Por oponerse a destrucción minera, criminalizan a la comunidad maya de Xcucul Sur (Yucatán)
Katia Rejón / Jaltún
La comunidad de Xcucul Sur, en el municipio yucateco de Umán, es víctima de represalias penales tras exponer el desastre ambiental y los daños a las viviendas que provocan las detonaciones que Grupo Zamudio realiza en un banco de materiales cercano. Al menos diez personas de la comunidad fueron denunciadas y deben presentarse ante la Fiscalía General de Yucatán, en otro caso que evidencia la criminalización que sufren los pueblos indígenas de la península.
Por lo menos diez pobladores de la comisaría de Xcucul Sur, en el municipio de Umán, fueron notificados por la Fiscalía General del Estado de Yucatán de una denuncia presentada contra las y los vecinos el pasado 6 de agosto. En entrevista con Jaltun, Jorge Fernández Mendiburu, abogado del centro de derechos humanos Utsil Kuxtal, organización que se encuentra asistiendo legalmente a a la comunidad, dijo que los citatorios no aclaran quién realizó la denuncia ni cuáles son los delitos que se les imputan a los habitantes del pueblo.
Sin embargo, remarcó que todas las personas citadas, varias de ellas adultos mayores, son parte activa de la lucha contra la minera de Grupo Zamudio que opera de forma ilegal muy cerca del pueblo.
“Como suele suceder en comunidades que defienden su territorio, hay una respuesta de criminalización que genera miedo e incertidumbre en la comunidad. Justamente, para que bajen los procesos de lucha y las energías se centren en lo penal. Es una lógica de desgaste para las personas”, explicó Fernández Mendiburu.
Precisamente, Utsil Kuxtal emitió un comunicado detallando que la comunidad es perseguida de manera judicial “por su oposición a un banco de extracción de materiales que opera de forma irregular y ha generado múltiples impactos sociales y ambientales. Esta explotación, impulsada para abastecer insumos al megaproyecto del Tren Maya, ha estado marcada por omisiones legales, afectaciones a la población y actos de hostigamiento”.
El banco para extraer material pétreo se instaló en la comunidad hace 20 años y fue en 2021 cuando se comenzó a detonar dinamita en él, bajo la administración de la empresa Proser. La comunidad protestó entonces debido a que las detonaciones, muy cercanas a sus viviendas, generaban daños estructurales a las casas, pero nadie quiso hacerse responsable de las reparaciones.
“Según testimonios de los habitantes, el predio fue adquirido por la empresa mediante una asamblea ejidal a puertas cerradas, sin el consenso de la mayoría y sin que el acta o contrato resultante se hiciera público“, afirmó Utsil Kuxtal en su texto.
Zamudio, el dueño del banco y la dinamita que daña a la comunidad
En la actualidad, el banco le pertenece a Grupo Zamudio y, como se dijo, vende material para el Tren Maya. La empresa realizó detonaciones a pesar de que rige una prohibición. También es acusada de hostigar a los pobladores, desalojar con violencia a personas que viven cerca de los terrenos, y deforestar más hectáreas de las permitidas por el ejido.
Como publicó Jaltun, la sascabera propiedad de Roberto Zamudio tiene clausuras por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán y tres inspecciones de la Secretaría de la Defensa Nacional que confirman que no pueden hacer detonaciones. A pesar de ello, la empresa sigue operando e incumpliendo sistemáticamente las clausuras federales, estatales y su propio Manifiesto de Impacto Ambiental.
“En estos casos en los que pueden ser los empresarios o personas de la comunidad pagadas por los empresarios quienes denuncian, vemos una acción casi inmediata de la Fiscalía. La forma en la que reacciona es notablemente diferente a cuando quienes denuncian son los pobladores”, añadió el abogado.
Las personas criminalizadas fueron a comparecer el lunes 11 de agosto a la Fiscalía. Sin embargo, al ser mayahablantes se solicitó la presencia de un traductor para realizar las declaraciones en ese idioma. Por esa causa, las citas fueron pospuestas para el 18 y el 20 de este mes. Los denunciados aún no han tenido acceso a las carpetas de investigación por lo que desconocen los presuntos delitos de los que son acusadas.
Según testimonios de la comunidad recogidos por Jaltun, los pobladores notificados se reunieron durante la noche del 6 de agosto para intentar comprender de qué se les acusaba.
Llegaron a una de las casas con sus hojas entregadas por la Fiscalía preguntando: “Ba’axten teen. Ba’ax tin beetaj” —en maya, “¿Por qué yo?, ¿yo qué hice?“—. Y conmocionados porque nunca habían tenido conflictos de esta índole. Al día siguiente, preocupados por las denuncias y un reciente despliegue de policías antimotines en la comunidad, las y los vecinos convocaron a una asamblea con abogados que podían acompañar el caso.
Por otro lado, el número de personas citadas por la Fiscalía incluso podría ser más alto. Ocurre que varias personas no estaban en sus casas cuando las autoridades llevaron los citatorios. “Lo que sí está claro es que las personas denunciadas son quienes han mantenido una postura de oposición hacia la minera. Entonces, evidentemente hay una acción dirigida a quienes encabezan la lucha contra esa actividad”, afirmó Fernández Mendiburu.
Relacionado con esto, el comunicado de Utsil Kuxtal explica que “los citatorios de la Fiscalía representan una forma de criminalización y amenaza que pretende menoscabar el derecho a defender los derechos humanos del pueblo de Xcucul y evidencia una práctica preocupante por parte de las instituciones encargadas de procurar justicia, al situarse al servicio de las empresas para desarticular un legítimo movimiento de defensa del territorio“.
La organización añade que lo que viene ocurriendo en Xcucul Sur evidencia cómo la explotación de bancos de materiales ocurre “en los márgenes de la legalidad y la ilegalidad”. Y a partir de un entramado “de instituciones estatales, empresas constructoras, autoridades locales, marcos regulatorios flexibles y comunidades afectadas”.
“Este patrón no es un hecho aislado, sino una expresión localizada de un modelo extractivo que, bajo el argumento del desarrollo infraestructural, reproduce dinámicas de despojo, deterioro ambiental y vulneración de derechos colectivos y de la naturaleza en toda la península de Yucatán”, enfatiza.
La comunidad maya denunció la persecución que sufre ante Naciones Unidas
La comunidad notificó de la criminalización a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) y la Clínica de Derechos Humanos de la Ibero en Puebla, entre otras instituciones.
De acuerdo con una investigación de Lilia Balam publicada por Jaltun en abril de este año, en el lapso de 2018 a 2024 se registraron al menos 18 casos de criminalización de la protesta en la península de Yucatán. A esa cifra ahora hay que sumar la persecución que tiene lugar en la comunidad que integra el municipio de Umán.
“Es importante la difusión y la exigencia a las autoridades del Estado para que no sean cómplices del despojo territorial, las afectaciones socioambientales y la criminalización de la protesta. Eso es gravísimo y desafortunadamente se ha incrementado en la entidad”, concluyó Fernández Mendiburu.
https://jaltun.mx/por-oponerse-a-destruccion-minera-criminalizan-a-la-comunidad-maya-de-xcucul-sur/