Protestan en Puebla contra megaproyectos

Edgar Barrios/ El Sol de Puebla

En el marco del Día Internacional contra la Minería, al menos 11 organizaciones de varias partes del estado y con representación nacional informaron que declararon, simbólicamente, a seis comunidades ixtacamaxtecas como territorios libres de minería. También calificaron como injustificables las autorizaciones llevadas a cabo por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a favor del proyecto hidroeléctrico, impulsado por Deselec 1 Comexhidro y el minero a cargo de Almaden Minerals.

De este modo mientras los activistas, indígenas y mestizos protagonizaron diferentes manifestaciones ante la sede de la Semarnat, así como de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en la capital poblana, a través de un manifiesto dirigido al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al ayuntamiento de Ixtacamaxtitlán, a la delegada de Semarnat en Puebla, Daniela Migoya, así como al director de la Conagua, Alberto Jiménez y a los medios de comunicación, los activistas plantearon su rechazo a dichos proyectos.

Destacaron que desde el año 2011 empresas transnacionales en colusión con autoridades y servidores públicos de los tres niveles de gobierno han estado cometiendo una serie de agravios en contra de las comunidades campesinas indígenas de la Sierra Norte de Puebla para imponer el funcionamiento de proyectos de muerte de minería, gas y de hidroeléctricas para grandes empresas como Walmart.

Durante estos años han denunciado las agresiones y violaciones cometidas contra comunidades nahuas, totonacas, otomíes y mestizas que defienden su territorio, tales como invasión de terrenos sin autorización de los dueños, hostigamiento para vender tierras, difamaciones, amenazas, denuncias penales con delitos fabricados, una simulación de consulta indígena y lo más grave, el asesinato de tres compañeros por defender el agua y la vida.

A pesar de ello, dicen, “seguimos luchado contra los intentos de despojo y destrucción de la madre tierra, logrando frenar la mayoría de los proyectos de muerte que ponen en riesgo nuestras vidas”.

Es por ello que “nos parece injustificable que la SEMARNAT continúe autorizando proyectos a la minera Almaden Minerals y a Deselec 1 Comexhidro. En el caso de Deselec, el 3 de julio se autorizó de manera condicionada la construcción de la presa Zoquiapa, parte del proyecto hidroeléctrico Puebla 1 de la empresa Comexhidro, para generar electricidad para Walmart sobre la cuenca del río Ajajalpan. Esto a pesar de que estudios hechos por especialistas, de los que tiene conocimiento Semarnat, afirman que dicha hidroeléctrica traería daños irreparables en nuestro territorio, poniendo en riesgo la vida de miles de familias totonacas y nahuas”, criticaron.

Añadieron: “con la misma irresponsabilidad Semarnat ha autorizado a Minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals, trabajos de exploración en el municipio de Ixtacamaxtitlán a sabiendas de que, como se le informó desde el año pasado, ya se han secado fuentes de agua, han muerto animales y se han contaminado barrancas con miles de litros de diésel utilizados por la empresa. Esta información se le ha hecho llegar a la Semarnat en distintas misivas, en las que se han añadido evidencias de los daños, entre ellas el resultado final de la Evaluación de Impacto a Derechos Humanos en el municipio de Ixtacamaxtitlán”.

Bajo este contexto reiteraron su defensa a la tierra, a la salud y al derecho a la vida, ejerciendo su derecho a la libre determinación para declarar a las comunidades ixtacamaxtecas de Loma Larga, Cuauihtic, Tateno, Cruz de Ocote y Tecoltemic como territorios libres de minería. Exigieron a la Semarnat y a la Conagua abstenerse de autorizar cualquier permiso o concesión a hidroeléctricas o mineras, mientras que al Ayuntamiento de Ixtacamaxtitlán pidieron no autorizar el cambio de uso de suelo, de construcción ni de uso de explosivos a las filiales de Almaden Minerals.

Por último, demandaron el esclarecimiento de los asesinatos de los activistas Antonio Esteban Cruz y Manuel Gaspar y el cese a la criminalización hacia los opositores a la instalación de las líneas de alta tensión en Cuetzalan.

Responsabilizaron a los gobiernos estatal y federal por el incremento de la violencia hacia defensores y defensoras del territorio, que podría agravarse “en caso de que se continúe poniendo los intereses económicos de grandes empresas privadas por sobre nuestros derechos como pueblos indígenas y ciudadanos. Está en sus manos y es su responsabilidad mantener la paz y contener la violencia hacia las comunidades de la Sierra Norte de Puebla”, finaliza el documento.

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