamiento a nombre de Atenco en el cual advirtió que como la lucha en defensa de su tierra seguirá, las autoridades “preparan su escenario de terror, de muerte, de encarcelación, su escenario de odio y sangre, su ‘Ley Eruviel’ porque ya no pueden de otra forma callarnos”.
El próximo martes 3 de mayo se cumplen 10 años del ingreso de la policía a los pueblos de Atenco que se manifestaban contra el proyecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ese día dejó un saldo de 200 detenidos, dos jóvenes asesinados, más de 30 mujeres agredidas sexualmente y decenas de casas allanadas, documenta el FPDT.
PUNTOS DE LA LEY ERUVIEL
José Antonio Lara Duque, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), expuso que la posibilidad del uso de armas letales “cuando sea estrictamente inevitable” es lo que más se conoce de la “Ley Eruviel”, pero enfatizó una serie de puntos sobre cuándo una protesta es ilegal, quiénes son los responsables de las víctimas y si pueden ser denunciados.
De acuerdo con el abogado deben enfatizarse l0s siguientes artículos:
–Una asamblea o reunión se convertirá en ilegal cuando exijan a una autoridad que deje de hacer algo. Si una protesta demanda no construir un aeropuerto, ejemplificó, ya es ilegal.
–Rompe la cadena de mando porque, si hay disparos u homicidios, la ley dice claramente que los responsables serán los jefes del operativo. Con ello los gobernadores o presidentes municipales están totalmente exentos.
–El artículo 17 permite los infiltrados en las manifestaciones y asambleas, bajo el argumento de prever si la reunión se va a tornar en ilegal. Si la asamblea delibera una exigencia, explicó Lara Duque, obtienen la información suficiente para poder planear un operativo para combatir la protesta.
–El artículo 21 legaliza la detención mediante el ingreso a los pueblos. Ya en la prisión, la ley permite utilizar candados en las manos de los detenidos, así como esposas de muñecas o tobillos, cadenas y camisas de fuerza si son considerados peligrosos.
–Si una persona reclama haber sido víctima de un exceso policiaco, sólo puede hacerlo la persona misma. Es decir, si es asesinada o queda en coma, no hay otra forma de que alguien más lo denuncie.”Entonces se van asegurar que el afectado no pueda denunciar…”, sugirió.
–El artículo 53 “obliga a la represión” porque, cuando los mandos no adopten todas las medidas necesarias y suficientes para hacer uso de la fuerza pública y de las armas de fuego, se les hará una investigación interna. “O sea, no quieren miedosos”, interpretó el coordinador del CDHZL.
En los últimos años, en el municipio de Victoria una organización civil que se denomina SOPRAL ha cortado entre 15 mil y 20 mil cactáceas. Este ecocidio presuntamente se ampara por un permiso que pudo haber entregado la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sin que esto haya sido comprobado todavía.
El ecocidio ha generado molestia entre los habitantes de distintas comunidades del municipio de Victoria, quienes incluso temen de quienes se ostentan como integrantes de SOPRAL, pues aseguran que incluso han amedrentando con ráfagas de fuego a quienes intentan detener la extracción de estas cactáceas.
El gobierno del estado ya ha intervenido para intentar contener el problema social generado, sin embargo, exige la pronta intervención de la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuyo titular en Guanajuato es Israel Cabrera Barrón, quien ha asegurado no tener conocimiento del permiso ni de este ecocidio.
Las cactáceas que han sido extraídas podrían tener cientos de años, considerando que estas especies solo crecen medio centímetro al año y se sabe que son utilizadas para la elaboración de dulces.
Comuneros hartos del daño ecológico
Debajo de un nogal está un grupo de comuneros que se han visto afectados por el ecocidio de biznagas, se miran unos a otros y de pronto uno de ellos se atreve a decir que tienen miedo de hablar, asegura que sus vidas corren riesgo, porque no es sólo el saqueo de las cactáceas el problema, hay mucho más que eso, aseguran.
Uno de ellos narra que el problema comenzó hace más de 20 años cuando al capataz de la Hacienda Corralillos, de nombre Alejandro Sáenz, se lo ocurrió conformar una asociación que se llama SOPRAL, la cual se comenzó apropiar de diversos predios, sin que tuvieran algún documento que los avalara como propietarios.
Pero no sólo eso, sino que también comenzaron con la venta de las biznagas a empresas de fuera, presuntamente con la finalidad de hacer dulces típicos, pero sin que tomaran en cuenta a los habitantes del lugar, ni mucho menos a los verdaderos propietarios.
Hasta el momento aseguran que han cortado entre 15 y 20 mil cactáceas, lo que representan un severo daño para el ecosistema de las comunidades de Ojo de Agua, El Sotolar, Corralillos, Sacro Monte y La Calera.
Cuentan que han cortado biznagas que rebasaban los 300 años de vida, tomando en cuenta que éstas crecen medio centímetro por año y algunas ya rebasaban los tres metros de altura.
Señalan que quien está llevando a cabo dicha venta son los socios de la SOPRAL a una empresa que desconocen y que lo hacen incluso en predios que está plenamente comprobado que no son de ellos, pero que se adueñaron “a la mala”, expresan.
Narran que quién está al frente de dicha asociación, hoy en día, en es una persona que se hace llamar por dos nombres, el primero como Herminio Estrada Reséndiz y J. Marcos Estrada Reséndiz, mismo que esta coludido con gente rica del Municipio de Victoria.
A esto último es que dicen que se debe a que ninguna autoridad haga algo al respecto para parar con el ecocidio, ya que muchos de los que trabajan en la Presidencia han estado de alguna manera vinculados con la SOPRAL.
Claro ejemplo de ello es que dicen que el actual síndico municipal Francisco Salinas Trejo, fue por mucho tiempo su abogado, por lo que entonces difícilmente se va meter con ellos y por el contrario los ayuda para seguir con el saqueo.
Uno de los comuneros presentes en la reunión dice que el conflicto ha escalado a tal grado que en noviembre del año pasado la gente de la SOPRAL amedrantó con ráfagas de rifle a personas que intentaban parar el corte de las biznagas.
Y que en esa ocasión solicitaron la intervención de la policía de Victoria, pero que, que sin embargo, esta nunca apreció y no fue sino la Doctor Mora, la que acudió en su ayuda, lo que deja en claro que están protegiendo a los saqueadores, señala.
A su vez menciona que una persona de nombre Manuel Loyola, en la comunidad de La Calera, ha venido valiéndose de escrituras falsas para apoderarse de predios, para después vender las biznagas que ahí se encuentran.
Los campesinos preocupados por lo que está pasando, solicitan la pronta intervención del Gobierno Estatal y Federal, ya que de lo contrario aseguran que el saqueo continuará y cada vez será más grande el daño ecológico que le están causando a Victoria y al Noreste del Estado, concluyen.
Semarnat y el desconocmiento
Pese a que la gravedad de este asunto ya pasó de ser un asunto meramente ecológico a un conflicto social, el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Guanajuato, Israel Cabrera Barrón dijo que ni el municipio de Victoria ni los habitantes de las comunidades afectadas han acudido a interponer una denuncia ante esta dependencia.
“Desconozco el lugar, no lo ubico físicamente. No he tenido ningún reporte por escrito, vía telefónica o vía correo electrónico del tema que me pudiera dar pauta para solicitar la intervención de PROFEPA y no sé también, desconozco si ya hicieron una intervención, no sé cómo están actuando”, declaró vía telefónica a Zona Franca.
Cabrera Barrón aclaró que solo sabe del caso porque la semana pasada la Secretaría de Gobierno se puso en contacto con él para solicitarle que verificara si efectivamente la Semarnat había emitido un permiso para la extracción de cactáceas.
Esta solicitud no fue atendida por el Cabrera Barrón, quien argumentó que no le dio seguimiento al tema porque solo recibió la carátula del presunto permiso, pero no un documento donde se pudiera observar un folio para investigarlo.
El delegado de la Semarnat también mencionó que solo la Dirección de Vida Silvestre de la Semarnat a nivel federal puede otorgar un permiso de esta naturaleza, pero solo en casos de extracción para análisis científicos o por casos de plaga, no para explotación de las especies: “yo no creo que den un bajo condiciones de degradación o que generen un impacto negativo en la zona”.
Zona Franca buscó un nuevo acercamiento con Cabrera Barrón y a tan solo 24 horas de distancia, la actitud del delegado de la Semarnat cambió y señaló que será este viernes cuando acuda hasta Victoria para revisar el problema, aún sin tener una denuncia formal de parte de los afectados.
“Por eso el viernes visitaré la zona donde se están extrayendo los cactus, pues es preocupante lo que se comenta, y como señalé la delegación de la SEMARNAT no ha dado ningún permiso de explotación, por lo que se verificará si se dio desde las oficinas centrales y si es así, se deberá de corroborar que se esté cumpliendo con el permiso”, apuntó.
En contraparte, el biólogo Ricardo Torres Cervantes, integrante del Consejo de Asesores de la Reserva de la Biósfera de la Sierra Gorda, dijo que lo que él sabe es que el permiso de explotación se dio desde las oficinas centrales de la Semarnat.
“Es un permiso de escritorio, se dan permisos sin saber la situación real, para que se extraigan especímenes enfermos o con ciertas características y no se cumple con ello, porque no hay supervisión”, dijo.
Conflicto social y la intervención del estado
La Secretaría de Gobierno ya tuvo intervención en este caso, al intentar frenar el conflicto social que se ha generado, sin embargo, su titular Antonio Salvador García López, dijo que la verdadera solución al problema debe ser dada por la Semarnat, ya que es un asunto de su entera competencia
García López dijo que la Secretaría de Gobierno ya se ha puesto en contacto con la Semarnat pero que el delegado Israel Cabrera Barrón no ha dado una respuesta al respecto, incluso cuando se le ha invitado a reuniones de trabajo.
“Ya hubo citatorio y se mandó por correo electrónico y se invitó al delegado de la Semarnat, Ismael Cabrera al igual que al Procurador de Protección Ambiental a Isaac Calderón y solo tuvimos atención de la PROFEPA con un representante”, dijo sobre un encuentro que sostuvieron la semana pasada con afectados de diversas comunidades.
El funcionario estatal dijo que es preocupante que se esté dañando el medio ambiente del municipio de Victoria pero que también esté generando tensión entre habitantes de la zona: “esto implica una situación que genera problemas sociales entre la comunidad y más sobre el área protegida de las cactáceas”.
El director de Ecología y Agua Potable del municipio de Victoria, Baltazar Zamudio Amador dijo que desde hace dos meses que se solicitó información a la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que avale los permisos que ostenta la empresa SOPRAL, pero hasta el momento no han tenido respuesta.
“Los cactus se extraen a través de la Unidad de Manejo Ambiental denominada Cuesta Blanca, sabemos que se tenía un permiso de explotación para un polígono de 207 hectáreas y que posteriormente éste se amplió en 117 hectáreas más”, dijo Zamudio Amador.
Hasta el momento, la administración municipal no ha tenido respuesta del delegado de la Semarnat en Guanajuato, Israel Cabrera.
Por esta razón, dijo que para precisar el daño ambiental que se ha ocasionado con la extracción de estas cactáceas, solicitarán ayuda a investigadores de la Universidad de Guanajuato para que elaboren un dictamen.
“Desconozco la magnitud del impacto ambiental, pero si puede ser muy importante, por el tiempo que se ha estado extrayendo cactus gigantes y por la antigüedad de los mismos, pero eso lo sabremos hasta que se tenga el estudio correspondiente, dijo el director de ecología y agua potable del municipio de Victoria”, dijo.
El asesinato de Alberta Martínez Hernández, a quien su concubino le disparó al pecho con una escopeta, se convirtió en el feminicidio 29 cometido en esta entidad en lo que va de 2016.
Apenas la tarde del miércoles, se había reportado el feminicidio 28, cuando en un hotel de Tehuacán fue localizado el cuerpo sin vida de María José Feliciano, estudiante de Estomatología de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), quien fue reportada como desaparecida el 26 de abril.
En el caso de Alberta Martínez, de 34 años de edad, el reporte policíaco señala que fue asesinada en la localidad de Olomatlán, municipio de Tecomatlán.
Según los datos, la mujer se encontró en la calle con su expareja, con quien empezó una discusión luego de que tenía meses de haberlo abandonado y se negaba a reiniciar la relación. En un momento del alegato, el sujeto sacó el arma y le disparó al pecho a la mujer para luego darse a la fuga.
En el caso de la joven estudiante de la BUAP, su cuerpo fue localizado sin vida en un cuarto del Hotel La Posada del Viajero, ubicado en la calle Independencia Oriente, entre 5 y 7 Sur, del municipio de Tehuacán.
Existen dos versiones sobre este caso: uno se refiere a que la joven, de 21 años de edad, llegó al lugar acompañada de un hombre que salió alrededor de las 2 de la tarde y que minutos después los trabajadores del hotel encontraron a la estudiante muerta.
La otra versión que se maneja es que la joven, originaria de la población de Ajalpan, había sido secuestrada y que sus padres no contaban con el dinero para pagar el rescate.
El caso se ha manejado con hermetismo luego de que el hotel en el que ocurrió este feminicidio supuestamente es propiedad del dirigente municipal del PRI, Benjamín Xuchitl Pérez.
Otros asesinatos recientes ocurridos en esta entidad, considerados como feminicidios, es el de la recién nacida que fue asfixiada por su propio padre, Esteban Vargas Cuautle, de 19 años de edad, quien estaba molesto por la responsabilidad que le representaba la paternidad.
También el homicidio de Guadalupe Chavarría Moral, de 55 años de edad, quien fue ultimada por su esposo, Irineo Islas Ibarra, tras una discusión.
En la lista se encuentra el caso de Samaí Márquez Salgado, una joven de 25 años de edad con dos meses de embarazo, que fue asesinada por su pareja luego de que se negó a abortar.
Cabe recordar que un grupo de agrupaciones sociales iniciaron los trámites ante instancias federales para que en esta entidad se declare la Alerta por violencia de Género.
De acuerdo a la exdiputada Violeta Lagunes, la solicitud ya está en avance legal después de que 22 organizaciones sociales y políticas de Puebla, integrantes de la agrupación “Todos para todos”, presentaron la petición ante el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Los trabajadores acusaron de despojo al Sindicato Nacional del Estado de México en la obra de construcción de la autopista Apaseo El Grande-Palmillas
Integrantes del Sindicato de Trabajadores Transportistas del Municipio de Huimilpan, adherido a la CTM, denunciaron el despojo laboral desde el sábado pasado por parte del Sindicato Nacional del Estado de México en la obra de construcción de la autopista Apaseo El Grande-Palmillas, en las inmediaciones de la carretera 400 a la altura de la comunidad San Francisco.
Al respecto, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Transportistas del Municipio de Huimilpan, Eugenio René Fajardo Orta, enfatizó que cada sindicato puede realizar el 50 por ciento de todos los acarreos de agregados o materiales para el concreto de la vialidad, de acuerdo al contrato que firmaron desde que arrancaron los trabajos de construcción del libramiento en 2014.
Manifestó que esta situación afecta la economía de las familias de los operadores de los tractocamiones, así como la de los dueños de las unidades. Dijo que un operador percibe dos mil pesos semanales.
“Nos quieren despojar de nuestro trabajo aquí dentro del municipio de Huimilpan, sin argumentar contratos. Lo único que ellos argumentan es que ellos tienen el contrato; no lo hay. Esto es el acarreo de agregados (…) para la autopista Apaseo El Grande-Palmillas, Querétaro”, dijo.
Debido a que el libramiento Apaseo- Palmillas es una obra concesionada a ICA, esperan que la empresa respete la participación que les corresponde en el contrato de trabajo. En este sentido, indicó que la alcaldesa de Huimilpan, Celia Durán Terrazas, se comprometió a realizar mesas de negociación con la empresa y, en su momento, con el otro sindicato.
Fajardo Orta puntualizó que el avance en el acarreo de materiales es de 5 por ciento y en el tramo de terracería es de 70 por ciento, por lo que aseguró que resta un año para la conclusión de la obra.
Subrayó que los trabajadores del otro sindicato los han amenazado con golpearlos y quemar los 12 camiones que, en estos momentos, están sin operar.
“Ellos tratan de intimidarnos que nos van a quemar los camiones, que van a mandar gente, ellos les nombran porros, que nos van a golpear. Nosotros tenemos todo al apoyo del municipio de Huimilpan. (La alcaldesa) está gestionando mesas de negociación con empresas. En su momento, esperamos que gobierno del estado nos dé su apoyo para gestionar esto”, apuntó.
Por otra parte, el pasado 25 de octubre de 2015, el periódico AM de Querétaro publicó que el dirigente estatal de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, Alejandro Bocanegra Montes, declaró que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no ha pagado las indemnizaciones que comprometió con ejidatarios de San Juan del Río por las afectaciones que generó la empresa ICA durante la construcción del libramiento.
Los voluntarios de la Estancia del Migrante “González y Martínez” denunciaron que han sido víctimas de constantes agresiones de noviembre a la fecha
De noviembre a la fecha, los voluntarios de la Estancia del Migrante “González y Martínez” han sido víctimas de constantes agresiones por parte del personal de la empresa de seguridad Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA), denunció el presidente de la organización, Martín Martínez Ríos, al señalar que, el miércoles por la noche, seis elementos de seguridad dispararon con armas largas en contra de voluntarios que estaban por brindar apoyo a los inmigrantes que viajaban en el tren.
Martín Martínez explicó que este ataque es el segundo de gravedad, que ocurre desde que la empresa de seguridad SEICSA comenzó a resguardar las vías de la empresa Ferromex, sin embargo, esta última agresión fue de gran peligro, dado que los disparos pudieron haber herido gravemente a los voluntarios, entre los que se encuentran niños.
“Nosotros nos colocamos a la orilla de la vía, como a unos 500 metros a la orilla estamos para poder asistir a los migrantes al paso del tren. Lo que pasó ayer (miércoles) fue que había seis guardias arriba del tren para supuestamente custodiarlo y al frente de la Estancia donde estamos ubicados, un guardia sacó su arma, armas largas y apuntó a un voluntario y le disparó, no le dio pero la agresión fue directa”, indicó.
Explicó que al momento de la agresión había nueve adultos y siete niños esperando a los inmigrantes, además de que los disparos se realizaron para atacar directamente a los voluntarios de la Estancia y se trató de balas reales, no de goma como en otras ocasiones.
“Ellos mismo nos han dicho que la orden es disparar y matar a todo lo que se mueva alrededor del tren”, afirmó.
Martín Martínez afirmó que, a través de diferentes organismos, como la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro (DDHQ), buscarán que esta empresa deje de operar en la entidad, principalmente por el nivel de violencia con el que realizan su labor, además de que buscarán otras instancias legales para protegerse de estos ataques.
De octubre a la fecha, puntualizó, la Estancia del Migrante Martínez y González ha reportado siete agresiones en contra de inmigrantes centroamericanos, así como dos -de gravedad- en contra de sus voluntarios.
Los “profes” se manifestaron por los problemas financieros del magisterio. (El Siglo de Torreón)
ARTEAGA, COAH.-
Un grupo de 120 maestros acudieron al inicio la octava Asamblea Plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol), en la UA de C campus Arteaga, para manifestarse por los problemas financieros del magisterio.
El secretario de Gobierno de Coahuila, Víctor Zamora, se reunió con los maestros y se comprometió a dar una audiencia con el gobernador Rubén Moreira a cambio de que se retiraran antes de la inauguración del evento en donde asistirá Miguel Ángel Osorio Chong, sin embargo, los maestros aún permanecen en el lugar.
Los docentes indicaron que que buscan visibilizar el problema con el Secretario de Gobernación. La presencia del funcionario federal se tiene prevista 12:30 horas.
El proyecto costará 895 millones de pesos y fue adjudicado de manera directa
Anuncia la Fiscalía del Estado el proyecto Escudo Urbano C5, que distribuirá ocho mil 500 cámaras y sensores en la metrópoli
GUADALAJARA, JALISCO (28/ABR/2016).- La Fiscalía de Jalisco presentó ayer el proyecto Escudo Urbano C5, el nuevo sistema de Cómputo, Comando, Control, Comunicación y Coordinación que contará con cinco mil 500 cámaras de videovigilancia, que posicionará a la metrópoli como la segunda más equipada a nivel nacional, sólo por debajo de la Ciudad de México (20 mil). Así, la urbe jalisciense tendrá 123 aparatos por cada 100 mil habitantes, mientras la capital del país, 129.
