La zona norte de Baja California Sur, foco de desaparición y asesinatos
Imagen: Brigette Reyes/ObturadorMX
Ante la falta de respuestas en BCS, las familias de varios jóvenes desaparecidos en el municipio de Mulegé viajaron a la Ciudad de México para exigir su búsqueda. Ahí se enteraron de que sus cuerpos habían sido encontrados en Baja California, más allá del límite estatal
Cecilia Guerrero / Zona Docs
La tarde del 6 de diciembre de 2024, Ángel de Jesús Navarrete Martínez, de 27 años, salió de la casa de su madre en Guerrero Negro, al norte de Baja California Sur (BCS); iba a la tienda, era un recorrido de apenas unos metros. El menor de los hijos de Beatriz Martínez había llegado tres días antes para acompañarla en su cumpleaños; dueño de dos locales de lavado de autos, vivía en Tijuana, la ciudad más poblada de Baja California (BC), con su esposa y su pequeño hijo.
“‘Voy a ir a la tienda de la vuelta a traer unas papas’. Se salió hablando por teléfono, y pues de ahí desapareció, ya no lo volvimos a ver”, cuenta Beatriz, de 54 años. Junto con su nuera y otros familiares, comenzó a buscar a su hijo inmediatamente. Pidieron a la dueña de la tienda de abarrotes el video de la cámara del negocio, pero no quiso entregarlo “por temor a represalias”. Fue entonces cuando la madre intuyó que algo malo había pasado.
Originaria de Tijuana, Beatriz se mudó en 2021 a Guerrero Negro, una población de 13,500 habitantes del municipio de Mulegé, ubicada en el extremo noroeste del estado, en el límite con BC. En ese tiempo dice que llegó a escuchar sobre desapariciones de personas en la zona, pero las familias no solían buscarlas por temor. No fue su caso porque, cuando su hijo no regresó a casa, ella preguntó donde pudo, rastreó brechas y subió videos a sus redes sociales. “Yo quería llegar hasta las últimas consecuencias para encontrarlo”.
En uno de los videos se ve a Beatriz recorrer un terreno desértico. “No busco culpables”, dice. Acompañada de familiares y miembros de colectivos a los que pidió ayuda, buscó a su hijo durante cuatro días, sin hallarlo. Por eso decidió viajar a la capital del estado, a 771 kilómetros de distancia, unas 13 horas de viaje en auto.
“Nos armamos de valor y nos fuimos a La Paz. Nos fuimos desanimadas de que no encontrábamos a mi hijo y pues a hacer otra cosa más grande para que apareciera”, narra. Se manifestó afuera de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y, dos días después, fue atendida por el subprocurador de Atención a Delitos de Alto Impacto, Bernardo Soriano Castro.
Beatriz dice que desconfiaba de las autoridades de Guerrero Negro. “No quise tomarlas en cuenta por muchos comentarios. Me fui directamente a La Paz”.
Un reportaje publicado en el semanario Zeta atribuye el aumento de las desapariciones en la zona norte de BCS a los enfrentamientos entre distintas facciones del Cártel de Sinaloa: los Venados, asociados a los Mayos, y delincuentes que trabajan para los Chapitos; también incluye testimonios que denuncian la complicidad de elementos de la Policía Municipal y funcionarios de la PGJE con los grupos criminales.
Mientras Beatriz estaba en La Paz, el 13 de diciembre recibió la noticia de que habían encontrado el cuerpo de su hijo. “Apareció un carro abandonado en lo que es Jesús María , porque para allá fueron y lo aventaron. Fue cuando el subprocurador se comunicó conmigo y me dijo que efectivamente sí era mi hijo”.
Villa Jesús María pertenece a una zona mayormente desértica, de rancherías y pequeñas poblaciones alejadas unas de otras, conocida como “el sur profundo” de BC. Forma parte del municipio de San Quintín y se ubica en el límite estatal, a 15 minutos de Guerrero Negro.
En los meses anteriores a la desaparición y asesinato de Ángel de Jesús hubo varios crímenes atribuidos a la pugna que mantienen los diferentes bandos del Cártel de Sinaloa en la zona. El 11 de octubre, en Guerrero Negro, asesinaron a José Eleazar Toscano, el Profe, presunto líder criminal en la comunidad. Al mes siguiente, el 24 de noviembre, en Villa Jesús María mataron a Jesús Manuel Zagasta Machado, el Fresa.
