Comunidades de Puebla preparan amparo contra consulta federal sobre la termoeléctrica

Aranzazú Ayala Martínez / Lado B

A principios de febrero el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador anunció que hará una consulta ciudadana para definir el destino del Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye dos termoeléctricas, un acueducto y un gasoducto que atraviesa Tlaxcala y la zona volcánica de Puebla.

Los pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala se manifestaron en contra de la consulta e incluso ya preparan un amparo.

Esta oposición al PIM data del 2012, cuando inició el proyecto, pues hay numerosas evidencias recabadas que demuestran las afectaciones ambientales, las violaciones a derechos humanos y sobre todo uno de los puntos que no ha tocado el actual gobierno: el inminente riesgo por estar en una de las zonas de mayor peligro por la actividad del volcán Popocatépetl.

El gobierno federal ha centrado el discurso público en la termoeléctrica –incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador viajó a Morelos el pasado 8 de febrero, para hablar del PIM–, ignorando a los afectados de Puebla y Tlaxcala por el gasoducto.

Algunos habitantes de los municipios poblanos de Nealtican, Calpan, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula se enteraron de la posible reactivación del gasoducto por las noticias, otros por los compañeros de Morelos y otros más “de rebote”: el gobierno no se ha acercado a los pueblos que habitan a lo largo del trazo del gasoducto para consultarles o avisarles que el proyecto sigue ahí, latente.

Alejandro Torres, de la radio comunitaria cholulteca de Santa María Zacatepec, dijo a LADO B que el pasado lunes se reunieron con integrantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y acordaron una siguiente mesa de trabajo para el 14 de febrero, la cual fue cancelada abruptamente.

A menos de diez días de la fecha en que -en teoría- el gobierno federal realizará la consulta, el Frente de Pueblos Puebla-Tlaxcala denuncia que no hay información ni difusión para que la gente conozca realmente todos los riesgos que implica el PIM.

El comunicador de Zacatepec compara lo que ocurrió con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que tuvo difusión nacional durante meses y las personas tuvieron la oportunidad de conocer tanto los beneficios como los impactos negativos para tomar una decisión informada.

Juan Carlos Flores Solís, integrante del Frente de Pueblos Puebla-Tlaxcala, dijo que han lanzado la campaña “Yo prefiero la vida”, mediante la cual informarán a las personas acerca de los riesgos e impactos del PIM y del gasoducto.

Además adelantó que están por presentar un amparo colectivo contra la consulta que pretende hacer el gobierno federal, ya que viola la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que habla de la autodeterminación de los pueblos indígenas y el derecho a decidir sobre lo que pasa en sus territorios.

“Como sujetos del derecho indígena los pueblos son los únicos que tienen el derecho de decidir sobre su territorio. Y ahora para lanzar el proyecto quieren lanzar una nueva consulta sin reconocer nuevamente su derecho aunque ya hay una recomendación de la CNDH; es por eso que vamos a interponer los amparos y que la consulta se suspenda, y en lugar de ella se realice una consulta indígena donde cada pueblo determine qué pasa con su pueblo, en su territorio, es decir, Huexca sobre Huexca, Zacatepec sobre Zacatepec y Ayala sobre Ayala”.

El riesgo volcánico

El viernes 8 de febrero en su conferencia de prensa mañanera el presidente López Obrador habló del PIM, sin mencionar el riesgo volcánico ni el hecho de que el gasoducto también pasa por una zona de alta actividad sísmica.

Ese mismo día el Centro Universitario para la Prevención de Desastres (Cupreder) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) externó sus preocupaciones en un comunicado, donde recordó que el Popocatépetl es el volcán que más habitantes tiene a su alrededor en todo el mundo, y uno de los cinco más explosivos del planeta. El gasoducto y la termoeléctrica están en zona de alto peligro eruptivo, y una erupción incluso de mediana intensidad afectaría a ambos.

El Cupreder dijo también que el gobierno federal no mencionó que el PIM incluye ramales de distribución que impulsarían el crecimiento industrial “en zonas altamente vulnerables a una erupción, como Atlixco y Nealtican-Tecuanipan”.

Otra de las preocupaciones del Cupreder, que también comparte Alejandro Torres de Radio Zacatepec, es el robo de combustible, pues Puebla es una de las entidades donde este delito ha repuntado y no sólo robo de gasolina y diesel, sino también ordeña de ductos de gas LP.

El organismo universitario coincide con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala y los habitantes de la región del volcán que para realizar una consulta se debe tener primero suficiente información social, técnica y científica, que tiene que ser ampliamente divulgada a la población.

El Frente ya publicó tres documentos dirigidos al gobierno federal: una carta dirigida al presidente López Obrador, un boletín donde dicen que antes de cualquier consulta se debe garantizar la seguridad de todas las comunidades afectadas, y un “Informe sobre el impacto negativo de la termoeléctrica en Huexca y la región oriente de Morelos”, en el cual participaron científicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), consejeros de Morena, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), junto con al menos otras ocho organizaciones.

Las autoridades tampoco han hablado del conflicto social que puede derivar de la imposición de un proyecto ampliamente rechazado; pues el gasoducto tiene una historia de represión, con al menos tres casos de presos políticos en el estado de Puebla y represión policiaca.

Para Alejandro Torres, de la radio comunitaria de Zacatepec, está en manos de las autoridades evitar un conflicto mayor, porque la gente no acepta la consulta, y mucho menos el PIM: “Están violando nuestro derecho a la consulta y minimizando los riesgos que tenemos en el volcán”.

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