El C5 también incluye la instalación de tres mil sensores que pueden, por ejemplo, alertar a las autoridades cuando se efectúan detonaciones de arma de fuego, además de mil 500 botones de pánico en postes, donde los ciudadanos podrán solicitar auxilio a las Policías.
El proyecto costará 895 millones de pesos y fue adjudicado, tras una evaluación de siete empresas, al consorcio Cis, Agt y Thales, que opera en otras ciudades de México y del mundo. El Gobierno del Estado defendió el proceso de adjudicación directa al señalar que la ley lo permite cuando se trata de asuntos relacionados con la seguridad interna.
La ubicación de cámaras, sensores y botones se planeará a partir de las zonas de mayor incidencia delictiva, en principales avenidas e instalaciones estratégicas como escuelas, centros comerciales y edificios públicos. “(Las cámaras) nos funcionan para encontrar a los responsables de la comisión de un ilícito… les puedo asegurar que está acreditado en diversas ciudades del mundo la disminución de los índices delictivos (con estos centros tecnológicos)”, declaró el fiscal Eduardo Almaguer.
La inversión saldrá del crédito de tres mil 800 millones aprobado por el Congreso de Jalisco y del Fideicomiso Fuerza Única de Seguridad Pública. Además, se adjudicó un programa piloto a la empresa Inicia México por 30 millones de pesos para la compra de 200 sensores inteligentes que servirán para rastrear celulares y vehículos en movimiento.
La Subsecretaría de Administración del Estado revela que el contrato que se firmará con el consorcio ganador tendrá una vigencia hasta noviembre de 2019, por lo que después de esa fecha el mantenimiento y operación correrá a cargo del Estado, con un costo de 49 millones de pesos anuales que cubrirán 2020, 2021 y 2022. Después será decisión del siguiente Gobierno si se sigue con el pago de la póliza.
El sistema iniciará con la remodelación del C5 en las actuales instalaciones de la base de El Palomar, que iniciará en agosto para concluirse en febrero del próximo año. Se prevé que Escudo Urbano C5 inicie operaciones en 2018, pero como labores adicionales se invitará a empresarios y organizaciones vecinales para incorporar sus equipos al centro de videovigilancia.
El fiscal general del estado, Eduardo Almaguer Ramírez, presentó la plataforma Escudo Urbano C5, que incluye implementar estrategias de prevención y reacción operativa en esta entidad.
Guadalajara.- El fiscal general del estado, Eduardo Almaguer Ramírez, presentó la plataforma Escudo Urbano C5, que incluye implementar estrategias de prevención y reacción operativa en esta entidad.
Durante la presentación de este Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputos (C5) expuso que el objetivo es combatir el crimen y la inseguridad en el estado.
En este lugar convergerá toda la información relacionada a la seguridad pública y emergencias de la ciudadanía a través de medios como son radiocomunicación, llamada de emergencia 066-911, denuncia anónima, Locatel, Protocolo Alba, Alerta AMBER y coordinación inmediata de diferentes autoridades.
Subrayó la importancia para Jalisco del “arranque del C5, ya que brindará mejor seguridad y confianza a los ciudadanos.
“Estamos hablando de cinco mil 500 cámaras, tres mil sensores, mil 500 de audio y mil 500 botones de pánico, distribuidos a lo largo de la zona metropolitana de Guadalajara, apoyados en la interconexión a los sistemas de despacho de emergencias y autoridades federales”.
Explicó que en el C5 se invertirán más de 895 millones de pesos por parte del gobierno del estado en alta tecnología y seguridad que dará una respuesta más inmediata a la Fiscalía General y permitirá una mejor seguridad pública.
Precisó que el fin de esta plataforma es contar con un sistema que emita información estratégica para la toma de decisiones como resultado en la recopilación y procesamiento de datos de las cámaras y sensores (de audio y botones de pánico).
Indicó que a partir de los próximos meses iniciarán los trabajos de remodelación y la integración del nuevo C5; “será instalado en lo que hoy es el 066 ubicado en el Palomar y será integrado y remodelado”.
“Estará compuesto por un área de inteligencia y de toma de decisiones, un área de crisis, los supervisores, los despachadores, el control de tráfico, los operadores, los monitores, protección civil y control de datos”.
Anotó que ocho mil 500 dispositivos de seguridad serán ubicados en zonas donde se registran delitos de alto impacto como son homicidios, robos, violaciones, entre otros.
“Además se ubicarán en avenidas principales y puntos de alta circulación de personas y vehículos, así como en comercios, edificios públicos y principales vías de acceso a la ciudad”, subrayó.
Apuntó que algunos de los dispositivos tendrán tecnología para la lectura de placas vehiculares, donde se verifica si cuentan con reporte de robo o están involucrados en un hecho delictivo; algunos sensores serán ubicados en zonas de delitos de alto impacto y podrán detectar disparos de arma de fuego.
Puntualizó que las cámaras de seguridad tendrán un reconocimiento facial y serán instaladas en reclusorios, centrales de autobuses, aeropuerto y en aquellas instalaciones donde hay gran flujo de personas.
Con las instalaciones de este Escudo Urbano C5 “Jalisco se pone a la vanguardia en videovigilancia y tecnología que permita combatir los puntos de inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara”.
Destacó que con la creación y renovación de este centro “se ha tomado una decisión para en el menor tiempo posible tener un sistema de última generación que permita responder con eficiencia y con resultados a los problemas de seguridad que plantea el área conurbada”.
Coyotepec, Estado de México, 28 de abril (SinEmbargo).– Gloria Montiel, de 32 años, guarda historias de su abuelo; de cuando, en 1963, don Antonio Montiel García y otros habitantes de Coyotepec, rascaron la tierra de ese municipio de origen náhuatl –ubicado al norte del Estado de México–con palas y picos.
Gloria ha escuchado en el pueblo cómo los habitantes de entonces se unieron para construir lo que sería su Sistema Autónomo y Ciudadano de Agua Potable.
Organizaron bailes, pidieron cooperación para juntar dinero y hacerse de materiales como cemento y tuberías. Y tiempo después fundaron el primer pozo ubicado en la plaza central.
El pueblo se erigió en asamblea y designó a los primeros administradores: todos trabajaron si recibir ni un peso a cambio.
Casi 53 años después, el abastecimiento de agua en ese municipio tiene ahora un costo de 50 pesos mensuales, o 25 pesos para los que tienen menos recursos.
Sin embargo, el Ayuntamiento ha presionado desde junio de 2013 al Sistema con amenazas y ataques. Busca controlar la red hidráulica. Quiere entregar el agua y dar concesión a desarrollos urbanos, embotelladoras. Intenta implementar el proyecto Ciudad Bicentenario en Huehuetoca, al norte del municipio.
El Gobierno del Estado de México propuso en 2007 el proyecto llamado “Ciudades del Bicentenario”, que busca crear poblados autosuficientes y competitivas que puedan albergar infraestructura, vías de comunicación y recibir incrementos poblacionales significativos. Estas ciudades –proyectadas para los municipios de Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Jilotepec, Zumpango, Tecámac y Huehuetoca– se presentan como alternativas de vivienda, empleo y acceso a educación, salud, comercio y recreación sin tener que desplazarse grandes distancias.
Bajo un discurso de modernización, desarrollo y competitividad económica, acusa el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), el Gobierno mexiquense ha despojado a diversas poblaciones de sus bienes naturales, lo que constituye “una violación grave” a su derecho a la vivienda, al agua, a una vida digna, a la salud, a un medio ambiente sano y a la participación en la toma de decisiones.
Los administradores del Sistema Autónomo, liderados ahora por Sergio Velázquez Morales, tienen fresco en la memoria lo que sucedió el 9 de junio de 2013, fecha en la que “hubo un Atenco”. Ese día por la mañana, el Presidente Municipal –en ese entonces el priista Alfredo Anguiano Fuentes– llamó a una asamblea en la plaza central y ahí anunció su intención de municipalizar el agua.
Amnistía Internacional denunció en marzo de 2014 que los miembros de la comunidad de Coyotepec “se han opuesto a los intentos del Presidente Municipal [Anguiano Fuentes] de hacerse del control del suministro local de agua, pues temen que eso dé lugar a que el agua se utilice para fines comerciales y a que se reduzca su acceso. Los manifestantes han hecho protestas ante el ayuntamiento de la localidad y varios activistas han sido amenazados, en algunos casos por hombres armados aparentemente relacionados con el Gobierno municipal”.
Ocho organizaciones civiles denunciaron que en ese periodo registraron “seis ataques –incluyendo disparos de armas de fuego, golpes y amenazas– en contra de los habitantes del municipio de Coyotepec que ejercieron su libre derecho de oposición al proyecto de municipalización del agua”.
Posteriormente, en septiembre de 2013 Vicente Moreno Domínguez, defensor de derechos humanos de la comunidad de Coyotepec, fue atacado con una navaja por tres personas afuera de su domicilio, de acuerdo con el CDHZL y Amnistía Internacional. Dos meses después, Israel Doroteo fue golpeado en la calle luego de recibir amenazas vía telefónica.
Para el 11 de enero de 2015, una comisión del Presidente Municipal clausuró la oficina del sistema que se encuentra dentro del Ayuntamiento. Posteriormente, documenta el CDHZL, Tomás Mezas García, el anterior presidente de la Administración de Agua Potable de Coyotepec, fue golpeado para que “firmara un documento en el que accedía a renunciar, entregar las oficinas y municipalizar el servicio de agua potable”. Horas después fue liberado.
De acuerdo con José Antonio Lara Duque, coordinador del CDHZL, el intento de municipalizar el agua en Coyotepec –que ha provocado varios heridos y un asesinato a lo largo de casi tres años de tensión– es para lograr construir la Ciudad Bicentenario en Huehuetoca, proyectada para el año 2020 y que tendrá un aproximado de 104 mil 100 viviendas y 822 hectáreas de área industrial, según estima la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado.
Después del enfrentamiento de junio de 2013, y de una escalada de intentos por arrebatar al pueblo el control del agua, a decir de Lara Duque, la Ley que Regula el uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, conocida como “Ley Eruviel”, que fue presentada en marzo pasado, cobra sentido.
“Lo que pasó en Coyotepec es un modus operandi del Estado de México con los pueblos originarios […] Para la clase política, estas formas de organización resultan agresivas y no las ven como válidas. ”, dijo.
EL PUEBLO SE OPONE
Coyotepec es un municipio en el que no hay tiendas Oxxo, supermercados o grandes plazas comerciales. Y la población, comentaron habitantes a SinEmbargo, tampoco los quiere.
“La lucha es por defender todos los recursos naturales, nuestros espacios y ellos [el Gobierno] quieren desvirtuar nuestros usos y costumbres. Si se llevan a cabo esos grandes proyectos, habría una explosión demográfica; mayor delincuencia que nadie combate en el Estado de México; mayor contaminación por basura, cuando ya tenemos cerca de aquí un relleno sanitario; vamos a tener calles saturadas con autos que sólo vienen de paso; mayor demanda de servicios, es decir, más extracción de agua. No queremos eso y queremos que se nos respete, no queremos pagar problemas que nosotros no generamos, al fin, ellos hacen sus desarrollos urbanos, traen a la gente y se van, no se quedan a sufrir todos los problemas que generarán”, comentó en entrevista Velázquez Morales.
Actualmente, en la localidad de Huehuetoca, se está desarrollando una Ciudad Bicentenario, que es uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno estatal, a decir de Lara Duque, es el gran modelo de proyecto de país que tiene el grupo Atlacomulco, “ahí están todos sus planes de desarrollo inmobiliario, industrial, carretero y comercial; quieren construir grandes ciudades que sean autónomas del centro de la población. El problema es que lo hacen con despojo y la lógica de lucro rebasa la planeación. Se les ocurrió poner miles de departamentos y ahorita el problema es cómo dar abastecimiento de agua, obviamente, necesitan el agua de los alrededores”.
La reacción de la gente ante la municipalización, es: “Mi abuelo hizo ese sistema, no te lo vamos a regalar”. El municipio enfrenta una resistencia popular basada en los usos y costumbres y aunque legalmente les corresponde la administración del agua, en la práctica los pueblos se apropiaron de ese papel.
El 3 de febrero del año pasado las autoridades municipales tomaron el pozo Centro, pero actualmente está bajo la administración de la comunidad. En noviembre y diciembre de 2015 siguieron los intentos de tomar las instalaciones del sistema “de forma violenta” por parte de grupos de choque.
Hasta el momento, a casi tres años de enfrentamiento entre la población de Coyotepec y sus autoridades municipales, la red hidráulica, los tres pozos y las pipas siguen bajo el control del sistema comunitario. Ahora, bajo la administración del panista Pedro Luna Vargas, quien empezó su administración el 1 de enero de 2016, los habitantes notaron un cambio en el discurso. Se evita mencionar la palabra “municipalización”, pero dicen, en realidad se persigue lo mismo.
Luna Vargas inició una campaña para promover una consulta ciudadana que decida el control del agua del municipio.
“La gente no quiere ceder su agua. El servicio quizá no es el adecuado, pero no tenemos una crisis en el abastecimiento de agua potable, no hay reclamos fuertes. La gente está preocupada por ponerse al corriente. Confiamos en que la ciudadanía no aceptará la consulta”, agregó Velázquez Morales.
LO QUE SIGUE EN COYOTEPEC
Sergio Velázquez reconoce que no se cuenta con el financiamiento necesario para administrar el Sistema Autónomo, ya que “la mayoría” de los usuarios registrados arrastran adeudos. El pago por el servicio es de 50 pesos mensuales (con descuentos a los de menos ingresos), pero algunos deben incluso desde hace 10 o 20 años, calcula señalando las listas de morosos colocadas afuera de la oficina localizada dentro del Palacio Municipal.
–¿La Comisión Nacional del Agua (Conagua) tiene presencia en Coyotepec? –se le cuestionó.
–Desde la década de los 70, afirmó, la Conagua tiene 11 pozos que se alimenta del Río Cuautitlán. Pero el agua la traslada principalmente a la Ciudad de México y sólo envía a dos barrios de Coyotepec desde el pozo 30. La falta de ingresos por adeudo ha desembocado en que sólo se utilizan dos de los tres pozos disponibles para distribuir el agua. Cada día en un barrio distinto se lleva el líquido de 6 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado. Las personas que no lo reciben pueden acudir a la oficina por un vale que les garantiza el envío de una pipa o una camioneta con mil litros. Las pipas distribuyen 10 o 20 mil litros de agua entre los usuarios demandantes.
Además de este problema, desde noviembre de 2013 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha cortado la electricidad de los pozos al menos dos veces, por un adeudo de entre 30 y 35 millones de pesos, afirma Velázquez. Esto orilló a los habitantes a abastecerse de agua a través de las pipas.
De acuerdo con José Antonio Lara, los cortes de luz son una forma de “asfixiar” al sistema de agua por parte del Ayuntamiento. Los habitantes también aseguraron que a esa deuda se le agregaron varios millones de multas que la CFE dio al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) local.
Coyotepec también está en el camino de independizarse de la CFE y pasar a un sistema de energía usando paneles solares.
Actualmente, el pueblo está en alerta. Tienen información de que grupos de choque buscarán tomar de nueva cuenta la delegación. Se han reunido en asamblea y acordaron establecer guardias en la oficina para impedir que eso se realice.
Según lo señaló Gloria Montiel, las personas que integran estos grupos son del mismo municipio y son gente relacionada con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En varios enfrentamientos, estos grupos han contado con el apoyo de policía estatal, ya sea encapsulando a los autónomos o sólo mirando cuando están propinando golpes.
“No será sencillo con el Gobierno. El proyecto de Ciudades Bicentenario es millonario y ambicioso y no cesarán en su intención de llevarse el agua. Es un sistema comunitario que tiene bastante actividad y vida, y es mucha gente la que está involucrada”, concluyó Lara Duque.
Eran las ocho de la noche, según testigos, cuando un grupo de soldados detuvieron a Nitza Paola Alvarado Espinoza, de 31 años, y a José Ángel Alvarado Herrera, de 30, cuando circulaban en su vehículo por Buenaventura, Chihuahua. Luego los elementos se dirigieron a la vivienda de Irene Rocío Alvarado Reyes, de 18 años, y también la detuvieron.
Según información obtenida por Human Right Watch (HRW), cuando los familiares intentaron presentar una denuncia ante el Ministerio Público Estatal, el agente de esta institución les indicó que “tenía conocimiento que las personas estaban detenidas en el Batallón 35 de Infantería de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua”, y que la familia debía esperar varios días antes de tomar cualquier medida. Siete años después, sigue sin conocerse el paradero de estas tres personas. Una investigación posterior realizada por la CNDH concluyó que habían sido víctimas de desapariciones perpetradas por militares.
Una amiga de Nitza relató a HRW, que el 3 de febrero de 2010, recibió una llamada telefónica proveniente de un número que no reconoció. Al atender, escuchó la voz de Nitza, que decía: “Ayúdenme, sáquenme de aquí. Sigo viva, tengo miedo”. Entonces, su amiga escuchó la voz de un hombre decir, “puta madre, pinche vieja ya habló. Te dije que no la dejaras sola”, y luego nada, la llamada se cortó.
La persona que recibió la llamada se presentó ante el ministerio público para realizar la denuncia, a quienes acompañaron sus familiares para pedir a la instancia se ocupara del rastreo del número telefónico, sin embargo la acción no se llevó a cabo, pese al constante planteamiento de los familiares en las reuniones que mantuvieron con los agentes.
Según informes de Amnistía Internacional, en relación con la problemática de desapariciones forzadas en Chihuahua, “las autoridades han demostrado ser ineficientes y poco diligentes para investigar estos casos y en casi todos ellos las víctimas continúan desaparecidas, algunas han aparecido sin vida”.
Así es como cifras oficiales indican que mil 698 personas se encuentran actualmente desaparecidas en el estado de Chihuahua. Siendo el municipio de Cuauhtémoc, el que mayores números reporta, con 351 personas desaparecidas. Recientemente el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C. ha lanzado una campaña de denuncia ante el incremento de las desapariciones forzadas en Ciudad Juárez, dando a conocer que ellos actualmente tienen nueve casos de desaparición forzada, sin embargo la cifra negra es alta, ya que muchas familias han decidido, generalmente por miedo, mantener en el anonimato la desaparición forzada de sus cercanos, por lo que no aparecen en las listas de denuncias.
“Aunque Chihuahua ya aportó el registro de desaparecidos, además de muestras ADN de familiares de desaparecidos, no debe ser motivo de ‘festejo’, se ocupa el cuarto lugar en desapariciones forzadas y no se detienen, no se previenen, no se están localizando a las personas con vida.
Sumemos la indiferencia de las autoridades, en cualquier país no tendrían porque salir a exigirle a su ‘gobierno democrático’, que busque a sus personas, mucho menos que denunciar que son sus militares, marinos y su seguridad pública quienes los están desapareciendo. Peña Nieto terminará su sexenio con miles de desaparecidos más que Calderón, todos sin justicia, sin esclarecimiento del caso y sin explicación lógica”, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO la activista social Patricia Vera.
A su vez menciona que a poco más de un año y medio que Chihuahua aportó el registro no han habido grandes avances en la problemática de las desapariciones forzadas y tampoco respuestas para las familias que tienen relación con la lista. “Es ahí donde observamos que no hay otra salida que las presiones colectivas y públicas sobre funcionarios para que realicen investigaciones a profundidad, sin revictimizar a las víctimas, pero esto último es parte esencial del sistema de in-justicia mexicana.
Sobre todo cuando se trata de desaparecidos por parte de las Fuerzas Armadas, es a los familiares a quienes se les termina investigando, interrogando, aun cuando sean ellos quienes realicen todas las pesquisas, se las entreguen y esperen resultados, el apoyo casi nunca llega”, comenta Vera.
Representación de ello es el caso de Víctor Manuel Baca Prieto, de 21 años, también presentado por HRW, quien fue detenido entre las 10 y las 11 de la noche, mientras comía en un puesto en la vía pública en Ciudad Juárez, Chihuahua. Dos amigos de Víctor comunicaron a la familia que habían sido detenidos arbitrariamente por soldados esa misma noche, llevados a una base militar y torturados para que brindaran información acerca de carteles de narcotráfico.