Ese mismo día de noviembre desapareció Gabriel Meza Macklish cuando viajaba de San Ignacio, en BCS, al Ejido Nuevo Rosarito, en el estado vecino; su automóvil fue hallado frente a la gasolinera de Villa Jesús María. En esa misma localidad de BC fue visto por última vez Daniel Martínez Gaxiola, cuando se dirigía en la mañana a su trabajo en Santa Rosalía, cabecera del municipio de Mulegé.
Las desapariciones y asesinatos en la zona limítrofe de las dos Bajas Californias han sido un argumento de las autoridades de ambos estados para deslindarse de realizar las búsquedas o las investigaciones ministeriales una vez que las víctimas son encontradas, lo que afecta a las familias.
Para recoger el cuerpo de su hijo, Beatriz tuvo que trasladarse desde La Paz a la cabecera municipal de San Quintín, 1,200 kilómetros al norte. Llegó al día siguiente de que recibió la notificación del hallazgo, un sábado, y tuvo que esperar al personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de BC, que viajó desde Ensenada. “Llegaron muy tarde, como a las 11:30 de la noche”, cuenta, así que debió quedarse un día más. Finalmente, el lunes 16 le entregaron a Ángel de Jesús.
“Yo me aferré a ver a mi hijo, no me querían dar el acceso, pero yo decidí verlo. A él ya lo habían enterrado, estuvo expuesto a la humedad, al sol y donde había animales, pero también podemos decir que ya estaba enterrado. Lo sacaron para entregarlo por tanto escándalo que hice. Si no, no me lo hubieran entregado”, asegura.
Cinco meses después, Beatriz no ha recibido noticias sobre la investigación por el asesinato de Ángel de Jesús; la indagatoria está a cargo de la FGE, en Ensenada.
Guerrero Negro, con mayor número de casos
Con una población de 64,000 habitantes, Mulegé es el tercer municipio de BCS con mayor número de desapariciones: 70, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), consultado en la tercera semana de mayo. En primer lugar está La Paz, con 412 casos y 300,000 habitantes, y en segundo Los Cabos, con 388 reportes y 350,000 habitantes. En el estado han desaparecido hasta la fecha 1,049 personas.
La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) de BCS, que opera desde 2019, registra 73 personas desaparecidas en Mulegé hasta abril. En los últimos dos años no han detectado un aumento en los reportes: 20 en 2023, 18 en 2024, y siete en los primeros cuatro meses de este año. En 2024 se hallaron también dos fosas clandestinas en el municipio; el organismo no informó el número de cuerpos recuperados.
“A la fecha, Mulegé, Comondú y Loreto han sido municipios que no han tenido una recepción de casos alarmante o que vayan al alza”, señala Lizeth Collins Collins, comisionada estatal de búsqueda. “Caso contrario de La Paz y Los Cabos, en los que sí tenemos una situación más constante”.
Lo que sí figura en los datos de la CEBP es que Guerrero Negro es la localidad de Mulegé con más reportes de personas desaparecidas: en 2024 fueron siete; le siguieron Vizcaíno, con seis; Santa Rosalía, con tres, y Heroica Mulegé, con dos. Y en este año, hasta el 7 de abril, la comisión registraba cuatro desapariciones en Guerrero Negro, dos en Vizcaíno y una en Santa Rosalía.
Del lado norte, en BC, solo existen aproximaciones al número de personas desaparecidas en San Quintín, debido a que el municipio se creó en febrero de 2020, y fue a partir de esa fecha que comenzaron a contabilizarse las víctimas. Según el RNPDNO, hasta el 22 de mayo había 25 personas desaparecidas. El estado suma 4,102 desapariciones; más de la mitad, 2,511, en el municipio de Tijuana.
La FGE de BC reportó a la organización civil Elementa DDHH el hallazgo de 24 fosas en San Quintín, entre 2020 y 2025, con 19 cadáveres y 231 restos.
Reducción de homicidios, aumento de desapariciones
El pasado 20 de enero, Leonelly Valdez Romero, de 21 años, se manifestó frente a una de las entradas de Palacio Nacional, en la Ciudad de México. Originaria de San Ignacio, localidad ubicada a 150 kilómetros al sur de Guerrero Negro, en Mulegé, Leonelly llevaba un mes protestando frente a la PGJE y la oficina del gobernador en BCS, sin ser recibida, por lo que decidió viajar a la capital del país como último recurso. Pedía a las autoridades federales la búsqueda de su pareja, Eduardo Apodaca Félix, de 23 años, desaparecido el 25 de diciembre de 2024.
