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El homicidio de dos opositores de megaproyectos indigna a ONGs y activistas: ¿Qué pasa en Puebla?

La organización Servicios y Asesorías para la Paz informó que de julio de 2016 y hasta diciembre de 2017 ocurrieron ocho agresiones contra personas, comunidades u organizaciones defensoras del medio ambiente en Puebla, ataques que colocaron a la entidad en la segunda con más casos de este tipo a nivel nacional, sólo por debajo del Estado de México, que registró 10 ataques, según el informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.

Durante este 2018, en 15 días, fueron asesinados en Puebla dos activistas indígenas que defendían su territorio de la imposición de una subestación eléctrica en Cuetzalan del Progreso y por estar en lucha contra la minería a cielo abierto en la región nororiental de la entidad.

Por Redacción, Sinembargo

Ciudad de Mexico, 3 de junio (SinEmbargo).– Organizaciones de la sociedad civil, indígenas, campesinos y activistas se pronunciaron con indignación por el asesinato de los dos líderes campesinos en Puebla. Ambos fueron atacados con apenas 15 días de diferencia. Las organizaciones condenaron los homicidios y exigieron justicia a las autoridades.

El día ayer cayó el segundo. Era un activista en contra de los llamados “proyectos de muerte” de la Sierra Nororiental de Puebla, Adrián Tilihuit. Su cuerpo fue encontrado con un disparo en la cabeza.

Adrián es el segundo activista asesinado en menos de un mes. El 14 de mayo fue encontrado sin vida dentro de un motel de Cuetzalan, Manuel Gaspar Rodríguez, el dirigente del Movimiento Indígena Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP) quien era objeto de amenazas por encabezar la oposición a la instalación de una hidroeléctrica en Cuetzalan del Progreso.

Según versiones de los activistas de la sierra nororiental, el miércoles no volvió a su casa y comenzaron su búsqueda hasta que dieron con un vehículo al fondo de la cañada y el cuerpo del activista a unos metros.

Tilihuit apoyó a los indígenas de San Juan Tahití en el movimiento que se opone a la instalación de la empresa Gaya S.A. de C.V. en la zona del río Apulco para comenzar con la construcción de plantas hidroeléctricas en la zona.

La lucha de la comunidad indígena de San Juan Tahitic se remonta a 2013, cuando expulsó de esa localidad a enviados de la empresa Gaya que, sin permiso, pretendían arrancar trabajos a las orillas del río Apulco.

Tilihuit apoyó a los indígenas de San Juan Tahití en el movimiento que se opone a la instalación de la empresa Gaya S.A. de C.V. en la zona del río Apulco para comenzar con la construcción de plantas hidroeléctricas en la zona.

La lucha de la comunidad indígena de San Juan Tahitic se remonta a 2013, cuando expulsó de esa localidad a enviados de la empresa Gaya que, sin permiso, pretendían arrancar trabajos a las orillas del río Apulco.

A través de un comunicado, el colectivo hizo un enérgico llamado al Gobierno del estado de Puebla para que reconozca públicamente que en esta entidad el ejercicio del periodismo y la defensa de la tierra se han convertido en vocaciones de muerte.

La organización Servicios y Asesorías para la Paz informó que de julio de 2016 y hasta diciembre de 2017 ocurrieron ocho agresiones contra personas, comunidades u organizaciones defensoras del medio ambiente en Puebla, ataques que colocaron a la entidad en la segunda con más casos de este tipo a nivel nacional, sólo por debajo del Estado de México, que registró 10 ataques, según la el informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.

Acusaron, a través de un comunicado, que las autoridades mexicanas en todos los niveles han sido omisas ante la insistencia de instancias internacionales de derechos humanos en su preocupación por el papel que ha jugado el estado mexicano en cuanto al trato para con los defensores de derechos humanos.

“La sierra norte del estado de Puebla es una de las más ricas en cuanto a diversidad bilógica y cultural del estado, a raíz de la reforma energética y de la política de despojo e imposición que han promovido las autoridades en su tres niveles de gobierno desde 2013, igualmente la sierra norte ha sido parte del estado más afectada en cuanto a concesiones mineras (equivalente al 28 por ciento del territorio poblano), proyectos hidroeléctricos (8 con algún tipo de permiso), fracking (10 mil 92 pozos proyectados) y otros proyectos de infraestructura para el desarrollo de empresas nacionales y extranjeras”.