Gerardo Baca Portillo, padre de Víctor, al enterarse de la desaparición de su hijo, buscó la ayuda de distintas autoridades, incluido el Ejército y la policía, pidiendo explicación del paradero del joven y el porqué de la detención arbitraria, sin embargo le negaron haberlo detenido.
El caso finalmente fue transferido a los agentes del Ministerio Público militar, quienes tampoco adoptaron medidas de investigación básicas, como interrogar a los soldados que se encontraban patrullando la zona donde Víctor supuestamente fue detenido aquella noche, como esa inconsistencia se han repetido varias y el padre del joven declaró al organismo que no tenía mucha esperanza, porque siempre que alguna autoridad trabajó honestamente, la retiraron del caso.
La activista afirma que uno de los principales obstáculos para las familias es enfrentarse a una sobreprotección de las Fuerzas Armadas y también, en este momento, a un gobernador ‘ciego’, que no bastándole dejar en la indefensión a la ciudadanía que ha perdido a alguien de esta manera, “los insulta diciendo que no existen desaparecidos en regiones como Ciudad Cuauhtémoc, Duarte dijo que solamente hubo un caso y se resolvió cuando habla de uno de los principales focos rojos de Chihuahua en cuanto a inseguridad y desaparición forzada”.
El gobierno de la Ciudad de México, ha emprendido en los últimos meses, una campaña represiva, en contra de mercados, especialmente al oriente de la ciudad. El pasado 27 de abril, locatarios del mercado “Jamaiquita”, realizaron una rueda de prensa, para exponer las últimas acciones, que ha tomado el gobierno de la ciudad, con el fin de despojarlos de dicho espacio comercial, con la intención de crear un “corredor comercial”, que incluso ya ha sido publicado en medios impresos locales, desde 2013.
El mercado “Jamaiquita” en la delegación Iztapalapa, que existe desde que diversos locatarios, fueron “reubicados” a causa de los daños sufridos en el mercado Jamaica, a raíz del sismo de 1985, desde entonces y hasta la fecha, han permanecido en dicho lugar, en donde principalmente se pueden encontrar arreglos florales, aunque también existen locales de comida y regalos.
En los últimos días, al oriente de la Ciudad de México se viene incrementando una política agresiva contra los mercados populares. Esta política de despojo viene en ascenso a través de la represión del gobierno del D.F. y la delegación Iztacalco contra comerciantes del mercado “Las Chácharas” o la intentona de imponer una tienda Chedrahui a tan solo 40 metros del mercado popular “Agrícola Oriental”.
Más de 30 años de sobrevivencia, por lo que los locatarios decidieron denunciar la represón, que a poco menos de un mes, experimentaron mediante el uso de policía auxiliar, granaderos y judiciales, quienes les han amenazado y agredido en varias ocasiones con la intención de que desalojen los espacios de comercio, que son su única fuente de trabajo.
El terreno en el que se encuentra dicho mercado, es de más de 30 mil metros cuadrados y su ubicación cercana a la Central de Abastos es estratégica y es a lo que atribuyen que comerciantes de la misma central de abastos, se unan a esta campaña de agresiones hacia su contra los más de 400 locatarios del mercado de “Jamaiquita”
HIGA no ha suspendido en su totalidad los trabajos en Xochicuautla y continúan los hostigamientos a los líderes del movimiento contra la edificación de la carretera Toluca-Naucalpan, alertó José Luis Fernández, vocero de la comunidad.
Aunque Gobierno del Estado de México aceptó detener la construcción de la autopista mientras se llega a un consenso de alternativa técnica para el trazo de la vialidad, el comunero refirió que la suspensión de los trabajos sólo se ha respetado en el tramo en conflicto, pero continúan en los parajes Buenavista y Llano de los Negros de la misma comunidad –también en litigio-, resguardados por policías.
A partir del 11 de abril pasado, cuando irrumpió la fuerza pública con el objetivo de demoler los inmuebles del trazo de la vía, refirió el vocero, también se recrudeció el hostigamiento contra líderes de la resistencia.
Por ejemplo, expuso, tras la pérdida de su casa –que fue demolida por la empresa constructora-, el doctor Armando García se vio en la necesidad de vender algunos vehículos a sus familiares, que ahora son seguidos por autos sospechosos.
La semana pasada Antonio, otro integrante del Consejo Supremo, recibió una llamada anónima para anunciarle que lo tenían ubicado y que conocían sus movimientos.
Por esta razón, los habitantes demandan la ampliación y fortalecimiento de las medidas de protección que ya se brindan a integrantes del movimiento.
De igual manera no se descarta la posibilidad de proceder por la vía penal para lograr la justa indemnización de la casa demolida.
El Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) realizó un avalúo del inmueble demolido -auxiliado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)-, pero sólo contempla una construcción sencilla de dos niveles y ninguno de los bienes que se encontraban dentro al momento de la demolición.
Por tanto, la oferta de indemnización no incluye aparatos electrónicos, computadoras, equipo médico, anillos de matrimonio y hasta dinero en efectivo. “Es como si la casa valía 10 pesos y sólo le quieren pagar 2”, indicó.
Fernández refirió que debido al incumplimiento a medias de los acuerdos ofertados y ante la posibilidad de que prevalezcan lo intereses económicos en la edificación de la vía, en todos estos asuntos ofreció intervenir la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
Este día las autoridades involucradas e integrantes de la comunidad acudieron a oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para analizar algunas contrapropuestas técnicas de trazo.
Ixtepec, Oaxaca.- Unos cien ciudadanos originarios de Ciudad Ixtepec y localidades de la sierra mixe–zapoteca que se benefician con los servicios que presta el Hospital General conocido como “30 Camas” marcharon para exigir insumos y medicamentos al encargado del despacho de los Servicios de Salud de Oaxaca Héctor González Hernández y al gobierno de Gabino Cué.
Con pancartas en mano y un equipo de altavoz, los ciudadanos reiteraron que la manifestación se efectuó como respaldo al personal que labora sin medicamentos e insumos y ante una mala situación de infraestructura en todas sus áreas por falta de mantenimiento.
Este hospital que se fundó hace una década (2006) beneficia a familias de al menos doce localidades y sus agencias municipales como son Ciudad Ixtepec, San Pedro Comitancillo, Chihuitán, Laollaga, Tlacotepec, Lachiguiri, Guigovelaga entre otras localidades de la zona mixe-zapoteca.
Los manifestantes señalaron que es una tristeza que las autoridades del gobierno de Oaxaca no les ocupe la salud de los pobres, porque la mayoría que acude a un hospital general es porque no tiene dinero, sin embargo también respaldan a los médicos y enfermeras quienes a falta de opción cerraron el nosocomio.
Esta unidad de salud fue creado para brindar atención a cerca de cien mil habitantes de diversos municipios, sin embargo debido a su falta de calidad, apenas y recibe a 200 y 300 personas al día , siendo únicamente 30 personas las que pueden hospitalizarse por el numero de camas.
Claudia Garduño Carrasquedo, delegada general del Hospital General de Ciudad Ixtepec informó que se cuenta con un quirófano que no se le han cambiado sus filtros desde su construcción asimismo se tiene problemas con la carga eléctrica.
“La infraestructura del hospital es urgente su apoyo, hace cinco meses tiraron toda el área de la zona de pedriatría y neonatos para rehabilitarlo y es la fecha en que no hay nada, estamos trabajando como Dios manda, sin nada pero por fortuna el personal está firme”expuso.
La doctora informó que la base trabajadora a pesar de no contar con medicamentos e insumos que van desde lo básico como gasas sigue prestando el servicio, pues la demanda de la ciudadanía es alta.
“Los SSO nos envían soluciones para 20 días y eso por que realizamos movilizaciones, pero se termina y después seguimos movilizándonos y nuevamente nos surten, así nos traen desde hace más de tres años, es una tristeza que con la salud se juegue cuando muchas personas tienen el riesgo su vida”, añadió.
Compartió que también hace falta personal médico debido a que cuentan únicamente con tres ginecólogos, uno de ellos de fin de semana, pero en las noches el servicio de ginecología se suspende es decir que si llega una embarazada que tenga que dar a luz simplemente no se brinda el servicio.
“Contamos con dos médicos internistas que dividen sus turnos entre semana, solo tenemos también un urgenciólogo y de ahí médicos generales, el personal también es escaso así como los medicamentos e insumos” detalló.
Por su parte, Ramón García Sarabia director del Hospital reconoció que la infraestructura requiere de apoyo urgente de las autoridades debido a que desde hace diez años no cuentan con la cámara frigorífica mortuoria la cual solo funcionó dos meses.
“Este hospital no cuenta con área de selle como esta normado, no hay área blanca, tampoco gris, trabajamos porque amamos lo que hacemos, porque hay que brindarle a la gente atención medica, pero hace mucha falta que se intervenga en el área de quirófano para que tengamos calidad”, explicó.
Desde su fundación el hospital no ha recibido ningún tipo de apoyo en cuanto a la infraestructura a pesar de diversas minutas, el personal trabaja con lo que tienen y solo hace cuatro años (2012) recibieron ciertos medicamentos e insumos.
OAXACA, Oax. (#pagina3.mx).- Indígenas zapotecos rechazaron la operación de las concesiones mineras otorgadas de manera “clandestina” en la Sierra Juárez, al tiempo que denunciaron que el personal de la Procuraduría Agraria acosan a sus comunidades con la intención de que acepten la certificación individual de parcelas y solares urbanos para privatizar su territorio.
Durante el Foro Regional “La minería en Oaxaca. Impactos sociales y ambientales” que se realizó en Santa María Zoogochí, Ixtlán, autoridades municipales y comunales de la Sierra Juárez y organizaciones indígenas se oponen a la operación de las concesiones mineras El Roble y el Roble II que fueron autorizadas por el gobierno federal sin su consentimiento.
Revelaron que “nuestras comunidades no fueron informadas en ningún momento por ninguna institución del gobierno federal, que en el año 2010 se otorgaron las concesiones mineras El Roble y el Roble II, que abarcan 21 mil 72 hectáreas, a la Compañía Minera Teocuitla, o Sundance, o First Mining Corporation, mismas que afectan nuestras tierras y territorios”.
Consideran que “el gobierno federal, al otorgar de manera clandestina las concesiones antes mencionadas, ha violado nuestro derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado; máxime cuando a la fecha tenemos información de que se han realizado: muestras exploratorias a lo largo de 15 kilómetros, donde se ha encontrado material altamente magnético asociado con una mineralización de oro de alta calidad en venas”.
Además ha realizado muestras de reconocimiento con helicóptero (reconnaissance, termino utilizado para operaciones militares).
Su inconformidad radica en que “observamos que es práctica común de las empresas mineras despojar de sus tierras a las comunidades donde pretenden establecer sus proyectos, a partir de su privatización; para lo que cuentan con el apoyo de funcionarios públicos que implementan los programas Procede o Fanar”.
Esto sin contar que las empresas mineras tienen como política, romper el tejido social de las comunidades donde pretenden establecerse o se han establecido, provocando: la confrontación entre familias y miembros de la comunidad.
También promueven la desaparición de asambleas comunitarias u otros espacios para la toma de decisiones colectivas, corrompen a las autoridades comunitarias, municipales, estatales y federales, establecen grupos paramilitares o de otra naturaleza violenta que provocan intimidación entre los habitantes, así como el asesinato de defensores comunitarios.
Asimismo, la explotación minera es una industria que causa distintos tipos de contaminación ambiental y daños graves a la salud humana, de ahí que no se dejan ilusionar con sus promesas de regalías, generación de empleos, u obtención de dinero fácil; porque saben sobrevivir como sus antepasados.
En el foro participaron las autoridades municipales y comunales de San Juan Tepanzacoalco, San Pedro Yaneri, Santa María Zoogochí, San Juan Yagila, Santa Cruz Yagavila, San Miguel Tiltepec, Santiago Teotlasco, Santa María Josaa, Tanetze de Zaragoza y Capulálpam de Méndez.
Además de Unión de comunidades cafetaleras “Unión y Progreso” (UCC), el Comité Procamino del sector Rincón, la radio comunitaria Yaxhil “Didza Lübe”de San Juan Yagila, la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez (UNOSJO) y la organización de mujeres “Ngul Kuidi”.
En el foro se reiteraron su rechazo total a la minería, por todos los daños ambientales, sociales, culturales y a la salud humana que trae consigo esa industria; y en particular se oponen a la operación en nuestras tierras de las concesiones mineras El Roble y el Roble II.
Manifestaron que sus tierras comunales, las cuales nos fueron heredadas por nuestros antepasados y son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
También rechazaron los programas de captura de carbono y otros esquemas oficiales que supuestamente defienden el medio ambiente y combaten el calentamiento global, ya que inducen a la privatización de los recursos de nuestras comunidades.
Ciudad de México. Padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, acompañados de decenas de personas de diversas organizaciones de la sociedad civil, iniciaron a la 17:50 su marcha del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez.
Luego de más de hora y media de marcha, con dos paradas frente a la Procuraduría General de la República (PGR) y el anti monumento de los 43, sobre Paseo de la Reforma, la movilización llegó al Hemiciclo a Juárez.??Frente a la PGR, los manifestantes reclamaron la obstrucción que hizo de la investigación durante todos estos 19 meses, la cual ha impedido dar con el paradero de los 43 normalistas, mientras que en el anti monumento exigieron al presidente Enrique Peña Nieto “dar la cara” y aceptar el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del GIEI.
Ya en el último tramo de la movilización, del anti monumento al Hemiciclo a Juárez, los manifestantes encendieron decenas de antorchas. En el mitin, varios padres de familia y el abogado Vidulfo Rosales señalaron que tras el informe del GIEI quedó muy claro que el gobierno mexicano siempre se condujo dentro de la mentira y el engaño.
“La llamada verdad histórica nunca existió”, dijo el abogado Vidulfo Rosales.
En tanto, Cristina Bautista, madre de una de los estudiantes desaparecidos agradeció a la sociedad mexicana el acompañamiento que les han dado estos 19 meses.
La movilización concluyó sin incidentes, cerca de las 21 horas, con la entonación del himno “Venceremos” y la exigencia de la aparición con vida de los jóvenes normalistas.
La marcha se dio en exigencia por la aparición de los jóvenes normalistas, justo a 19 meses de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014. Decenas de elementos de la policía capitalina, apostados en la aceras de Paseo de la Reforma, vigilaron la movilización.
Le han sacado más de 3 millones de metros cúbicos de material pétreo al río para la construcción del grupo VIDANTA, que han explotado y contaminado terriblemente el lugar.
Vecinos de Jarretaderas, un poblado que se ubica a 3 minutos del fraccionamiento Nuevo Vallarta, también se unieron a la protesta en donde denunciaron que su pueblo ha sido marginado por mayan Palace (VIDANTA) y que les han levantado bardas que les cierran los cinco accesos al rio y a playa, para evitar que los pescadores y pobladores acedan.
Los manifestantes denuncian públicamente que le han sacado más de 3 millones de metros cúbicos de material pétreo al río sin ninguna autorización, en donde normalmente hay entre 20 y 25 volteos sacando material pétreo del rio diariamente y que va a la construcción del grupo VIDANTA que han explotado y contaminado terriblemente la naturaleza del lugar.
Los pobladores le ha pedido que a cambio de todo el daño que le han hecho al pueblo de Jarretaderas les hagan un proyecto para mejorar la comunidad, pero nunca lo han querido hacer, ni siquiera una calle han querido pavimentar.
Lo que les gustaría prevenir es que no se vaya a destruir la Isla de los Pájaros, porque Mayan Palace trae el proyecto del famoso Cirque du Soleil, en el cual se supone que van a desarrollar dentro la Isla y que podría destruir el habitad de los animales que se supone está catalogado como Parque Nacional.
Los vecinos comentan que le han pedido a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología y también al presidente municipal de Bahía de Banderas José Gómez que les transparenten los proyectos, pero que jamás le han hecho caso.
Por su parte el Director de la Fundación Jean-Michael Cousteau´s en América latina, Rubén D. Arvizu, quien está en bahía de Bandera realizando una investigación para un documental, dijo que le encantaría platicar con el presidente municipal e invitarlo a la conferencia que estará dando en el desarrollo de la playa Destiladeras, Nayarit.
El Lic. Indalecio Sánchez quien también es vecino del lugar recalcó que el problema no es tan solo del presidente municipal, sin han sido gobernadores de 2 o 3 trienios y lo más terrible es que el presidente de la Republica acaba de condecorar con la medalla del mejor emprendedor del país, al fundar del Mayan Palace Daniel de Jesús Chávez Moran.
“Que incongruencias tiene la vida: Un señor que en su manifestó dice que este es un destino prístino y que tienen un compromiso con la sociedad y el medio ambiente, pero realmente hacen lo que quieren y todavía lo premian” exclamaron los vecino
Ocupando el primer lugar a nivel nacional en territorio concesionado a empresas mineras mexicanas y extranjeras con el 44% de su extensión, el estado de Colima ha sido escenario de diversos conflictos en comunidades que se ven afectadas por tal actividad, como el caso de Zacualpan, municipio de Comala; Canoas en Manzanillo y algunas enclavadas en la Sierra de Manantlán, zona limítrofe con Jalisco, como La Coconal, Mameycito, Puertecito de las parotas y Los Potros.
Desde desapariciones, asesinatos, represión e intimidación policial y un ambiente de división en comunidades impulsadas desde el gobierno del estado, son las consecuencias que ha traído consigo la actividad minera en Colima, que actualmente, siguen presentándose sin señales de voluntad gubernamental para velar por los intereses de las poblaciones afectadas.
De acuerdo a información oficial que se encuentra de manera pública en la página de la Secretaría de Economía, hasta el año 2014, el estado de Colima contaba con un total de 357 registros de concesiones mineras, de los cuales, 48 se catalogaban como “cancelados”, quedando un total de 309 concesiones activas.
Peña Colorada, acusada de desplazamientos, contaminación y asesinato
Entre el registro de concesionarios figura el consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada, teniendo sus instalaciones principales en el municipio de Minatitlán, empresa acusada de desplazamientos, asesinato y causante de enfermedades en la piel, así como de contaminar ríos que eran aprovechados por pobladores de comunidades como fuente de subsistencia.
Félix Monroy Rutilo, habitante de la comunidad de Los potros, en Minatitlán, aseguró en una entrevista para este reportero en mayo de 2014, que la empresa minera ha sido responsable del asesinato de su padre e hijo tras oponerse a la entrega de tierras, ambicionadas por la empresa para ser utilizadas como depósito de desechos, así como de amenazas de muerte en su contra.
Por otro lado, su hija, Guadalupe Monroy, es víctima de una infección en la piel que comenzó cuando vivía cerca de la zona donde Peña Colorada tiraba sus desechos, padecimiento que sufren también sus hijos, tras vivir en las inmediaciones de un basurero, área en la que fueron reubicados por la empresa cuando esta ocupó sus terrenos.
ruz Mancilla Deníz, de la comunidad de Mameycito, se queja de que el río que anteriormente se aprovechaba para la pesca, ha sido contaminado por la minera, ya que los langostinos y peces comenzaron a escasear desde que los depósitos de desechos se llenaron y los excedentes acaban en sus aguas. Lo poco que obtienen, no lo pueden vender como antes porque los compradores saben de la contaminación de ese río y los cercanos; todas esas problemáticas aún existen sin soluciones claras, con inmunidad e impunidad para el consorcio minero.
Canoas, Manzanillo; comunidad que triunfó ante el asedio minero
Otro proyecto que se encuentra en estado de “postergación” según los datos de la Secretaría de Economía, es la mina Eva Manzanillo, de la empresa estadounidense Irk Iternational (Minerals & Metals), que generó un conflicto en la comunidad de Canoas, del municipio costero.
Con el riesgo latente de contaminación del río que abastece de agua a la comunidad, dicho proyecto minero dio marcha atrás luego de la presión de los pobladores, quienes testimoniaron en la voz del habitante Jaime Pedraza Ochoa, haber sido intimidados por guardias que portaban armas de grueso calibre a bordo de una camioneta, por estar en las inmediaciones del predio; declaraciones dirigidas al entonces delegado de Semarnat, Ernesto Pasarín, en una reunión llevada a cabo en la casa ejidal de la comunidad en septiembre de 2014.