Los jóvenes vivían juntos desde hacía un año y siete meses; planeaban casarse pronto. Un día antes de la desaparición se habían mudado al Ejido Alfredo Bonfil, un poblado ubicado a 20 minutos de San Ignacio.
“Nos enteramos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que iba a haber una oportunidad laboral en Bonfil, donde viven los papás de él, y aparte su abuela nos iba a prestar su casa. Nos íbamos a ahorrar la renta y a tener un trabajo estable, dentro de lo que cabe, para poder pagar algunas deudas y estabilizarnos un poco”, cuenta la joven, quien estudió unos meses la carrera de Criminología y desertó por falta de recursos económicos.
Según lo que Leonelly pudo investigar, la última vez que vieron a su pareja fue en la mañana del 25 de diciembre. “Lo miran echando gasolina. La gasolinera está en la salida de Salinas, en la pura Carretera Transpeninsular. Miran que se dirige hacia el sur, hacia Bonfil, pero pues ya no llega”.
El día 26 intentó denunciar la desaparición de Eduardo en Santa Rosalía, la cabecera del municipio, pero le dijeron que no había nadie que pudiera atenderla; insistió y finalmente le tomaron la declaración. Junto con personal de la CEBP, pegó cédulas de búsqueda en San Ignacio, pero se dio cuenta de que no estaban investigando.
“Ella se contacta conmigo para ver cómo le hice yo para que apareciera mi hijo. Esas son las palabras que me dijo”, recuerda Beatriz. Le recomendó no esperar, irse a La Paz y plantarse en la PGJE.
“Tras la desesperación de no tener ya ninguna respuesta en esos días, pues yo vendo mi computadora y me voy hasta la capital del estado”, dice la joven, quien coincidió en La Paz con las familias de dos jóvenes desaparecidos el 6 de enero de 2025, también en Guerrero Negro: Gael de la O Ceballos, de 19 años, y Juan Ulises Piñuelas Vega, de 21 años.
“En Santa Rosalía nos dijeron que nuestra carpeta ya la tenía el procurador del estado. Cuando llegué a La Paz desconocían completamente el caso”, lamenta Leonelly. Así, el 9 de enero decidió unirse a la manifestación de las familias de Gael y Juan Ulises frente a la PGJE.
Ese mismo día, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Luis Alfredo Cancino, anunció en medios locales que, tras los reportes de desapariciones y violencia en San Ignacio y Guerrero Negro, enviarían 40 elementos para reforzar la seguridad en Mulegé; en total, 60 agentes de la Policía Estatal para un municipio con una extensión de 32,000 kilómetros cuadrados.
El entonces procurador sudcaliforniano, Daniel de la Rosa Anaya, declaró que las “situaciones” de violencia en municipios de BC como Ensenada y San Quintín estaban afectando la zona norte de la entidad, principalmente a Guerrero Negro, Vizcaíno, Santa Rosalía y el área del Pacífico. “No es un tema de Baja California Sur”, aseguró.
En realidad, el estado tiene su propia historia de inseguridad. En diciembre de 2014, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió por primera vez para BCS una alerta de viaje por el aumento de homicidios. Los hechos de violencia registrados en distintos lugares de la entidad provocaron que, apenas en abril de este año, el Consulado de Estados Unidos emitiera una nueva alerta de seguridad para sus ciudadanos. Reconocido como un destino turístico, BCS es visitado principalmente por estadounidenses: cerca de un millón y medio acuden anualmente y se calcula que alrededor de 20,000 residen en la entidad, principalmente en La Paz y Los Cabos.
Según el proyecto Mapping Criminal Organizations in Mexico, que recopiló datos públicos del periodo 2007-2015, la presencia del Cártel de Sinaloa en BCS se remonta a inicios de 2011. A finales de ese año, comienza a operar el Cártel de los Beltrán Leyva, pero con un nivel de fuerza menor. Una tercera organización, el Cártel Jalisco Nueva Generación, llega al estado en 2015, lo que coincide con un aumento en el número de homicidios.
Cecilia Farfán-Méndez, jefa del Observatorio para América del Norte de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Trasnacional (GI-TOC), quien participó en el proyecto apoyado por la Universidad de California en San Diego, resaltó como uno de sus hallazgos que la reducción de homicidios no necesariamente significa disminución de la violencia.
“Tienes quizá una reducción de homicidios, pero un aumento clarísimo de desapariciones. Lo que hemos visto, me parece en todo el país, es que sin duda algunos grupos criminales han aprendido que tener una tasa de homicidios muy alta no es bueno para el negocio, porque pone el foco sobre el estado, y entonces lo que tienen son desapariciones”, plantea.
