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Liberan a líder campesino acusado de despojar de terrenos a la familia Mouriño

CAMPECHE, Camp. (apro).- El Juzgado de Control ordenó esta tarde la libertad del líder campesino Celestino May, por considerar que su detención, el pasado miércoles 23, fue ilegal.

El dirigente del movimiento Tierra y Justicia fue aprehendido junto con Jacqueline Palomo y sus hijos Abner y Pedro Natanael, acusados del delito de despojo de un bien inmueble.

Su abogado defensor, Edwin Torres, aseguró que la detención fue ilegal y violatoria de los derechos humanos, por lo que sus clientes se declararon en huelga de hambre desde el mismo día en que fueron capturados por elementos de la Fiscalía General del estado (FGE).

“Se trató de un acto de represión”, dijo.

Desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón, el movimiento Tierra y Justicia inició un conflicto legal contra Carlos Mouriño Atanes, padre del fallecido exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, por la posesión de los terrenos del ejido Lerma, donde el influyente empresario español construye su exclusivo proyecto inmobiliario Campeche Country Club.

Para realizar su viejo sueño, el dueño del Grupo Energético del Sureste y del equipo de futbol español Celta de Vigo, presuntamente hizo valer sus influencias en las dependencias federales para apropiarse de las tierras del ejido Lerma, conurbado a esta capital, en las postrimerías del calderonismo.

De ese modo se apoderó de 9 mil 685 hectáreas por las que pagó aproximadamente 40 centavos por metro cuadrado y los revendió en 288 dólares.

El ejido quedó reducido a sólo 400 hectáreas, luego de un juicio que dejó a salvo los derechos de ocho ejidatarios que se negaron a cederlos o venderlos.

Según denuncias de los inconformes, el magnate también quiere apoderarse de ese terreno para construir un estadio de futbol.

El ambicioso proyecto de Mouriño Atanez consta de una zona habitacional para personas de muy alto poder adquisitivo, campo de golf diseñado por Jack Niclaus, colegios, hospital y hasta playas artificiales, para cuya creación están extrayendo arena del lecho marino.

Para evitar el despojo, los ocho ejidatarios decidieron regalar tierras circundantes al Country Club para que ahí se creara “una colonia proletaria”. Y fue así como repartieron casi tres mil lotes a personas humildes para que construyeran sus viviendas y con ello se depreciara el valor de los predios del club.

Meses atrás, Celestino May Can denunció amenazas y atentados de muerte en su contra, así como el incendio premeditado de su rancho y la muerte de su ganado, de lo que responsabilizó directamente a Carlos Mouriño, y exigió al Congreso local y al exgobernador Fernando Ortega Bernés poner atención a su caso.

Tiempo después apareció en escena Rafael Selem Ferrer, dueño de la empresa Campechana de Vehículos, para disputar a los ejidatarios una porción de las tierras. Argumentó fue que el gobierno del estado se las dio tiempo atrás para instalar una de sus agencias concesionarias de autos nuevos.

La franja reclamada por ese empresario, cuya denuncia fue la que motivó la detención de Celestino May, es justamente el acceso a la colonia proletaria Tierra y Justicia, cercana a la lujosa entrada del Country Club. Ese predio en disputa no está delimitado.

El sector donde se encuentran esos terrenos fue donado al gobierno estatal hace más de 30 años para desarrollar un parque industrial. No obstante, en las cláusulas de la donación estaba especificado que si luego de tres décadas no se realizaba el proyecto, como es el caso, esas tierras se reincorporarían al ejido.

En conferencia de prensa, el fiscal general, Juan Manuel Herrera Campos, anunció que los cuatro detenidos serían puestos a disposición de un juez de Control por el delito de despojo de bien inmueble, y sostuvo que el grupo fue aprehendido “en flagrancia” cuando la Policía Ministerial efectuaba algunas diligencias en el predio en cuestión.

Dijo que las personas arrestadas, intentaron sin derecho alguno sacar del lote a los agentes ministeriales.

“Este asunto no es nuevo, ya tiene antecedentes, se abrió en el mes de mayo el acta circunstanciada 2-2015-6924, en la cual se denunció el delito de despojo”, explicó.

Herrera Campos aseguró que se efectuaron las averiguaciones pertinentes “y se llevó a cabo una serie de peritajes referentes al mismo predio”.

De igual manera, resaltó que como parte de las pesquisas se recabaron testimonios de autoridades de Lerma, quienes aseguraron que los detenidos no tenían ninguna representación y que el ejido no tenía ningún interés en el predio en cuestión por que no es propiedad ejidal.

Mencionó que también “se han recabado denuncias de personas que alegan haber sido defraudadas por el líder campesino, quien supuestamente les pidió diversas cantidades de dinero por la venta de lotes del predio hoy en comento”.

El defensor de los detenidos acusó irregularidades en las detenciones y explicó que la denuncia de Selem Ferrer data del 14 de mayo pasado.

Sin tener en ese momento los peritajes pertinentes y sin que el predio en cuestión estuviera delimitado, la agente ministerial determinó a criterio detener “en flagrancia” a las cuatro personas, sólo porque dijeron que el predio era de ellos, dijo.

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