Gracias a la organización popular, a varias manifestaciones y a la presión que los habitantes y organizaciones ejercieron en las diferentes autoridades, la explotación del predio fue frenada, aunque la inminencia de los intereses mineros no se descarta en un futuro, toda vez que el actual gobernador Ignacio Peralta considera la actividad minera un sector que “presenta un enorme potencial de desarrollo”.
Caso Zacualpan: intervención del gobierno para dividir e imponer proyecto minero
Desde que se hicieron públicas las intenciones de un pequeño empresario local de nombre Rigoberto Verduzco para explotar una mina de oro, cobre y manganeso, en la comunidad nahua de Zacualpan, Comala, el conflicto no se hizo esperar.
Aproximadamente a un kilómetro de distancia del manantial de Zacualpan que abastece de agua a Colima-Villa de Álvarez, el proyecto minero fue rechazado por los habitantes indígenas, asesorados por la organización ambientalista Bios Iguana.
Desde entonces, los opositores a la mina han sido víctimas de intimidaciones policiacas, calumnias y ataques físicos por parte de un grupo de choque ligado al PRI, conformado por propios habitantes de la comunidad y liderado por caciques simpatizantes del gobierno del estado.
A pesar de que ya fue declarado como territorio libre de minería, siendo la primera comunidad a nivel nacional en lograrlo, el riesgo del proyecto sigue latente, ya que los últimos sucesos de violencia, donde se lanzaron piedras a miembros del Comité Indígena por la Defensa del Territorio, reafirman una tendencia que no es ninguna novedad: empresarios y gobierno dividiendo a las comunidades, financiando a grupos de choque (esto último declarado por Taurino Rincón, presidente del comisariado de bienes comunales) y criminalizando cualquier apoyo de activistas opositores a proyectos mineros.
Existen en el estado 11 empresas de capital extranjero propietarias de varias concesiones, de las cuales seis son estadounidenses; dos de capital ítalo-argentino y de la India; una de Canadá; una del Reino Unido y una de China (ésta última tiene 13 concesiones, con la etiqueta “sin especificar” para referirse a su ubicación y demás detalles).
En todo el país, más de una quinta parte del territorio pertenece a empresas mineras, que han ocasionado un sin número de conflictos sociales y ambientales, y que han sido combatidas y vencidas en varias ocasiones mediante la organización de los pueblos y la solidaridad de organizaciones ambientalistas y defensoras de derechos humanos.
Acusan a López Lara de inacción, pese a compromisos
Profesores de la CNTE señalaron que hasta el momento la SEP y la SEJ ha retenido los salarios de 179 profesores que presumiblemente iban a ser dados de baja
Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que se encuentran en plantón en la Plaza de la Liberación, denunciaron el posible desalojo por parte de autoridades estatales pues consideran que afectan la imagen del primer cuatro de la ciudad, pretensión que se realizaría sin haber cumplido una de las demandas de los docentes: liberar los pagos de los profesores cesados.
Desde el mes de marzo que los profesores cesados no reciben su paga por parte de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ). Esta fue una de las demandas presentadas al secretario de Gobierno, Roberto López Lara, y precisaron un posible desalojo por parte de autoridades estatales.
La cifra oficial de profesores cesados en Jalisco es de 473, pero los frentes de protesta contabiliza 179 profesores: 76 de nivel básico y 103 de nivel medio superior, siendo estos los únicos que fueron notificados.
Jesús Castolo, de la dirección del Frente Magisterial de Jalisco (FMJ), señaló que la acción contra los profesores es “un cese ilegal: los profesores van a ver la condición de sus préstamos y en Pensiones del Estado les dicen que no están dados de baja”, pues consideran que sólo están retenidos sus salarios.
El secretario de Relaciones Exteriores del Sindicato Único del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (Suacobaej), aseguró que el patrón, en este caso el Cobaej “tiene 5 días para notificar a Conciliación y Arbitraje cualquier proceso de rescisión laboral o despido, la figura de cese en realidad no existe, no está contemplada, es una retención ilegal de trabajo, lo que quiere decir que valiéndoles por completo cualquier consideración legal, está reteniendo los salarios”, explicó Carlos Schel.
En ese sentido Jesús Castolo exigió se liberen los salarios devengados a sus compañeros maestros que desde el mes de marzo los tienen retenidos “a Roberto López Lara se le exigió el pago, pero no se ha hecho, mientras que en Zacatecas y Chiapas ya los liberaron”, por lo que se preguntó porqué en Jalisco no ha ocurrido así.
Jesús Castolo precisó que la evaluación a los profesores formulada por la SEP y emprendida por el Instituto Nacional de Evaluación “no impacta en la educación: para hablar de reforma educativo tenemos que hablar de planes y programas educativos, y eso ni Peña Nieto ni su testaferro, Aurelio Nuño, han planteado”, dijo el miembro del FMJ.
Además confirmaron su participación en las movilizaciones del primero de mayo y el paro indefinido de labores el próximo 15 de mayo, donde la dirección nacional de la CNTE calcula alrededor de 550 mil maestros “que van a parar el país”, afirmó Jesús Castolo.
La construcción se encuentra en la etapa de montaje de motores y abanicos.
Son tres parques, de 50 megas cada uno
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La construcción de los tres parques eólicos ubicados entre Llera, Ciudad Victoria y Güemez, registran un avance de 60 por ciento, informó el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Humbertó René Salinas Treviño.
Los equipos ya están llegando, y las cimentaciones se encuentran terminadas, por lo que están en etapa de montaje de los abanicos y motores en las torres. De manera que los parques iniciarán operaciones, tentativamente, en noviembre.
Se proyecta que para noviembre entren en función los tres parques.
Recientemente se aprobó en Reynosa, la construcción de otros tres parques, los cuales venderán la energía que produzcan a CFE.
Los parques son inversiones privadas, que de acuerdo a la ley, pueden vender la energía a quien sea. De hecho, estos parques se construyen a partir de que cuentan con un cliente a quien vender la energía, pues son inversiones muy grandes las que se requieren para su construcción.
Los parques eólicos de Llera, Ciudad Victoria y Güémez, venderían la energía que produzcan a empresas como Walmart y Soriana, situación que de alguna manera, los inversionistas tienen ya acordado.
En Reynosa se aprobó la construcción de tres parques más.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que el juzgado quinto de distrito con sede en Igual, Guerrero, dictó auto de formal prisión en contra de dos elementos de la Policía Federal (varones), un capitán del Ejército (varón) y una soldado que participaron actos de tortura cometido en agravio de Elvira Santibáñez Margarito, en febrero de 2015, durante un operativo realizado en Ajuchitlán, Guerrero.
El auto de sujeción a proceso se dictó luego de que el juez de la causa consideró suficientes los elementos presentados por la PGR para acreditar la probable responsabilidad de los procesados, en la comisión de actos de tortura.
Previamente, el Auto de Formal Prisión ya había sido emitido en contra de un elemento del sexo femenino de la Policía Federal, cuya orden de aprehensión fue cumplimentada por elementos de la División de Investigación.
Proponen crear comités alternos a la constituyente para incidir en el desarrollo urbano
Se declaran listas para movilizarse e impedir que se flexibilice la ley en detrimento de la población
Foto Alfredo Domínguez
Organizaciones civiles y vecinales del sur de la capital convocaron a todos los movimientos en contra de la vorágine de desarrollos inmobiliarios en la ciudad a hacer un frente común para realizar asambleas y crear comités que de manera alterna a la Asamblea Constituyente decidan el rumbo que debe seguir la ciudad en materia de desarrollo urbano.
En conferencia de prensa, indicaron que estarán listos para movilizarse e impedir que se busque flexibilizar las leyes para perpetuar la interlocución del gobierno con los inversionistas en detrimento de la ciudadanía.
Advirtieron que en las propuestas que surgen de la reforma política ya se plantea la creación de un consejo de desarrollo metropolitano, que tendría facultades supraestatales y dictaría los lineamientos en esta materia, sin tomar en cuenta a los capitalinos.
Alejandro Velázquez, de la coordinación de pueblos, barrios originarios y colonias de Xochimilco, advirtió que en el contexto en que se elegirá a la constituyente ocurrirán otros procesos que resultan preocupantes y sobre los que hay que estar alerta.
Entre ellos, abundó, está la propuesta de modificar leyes nacionales en materia de desarrollo urbano, que promueve la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, y la próxima conferencia mundial Hábitat, que podrían cambiar por completo las relaciones entre las ciudades y sus habitantes para favorecer intereses privados.
En una declaración conjunta, con la coordinación de asambleas de los Pedregales de Coyoacán y Agua para Todas, manifestaron que la Ciudad de México se ha convertido en una vorágine que destruye lo comunal para dar pie a lo comercial.
“Aunque salimos a las calles a manifestar nuestro descontento, las soluciones no son visibles y muchos las instancias de interlocución para denunciar lo que se está haciendo mal”, refirieron.
De ahí, agregaron, el llamado a la conformación de comités y asambleas independientes de quienes han sido excluidos del proceso del constituyente para decidir el rumbo de la ciudad.
Bloquearon los trabajos de la Autopista Siglo XXI a la altura de la comunidad de San Rafael Zaragoza, en protesta porque desde hace dos años nadie se quiere hacer responsable de los daños a los canales, caminos de zaca y puentes de acceso, afectando a más de mil productores, denunció Ranulfo Flores Benítez, de la Asociación de Usurarios del Río Cuautla.
Molestos por los múltiples daños que enfrentan varios ejidos en el tramo del megaproyecto de la autopista Siglo XXI en su paso por Morelos, se ven precisados a bloquear las obras hasta en tanto se deslinden responsabilidades y se logren acuerdos sobre la indemnización y reparación de daños en canales y caminos.
Flores Benítez expuso que desde hace dos años y medio quedaron de mostrar los proyectos, presentar los permisos y hasta la fecha no han presentado nada y no cuentan ni con los permisos correspondientes, y los afectados son ya cerca de 2 mil ejidatarios.
Advirtieron que se corre el riesgo de que los anales se rompan o se derrumben al permanecer por largo periodo secos, situación que agrava el problema, por lo que urge que se tomen cartas en el asunto antes de que siga avanzando este proyecto.
Cabe referir que al lugar llegaron representantes del Gobierno estatal y de la constructora, quienes se comprometieron a sostener una mesa de negociaciones para el próximo viernes a las 10:00 horas, no solo para escuchen las quejas sino tomar acuerdos sobre la reparación de daños e indemnizaciones correspondientes.
Para terminar, Flores Benítez, luego de advertir que si antes de la reunión reanudan los trabajos de esta autopista que unirá al Golfo de México con el Océano Pacífico, volverán a bloquear.
Tortura en flagrancia. Dos militares y una policía federal uniformadas y armadas con ametralladoras intimidan a una mujer descalza y esposada, tirada en el suelo. Primero una soldada le pone un trapo amarillo en la cara y la encañona, después la policía federal le coloca una bolsa de plástico en la cabeza hasta casi asfixiarla. “¿Vas a hablar, quién es la pinche María?” “¿Qué María?, yo no la conozco”, responde la torturada. La operación de asfixia se repite. Abatida y sollozante, la víctima intenta recuperar la respiración, mientras una de las torturadoras le espeta: “Pinche vieja dramática, hija de tu puta madre, ya te acordaste quién es María o quieres más bolsa o quieres agüita o quieres toques, dime tú qué quieres”. Repulsivo y estremecedor, el video se difundió viralmente en las redes sociales. Elvira Santibáñez, de 22 años, fue torturada el 4 de febrero de 2015 en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, por presuntamente pertenecer a La Familia Michoacana. Actualmente se encuentra presa en el penal federal de Tepic, Nayarit, por el delito de portación de arma de fuego.
En un hecho sin precedente, el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, ofreció “una sentida disculpa a toda la sociedad agraviada por este inadmisible evento”. El discurso del general secretario fue pronunciado en el Campo Militar Número 1-A ante más de 30 mil efectivos de distintos rangos y fue transmitido en vivo a los casi 170 mil elementos del Ejército. A pesar de que se trató de presentar el suceso como un acto aislado, el general Cienfuegos se comprometió a castigar ante la ley castrense y en el fuero civil a los elementos que “actúan como delincuentes, no respetan a las personas, cometen actos ilegales de deshonor o atentan contra la vida, la dignidad, la seguridad, la integridad y el patrimonio de los mexicanos”. Y enfatizó: “Tenemos la ineludible obligación de denunciar actos desleales contrarios a la ley y a la disciplina militar.”
A las disculpas del secretario de la Defensa, siguieron las del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, quien reafirmó el compromiso del gobierno federal de erradicar por completo la práctica de la tortura, que “no se justifica en ningún caso, ni siquiera en los peores escenarios”; así como las del titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales: “Procede pedir perdón y procede asumir las medidas necesarias para que estos hechos no se repitan”.
La reacción gubernamental responde a una estrategia de comunicación concebida para contrarrestar dos temas distintos, pero estrechamente relacionados: el efecto del video y la presión internacional ante la gravedad de la situación de los derechos humanos en México. Mi hipótesis es que el video de la tortura, documentado hace 14 meses, fue presumiblemente filtrado por las mismas autoridades castrenses, ya que sólo uno de sus miembros pudo haberlo grabado. La táctica fue ofrecer disculpas por lo que se presenta como un hecho aislado, omitiendo cualquier referencia a casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales (Apatzingán, Tlatlaya, Tanhuato), la aun no resuelta tragedia de Iguala o las desapariciones forzadas, con el fin de “limpiar” la imagen de las fuerzas armadas y de las autoridades de seguridad ante las críticas del gobierno estadunidense y de Alemania, país visitado hace unos días por el presidente Enrique Peña Nieto.
No es casual que la filtración del video y las consecuentes disculpas hayan ocurrido días después de que se hizo público el Reporte sobre la situación de los derechos humanos en México elaborado por el Departamento de Estado estadunidense y enviado al Senado de Estados Unidos. El informe de 34 páginas hace un recuento detallado de los problemas en materia de derechos humanos que persisten en México: participación de militares en “abusos graves” como ejecuciones, tortura y desapariciones forzadas; amenazas y violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas; censura y autocensura de la prensa por presión gubernamental; colusión de funcionarios con el crimen organizado; tráfico de personas; arrestos arbitrarios; secuestros con complicidad de la policía; falta de acceso a juicios justos; precaria condición de las prisiones, violencia contra las mujeres así como altos índices de corrupción e impunidad. “La impunidad por abusos de los derechos humanos persiste en todo el país con niveles de procuración de justicia extremadamente bajos”. Se mencionan los casos no resueltos de Apatzingán, Tanhuato, Tlatlaya y Ayotzinapa.
Coincidiendo con la visita del mandatario mexicano al país germano, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México publicó el miércoles 13 una carta abierta dirigida al presidente de Alemania, Joachim Gauck, y a la canciller federal, Angela Merkel, en la que se afirma que “la crisis de derechos humanos ha adquirido dimensiones catastróficas en este país”. (La carta completa puede leerse en el portal de la coordinación.)
Por tanto, la petición de perdón del Ejército y de las autoridades de seguridad deben tomarse con reservas, al tiempo de exigir la pronta, justa y verosímil solución de las atrocidades mencionadas, así como el cumplimiento del compromiso formal del secretario de la Defensa y de los funcionarios de seguridad del gobierno federal de erradicar no sólo la tortura sino toda forma de violación a los derechos humanos y sancionar a los responsables de transgredirlos. Asimismo, es imperativo que los juicios militares y civiles en casos de barbarie –trátese de tortura, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas– se realicen conforme a derecho, respetando el debido proceso y la dignidad de las víctimas, en lugar de manipular y transgredir la ley para encubrir y mantener impunes a los responsables de violar los derechos humanos en México con el beneplácito de los más altos representantes del gobierno actual, como ha ocurrido hasta ahora. Sólo así se concretarán y aceptarán las disculpas.
Mario Vega
Exigen frenar la destrucción de sus canales de riego. Campesinos de municipios de la región oriente de Morelos, agrupados en la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco), bloquearon de nueva cuenta la construcción de la autopista Siglo XXI, desde los campos del poblado de Atotonilco hasta el municipio de Tlaltizapán para exigir un alto a la destrucción de sus canales de riego que está cometiendo la empresa constructora, amparada en presuntos derechos federales.
Los manifestantes aseguran que de no tener una respuesta favorable por parte de las autoridades del gobierno federal, del gobierno estatal y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ampliaran su bloqueo desde el municipio de Jantetelco hasta el Higuerón, pues aseguran que el daño a las tierras de cultivo es grave, va en contra de la producción de alimentos y atenta contra el sustento de las familias campesinas.
El presidente de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla, Ranulfo Flores Benítez, aseguró que son más de tres mil los campesinos afectados por las obras de construcción de la autopista Siglo XXI, por lo que en el bloqueo se han dado cita todos los representantes de los núcleos ejidales.
“Son arriba de tres mil afectados de esta asociación nada más, estamos aquí todos los comisariados de la asociación, para que vean que aquí actuamos como asociación, que son 31 ejidos más 12 propiedades, entonces son 43 representantes, más aparte están los comisariados de Tlaltizapán, Jojutla y Tlaquiltenango”, señaló.
Flores Benítez denunció que a la fecha, la empresa constructora ha destruido por lo menos tres canales importantes que ha dejado sin sistema de riego a miles de hectáreas de tierra. “Nos están invadiendo los canales generales, están pasando por encima sin autorización y causando daños, más aparte todos los laterales y achololeros, nos están afectando sin ninguna autorización. Nosotros no hemos dado autorización, tampoco la Conagua y ellos están diciendo que es obra federal y que no tenemos ningún derecho de rezongar, que ellos tienen todo el derecho de pasar por encima sin tomarnos en cuenta. Les estamos demostrando que no es así”.
El dirigente de Asurco asegura que lo único que exigen los campesinos afectados, es que haya respeto y que reparen los daños que ya causaron. “Si hoy no nos dan respuesta, vamos a bloquear de punta a punta porque están por unirse desde el municipio de Jantetelco y Jonacatepec, están pidiendo información para unirse a nosotros, pero de Atotonilco hasta Tlaltizapán estamos unidos hasta el Higuerón. Ahorita en un rato, si no dan respuesta, de Tlaltizapán hasta la salida a la autopista del Sol estaremos tapando”, reiteró.
Cerca del medio día, hasta el lugar del bloqueo llegó Gerardo Bernardo Cubría Bernardi, delegado federal en Morelos de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien ofreció sostener una reunión con las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para analizar el conflicto, mientras tanto las obras permanecerán suspendidas, hasta conocer los resultados de dicha reunión que se llevará a cabo el próximo viernes.
En la comunidad de Tocuila Texcoco, la situación es tensa. Siguen introduciendo maquinaria y materiales, esta vez en el tramo que corresponde a San Felipe y Santa Cruz, pueblos vecinos, justo donde entraron hace unos días y se les echo. Lo que dicen los señores “trabajadores” y la empresa a la que representan es que “ese tramo esta negociado”.
Sin embargo, subrayamos que SE SIGUE COMETIENDO UNA VIOLACIÓN AL AMPARO CONTRA LA CARRETERA PIRÁMIDES-TEXCOCO, y no solo las empresas destructoras están cometiendo una grave falta legal, sino las mismas autoridades municipales, estatales y federales saben lo que está ocurriendo en los pueblos de la Orilla del Agua y callan como callan los cómplices que se enlodan con la impunidad y la injusticia.
Hacemos responsable al gobierno federal de todo el agravio y autoritarismo que está imponiendo en nuestros pueblos que DECIMOS NO AL DESPOJO, NO AL AEROPUERTO, NO A SUS CARRETERAS IMPUESTAS.
Hacemos un llamado enérgico a los tribunales agrarios para que procedan contra los que están violando nuestro territorio que legalmente, está amparado contra cualquier acción y obra que implique la degradación y despojo de nuestros suelos sagrados.
Compañer@s: con nuestras propias manos vamos a anegar los tramos donde insisten en invadir.
Pedimos a todos su atención y solidaridad. Vamos a seguir ocupando herramientas de trabajo (palas planas y cucharudas, picos, rastrillos, barreras…) para hacer las trincheras que haya que hacer en nuestros campos, por lo que haremos un acopio en ATENCO desde el día 3 de mayo.