Eso es lo que sucedió en BCS. En 2017 se registraron 75.32 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes; luego, en 2020, el número bajó a 7.51, lo que ubicó al estado por debajo de la tasa nacional, de 23.40. El aumento en las desapariciones inició en 2017, cuando hubo 81 reportes —el año anterior se habían registrado 48 casos—, y en 2020 ya sumaban 87, según cifras del RNPDNO. En los años siguientes, el incremento continuó: 107 casos en 2021, que disminuyeron a 57 en 2022, y de nuevo aumentaron a 98 en 2023.
Farfán-Méndez destaca otras “violencias invisibles” que pueden estar presentes, como la extorsión. “El cobro de piso sabemos que es muy prevalente, sobre todo en Baja , donde tienes una industria turística superfuerte y también mucha pesca”.
La investigadora agrega que es muy difícil medir el delito de la extorsión porque las personas no suelen denunciarlo y la cifra negra es muy alta, pero según el Observatorio Nacional Ciudadano, en abril de 2025 Baja California Sur tuvo la tasa más alta del país, con 1.92 casos por cada 100,000 habitantes.
Víctimas jóvenes
“En Baja California Sur, los índices más altos de desaparición son en La Paz y San Lucas. La zona norte siempre ha tenido un índice muy bajo. Pero hace cuatro, cinco meses, se ha estado incrementando a números rojos. Desapariciones de jóvenes, de 18 a 22 años”, explica Iris Manríquez, representante del colectivo Búsqueda x La Paz, que reúne alrededor de 120 familias de BCS.
Fueron los familiares de jóvenes desaparecidos en la zona norte del estado quienes en enero de 2025 protestaron en la oficina del gobernador, Víctor Castro Cosío. Exigían acciones contundentes para dar con su paradero, además de investigar a las autoridades locales presuntamente coludidas con el crimen organizado. Al no tener respuesta, se trasladaron a la Ciudad de México.
El 19 de enero, después de varios días de protesta frente al Palacio Nacional, las familias de Gael de la O Ceballos y Juan Ulises Piñuelas fueron avisadas del hallazgo de dos cuerpos en el camino al Ejido El Costeño, en Villa Jesús María; un día más tarde confirmaron que eran los jóvenes desaparecidos. Mientras regresaban a BCS, Leonelly permaneció en la Ciudad de México. El 31 de enero, en el kilómetro 69 de la carretera Santa Rosalía-Paralelo 28, en Mulegé, hallaron sin vida a su pareja, el expolicía Eduardo Apodaca.
Gemima Hernández, una empresaria turística y administradora de cooperativas pesqueras de la región, también viajó con las familias de los jóvenes desaparecidos a la Ciudad de México. Cuenta que desde 2019 ha apoyado a personas víctimas de extorsión, desaparición y otros delitos, y ha denunciado la corrupción entre criminales y autoridades de BCS.
“Las poblaciones somos muy pequeñas y cercanas, de una hora de camino, de 40 minutos, una tras otra. Yo soy conocida porque soy nativa de ahí, empleamos a muchas personas”, dice Hernández.
Después de cinco días de manifestarse frente a Palacio Nacional y buscar la atención de sus demandas, el grupo de familiares fue recibido por personal de la Secretaría de Gobernación. Aunque no todos pudieron acceder ni vieron al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como solicitaron.
Hernández fungió como su representante y aseguró haberles entregado evidencia sobre la corrupción de autoridades en BCS. “Son carpetas de investigación donde están involucradas autoridades que permiten la corrupción, y obviamente algunos videos, grabaciones, situaciones, mucha información”. Les prometieron revisar el asunto.
“Nos están vulnerando demasiado. Estamos exhibiéndonos en la prensa mucho, pero no hay resultados por parte de la autoridad. Eso es una vulnerabilidad muy grande”, lamentó la empresaria en esa ocasión, frente a Palacio Nacional.
Hernández aseguró que por denunciar públicamente la colusión de las autoridades con grupos criminales ha sido blanco de amenazas, ataques a sus familiares y una reciente campaña de difamación.
“El procurador del estado, al que yo señalo más directamente, está ya en la segunda administración”, afirmó en enero la empresaria sobre Daniel de la Rosa Anaya, que fue titular de la PGJE en BCS de 2017 a 2025. “Era del PAN y nada más se quitó la camiseta y se puso la de Morena. Quedan las mismas autoridades, el único que cambió fue el gobernador, que es de Morena, pero los demás ya estaban ahí, por eso se da esta situación”.