Explican que ante la visión del Estado mexicano, son las comunidades indígenas y campesinas, quienes se han tenido que movilizar “para hacer valer su voz y para defender su territorio”.

Por ello, hicieron un llamado a atender las necesidades de nuestras comunidades indígenas y campesinas y dejar de promover los intereses económicos y políticos de empresas nacionales y extranjeras, exigieron justicia para su compañero Manuel Gaspar Rodríguez y el compañero Antonio Esteban Cruz y castigo a los asesinos materiales e intelectuales del su asesinato, y por ultimo, adorar medidas urgentes para cesar la criminalización en contra de organizaciones sociales y/o personas defensoras del derecho al territorio, el agua y los bienes comunes.

Recordaron que la lucha no ha sido fácil, pues el hostigamiento y criminalización de las organizaciones y personas defensoras ha llegado hasta su asesinato.

“Ante la situación que ahora atravesamos, a las comunidades indígenas y mestizas les decimos, que hoy más que nunca, es importante refrendar nuestro compromiso por la defensa del agua, la tierra, el territorio y la vida, que es importante redoblar esfuerzos para continuar con la lucha informada y organizada de nuestras comunidades. No obstante la coyuntura electoral, nuestras comunidades deben continuar unidas en la defensa de nuestro territorio”.

Amnistía Internacional alertó sobre el grave peligro que corren los defensores, defensoras y activistas de derechos ambientales, ya que recientemente han sido atacados e intimidados.

En un comunicado, la organización de derechos humanos recordó que el cuerpo de Manuel Gaspar Rodríguez, defensor indígena que se oponía a la construcción de una conducción eléctrica de alto voltaje en Puebla, fue hallado con heridas profundas de arma blanca en la zona del corazón y el hombro el pasado 14 de mayo en un motel a las afueras de Cuetzalan.

Asimismo, subrayó que la víctima era miembro del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, así como de una coalición de movimientos sociales que se opone a proyectos energéticos, concesiones mineras y la construcción de una conducción eléctrica de alto voltaje en la región montañosa del norte de la entidad.

Dos integrantes del Movimiento Independiente, Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP) dijeron a Amnistía Internacional que estuvieron con Manuel Gaspar Rodríguez por última vez el 13 de mayo en las oficinas de la coalición, donde cerca de las 00:30 horas uno de ellos lo vio lavando platos, antes de que se fueran a la cama en los dormitorios de dichas instalaciones.

De acuerdo con la autopsia, el activista murió entre las 1:00 y 2:00 horas del 14 de mayo por una hemorragia masiva en tres profundas heridas de arma blanca. Además, presentaba lesiones causadas por un objeto punzante y caliente en el hombro izquierdo, así como señales en la cara, que sugerían otras formas posibles de violencia.

Por otra parte, la organización denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha impedido irregularmente a sus abogados el acceso al expediente del caso, pese a que ya abrieron una carpeta de investigación, en la que no se tiene claro si las líneas de investigación incluyen el trabajo del fallecido como defensor de los derechos humanos.

Previamente, la Procuraduría General de la República (PGR) había abierto recientemente una investigación penal contra Manuel Gaspar Rodríguez y otros siete activistas y defensores y defensoras de MIOCUP y de la Unión de Cooperativas Tosepan por su participación en una sentada pacífica cerca del lugar propuesto para la conducción eléctrica a las afueras de Cuetzalan a finales de 2016 y en 2017.

En tanto, la Comisión Federal de Electricidad, responsable de la conducción eléctrica, presentó una denuncia penal contra los defensores y defensoras en enero de 2017. Los acusaba de obstaculizar una obra pública, acto por el que podrían pasar hasta año de prisión.

La iniciativa ciudadana Ahora lamentó, el pasado 17 de mayo, la muerte del ambientalista y defensor del territorio en Puebla, Manuel Gaspar.

“Exigimos garantizar la vida de los defensores al medio ambiente y llevar a la justicia a los responsables de este crimen”, pidieron en la cuenta de Twitter de la iniciativa.

La organización Unión Campesina e Indígena Nacional (UCIN), condenó enérgicamente el asesinato de del compañero y exigido una investigación serie para dar con los responsables materiales e intelectuales del crimen.

http://www.sinembargo.mx/03-06-2018/3425010