Mediante boletín avalado por el sindicato, conmina a sus empleados a no hacer comentarios negativos respecto a las utilidades so pena de ser despedidos.
Sabinas, Coahuila.- Increíblemente, la empresa Trinity Rail Sabinas, ha anunciado a través de su sindicato de trabajadores, que habrá despidos inmediatos a quien realice publicaciones en Facebook en contra de la empresa, principalmente por reclamos de pagos de utilidades, dicho acuerdo quedó establecido en un comunicado que se dio a conocer al interior de la empresa.
Y es que desde hace algunos días, trabajadores han demostrado su inconformidad por el pago de utilidades, pues señalan que en este 2016 fue poco dinero lo que recibieron por dicha prestación, inclusive compararon unos recibos de pago de la empresa Gunderson de Monclova, la cual es del mismo giro y que hizo pagos de utilidades muy superiores a los se darán en Trinity Rail Sabinas.
Lo anterior valió para que ya se hayan presentado algunos despidos y por ello la empresa advirtió a los trabajadores que todo aquel que publique, comente o le dé un simple like a un comentario relacionado con el tema, será dado de baja de manera inmediata de la empresa.
Para tal efecto, la empresa y el sindicato, también acordaron activar un monitoreo constante de las redes sociales, para así detectar a quien realice publicaciones o comentarios en contra de la empresa.
“Empresa y sindicato, acuerdan la terminación laboral de los trabajadores que a través de las redes sociales publicaron comentarios referentes al proceso de PTU a través de los cuales promueven inconformarse por medio de actos ilegales”, se lee en el comunicado y añade, “Empresa y sindicato acuerdan monitorear las redes sociales para identificar comentarios acerca del proceso de PTU en TRS”.
También se añade que la empresa y el sindicato acuerdan la fecha de revisión de PTU para el día 26 de abril del 2016.
Los padres y madres de los estudiantes denunciaron la estrategia que ha implementado el gobierno para dividirlos
Ciudad de México 26 de abril 2016.- Más de tres mil personas se dieron cita en el Ángel de la Independencia para acompañar a los padres y madres de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa que fueran desaparecidos el 26 de septiembre del 2014 y hasta la fecha el Gobierno de México no ha podido esclarecer los hechos.
Con antorchas, pancartas y consignas, “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, los padres y madres de los estudiantes denunciaron la estrategia que ha implementado el gobierno para dividirlos. “El gobierno es como una víbora que se quiere meter entre nosotros para separarnos”.
En un mitin frente a el Antimonumento de los 43 en Reforma solicitaron que el presidente Enrique Peña Nieto los reciba en una audiencia pública tal y como se comprometió en su última reunión.
Solicitaron que el Gobierno brinde todas las facilidades para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) siga con la investigación hasta que logren ubicar a los estudiantes desaparecidos.
El pasado domingo 24 de abril el GIEI entrego su segundo informe a los padres y madres de Ayotzinapa donde denunciaron nuevas líneas que no se han investigado y aportaron nuevos elementos que la Procuraduría General de Justicia no había considerado.
La marcha concluyó con un mitin en el Hemiciclo a Juárez donde los padres y madres agradecieron a la sociedad que ha estado apoyando y exigiendo al Gobierno Mexicano la aparición con vida de los 43 estudiantes.
Exigencias. Madres inconformes se plantan en la primaria Gregorio Torres y piden entre otras cosas la salida del director. (El Siglo de Torreón)
GÓMEZ PALACIO, DGO.-
Para exigir la salida del director y mejores condiciones educativas para sus hijos, un grupo de madres de familia realizó un plantón en la escuela primaria Gregorio Torres Quintero, ya que se cambia constantemente de maestros y una de ellas acude a dar clases sin percibir sueldo, luego de que no presentara la evaluación docente.
Las inconformes denunciaron que se hace mal uso de los recursos de la escuela y que las cuotas son obligatorias; señalaron que todo el recurso recaudado con las inscripciones fue solicitado por el director Carlos Peña Moreno a la tesorería de la mesa directiva, siendo un total de cinco mil pesos, los cuales aseguran que fueron utilizados en la instalación del asta de la bandera.
Se hicieron acompañar por representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en la región Lagunera, ya que también los padres rechazan la Reforma Educativa, al considerar que se afecta a los maestros y por lo tanto a los alumnos.
Alfredo Guevara Córdova señaló que los maestros no le temen a la evaluación docente, sino a lo que ésta representa y a la represión que se está ejerciendo.
Además, destacó que el apoyo a los padres de familia es por el derecho que tienen a una educación pública gratuita y de calidad, por ello consideran que las peticiones que hacen son justas y que las autoridades deberán tomarlas en cuenta y revisar la situación de este centro educativo.
Por otra parte, las inconformes señalaron que seguirán apoyando a la maestra Carmen Zavala Moreno, debido a que han podido constatar su capacidad y compromiso para con los niños, pese a no estar recibir pago.
Asimismo, el grupo de tercero cambió de profesor por cuarta vez en lo que va del ciclo y el trato que les da el nuevo profesor no es adecuado, ni su forma de trabajar, comentó la representante de los padres de familia, Jessica Nevárez Molina.
Protesta. Ejidatarios de Lerdo exigen el cumplimiento de la creación de dos norias. (Archivo)
Campesinos del ejido Lerdo cerraron el bulevar Miguel Alemán en sus dos sentidos para hacer presión y exigir que se les construya las dos norias que les prometieron las autoridades estatales y municipales desde hace nueve años.
Los quejosos encabezados por el comisariado ejidal Simón González Mijares, colocaron dos tractores en el bulevar Miguel Alemán de oriente a poniente y otros dos de poniente a oriente, a la altura de la calle Matamoros, frente a Sagarpa y el museo del avión de Sarabia, bloqueando la entrada y salida al primer cuadro de la ciudad de Lerdo, lo que ocasionó un gran congestionamiento vial, pero los agentes de tránsito desviaron la circulación y lograron desfogar esta vialidad.
La principal petición es que se les construyan las dos norias que les habían prometido para el riego de las 272 hectáreas con las que cuentan 272 personas del ejido Lerdo y que en los últimos tres años se ven seriamente perjudicados en sus cosechas por la falta del vital líquido.
Molestos los quejosos señalaron: “Antes utilizábamos el agua rodada, cuyo volumen que nos entregaba la Conagua era para sus hectáreas, logrando buenas cosechas, pero desde hace nueve años se firmó un convenio para que no desviaran el agua rodada al ejido Lerdo, pero se haría la entrega de agua tratada, lamentablemente ésta se nos entrega si le sobra a la planta termoeléctrica de Villa Juárez”.
González agregó: “Desde hace tres años nos dan un mínimo de agua que no alcanza para todas las hectáreas, incluso cuando logramos sembrar no obtenemos cosechas para sacar la inversión, por lo que hemos tenido puras pérdidas y para este ciclo agrícola, tenemos 20 días que no nos dan agua”.
Antes de esto ya habían sido atendidos por autoridades como el secretario del Ayuntamiento, José Antonio Zúñiga Sosa y el director del Sapal, Jesús Mario Castrillón Jiménez, quienes dialogaron con los manifestantes.
Sin embargo, algunas personas muy molestas, principalmente mujeres, dijeron tener desconfianza, pues en nueve años no les han resuelto la construcción de las dos norias y creen que de un día para otro no se resolverá.
La comunidad indígena de Pichátaro estará escribiendo historia en torno a la defensa de los derechos indígenas tal y como lo hizo Cherán en su momento, esto en caso de que la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación falle a su favor en torno al Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de los Ciudadanos que promoviera desde septiembre pasado.
Una vez más recaerá en las manos de la Sala Superior la determinación en torno a un tema de esta envergadura, que de obtener sentencia positiva abrirá la puerta en Michoacán a una nueva forma de relación entre comunidades y ayuntamientos.
El planteamiento central de Pichátaro es por el ejercicio directo del presupuesto que le corresponde en el municipio de Tingambato, de manera que sea la propia comunidad la que determina la forma en que se deben ejercer los recursos.
Pese a que el juicio fue promovido desde septiembre pasado, la Sala Superior no ha emitido su fallo. En su reciente visita por tierras morelianas, cuestionado por Michoacán TresPuntoCero sobre el particular, el magistrado Flavio Galván Rivera señaló que la dilación obedece a la carga de trabajo registrada en el Tribunal por los procesos electorales que se realizan en diferentes estados de la República.
“La agenda de actividades del Tribunal trata de atender fundamentalmente los casos urgentes, en materia electoral todos los temas son importantes y urgentes, pero el desarrollo de las elecciones en tres entidades de la República a lo que se ha sumado la elección de diputados constituyentes en la Ciudad de México, ha hecho que de manera prioritaria y de acuerdo a estos procedimientos electorales, vayamos atendiendo fundamentalmente lo que urge atender para que no se vuelvan actos de imposible reparación.
“De ahí que no podamos resolver siempre lo que llegó primero, sino lo que es más urgente resolver”.
Los argumentos
Para avalar su personalidad jurídica para promover el juicio ante el Tribunal, las autoridades civiles y comunales de la comunidad purépecha de Pichátaro, aluden a la jurisprudencia 27/2011 dictada por el Tribunal en torno a una querella promovida contra el Instituto Electoral de Oaxaca.
Por lo que toca a los motivos, el juicio es contra del ayuntamiento de Tingambato, en concreto del acto contenido en un oficio firmado por el presidente municipal, el síndico y los regidores en donde se niega a la comunidad su solicitud de que sea una autoridad de la comunidad la que administre directamente los recursos públicos que le corresponden y ya no mediante la intermediación de la cabecera municipal, de fecha 17 de septiembre del 2015.
Como antecedente, la comunidad refiere que desde hace mucho tiempo Pichátaro ha tenido constantes problemas por el manejo y aplicación de los recursos públicos con las administraciones del municipio de Tingambato al cual pertenecen.
“Esta problemática se ha concretado desde un manejo discrecional, desigual y discriminador de los recursos públicos entre las distintas poblaciones del municipio hasta la no realización y conclusión de obras públicas que se han comprometido con la comunidad que representamos. A lo largo de los años distintas autoridades de la comunidad han realizado innumerables gestiones ante las distintas administraciones municipales para que esta situación se regularice y le destinen equitativamente los recursos públicos que a nuestra comunidad le corresponden, sin que hasta la fecha se haya tenido éxito”.
Refieren que como integrantes del pueblo indígena Purépecha han seguido con atención los avances que otras comunidades han logrado conseguir en la defensa de sus derechos en tanto comunidades purépechas.
Señalan que esos avances en los que el TEPJF ha sido determinante, les han mostrado que la demanda de las viejas y nuevas generaciones de su comunidad es justa y legal.
“Especialmente hemos seguido con atención como en otras comunidades hermanas han conseguido acuerdos con las cabeceras municipales para que sean las autoridades de la comunidad quienes administren directamente los recursos públicos atendiendo a un criterio de distribución basado en el porcentaje de habitantes totales del municipio. Estos han sido los casos de comunidades como Nurío con la cabecera municipal de Paracho y más recientemente el caso de Santa Cruz Tanaco con la cabecera también purépecha de Cherán”.
En virtud de lo anterior y debido a la persistencia de la problemática planteada en la distribución y aplicación de los recursos públicos con las administraciones municipales de Tingambato, señalan que desde hace unos meses la comunidad ha iniciado una lucha para que se respete su derecho de autogobierno y al igual que otras comunidades se le entregue directamente el recurso público que atendiendo a un criterio de porcentaje poblacional le corresponde a la comunidad.
“Esta lucha ha incluido movilización social para que distintas autoridades estatales y municipales atendieran nuestra demanda. Desafortunadamente durante muchas semanas y reuniones sólo se nos han dado largas, falsas promesas e incluso burlas de las autoridades municipales de Tingambato.
“Un ejemplo ilustrador fue un acuerdo, de fecha nueve de julio de 2015, que el anterior ayuntamiento de Tingambato realizó en donde se nos dijo que estaba de acuerdo con nuestra petición y que sólo sería necesario hacer una consulta con el Congreso del Estado y otras autoridades fiscales para cerciorase de que no se pasa por alto alguna cuestión legal. A este acuerdo ya no se le dio seguimiento y al contrario como ya lo explicaremos la nueva administración municipal lo desconoció”.
Las autoridades comunales refieren que no fue sino después de una nueva movilización que el gobierno del Estado logró sentar en la mesa a las actuales autoridades municipales y que, aunque inicialmente el alcalde expresó voluntad a su petición, días después junto con el Cabildo la postura varió.
La respuesta del ayuntamiento en el oficio motivo del juicio señala: “El artículo 115 en nuestra Carta Magna; señala en su fracción IV que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, los recursos serán ejercidos directamente por los Ayuntamientos y las legislaturas de los Estados serán quienes revisarán y fiscalizarán las cuentas públicas municipales.
“Con fundamento en lo anterior, les informamos con todo respeto que los Ayuntamientos estamos impedidos legalmente para entregar dinero en efectivo a comunidad o persona alguna para que estas lo ejerzan o administren directamente, pues de ser así desaparecerían de facto todas las instituciones públicas que actualmente existen”.
Tal respuesta a juicio de Pichátaro es violatoria de la Constitución Política del Estado, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Trabajadores de la empresa Golden Dragon realizaron un paro de labores en protesta por el despido de cuatro obreros, la demanda de cambio de dirigencia sindical, así como la falta de información de sus utilidades.
El movimiento, que es el segundo en las últimas dos semanas, inició a las siete de la mañana cuando los 121 trabajadores que entrarían a laborar el turno de primera se declararon en paro y exigieron la presencia del líder de la CTM de Monclova Jorge Carlos Mata López, y rechazaron la presencia de enviados de Tereso Medina.
Al lugar se presentó el representante de la industria Gilberto Haro, que intentó convencer a paristas de desistir del movimiento, pero se mantuvieron en su postura para exigir la reinstalación de cuatro obreros despedidos, así como la información de sus utilidades.
Más tarde se conoció que ante la presión, la empresa decidió reinstalar a dos trabajadores Alfredo Ramos y Joel Barrera, pero se negó a atender la solicitud de aceptar que el líder de la CTM Carlos Mata López, represente a obreros y de nueva cuenta los sindicalistas se mantuvieron firmes en no levantar el paro.
Advirtieron que invitarían a los obreros del turno de tercera a sumarse al movimiento para que los 380 trabajadores participen no entrando a laborar para frenar por completo la producción de tubería de cobre.
Para protegerse de las inclemencias del tiempo los paristas instalaron carpas, compraron agua, hielo y alimento porque insisten no levantar el movimiento mientras no se acepte otra dirigencia sindical.
Otro hecho que llamo la atención fue la presencia de trabajadores encapuchados, lo que motivó la presencia de elementos de Fuerza Coahuila y Policía Municipal, que constataron que solo ocultaban su rostro por temor a represalias.
También se presentó Ricardo Vázquez Puente Asesor Jurídico del Sindicato Nacional “Miguel Trujillo” de las Industria Metalmecánica adherida a la CTM de Coahuila, para dialogar con los obreros pero prácticamente fue corrido por sindicalistas que no lo dejaron entrar a la empresa.
Al ser entrevistado ignoró las causas del movimiento y recordó que el jueves celebró dos juntas donde los 220 trabajadores nombraron una comisión de 22 representantes para revisar la carátula y formular el proyecto de reparto de utilidades el acuerdo fue que si no aceptaban la cantidad de utilidades negociarían el pago de una compensación.
Sobre la propuesta de cambiar de sindicato, el asesor aclaró que ese tema debe de ventilarse en un tribunal laboral. Son 220 trabajadores en activo y en el movimiento sólo estaban presentes entre 60 u 70.
“La mayoría que no pudieron entrar prefirieron retirarse, hasta el día de hoy no tengo conocimiento de compañeros que hayan despedido esos son actos unilaterales de la empresa para eso está el sindicato para apoyar a los muchachos” señaló.
Al concluir la entrevista Ricardo Vázquez Puente, trato de acercarse a los obreros pero recibió gritos de “Vete no te queremos”, “¿a qué vienes?”, corriéndolo nuevamente.
FUNCIONA NEGOCIACIÓN, LEVANTAN PARO
A las 6:50 de la tarde, trabajadores acordaron levantar el paro al lograr un acuerdo con la empresa que consiste en la reinstalación de los obreros despedidos, el pago de salarios caídos para ellos y todos los que participaron hoy en el movimiento de protesta.
Además se estableció el desconocimiento a la CTM Saltillo a través del nombramiento de un comité provisional que estará fungiendo mientras se llega a un acuerdo de representación con la CTM de Monclova.
Sabinas, Coahuila.- “El delegado debe de estar del lado de los obreros y no de la empresa, está para defender a los trabajadores y el señor Fidencio Hernández está haciendo todo lo contrario, creemos que la empresa le pasa dinero para que no afecte los intereses, pero nos está afectando de manera directa a nosotros”, expuso un trabajador de Trinity que prefirió quedar en el anonimato.
Luego de que EL FACTOR dio a conocer en exclusiva el grave problema que se está presentando en la empresa Trinity Rail Sabinas, ya que el sindicato y la empresa acordaron terminar los contratos laborales a quienes hagan comentarios y/o publicaciones en Facebook en contra de Trinity, principalmente por el pago de las utilidades.
Desde hace algunos días ya se venía presentando inconformidad por parte de los empleados de Trinity, pues se dio a conocer de manera pública sobre la recisión de contrato de dos trabajadores que expusieron sus comentarios en Facebook en relación al pago de utilidades.
“Nuestro representante está vendido con la empresa, vamos a llamar a paro laboral para que lo destituyan, ya no lo queremos, estamos sufriendo muchas injusticias laborales y el no hace nada, solamente esperamos alguna respuesta de la empresa”, agregó.
Finalmente indicó el empleado, que actualmente están recabando firmas para quitar la representación sindical a Fidencio Hernández, delegado sindical de la CTM en Trinity Rail Sabinas.
Alejandra Guillén.- “Les advierto que soy pesimista sobre el futuro del Bosque la Primavera”, señaló Armando Chávez Hernández, académico de Geografía y Desarrollo Territorial de la Universidad de Guadalajara, durante el Seminario del Bosque La Primavera Conservando en Colectivo donde se expusieron las distintas amenazas que sufre el área natural protegida.
La investigación de Chávez Hernández sobre conectividad ecosistémica comprendió un área de 600 mil hectáreas, de las cuales solo 35% se mantiene como superficie con formaciones naturales, especialmente en las zonas de la Barranca de Huentitán, el Volcán de Tequila y el Bosque La Primavera.
Lo primero que detectaron es que La Primavera sufre un proceso de aislamiento progresivo, intensificado durante la última década.
“En 2004, en Zapopan, ya se detectaba la conexión y corredores biológicos metropolitanos. Se suponía que tendría que considerarse, pero parece que al decirlo las cosas operan en sentido contrario, porque todas las conexiones hacia el Cerro el Tepopote, hacia la Sierra de Tesistán, todas se bloquearon por fraccionamientos, gasolineras… En este momento restaurar las conexiones significa mucho dinero y se requieren acciones contundentes para recuperarlas”, de acuerdo con Armando Chávez.
Ante la última amenaza de la construcción del Macrolibramiento, las autoridades federales prometieron que construirían corredores de fauna, “pero la verdad no sabemos si se pondrán, no sabemos en qué terminó el asunto. Si se lograra, pues ganaríamos en áreas a conservar, pero no parece que se protegerán los corredores, por eso mi visión es pesimista”.
Ricardo Ontiveros, ingeniero ambiental egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso), enfatizó su preocupación por el incremento en la extracción de agua en la cuenca donde se encuentra el Bosque. En 2009 había 18 mil 15 pozos y para 2011 ya se habían autorizado 20 mil 413, con un incremento de 66% de agua permitida para extraer.
“Pregunto, ¿en esos dos años hubo aumento en la recarga, como para que se estén aumentando las concesiones? El agua viene del cielo, llueve, no se infiltra en la ciudad, se escurre, se contamina y se va al río Santiago (…). Con el crecimiento de Tlajomulco, el volumen concesionado se duplicó, esto lo autoriza la Conagua (Comisión Nacional del Agua). En la Zona Metropolitana de Guadalajara se triplicó la cantidad concesionada. ¿Cómo justifican estos usos de agua que demeritan las funciones ecosistémicas e hidrológicas en el bosque?”, dice Ontiveros.
