Fiscalía intimida a familia de activista desaparecido Sergio Rivera (Puebla)
Isela Estrella / El Digital
La Fiscalía General de Puebla realizó un operativo con más de 10 agentes armados para buscar al activista Sergio Rivera, víctima de desaparición forzada 10 meses después…en su propia casa.
#Video graba el momento en el que con violencia ingresaron en su domicilio como si buscaran a un criminal y no a una víctima.
Familiares, amigos y testigos del juicio han recibido intimidaciones y amenazas.
A casi 10 meses de la desaparición del defensor indígena del medioambiente Sergio Rivera ocurrida el pasado 23 de agosto en la comunidad indígena de Coyolapa, en el municipio de Zoquitlán, Puebla, la Fiscalía General del Estado de Puebla ordenó una orden de cateo para “buscar al activista” al interior de su propio domicilio.
Autoridades de la Fiscalía armaron un operativo para cumplimentar la orden de cateo solicitada por la propia Fiscalía a partir de una información irregular de un agente policial que en un informe señaló que “había visto a Sergio conviviendo con sus hijos y escondiendose en ese domicilio”.
Con armas largas los agentes policiales rompieron puertas y cerraduras para ingresar violentamente al domicilio como si buscaran a un delincuente y no a una víctima de desaparición forzada, a pesar de que hasta el momento se desconoce el paradero de Sergio ya hay 3 personas detenidas y procesadas por el crímen sin que ninguna de ellas haya informado sobre el destino del activista indígena.
Mientras la Fiscalía de Puebla realiza este tipo de operativos de “búsqueda” se ha negado a realizar verdaderas acciones de búsqueda en la región donde el activista fue desaparecido, y a la par, algunas personas que han sido testigos en el juicio han recibido diversas amenazas y actos de intimidación, entre ellas la propia esposa del activista Consuelo Carrillo y sus cinco hijos así como amigos y compañeros de lucha de Rivera Hernández.
Los planes de imponer en la Sierra Negra de Puebla, la construcción del sistema hidroeléctrico (hidroeléctrica) Coyolapa-Atzala impulsada por Grupo Ferrominero de México (Minera Autlán) no han parado, lo cual representaría el entubamiento y contaminación de importantes mantos acuíferos y la destrucción de más de 9000 hectáreas de Selva, en plena crisis medioambiental mundial.
Sergio Rivera Hernández encabezaba en la comunidad de Coyolapa y en otras comunidades vecinas un proceso organizativo para exigir el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y para impedir este grave atropello a los derechos de las personas que habitan en ese contexto, a raíz de su desaparición se ha evidenciado el modo en el que la minera Autlán ha propiciado un esquema de división en las comunidades y la corrupción con las autoridades municipales para facilitar los permisos y amedrentar a las personas opositoras de este proyecto.
Los gobiernos de la zona han utilizado la propia infraestructura y al personal del de estos municipios para favorecer los intereses de la minera, incluso, han conformado un grupo armado para intimidar y amenazar a las personas que se oponen a la Minería, y así mantener el control, estos sicarios ya había amenazado y secuestrado previamente a su desaparición a Sergio Rivera.