El pasado 3 de abril, De la Rosa renunció al cargo, argumentando “motivos personales”. El gobernador Castro Cosío designó como encargado del despacho a Antonio López Rodríguez, anterior subprocurador regional de Procedimientos Penales. Otros dos altos funcionarios de la PGJE, el subprocurador de Procedimientos Penales de la zona centro y el coordinador de Ministerios Públicos, renunciaron en las semanas siguientes.
“Después de la renuncia del procurador las cosas se pusieron peor, ahorita está como Culiacán, aquí Baja California Sur. Ahorita las cosas están peores para mí, yo ya estoy más vulnerable. A mí me siguen amenazando, ya pedí el apoyo del Estado y me lo están limitando”, dice Hernández, y asegura que ha recibido por lo menos dos llamadas con amenazas, en las que le exigen que se vaya de BCS.
La empresaria considera que la zona limítrofe está siendo aprovechada por los criminales, que arrojan los cuerpos de las víctimas de BCS a la vecina BC, para culpar a las facciones del crimen organizado que operan en esa zona. “Los últimos muertos están apareciendo así. Esto ha pasado mucho, pero como estamos muy lejos del norte, a ocho, nueve horas, la gente nomás recogía sus muertos porque no hay ni fiscalía, no hay nada ahí”.
Planean búsquedas interestatales
Aunque las autoridades de BCS sostienen que la inseguridad es consecuencia de la violencia en el estado del norte, la desaparición de personas y la localización de fosas, principalmente en La Paz y Los Cabos, continúa. Como en otras entidades, son las familias y los colectivos de búsqueda quienes realizan los hallazgos. En 2024, en BCS encontraron 36 fosas clandestinas y 50 osamentas, 21 identificadas y 29 aún sin identificar; en este año, hasta marzo se habían hallado 17 fosas clandestinas, solo en La Paz. Por eso, dice Manríquez, las cifras del RNPDNO no cuadran con la realidad que los colectivos enfrentan cotidianamente.
“Yo les hice ver varios errores que tienen porque hay muchas personas que ponen ya como localizadas, porque no encontraron al familiar en el domicilio o no contestan el teléfono. Nosotros tenemos la comunicación directa muchas veces con las familias, donde pues la persona no ha aparecido. Traemos ahí una diferencia siempre como de 350 personas que en el sistema, a nivel nacional, ellos no los tienen”, explica la buscadora.
Después de la localización sin vida de los cuatro hombres desaparecidos en Mulegé, la titular de la CEBP, Collins, dice que planean realizar “acciones de búsqueda interestatales en los límites”, porque el interés de las familias de desaparecidos en esa zona ha aumentado.
“En enero tuve la oportunidad de estar en Guerrero Negro con familiares de personas desaparecidas en acciones de búsqueda y platicábamos con ellos del interés de buscar en el estado vecino. Nosotros planteábamos el tema de la jurisdicción, la posibilidad de hacer búsquedas en colaboración, en conjunto, siendo invitados por Baja California”, explica.
Anteriormente, en 2023, la CEBP de BCS realizó una primera búsqueda en el límite estatal. A principios de 2025 recorrieron San Quintín, junto con familiares de personas desaparecidas de ambos estados. De acuerdo con la comisionada, durante varios días rastrearon desde la zona costera, cerca de Villa Jesús María, hasta la Carretera Transpeninsular, y luego avanzaron hasta Bahía de los Ángeles.
“Baja California Sur es muy extenso, y ya Baja California en los límites de San Quintín, hasta Jesús María, pues realmente sí también estamos hablando de una extensión territorial bastante amplia. Habría la necesidad de continuar haciendo las búsquedas de manera periódica”.
Para la representante de Búsqueda x La Paz, aun con los casos de desapariciones y hallazgos de cuerpos en la zona norte a inicios de 2025, las autoridades siguen sin dar mayor importancia a la problemática
“La fiscalía siempre pone de pretexto que no hay recursos, no hay carro, no hay gasolina y todo ese tipo de cosas que a nosotros como víctimas nos afecta en la búsqueda y localización”, dice Enríquez. “La zona norte cuenta nada más con un MP en desaparición, en La Paz tenemos dos y dos en Los Cabos, solo hay cinco MP en todo el estado. No es suficiente para todo el número de desaparecidos que ha habido”.
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www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).