El ingeniero ambiental agregó que en 2009 participó en una investigación en la que muestrearon 3 mil 750 árboles. Encontraron que la mayoría son pequeños y esto “habla del estado de degradación del bosque”. De hecho solo 1% del área natural protegida tiene vegetación tupida, “es algo que tiene que considerarse, está muy degradado. La Primavera no llega a tener ni la mitad considerada como bosque”.
En el año 2000, la ciudad de Guadalajara ocupaba 30 mil hectáreas. Las estimaciones recientes son de unas 70 mil hectáreas urbanizadas, más del doble que hace 15 años.
“Éramos 4 millones y ahora somos 4.5 millones de personas. Estamos utilizando una cantidad de suelo preocupante”, señaló Pedro Alcocer, de Anillo Primavera.
La asociación civil también detectó que entre 2005 y 2010 surgieron 80 bancos de materiales, de los cuales sólo cuatro son legales. Lo mismo con los tiraderos, uno de ellos legal, que es el del municipio de Tala “y es completamente legal a pesar de estar a 100 metros del polígono”.
Por su parte el biólogo Marciano Valtierra resaltó que el Bosque La Primavera es estratégico para la viabilidad de la Zona Metropolitana de Guadalajara y que hay una serie de factores que inciden de manera negativa: contaminación de cauces, tiraderos de basura, escombros, animales ferales.
“Desde hace 30 o 35 años no se ha atendido el problema de asentamientos irregulares, que han ido creciendo con la consecuente contaminación de cauces y demás. Como primer punto, tiene un origen socioeconómico complicado, hay grupos de intermediarios que venden terrenos dentro del área natural y en su mayoría sucede en núcleos agrarios”.
De acuerdo con los datos de Marciano Valtierra, entre 1993 y 2015, el crecimiento de asentamientos humanos creció de 6.8 a 54 hectáreas en núcleos agrarios, y de 9.3 a 36.4 hectáreas en pequeña propiedad en el mismo periodo de análisis.
“Esto nos da pistas de que el fenómeno se centra en los ejidos dentro de la reserva, de manera muy destacada los que se encuentran en Zapopan”.
El biólogo Valtierra mostró mapas sobre licencias de urbanización que se otorgaron en administraciones anteriores, para construir en zonas colindantes con el bosque.
“Aunque el uso de suelo es de conservación, hay licencias de construcción (…) que se otorgaron en administraciones pasadas, hasta 2014. Lo que queremos destacar es que además de asentamientos irregulares y fraccionamientos, tenemos la presión del crecimiento inmobiliario hacia la zona este de la reserva”.
Desde su opinión, la conectividad ecosistémica del bosque “es el tema y reto más importante, sin demeritar los otros, que tiene que ver con conectividad, corredores biológicos hacia fuera y serranías”.
De seguir aislando y estrangulando a la reserva, “su viabilidad estará destinada al fracaso”.
Sandra Valdés Valdés, representante del Comité Ciudadano del Bosque, dijo que históricamente “la ZMG ha borrado al bosque de sus planes de ordenación territorial, siendo una pieza clave de la calidad de vida de los cuatro millones de personas que viven en esta urbe y de los nueve mil habitantes en sus alrededores”.
Más incendios
Este año, como se preveía, hubo más incendios que en 2015, ya que se brincó de 26 a 106. De éstos 76 se registraron afuera del Área del Bosque La Primavera y 30 adentro.
Los puntos más recurrentes de incendios son el Cerro del Colli y las zonas de cultivo de caña.
El académico Arturo Curiel enfatizó además que La Primavera amortigua el calor de regiones como el poniente de Zapopan, que es precisamente lo que colinda con el este del bosque. “Hay condiciones más favorables para una atmósfera de confort con respecto a la temperatura”.
GUANAJUATO, Gto., (apro).- Representantes del ejido Caleras de Ameche, en el municipio de Apaseo el Grande, denunciaron los afanes especulativos que en su perjuicio ha desatado el gobierno del estado en la adquisición de terrenos donde se instalará la nueva planta de la armadora Toyota, proceso que no ha concluido, aclararon.
Para la planta de Toyota se prevé contar con 600 hectáreas de terreno disponibles. El gobierno del estado ha clasificado como reservada la información sobre la adquisición de los predios hasta el año 2020.
“Señor gobernador, hay conflictos y ustedes no han querido solucionarlos. Sabemos que la Federación apoyó a Guanajuato con recursos económicos, y ustedes han ocultado la forma en que han comprado a terceros y no hicieron las compras directamente a los verdaderos dueños”, expusieron mediante un desplegado en algunos medios, en el que acusaron que funcionarios de la Secretaría de Gobierno enviados a hablar con los ejidatarios los han amenazado.
“No estamos en contra del desarrollo del estado y del municipio, pero sí queremos equidad, igualdad y congruencia en su decir y en su actuar. Tal vez sus funcionarios le están ocultando la verdad y le están presentando otra película muy diferente de la realidad”, plantearon en su mensaje, dirigido al gobernador Miguel Márquez Márquez.
Manuel Enrique Ochoa, Francisco Rodríguez Gómez y J. Néstor Hernández Piña, secretario, tesorero y presidente de la comisión de vigilancia del Comisariado Ejidal de Caleras de Ameche, respectivamente, precisaron que los terrenos para la Toyota no están liberados, debido principalmente a que no se han realizado los procesos correctos, no se ha pagado el precio justo y a la opacidad del gobierno estatal en estas adquisiciones y expropiaciones, cuya información se ha ocultado.
También relataron que a finales de 2014 y principios de 2015 se compraron algunas parcelas mediante intermediarios que estuvieron regateando y pagando a distintos precios, pues mientras a algunos campesinos les pagaron 2.5 millones de pesos por hectárea; a otros les acabaron ofreciendo menos del millón, y la última oferta es de 44 mil 500 pesos por hectárea, según un avalúo rústico presentado por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable.
Esto, advirtieron, contradice el propio criterio del gobierno estatal, que solicitó el cambio de uso de suelo de agrícola a industrial pero pretende pagar los terrenos “como si fueran tierras inservibles para el cultivo”.
Incluso, mencionaron que empresarios del estado de Querétaro –vecino a Apaseo– han ofrecido mejores precios por tierras cerriles y de temporal, cercanas a los que están contemplados para la planta de Toyota.
Los ejidatarios revelaron que algunos terceros, como la empresa JAOS&SGB SAPI de CV, cuyo representante se identificó como Juan José García Henríquez, se han acercado a comprar tierras, las cuales después han vendido al estado a un costo superior, en un manejo especulativo similar al que se hizo durante el sexenio del exgobernador panista Juan Manuel Oliva, cuando se compraron terrenos para la fallida instalación de la refinería de Pemex, un total de 933 hectáreas.
En esa ocasión, el gobierno del estado contrató a corredores inmobiliarios que se hicieron cargo de la adquisición de los predios, disfrazando la operación bajo el nombre “Cereales y pastas finas”.
Ante la resistencia de los ejidatarios a aceptar estas últimas ofertas, afirman, se han encontrado con acciones como la clausura o cierre de pozos para el riego por bombeo, además de las amenazas de los emisarios del gobierno de que si no aceptan, se les expropiará la tierra.
“Como ejido tenemos todavía recursos para revertir las compras de terrenos que se han hecho, ya que la mayoría aún no cuenta con el derecho de dominio pleno de su parcela”, lo que compete a la asamblea ejidal, advirtieron por último al insistir en que piden un diálogo con el
Integrantes de diferentes organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres, además de cientos de mujeres, entre amas de casa, profesionistas y estudiantes, realizaron una marcha contra las violencias machistas, bajo el lema “VivasNosQueremos”. Esto como parte de una movilización nacional que se realizó simultáneamente en varias ciudades del país.
En el caso de San Luis Potosí la caminata comenzó en el jardín de Tlaxcala y concluyó con un mitin en plaza de Armas, donde las mujeres alzaron la voz en contra de la violencia y acoso de “un sistema que ha declarado una guerra latente contra la vida de las mujeres, del cual están cansadas y que hoy deciden fugarse”.
Alrededor de las cinco de la tarde, cerca de 250 mujeres se reunieron en el jardín del barrio de Tlaxcala para marchar sobre Eje Vial rumbo a Palacio Municipal, donde realizaron un mitin contra las violencias machistas.
En su trayecto por Eje Vial las mujeres se detuvieron varias ocasiones, primero en el cruce con la calle Pedro Montoya, donde detuvieron el tránsito vehicular durante unos minutos, ocasionando la molestia de choferes de transporte público. En ese lugar, con gis, escribieron sobre el pavimento: “Vivas nos queremos”, y pegaron carteles en postes y teléfonos públicos donde exigían respeto a las mujeres cuando caminen por las calles. También se detuvieron en la intersección con Reforma, donde también gritaron consignas como: “¡Fue el Estado represor, el esposo o el patrón!”, esto ante la molestia de algunos automovilistas que accionaban el claxon de sus vehículos para que las mujeres se quitaran. Fuera de esos incidentes la marcha se desarrolló de manera tranquila.
Al llegar a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que se encuentran sobre Eje Vial, realizaron otra protesta para exigir justicia por las mujeres violentadas y asesinadas en la entidad: “Justicia para Marichuy, Diana, Rebeca, Verónica, Blanca, Lupita, Lolita, Martha, Gloria, Paz, Betty, Cinthia, Kiriarth, Paloma, María Luisa, ¡Ni una más!”, se leía en una de las cartulinas pegadas en el portón de entrada a la Procuraduría, el cual fue cerrado durante la manifestación. Además, las manifestantes pintaron un cuerpo en el suelo y pegaron papeles con nombres de niñas y mujeres víctimas de violencia machista.
Del acoso en la calle hasta feminicidios y desaparecidas.
Cabe destacar que desde temprana hora de ayer, mujeres compartieron en redes sociales experiencias de acoso de las cuales han sido víctimas, con el hashtag #MiPrimerAcoso. En la marcha, al llegar al mitin las mujeres manifestaron su postura.
“Salimos para gritar que no vamos a callarnos nada, que desde aquella rabia histórica que nos enseñaron las que estuvieron antes de nosotras, ahora somos rabia que camina disidente cuando respondemos al acoso callejero, cuando prevenimos a otras que caminan al lado nuestro sobre el peligro, cuando elegimos que la opción contra la violencia es estar juntas, aunque nos repitan que no podemos estar acompañadas de otra, caminando reiteramos que somos fuertes cuando se nos dicta tener miedo”, señalaron, al tiempo que reafirmaron que son ellas las que eligen sobre sus cuerpos y defenderán ese territorio, que toda la vida ha sido de ellas, “pero han sabido cómo arrebatárnoslo, cuando descubrimos que mi liberación es posible si otras se liberan conmigo, si marchamos juntas”.
Magistrada en la marcha
La magistrada Yolanda Pedroza Reyes estuvo presente en esta marcha. En su caso, el 30 de marzo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una resolución favorable en una demanda en contra de sus compañeros integrantes del tribunal electoral de San Luis Potosí por acoso laboral y discriminación.
“Ellos han efectuado una serie de medidas intimidatorias, de acoso, de comentarios entre el mismo personal a fin de degradar la figura que yo tengo ahí, siempre quieren minimizar el papel que tengo, discriminan, hostigan, me excluyen de los trabajos del tribunal”, señaló la magistrada, quien espera las sanciones e investigaciones a fondo.
Aseguró que desde que se dio este fallo ha habido un aislamiento, la ven como un enemigo, “tenemos la misma categoría y a ellos no les parece que tengamos que ocupar estos cargos, que según ellos deben ser para hombres, no para las mujeres; ellos no quieren que esté ahí, no quieren tener una mujer en ese espacio”.
Por su parte, María, una joven que se sumó a este movilización, señaló que todo depende de la educación. Si desde pequeños a los niños se les educa en el respeto a las mujeres habrá espacios libres de violencia. Mencionó que muchas mujeres han sido víctimas de acoso, por lo cual dijo que esta movilización es una manera de decir ya basta a estas prácticas violentas machistas.
“Yo he sido violentada en las calles desde personas que me han querido tocar, las que me agreden verbalmente, espero que esta movilización cauce eco en nuestras autoridades, pero también que la sociedad se concientice y no abone a esta violencia”, dijo.
Otro testimonio, uno de dolor, es el de Eugenia, quien denunció el caso de su hija, Verónica Ruiz, quien desapareció en Guadalupe, Zacatecas. Señaló que ella no puso una denuncia por miedo, investigó por su cuenta, pero la desesperación de no encontrarla fue tal que tuvo finalmente que pedir auxilio a las autoridades.
“Para mi estas movilizaciones están bien, es una manera de presionar a las autoridades para que nos ayuden a nosotros como mujeres. Cuando pedí ayuda me dejaron sola, como mujeres estamos indefensas, pero tengo la esperanza de encontrar a mi hija, espero que las autoridades hagan su trabajo, porque a mi hija la levantaron y después la vendieron, las autoridades han sido muy groseras y prepotentes, pero confío aún en que me ayuden”, dijo entre lágrimas.
Finalmente, terminó el mitin con algunas pequeñas actividades artísticas, como canciones y un poema, y los relatos de algunas mujeres, todo con la esperanza de que sus pronunciamientos causen una reacción en las autoridades, y sobre todo crear conciencia en la sociedad sobre que no se puede tolerar la normalización de la violencia contra más mujeres en todas sus modalidades.
CEDH pide “hacer eco” de los planteamientos
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jorge Vega Arroyo, pidió a las autoridades “hacer eco” de los planteamientos hechos en la movilización en contra de las violencias machistas que se ayer. Destacó que esta marcha es un grito de exigencia de las mujeres para que se tomen ya acciones.
“Es una exigencia, este aporte es un llamado de la sociedad hacia la autoridad de que se tomen medidas para fortalecer la lucha de la mujer contra cualquier tipo de violencia, pero no nos quedemos ahí, la autoridad debe tomar eco de los planteamientos que se hacen, Además de modificaciones legislativas yo creo que también deben tomarse medidas preventivas, sobre todo para terminar este tipo de violencia”, dijo el ombudsman.
Informó que en lo que va del año la dependencia a su cargo no ha recibido quejas por acoso, abuso o acoso sexual de ninguna dependencia o institución estatal, aunque mencionó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos alertó recientemente sobre el repunte, a nivel nacional, de denuncias recibidas por abuso sexual en escuelas, especialmente contra niñas, durante los últimos tres años, por lo que el organismo nacional hizo un llamado a las autoridades y sociedad para generar un esquema preventivo sólido en este tema.
México, D.F., a 26 de abril de 2016.- “Hoy queda demostrado que de esas oficinas salió, con complicidad, la orden para desaparecer a los jóvenes”, grita Felipe de la Cruz al señalar el edificio de la Procuraduría General de la República (PGR) ubicado sobre Paseo de la Reforma.
Es el primer mitin de los tres que se realizaron durante la marcha por los 19 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Es ya un año y siete meses, las palabras de Felipe muestran la postura de los familiares: Rechazo ante la versión oficial de que los 43 normalistas fueron incinerados y enojo por la forma en que las autoridades mexicanas han llevado el caso; sin olvidar, cierto sentimiento de pesar ante la conclusión del mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Foto: Ariadna León / @ariadnaleon
Foto: Ariadna León / @ariadnaleon
.
En el recorrido desde el Ángel de la Independencia hasta el Hemiciclo a Juárez, las madres y padres refrendaron su apoyo al informe del GIEI, así como al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF):
“Así como Peña Nieto nos dijo que superáramos el dolor, ahora nosotros le decimos que ya supere el basurero de Cocula”.
Y aunque la marcha fue poco concurrida, diversas organizaciones hicieron acto de presencia: Atenco, Xochicuautla, La Sexta, la Asamblea de Barrios, el Sindicato Mexicano de Electricistas y Telefonistas. A la vanguardia, los familiares de los 43 portaron antorchas, seguidos de los normalistas. Una banda tocaba música de la costa de Guerrero, más atrás la batucada.
Foto: Ariadna León / @ariadnaleon
¡GIEI, sí! ¡Peña, no! ¡GIEI, sí! ¡Peña, no! ¡GIEI, sí! ¡Peña, no! ¡GIEI, sí!, de las múltiples frases coreadas durante la marcha.
En el mitin final, el abogado Vidulfo Rosales agradeció el apoyo y la solidaridad que han recibido, pues sin ella “el 26 de septiembre sería una fecha simbólica más”, de las muchas que ya marcan a este país. Refrendaron su caminar “contra una verdad histórica que nunca existió, no sólo por los 43 sino por el resto de familias de desaparecidos que igual que nosotros sufren el dolor, incertidumbre, el portazo de las instituciones de justicia nefastas que han engañado a decenas de desaparecidos.”
“La voz de ‘vivos se los llevaron, vivos los queremos’ seguirá retumbando en este país”, aseguró Rosales.
Foto: Ariadna León / @ariadnaleon
El Comité de Padres y Madres de Familia por Ayotzinapa sabe que con la salida del GIEI, las investigaciones sobre el caso pueden estancarse, por ello su insistencia en que se implemente de inmediato el mecanismo de seguimiento propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH):
“Que ni crea Peña nieto que con la salida de los expertos ya se libró. Le exigimos desde aquí que nos tiene que recibir lo más rápido posible para que apruebe el mecanismo de seguimiento”, remarcó Cristina Bautista, madre de uno de los normalistas desaparecidos.
LERMA, Edomex. (apro).- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas se comprometió con comuneros de Xochicuautla a mediar con las autoridades y tribunales involucrados para evitar que Higa siga devastando su bosque con la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.
También intercederá para que los acuerdos suscritos por autoridades mexiquenses se cumplan en su totalidad, pues a la fecha no han suspendido los trabajos en la demarcación, no ha sido indemnizado el propietario del inmueble demolido el lunes 11 y el hostigamiento contra los integrantes del movimiento se ha recrudecido.
Este mediodía la comunidad otomí recibió la visita de Tom Haeck y de Abigail Islas, de la Unidad de Observación de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Materia de Derechos Humanos.
Durante el encuentro, el Consejo Supremo Indígena puso al tanto de los acontecimientos a los representantes, quienes se comprometieron a intervenir para dar solución al conflicto.
“El acuerdo es que ellos van a interceder en los tribunales para evitar que sean parciales; a reunirse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante quienes promovimos una queja para agilizar la emisión de medidas cautelares”, refirió José Luis Fernández, vocero del movimiento.
Naciones Unidas también se acercará a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pues el ombudsman ha retrasado la emisión de la recomendación correspondiente.
El vocero refirió que el acuerdo de suspender los trabajos sólo se ha respetado en el tramo en conflicto, pero continúan en los parajes Buenavista y Llano de los Negros de la misma comunidad, resguardados por la fuerza pública.
Aunque el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) realizó un avalúo del inmueble demolido –auxiliado por la UNAM–, detalló que ésta prevé una construcción sencilla de dos niveles y ninguno de los bienes que se encontraban dentro al momento de la demolición.
Por tanto, la oferta de indemnización no incluye aparatos electrónicos, computadoras, equipo médico, anillos de matrimonio y hasta dinero en efectivo. “Es como si la casa valía 10 pesos y sólo le quieren pagar 2”, indicó.
Por esta razón, la ONU estará pendiente del pago de la casa y, de ser necesario, acompañará la promoción de una denuncia por la vía penal.
La Oficina del Alto Comisionado además se involucrará en los mecanismos de protección a los habitantes, en virtud de que a partir de la irrupción a la comunidad con granaderos del pasado 11 de abril, el hostigamiento se ha recrudecido.
Tras la pérdida de su casa, el doctor Armando García se vio en la necesidad de vender algunos vehículos a sus familiares, que ahora son seguidos por autos sospechosos.
La semana pasada otro integrante de la comuna, Antonio, también miembro del Consejo Supremo, recibió una llamada sospechosa para anunciarle que lo tenían ubicado, que conocían sus movimientos.
Finalmente, refirió que con ayuda de expertos, la comunidad ya prepara un par de contrapropuestas técnicas de trazo, pero debido a que prevé estructuras elevadas para minimizar el impacto al bosque de agua, representaría una mayor inversión.
Este miércoles 27, adelantó, se realizará un nuevo encuentro entre la comunidad y autoridades involucradas en busca de concretar los primeros acuerdos técnicos.
Sentencia de amparo no responde la anulación del permiso que le otorgaron a Monsanto.
Javier Ortiz/SIPSE
BACALAR, Q. Roo.- Tras año y medio de esperar resolución del juez sexto de distrito, productores de maíz y apicultores de varias comunidades del municipio de Bacalar, se dijeron decepcionados, pues sólo recibieron resolución a medias, que no impide que la transnacional Monsanto pueda sembrar más de 253 mil hectáreas de soya transgénica en un polígono peninsular que contempla el municipio de Bacalar.
Raymundo Espinosa Hernández, abogado de las comunidades indígenas mayas, señaló que la sentencia de amparo no responde la anulación del permiso que le otorgaron a la empresa trasnacional hace cuatro años y en cambio les impusieron la celebración de una consulta, que consideran, no se tomará en cuenta para anular dicho permiso.
Recordó que el 22 de octubre del año 2014, presentaron un juicio de amparo para invalidar un permiso que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), otorgó dos años atrás a la empresa Monsanto.
Consulta a las comunidades
Esgrimieron inconsistencias en el permiso otorgado, como el derecho a la consulta de las comunidades involucradas que consideraron resultaría suficiente para echar a tras dicho permiso; sin embargo, el juez ordenó retomar el procedimiento, pero no dejó sin efecto el permiso, tal como lo solicitaron.
Por tal motivo, el también asesor de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, consideró que no se les hizo justicia, ya que la consulta que sugirió el juez, no satisface la petición de anular el juicio y por lo tanto, no tiene sentido la demanda.
Motivo por el que ya interpusieron un recurso de revisión en contra de la celebración de la consulta y pidieron al Tribunal Colegiado, que es el superior jerárquico, que se pronuncie sobre la anulación del permiso.
Chilpancingo, Gro.- Esta mañana fue asesinado el periodista Francisco Pacheco Beltrán, radicado en la ciudad de Taxco, Guerrero.
El comunicador, fue privado de la vida cuando regresaba a su domicilio, después de dejar a sus hijos en la escuela, alrededor de las 7:00 de la mañana, y fue atacado a balazos en l puerta de s casa en la calle 20 de Noviembre.
El hecho fue reportado a las autoridades minutos después, quienes al arribar encontraron el cuerpo ya sin vida, por lo que dieron parte al Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.
Minutos después arribó la esposa del periodista, quien lo identificó como Francisco Pacheco Beltrán de 49 años de edad, corresponsal del periódico El Sol de Acapulco y la radiodifusora Capital Máxima de Chilpancingo.
Cabe mencionar que en el lugar se encontraron dos casquillos percutidos calibre 9mm, que presumiblemente habrían acabado con su vida.
Sus compañeros de trabajo, informaron esta mañana que para el noticiero “Al Instante”, que se transmite en la emisora Capital Máxima de Chilpancingo, Pacheco estaba considerado con el reporte “Falsa alarma genera psicosis y aparatoso operativo policial en Taxco”.
En la producción de la emisora se le marcó a las 07:15 para recibir su información pero el teléfono celular ya no fue contestado.
Francisco Pacheco tenía un portal de internet conocido como “Pacheco Digital” que de encuentra con la dirección web: www.franciscopacheco.com; y editaba un semanario de análisis e información: “El Foro de Taxco”.
En la actual administración, Francisco Pacheco había sido crítico hacia el gobierno municipal que encabeza el priista Omar Jalil Flores Majul, y había publicado algunas notas de inconformidad ciudadana.
“Operativo a modo a motocicletas luego de los abusos”, “Indignación ciudadana en Taxco”, “Denuncia regidora abusos de reglamentos en Taxco”, “Protestas en Taxco”, “Violencia imparable en Taxco, otro ejecutado”, “Falla Omar Jalil a Taxqueños”, “Mencionan a Taxco en narcomantas dejadas en Iguala”, “Patrullas policiacas inservibles en Taxco”, “Saldo rojo en Taxco, 5 ejecutados en la primer quincena de Marzo”, “Retiran Policía Federal de Taxco”, “Sigue violencia en Taxco”, “Cuestionan en redes sociales falta de transparencia en Taxco”, “Taxco ‘Pueblo Mágico’ sucio”, “Empresarios en el poder hunden a Taxco”, “Miente Omar Jalil a Taxqueños”; fueron algunos de sus últimos textos publicados entre finales de 2015 y lo que va de este 2016.
Pacheco Beltrán escribía también opinión y de igual forma, sus últimos textos fueron dedicados al incumplimiento de promesas, falta de transparencia y mala administración del actual alcalde, así como la violencia imparable en esta zona del Estado.
Era el periodista más crítico al Gobierno actual en Taxco.
Desde este espacio, Agencia Periodística de Investigación (API) EXIGE a las autoridades estatales y federales la investigación pronta del cobarde asesinato del férreo crítico al Gobierno de Taxco; un comunicador alegre y soñador que solo transmitía el sentir de un pueblo en este municipio de Guerrero.
Pedimos que no suceda como en otros casos donde la justicia jamás llegó. Que se localice a los autores materiales e intelectuales de este crimen y se les aplique todo el peso de la Ley.
Habitantes de Epazoyucan que se oponen al traslado de los jales ubicados en Pachuca anunciaron que buscan conformar una Asociación Civil con carácter jurídico para obligar a las autoridades a atender la problemática del predio “que se pondría en riesgo” de ejecutarse el proyecto.
Los manifestantes criticaron la falta de atención de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnath) ante el presunto ecocidio que se llevaría a cabo en el territorio.
Esto, luego del incendio provocado “por negligencia” de personas que limpiaba la ranchería de Jometitlán, que arrasó con más de 4 hectáreas y consumió flora y fauna oriunda del municipio.
Aseveraron que hasta el momento ninguna dependencia ha realizado el estudio correspondiente del terreno donde tentativamente se asentará la Minera del Norte SA de CV, que pretende trasladar toneladas de desperdicio mineral.
La minera busca construir una planta de beneficio y una presa de jales para la extracción de los residuos de oro y plata.
Detallaron que la composición química de los desperdicios es 70 por ciento sílice o cuarzo en forma de polvo impalpable, además de elementos pesados como el plomo, arsénico y cadmio, los cuales son altamente tóxicos.
Es por ello, mencionaron, que ante la negativa y falta de apoyo de las instancias gubernamentales están por concretar el trámite de conformación ante un notario público de Pachuca, con lo cual pretende “forzar” a las instituciones a la realización de estudios.
La entidad es la quinta que más incremento tuvo en homicidios de mujeres, en el país
En siete años los asesinatos de mujeres aumentaron 202 por ciento en Hidalgo, según los datos del informe La Violencia Feminicida en México. Aproximaciones y Tendencias 1985-2014.
El reporte presentado por la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres revela que el estado es el quinto a nivel nacional que más incremento tuvo en homicidios, sólo superado por Tamaulipas, donde este fenómeno tuvo un crecimiento de 361 por ciento de 2007 a 2014; Chiapas, con alza de 344 por ciento, así como Coahuila y Chihuahua, con 246 y 211 por ciento, respectivamente.
El aumento, que en el estudio se mide por una variación porcentual de tasas por cada cien mil mujeres, fue de 92.9 por ciento a nivel nacional.
Debajo de Hidalgo se encuentran Durango, Morelos, Nuevo León y Sinaloa, con 186, 184, 183 y 147 por ciento.
Únicamente tres estados, Quintana Roo, Aguascalientes y Yucatán, redujeron su tasa de asesinatos, con menos 13, menos 40.3 y menos 44.3 por ciento, de forma respectiva.
El informe detalla que entre 1985 y 2014 se registraron 47 mil 178 homicidios de mujeres. El año más violento, en ese periodo, fue 2012, cuando 2 mil 761 mujeres fallecieron.
En ese año, señala el documento, la tasa de asesinatos fue de 4.6 por cada 100 mil, la más alta en las últimas tres décadas.
El estudio, no obstante, reconoce que es imposible conocer cuántos de los homicidios de mujeres cometidos en ese periodo fueron feminicidios, pues “México carece de un sistema para registrar las muertes como crímenes de género y las proc
La Paz, Baja California Sur (BCS). Este domingo, en el malecón de La Paz, más de 40 personas, entre hombres, mujeres y niños, se dieron cita en lugar, llevando con mensajes en pancartas y mantas, ropa y accesorios en color morado, en apoyo a la Movilización Nacional contra las Violencias Machistas.
“Esta marcha se retoma a partir de una invitación a nivel nacional, de movilizarnos el día de hoy en contra de las violencias machistas; no venimos de ningún colectivo, somos personas independientes, algunos feministas, otros no, pero todos estamos aquí por la misma razón, que se terminen las violencias machistas, las desigualdades laborales entre hombres y mujeres, que se impulse la equidad de género, que se destruyan los roles de género que tanto daño han hecho, y sobre todo, un énfasis a que los feminicidios deben de detenerse”, explicó Carlos Mancilla, uno de los organizadores del movimiento en la Capital.
Las causas que este grupo de personas estaba apoyando, comentó Carlos, fueron contra el feminicidio, el acoso sexual, mayor equidad y apoyo a algunas minorías, todas éstas a través de bailes, mensajes escritos, lecturas, entre otros.
“Principalmente, el feminicidio, el acoso callejero, la desigualdad laboral, la brecha salarial, la imposición de los roles de género, el apoyo a minorías LGBT […] Las actividades son performance artístico, lectura de discursos, micrófono abierto, rap feminista y lectura de poesía”.
Al evento asistieron más de 10 hombres, quienes también apoyaron la movilización, desde lecturas o discursos. Fue sorpresivo, dijo Carlos, que varios compañeros de él decidieran unirse a la marcha.
“Me sorprendió bastante, porque, cuando se hizo la invitación, hubo varios compañeros que se acercaron y que dijeron ‘yo quiero hacer algo’, y de hecho, algunos de los performance es por parte de hombres; y se me hace muy interesante cómo, poco a poco, se va involucrando el hombre en actividades que nos atañen a todos”.
Carlos expresó que espera que no sea la última vez que se realiza este tipo de actividades, sino que se repita año con año, y no sólo eso, pues también desea que se hagan otras cosas que ayuden a que la sociedad sudcaliforniana participe y se involucre más.
“Esperamos que se llegue a una interiorización, sobre los problemas que las mujeres, y que también nos afectan a los hombres, que las sociedad sudcaliforniana comience a hablar de éstas cosas, que comience a reflexionar y que ésto se repita cada año, pero no nada más como una marcha del 24 de abril, sino que hagamos otras acciones, yo creo que es el inicio para que nos conozcamos y podamos crear una red y crezcamos juntos”.
Una de las características del evento fue que llevaran ropa en color morado o algunos distintivos de ese tono, el cual representa la mezcla de los colores rosa y azul, con los cuales se marca la diferencia entre hombres y mujeres.
“El color morado es un híbrido entre azul y rosa, que es lo que, históricamente, se ha impuesto a los géneros masculino y femenino, y pues éste rompe con esta ambigüedad, y también representa la lucha por la equidad”, concluyó Carlos.
Teziutlán, Puebla.- Con el acuerdo entre ejidatarios y pequeños propietarios de no vender sus tierras para los megaproyectos de la industria extractiva minera, de hidrocarburos e hidroeléctricas, concluyó la décimo tercera asamblea de la vida y el territorio realizada este domingo en Atoluca, Teziutlán, en la Sierra Norte de Puebla.
Este pueblo sería atravesado por un túnel con el que la Compañía de Energía Mexicana, filial de Grupo Ferrominero y Minera Autlán, quiere ampliar la hidroeléctrica Atexcaco, represando el agua de varios arroyos que alimentan el río Apulco, cauce al que también la empresa ICA le ha “echado el ojo” para instalar cuatro generadoras de energía: Diego, Conde, Ana y Boca.
Durante el encuentro que reunió a personas de 92 comunidades de 27 municipios poblanos y veracruzanos, a los que ha unido la “amenaza” que se cierne sobre ellos por la puesta en marcha de lo que han denominado “proyectos de muerte”: el peligro es parejo para quienes habitan la parte alta, media y baja de la Sierra Madre Oriental, por eso, la lucha debe ser igual, afirmaron.
Fue Oscar Jiménez Reyes, el agente municipal del ejido El Porvenir de Papantla, municipio en el que hay 2 mil 117 pozos petroleros –más de 340 abiertos con fracking-, quien explicó que la Ley de Hidrocarburos, expedida en el año 2014, es injusta pues legaliza el despojo y permite la dañina fractura hidráulica (fracking),
Su territorio, dijo, fue licitado en las Rondas Cero y Uno, y en las que siguen será concesionado el de 15 municipios de los presentes en la asamblea: Tenampulco, Acateno, Atlequizayan, Ayotoxco, Caxhuacan, Cuetzalan, Huehuetla, Hueytamalco, Hueytlalpan, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tuzamapan de Galeana, Yaonahuac y Zoquiapan.
“Démonos cuenta –señaló- que tienen prisa por iniciar las presas hidroeléctricas, obras que se vuelven estratégicas en la región, ya que además de generar energía eléctrica para las minas y para el fracking, también suministrarán los grandes volúmenes que requieren de agua”.
Por esto los llamó a recordar la manera en que se han hecho de sus tierras, incluso arrebatándolas a los terratenientes, de los que uno solo tenía más de 10 mil hectáreas, y los conminó a no vender. “Nadie nos regaló la tierra, fue nuestra lucha. La tuvimos que tomar. No fue fácil. Y siempre la ley actúa a favor de los ricos y poderosos, no de nosotros los jodidos. Pero hoy, como ayer, no nos vamos a dejar. No vamos a permitir que nos despojen nuestro territorio”, animó.
“El ejido no es solo la tierra, es todo el espacio que para nosotros tiene vida: el agua, las plantas, los animales. Por eso no debemos venderla para que la dañen. Es nuestra esperanza, nuestros sueños”, les recordó
En la asamblea se dio a conocer también el acta de Cabido del ayuntamiento de Xochiapulco que el viernes pasado se comprometió a no otorgar, ni a autorizar permisos para el cambio de uso de suelo para la extracción de los bienes naturales, ni la ejecución de obras que impliquen la privatización del agua o pongan en riesgo su territorio.
Con esto se convierte en el quinto municipio al que sus autoridades, lo declaran “oficialmente” libre de megaproyectos.
Al grito de “vivas nos queremos” y “no son muertas, son asesinadas”, alrededor de mil personas marcharon en Guadalajara para exigir a las autoridades resultados inmediatos en el combate a la violencia de género, pues aunque desde el 25 de febrero se declaró la Alerta de Violencia Contra las Mujeres no ven acciones concretas para atender la problemática.
Por eso salieron a las calles. Con vestimenta morada, pancartas y un ataúd encabezando el contingente, mujeres y hombres de Jalisco se sumaron al movimiento nacional para exigir que el Estado atienda y resuelva los feminicidios, pues cifras oficiales revelan que diariamente son asesinadas 7 mujeres en nuestro país.
La Movilización Nacional Contra las Violencias Machistas tuvo eco en 27 Estados y 40 ciudades.
La protesta en Guadalajara inició alrededor de las 11:30 horas. El punto de reunión fue el Monumento a los Niños Héroes, de ahí avanzaron por Chapultepec, luego por López Cotilla, continuando por Américas y enseguida por Manuel Acuña. Alrededor de las 12:10 llegaron a Casa Jalisco para entregar un manifiesto.
El gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, se había comprometido a recibir a representantes de las 16 organizaciones que participaron en la protesta, se quejó la representante de Mujeres de Izquierda, Gabriela Juárez Piña. Sin embargo, cuando tocaron a la puerta de Casa Jalisco salió a recibirlas el director de Desarrollo Político y Atención a la Problemática del Estado, Javier de Jesús Lechuga, quien les prometió llamarlas luego para organizar mesas de trabajo.
Las consignas
“No fue un crimen pasional, fue un macho irracional”; “no son muertas, son asesinadas”; “esta marcha no es de fiesta, es de luto y de protesta”; “las madres se preguntan ¿sus hijas dónde están? Las desapareció el Estado criminal”; “¿dónde están, dónde están, esas niñas dónde están?”; “¿dónde están las desaparecidas? las queremos de vuelta y vivas”; y “vivas nos queremos”, fueron algunas de las consignas que se escucharon durante el recorrido.
“Tu piropo es acoso”; “quiero salir a la calle y ser libre, no valiente”; “si tocas a una respondemos todas”; “ni una asesinada más”; “Jalisco, 151 feminicidios en 2015”; “no es una cifra, es una mujer”; y “el machismo mata”, son otras de las frases que se expresaron a través de pancartas en la protesta en la que también participó el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem).
El Dato:
Las desapariciones de mujeres en Jalisco han aumentado en los últimos años, siendo las jóvenes de entre 17 y 24 años las principales víctimas. Como “focos rojos” apuntan en Mujeres de Izquierda las zonas: Altos Norte, Ciénega, Sierra Occidental y de Amula, así como la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
Aunque desde el pasado 25 de febrero se declaró la Alerta de Violencia contra las Mujeres en Jalisco, activistas se quejan de que las autoridades no han implementado siquiera las medidas calificadas como “urgentes”. Guadalupe Ramos Ponce, representante de Cladem, ha pedido incluso que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) se mantenga al margen, porque tras años de mutis ahora intenta entrarle al tema pero sólo con fines políticos y no por una autentica preocupación ante la problemática.
La negativa de pago por afectaciones a las parcelas por el paso del ducto Tuxpan-Tula, para el funcionamiento de la hidroeléctrica, propicia la inconformidad de propietarios de predios de los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz, especialmente territorio de Tihuatlán, donde las empresas TransCanada Corporation, Transportadora de Gas Natural del Noreste (TGNN) y Transportadora de Gas de la Huasteca (TGNH), amenazan con expropiar.
Ante esta situación, ejidatarios afectados por el paso de servidumbre, además de ser objeto de invasión, están siendo intimidados por dichas empresas, bajo el argumento de que se trata de un proyecto del gobierno federal y que no cuentan con recursos, cuando la licitación fue de 500 millones de dólares, además ser publicada en diversos medios de comunicación.
Dentro de estas empresas, mencionaron que TransCanada, sub contrató a BONATTI SPA, empresa italiana, la cual, ha construido diversos ductos en este país, es de quien también está incurriendo en amenazas para no pagar, o en su caso, liquidar cantidades muy mínimas por las afectaciones, situación que los propietarios han tenido a aceptar ante el temor de perder sus parcelas.
Manifestaron que de acuerdo al derecho de vía, son 25 metros, sin embargo, dichas empresas, pretenden invadir ese pago con intimidaciones en las que algunos campesinos ya han accedido, recibiendo una miseria por el pago de solo 10 metros, mientras que los demás 15, solo recibirán el 10 por ciento, calificando de ser una injusticia debido a que no corresponde a la cifra real.
Ante estos hechos, diversos propietarios de terrenos que se están viendo afectados, se están poniendo de acuerdo para protestar de manera masiva y buscar ante las instancias se les haga justicia y se les pague los 25 metros conforme corresponde, de no ser así impedirán el paso de estos ductos en sus parcelas a pesar de las amenazas.
De acuerdo al proyecto de construcción del ducto de gas natural de 36 pulgadas, es recorrer alrededor de 250 kilómetros de longitud, desde Tula Hidalgo hacia el puerto de Tuxpan, con el cual se abastecerán las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, a su paso, está causando la incertidumbre de campesinos de los estados de Hidalgo y Puebla, en los municipios de Mecapalapa, Tlacuilo y Honey, en Tula, Atotonilco, Singuilucan, Zapotlán de Juárez y en Veracruz, concretamente en el municipio de Tihuatlán y parte de Tuxpan.
Este domingo miles de mujeres en todo el país marcharon y levantaron la voz contra la violencia machista, pues de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), en México hay un promedio de 7 mujeres asesinadas al día.
En diferentes municipios, las mujeres se dieron cita al mediodía, donde con pancartas y batucadas iniciaron las marcha.
250 en León
“No, no, no… no me da la gana, ser asesinada porque dice que me ama”, “sí sí, sí… sí me da la gana, de ser una mujer libre y empoderada”, gritaron las más de 250 mujeres que marcharon hoy domingo en contra de “las violencias machistas” en la ciudad de León.
En medio de tambores, cantos y consignas, la marcha arrancó aproximadamente a la 1 de la tarde en el Arco de la Calzada Niños Héroes.
A su arribo a la presidencia, exigieron detener el hostigamiento de la policía contra las indígenas y urgieron a la Universidad de Guanajuato a tomar medidas sobre el acoso del personal de la institución en contra de las estudiantes.
De forma enérgica, las mujeres congregadas se expresaron en contra del machismo y la discriminación.
“Machistas cabrones… a los tiburones”, “saquen sus doctrinas… de nuestra vaginas”, “las mujeres que caminan para adelante… y el machismo que camina para atrás”, decían, en una protesta que se distinguió por la alegría y la convicción de sus participantes.
“Son muchas las violencias por las que las mujeres salimos hoy a visibilizar como una forma de indignación colectiva”, dijo Ángeles López, representante del Centro de Derechos Humanos Victoria Díaz en León.
“La situación es muy preocupante, no solo a nivel estado, también a nivel municipal; a pesar de los avances reformativos que obligan a los funcionarios a promover el derecho de las mujeres no existe una normativa para sancionar el acoso callejero, el acoso en el transporte público;
no se termina de armonizar una legislación que garantice una vida libre de violencia; hay acoso laboral en el trabajo, hay acoso en muchas instituciones… son muchas las violencias que tenemos que enfrentar”, aseguró.
Respecto a la medida tomada por el Ayuntamiento de León de reservar la parte delantera de los vagones del Optibus para las mujeres con el lema “adelante es tu derecho, atrás es tu decisión”, Ángeles López explicó aun cuando es una medida insuficiente es el comienzo de una acción afirmativa por parte de las autoridades.
“Hay que decir que todas la políticas públicas se basan en el autocuidado y esta no es la excepción, no me atrevería a llamarla política pública. El estado está obligado a implementar lo que se llaman acciones afirmativas, ésta podría ser el inicio de una acción afirmativa, para reservar vagones de transporte donde las mujeres puedan sentirse seguras, pero por sí solo no es suficiente, porque sigue recayendo sobre la base del autocuidado”.
Al respecto, en la marcha, una de las consignas estaba dedicada a la “oruga”.
“En la oruga te deslindas, a decir que es mi derecho, pero cuando yo decido, te me impones por culero”.
Detener acoso en la Universidad
En su arribo a la presidencia municipal, algunas de las integrantes de la marcha expusieron los motivos de la manifestación y la situación de violencia de género que se ha incrementado en el país.
“Demandamos a los hostigamientos por parte de policías a nuestras compañeras indígenas y jornaleras, que se nos respeten y reconozcan los derechos humanos…
Reclamamos a las autoridades de la Universidad de Guanajuato, tomar una postura activa a favor de los derechos de las mujeres para frenar los casos de abuso y hostigamiento sexual por parte del personal de la universidad hacia las alumnas”, expresaron.
En relación con la situación de León, las mujeres fueron enfáticas en su demanda por detener la violencia de género.
“Aquí en León queremos decir basta de golpes, basta de asesinatos, basta de desapariciones, basta de impunidad, basta de injusticia, basta de tener miedo por ser mujeres, nunca más seremos víctimas de su violencia machista”.
“En nuestro país muchas mujeres está sufriendo de malos tratos; esto tiene que cambiar, tenemos que organizarnos y combatir la opresión para que así todas juntas podamos vivir mejor, los malos tratos, los golpes ya no los queremos ver, yo quiero una vida nueva que sea digna de mi ser”.
Finalmente, expresaron “salimos juntas, porque juntas queremos cambios, porque juntas hacemos comunidad, porque juntas hacemos fuerza, porque juntas con los compañeros haremos de esta utopía de la igualdad algo real, porque las mujeres que vienen no necesiten levantar la voz”.
100 en Guanajuato
Cerca de cien personas, la mayoría mujeres participaron en la marcha Movilización Nacional #Vivas nos Queremos, la que inició frente a Palacio de Gobierno del Estado y concluyó en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas.
La marcha se realizó sin incidentes, concluyendo minutos después de las 14:00 horas, al frente se portaba una manta en la que se señalaba “No + Violencia, El Machismo Mata; Vivas nos Queremos”.
“Ni Santas, Ni Putas, Solo Mujeres, se señalaba en una de los carteles que portaban las manifestantes”; “Quien no se mueve no siente las cadenas, no fue la falda, no fue el lugar, no fue la hora, nada justifica una agresión sexual”, se señalaba en otra pancarta.
La mayoría de quienes participaron en la marcha contra el machismo lo hicieron vistiendo prendas de color morado, en una manifestación ruidosa, que llamó la atención de quienes se encontraron a su paso, muchos tomando fotografías y videos.
Solo un integrante del ayuntamiento participo en la marcha, del que no se menciona su nombre, porque se recomendó a los medios de información, que no se entrevistara a actores políticos y que se priorizara visibilizar a las mujeres participantes.
La violencia contra las mujeres es un problema grave que cuesta la vida de siete mujeres todos los días, por favor no reproduzcan el machismo, se pidió a los representes de los medios de comunicación.
Al final de la marcha las personas participantes se sentaron en las escalinatas de la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, y se denunciaron la falta de políticas efectivas para combatir con efectividad la violencia de género.
Las personas que se manifestaron llamaron la atención, pues a pesar de que el grupo de persona que se manifestó no fue muy numeroso, lo hizo con tal energía que despertó el interés de los peatones.
Chilpancingo, 24 de abril. “Astudillo escucha, mujeres en la lucha”, gritaron las mujeres a manera de reclamo al gobernador, Héctor Astudillo Flores, durante la marcha en Chilpancingo como parte del movimiento nacional contra las violencias machistas.
El contingente de la marcha integrado por decenas de mujeres y hombres recorrió de la estela Bicentenario hasta el Zócalo, donde terminaron con un performance que retrató la situación de muertes de mujeres en Guerrero: mujeres acostadas en la plaza Primer Congreso de Anáhuac inmóviles. Inertes.
El año 2015 cerró con 162 mujeres asesinadas, de acuerdo al recuento de un periódico estatal, que también específico que la mayoría de los crímenes los cometieron con arma de fuego.
La violencia contra las mujeres no sólo es alarmante en número, también en forma. De acuerdo a la académica Rosa Icela Ojeda, quien tiene un trabajo profundo en el tema, advirtió, en su momento, que aumentó “la crueldad y la impunidad” de los crímenes contra mujeres.
Aún con las cifras en Guerrero no hay indicios de que pueda decretarse una alerta de género.
De acuerdo al artículo 33 de la Ley 553 de Acceso de las Mujeres de una vida libre de violencia local, la declaratoria de alerta de violencia de género en Guerrero, sólo la puede emitir el gobierno estatal a través de la Secretaría de Gobierno. Esto sucede porque la ley local no está armonizada con la general.
Para que la declaratoria proceda, las organizaciones sociales, de mujeres o gobiernos municipales deben pedir y sustentar ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) que en “dicha zona (háblese de una región o lugar en particular)” las mujeres se encuentran atemorizadas por conducta violenta de propios y extraños. Y el organismo debe encargarse de hacer la petición formal al gobierno estatal.
“¡No queremos machos que nos asesinen!”, gritaron las mujeres durante la marcha. Había todo tipo de mujeres: jóvenes, maduras, adultas, estudiantes, académicas, profesionistas, con trabajo y activismo en el tema, burócratas, universitarias, hijas, madres, amas de casa… Mujeres. Vestían el color morado, distinto de los movimientos feministas. También había hombres secundando la movilización.
Para la marcha, modificaron canciones, consignas sociales, porras y frases con mensajes por la defensa de los derechos de las mujeres o por la condición de igualdad entre hombres y mujeres. “¡No queremos más convenios, queremos justicia!”, fue otro de los gritos que se escucharon durante la marcha.”
Erika Salinas Valadez, una de las mujeres que participaron en la marcha, comentó de su hartazgo de la violencia “del sistema patriarcal”, de salir y sortear el acoso callejero, de los abusos en todos los niveles. Convocó a todos a no permitirlo.
Exhortó al gobernador a crear estrategias para frenar la violencia contra las mujeres en Guerrero. “Sabemos, por ejemplo, que Acapulco es uno de los municipios más violentos del país”.
El Colectivo de Organizaciones Feministas radicadas en Acapulco se unió a la Movilización Nacional contra las Violencias Machistas que se realizó el domingo en distintas ciudades del país.
A partir de las 17:30 horas, aproximadamente 200 personas, entre mujeres y hombres, marcharon sobre la avenida Costera, de la Diana al Zócalo, para condenar el acoso, el abuso sexual y el feminicio.
Los participantes de la movilización vestían en su mayoría ropa morada o negra, portaron lonas y cartulinas, y lanzaron consignas contra el machismo y para exigir justicia por las mujeres que han sido asesinadas en la entidad.
“No nos trates de engañar”, “No somos 10, no somos 100, pinche gobierno cuentanos bien”, “asesinos, asesinos, asesinos son ustedes, en Guerrero las que mueren son mujeres”, “no nos trates de engañar, somos todas feministas y venimos a luchar”, eran algunas de las consignas que lanzaron.
Las feministas destacaron que ha sido difícil visibilizar las demandas y problemáticas de las mujeres en los medios masivos de comunicación.
Señalaron que todas las mujeres de México tienen historias de acoso y/o violencia. De igual forma, condenaron los altos niveles de violencia contra las mujeres que se viven en Guerrero, y como está normalizada esta situación.
Manifestaron que la marcha que llamaron 24A o “La marea morada” estaba acompañada de la indignación, rabia, impotencia e impunidad con la que se trata la violencia hacia las mujeres.
Exigieron a los gobiernos erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, a través de estrategias efectivas e integrales, entre ellas la alerta de género en Guerrero.
Aby Díaz• Miles de mujeres protestan por violencias machistas
Este domingo se realizó la Primera Movilización Nacional en Contra de las Violencias Machistas en alrededor de 25 ciudades en todo el país; Guadalajara, Ciudad Juárez, Oaxaca y Toluca fueron solo algunas de ellas. En el área metropolitana las colectivas salieron en caravana desde Ecatepec hacia la Ciudad de México, para realizar una caminata del Monumento a la Revolución y hasta La Victoria Alada o Ángel de la Independencia.
Alrededor de la once de la mañana las congregaciones se dieron cita en la Explanada Municipal de Ecatepec. Más de mil mujeres repudiaron la violencia feminicida, las desapariciones de mujeres y el acoso en las calles mediante un posicionamiento en conjunto. Manifestaron que la acción surgió por el hartazgo que sienten debido a las omisiones, las complicidades del gobierno y la indiferencia social ante estas violencias. Exigieron construir un cambio definitivo en la estructura social y de gobierno.
Aseguraron que durante el 2014 se reportaron 800 mujeres asesinadas violentamente, solo el 18% fue tipificado como intento de feminicidio, acusando al Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila de utilizar la solicitud de la Alerta de Violencia de Género como un “botín” político”.
Por su parte Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, víctima de feminicidio en Chimalhuacán hace 6 años, invitó a todas las mujeres a romper el silencio, “porque ya basta de que los hombres misóginos violentos, perversos y cobardes sigan atosigando y sigan violentando a las mujeres de la manera más ruin”. Exigió a los hombres el respeto a los derechos humanos de las mujeres y un trato igualitario, porque hombres y mujeres “somos iguales en derechos”. “No queremos seguir aguantando toda esa violencia feminicida, así es como han aparecido mujeres asesinadas en las calles, descuartizadas, ahorcadas, quemadas, lapidadas y demás formas que se les ocurre a los misóginos”, aseguró.
Terminado el pronunciamiento se dirigieron en caravana de automóviles, bicicletas, autobuses y en el transporte público al metro Indios Verdes en la frontera con la Ciudad de México, lugar donde más acosos reciben en su vida cotidiana; “con falda o pantalón, respétame cabrón,” gritaban en consignas mientras que durante el camino algunos transeúntes y automovilistas se solidarizaron con el movimiento.
El Reporte Nacional de Movilidad Urbana de México 2014-2015 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) apunta que nueve de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de acoso o agresión verbal mientras se trasladaban en alguno de los medios de transporte público de la Ciudad de México.
La marcha partió del Monumento a la Revolución a la Victoria Alada ó Ángel de la Independencia, de acuerdo a las organizadoras, ahí ya sumaron más de 10 mil las mujeres participantes incluyendo hombres solidarios que a su vez hacían escuchar su preocupación a la violencia hacia las mujeres.
Los primeros contingentes los formaron exclusivamente mujeres a ritmo de los tambores de la “vulvatucada”, se vivió un ambiente de fiesta, de libertad entre manada, como ellas mismas se suelen decir. Gritaban “si tocas a una, respondemos todas” y se sintieron protegidas mientras anduvieron sobre la Avenida Reforma para llegar al Ángel.
Ya en la Victoria Alada hicieron una quema simbólica del violador, no sin antes desahogar toda la furia y la rabia guardada destrozándolo a machetazos y palos como a una piñata mientras las protestas siguieron.
Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra García, víctima de feminicidio en Ciudad Juárez aseguró que el mensaje de hartazgo y la exigencia de tener las calles libres de violencia y de acoso era para el gobierno, porque deja libres a los agresores, pero también para la sociedad, para que “sepan que ya no estamos dispuestas a que nos sigan acosando”, aseguro.
Es la primera vez que las mujeres se unen para hacer sentir su rabia guardada por mucho tiempo, es la primera vez que las ciudades se llenan de color violeta, un violeta de esperanza en el cambio de la mentalidad machista que hemos aprendido desde pequeños y que debemos disentir, rechazar, arrancar de nuestro entorno para relacionarnos con todas y todos desde otra perspectiva. Una perspectiva más violeta, más libre de acosos y de violencias.
Miles de mujeres se manifestaron en contra de las violencias machistas este #24A. La convocatoria que comenzó en redes, se consumó con actos y marchas en más de 40 ciudades de nuestro país, incluyendo la Ciudad y el Estado de México, en donde se realizó una marcha desde Ecatepec hasta la Victoria Alada. El acto comenzó en la mañana frente al palacio municipal de San Cristóbal, Ecatepec, con la lectura de los posicionamientos, denuncias y testimonios de varias colectivas. El problema de la violencia hacia la mujer es cada día mas alarmante, «estamos hartas, cansadas y rabiosas».
«No queremos que, siendo tantas, nos sigan individualizando, nos sigan diciendo que somos casos aislados», afirmaron las mujeres habitantes del estado de México.
Las inconformes señalaron la impunidad de los crímenes propiciada por las autoridades gubernamentales, empeñados en criminalizar a las víctimas y voltear hacia otro lado. Mientras tanto, en nuestro país mueren 7 mujeres al día y más de 3 mil permanecen desaparecidas. El acto político cultural se desenvolvió entre música, performance y consignas. Al frente, los contingentes únicamente de mujeres encabezaban el recorrido, seguidas por las agrupaciones mixtas. Todas y todos en un solo grito: #VivasNosQueremos.
Todas las muertas tienen nombre. En el piso del Palacio municipal Ecatepense se observaron decenas de bordados, cada uno retratando una historia que remite a la violencia perpetrada por la propia pareja, el acoso sexual y el feminicidio.
Ecatepec ha sido uno de los municipios en donde se han suscitado una gran cantidad de feminicidios y agresiones a la mujer. La movilización en contra las violencias machistas inicio sus protestas en este lugar.
Ciudad Juárez, Tijuana, Culiacán, Ecatepec, Naucalpan y Toluca son los municipios que constantemente ocupan los primeros lugares en feminicidios a nivel nacional.
Entre las asistentes se encontraban madres, lesbianas, hijas, mujeres transgénero, estudiantes, ciclistas y gran diversidad feminista. Algunas víctimas y familiares también estuvieron presentes para denunciar la impunidad y exigir justicia.
“Ni una más, ni una más, ni una sola muerta más” gritaban con tristeza y rabia. Ecatepec, uno de los municipios del EDOMEX bajo una alerta de género que no ha cambiado nada, es el lugar con más crímenes feminicidas en México. Por ello, la Primavera Violeta comienza ahí, en donde ser mujer es un peligro.
Utilizando la pintura y sus cuerpos para llevar las consignas, se ayudaron mutuamente, preparándose para continuar la marcha mientras aguardan la caravana de Ecatepec en el metrobús Indios Verdes.
El acoso callejero es una forma de violencia cotidiana en que se culpa a las víctimas. El problema de la violencia de género en el trasporte público es uno de los ejemplos más claros. «Sin importar la manera en que vistas o luzcas, tienes derecho a no ser violentada».
Un grupo de mujeres sostiene el “tendedero de la dignidad”. De él cuelgan diversos retratos de mujeres asesinadas por su acción política en manos del gobierno y sus grupos palamitares.
Metro Indios verdes, performance que visibiliza la sangre derramada de cada mujer golpeada y asesinada. Entre manchas de sangre, una leyenda bordada que dice -JUSTICIA- justo arriba del escudo nacional. Alzando la voz, ella denuncia la impunidad que existe en nuestro país.
La primavera violeta es el inicio de una serie de manifestaciones contra todas las violencias machistas. Se registraron mas de 40 manifestaciones a nivel nacional.
«¡Verga violadora, a la licuadora!» es una de las consignas que se corearon a los largo de las movilizaciones de la primavera violeta. Una consigna radical como respuesta ante un grave problema en el país.
Bajo la consigna “Ni una menos” los contingentes caminaron por Paseo de la Reforma hacia el Ángel de la Independencia. Los grupos constituidos únicamente por mujeres, al frente de la marcha.
Irene Buendía ha luchado durante años pidiendo justicia por su hija Mariana Lima, asesinada a manos de su pareja, un policía ministerial que a base de corrupción logró que declararan este acontecimiento como un suicidio. Irene logró que la SCJN reabriera el caso para investigarse por vez primera como un feminicidio.
“Cuando pedía ayuda con el dolor, la enfermera me dijo que me aguantara, que yo me lo había buscado por abrir las piernas” Frase reconocida entre aquellas madres que han sufrido la violencia obstétrica, el sufrimiento inminente a la hora del parto aún es una idea impregnada en el imaginario de la cultura machista.
La primavera violeta, camina con propuestas como, la denuncia, la solidaridad y la fuerza colectiva.
Miles de personas, en su mayoría mujeres, marcharon. La Ciudad de México se tiñó de violeta, un primer paso en la lucha contra las violencias machistas.
En el ámbito periodístico se han dado casos de asesinatos y agresiones sexuales a mujeres que desarrollan esta labor. La organización Articulo 19 afirma que en lo que va del 2016 se han registrado 19 casos, de los cuales 7 fueron con violencia de genero. Durante el primer trimestre del 2016, esta organización documentó 19 ataques contra mujeres, derivado de su ejercicio a de la libertad de expresión, 7 fueron con violencia de género. La Ciudad de México, Puebla y Veracruz registraron 13 casos.
Las niñas también alzaron la voz. Madres y padres llevaron a sus hijas a la movilización, algunas con carteles y dibujos hechos por sus manos. Las mujeres reafirmaron que la violencia también es dirigida al sector infantil, uno de los que menos denuncia.
La primavera violeta, camina con propuestas, la denuncia, la solidaridad y la fuerza colectiva. Se escuchaban consignas como “No lo estoy pidiendo” “¡Mujeres libres!” ”patriarcado y capital alianza criminal” “ninguna agresión sin respuesta” entre otras.
¿Qué edad tenías cuando te sentiste agredida por primera vez? El 63% de las mujeres mayores de 15 años declaró haber sido víctima de violencia. Aunque se trata de una problemática que no distingue edades, el hashtag #MiPrimerAcoso reveló que mayoritariamente se es víctima de la violencia sexual antes de los 13 años.
Alrededor de 200 mujeres, marcharon esta tarde en el Centro Histórico, para exigir un alto a la violencia de género
Alrededor de 200 mujeres marcharon en las calles del Centro Histórico de la capital del estado para exigir un alto a la violencia de género.
Al grito de “Ni una menos“, la marcha inició sobre la calle Corregidora a la altura del Jardín del mismo nombre. La columna siguió su camino por calle Juárez, hasta avenida Zaragoza y terminó en el punto de donde salió.
Cabe destacar que durante la manifestación un grupo de jóvenes encapuchados -cuatro hombres y una mujer- pegaron carteles con la leyenda “Vivas nos queremos” en las fachadas de algunos edificios, entre ellos el Teatro de la Repùblica.
