Criminalización y revictimización, la práctica oficial para explicar delitos (Colima)
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Francis Bravo / El Comentario
La criminalización y revictimización de las víctimas del delito en Colima, particularmente las de homicidio doloso, incluidas mujeres y niñas, ha sido una constante en las ruedas de prensa que desde el Gobierno estatal se realizan para informar sobre los múltiples hechos delictivos que están afectando a la entidad, coincidieron en advertir en entrevistas por separado el periodista y catedrático universitario Arnoldo Delgadillo; la vocera del Centro de Apoyo a la Mujer (CSM), Clementina Nava, y la presidenta del Colectivo 50+1, Leticia Zepeda.
Con señalamientos, acusaciones y hasta observaciones a contenidos en sus redes sociales, desde esas ruedas de prensa, afirman, a los y las afectados de hechos delictivos se les convierte en “víctimas propiciatorias”, es decir, ellas y ellos buscaron la suerte mortal o trágica con la que corrieron.
De acuerdo con las declaraciones de Nava, Zepeda y Delgadillo, en la entidad constantemente se criminaliza y revictimiza a las víctimas al informar sobre los hechos delictivos desde las instituciones del Estado, por lo que hicieron un llamado a quienes realizan esa práctica para que dejen de hacerla.
Gustavo Adrián Joya Cervera, vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad en Colima, designado en el cargo el pasado 25 de marzo, ha criminalizado a las víctimas de delitos, afirma en varios casos ante reporteros que las personas ultimadas tenían vínculos con la delincuencia o que los unían lazos familiares con gente dedicada a actividades criminales. Incluso, en ocasiones ha resaltado publicaciones de las víctimas en sus redes sociales, que los harían parecer delincuentes.
No obstante, el mismo funcionario, en sus conferencias de prensa señala que todos aquellos que pierden la vida son víctimas, para posteriormente mencionar la presunta actividad criminal de las personas asesinadas o de las o los acompañantes de las víctimas de homicidio doloso.
En la conferencia de prensa de su presentación en el cargo el 25 de marzo, Joya Cervera informó que desde enero y hasta el 24 de marzo, en el estado de Colima se habían registrado 193 homicidios dolosos.
Cinco días después, el 29 de marzo, en una entrevista concedida al periodista Pascal Beltrán del Río de Imagen Radio, el vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad en Colima aseguró que ninguna de las víctimas de homicidio doloso registradas hasta ese momento eran daño colateral y dijo que la mayoría tenían relación directa con la delincuencia.
“En Colima, el fenómeno que ocurre en otras entidades donde se dan enfrentamientos entre grupos delincuenciales y se da lo que en el argot se conoce como ‘víctimas colaterales’, no se da en el estado de Colima afortunadamente. Nosotros hemos sostenido que toda víctima de un hecho de esta naturaleza es, independientemente de sus circunstancias personales y de sus antecedentes, una víctima mortal que no quisiéramos que ocurriera.
“En el tema que usted pregunta -explicó a un reportero-, decirle que en su gran mayoría, después de que ocurre un evento de esta naturaleza, las líneas de investigación nos permiten sostener que hay un gran porcentaje de estas víctimas que tienen relación directa con la delincuencia. No tenemos nosotros en el estado víctimas colaterales derivadas de enfrentamiento entre estas bandas criminales”, insistía el vocero.
Las declaraciones
El 22 de abril, Gustavo Adrián Joya dio información sobre dos hechos violentos ocurridos el 13 de abril: el homicidio de una niña de 13 años en la colonia Moctezuma, en la ciudad de Colima, y un triple homicidio en la colonia Emiliano Zapata de Villa de Álvarez, donde los ejecutados fueron dos hombres y una mujer, ella maestra y uno de ellos también profesor.
El también vicefiscal de Procedimientos Penales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, narró que la niña fue asesinada cuando viajaba en una moto con un hombre de 24 años, quien era pareja sentimental de la mamá de la menor de edad, adulto que supuestamente tenía antecedentes de delitos contra la salud y sus huellas dactilares habrían aparecido en una narcomanta.
“Queremos ser enfáticos en reiterar que para nosotros todas las personas que pierden la vida son víctimas; sin embargo, como también lo hemos mencionado, sus antecedentes personales, las circunstancias que rodean la muerte de las personas, le dan a la Fiscalía (General) del Estado la oportunidad de establecer líneas de investigación; decirles que la persona que conducía la motocicleta y que fue privada de la vida junto con esta menor, tenía antecedentes por delitos contra la salud en la base de datos de la Fiscalía del Estado y, además, ya había sido relacionado con 2 investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía, 2 de ellas en las que dejaron cartulinas en ciertos lugares del estado de Colima”, mencionó el funcionario estatal.
De la maestra, el maestro y la persona asesinada en la colonia Emiliano Zapata, de Villa de Álvarez, el funcionario mostró en una de las láminas que se proyectan durante las conferencias de prensa como apoyo, que el maestro, profesor de educación física, tenía antecedentes de estupro y de violencia intrafamiliar. De la tercera víctima que murió a unos metros del automóvil en el que estaban la maestra y el maestro al momento del crimen, afirmó al micrófono que tenía antecedentes por delitos contra la salud.
Del mismo caso, Gabriela Farías, prima de Paola Ruiz, la maestra ultimada, en una carta dirigida a la gobernadora Indira Vizcaíno y publicada en Facebook, le pidió que actuara para hacerle justicia a su familiar.
“Mi prima no era delincuente, era una maestra normalista que dejó un gran legado en las aulas y en los corazones de todos los que la conocimos, así que no puede decir que no hay daños colaterales, porque sí los hay, y muy graves”, escribió.
El domingo 29 de mayo, una mujer de 18 años fue asesinada por disparos de arma de fuego en un bar de una plaza comercial ubicada por la avenida Ignacio Sandoval de la ciudad de Colima, mientras su acompañante, un menor de edad de 15 años, resultó herido al igual que otro joven comensal del establecimiento, quien 12 días después, la mañana del viernes 10 de junio, murió a consecuencia de las balas recibidas aquel domingo.
Al día siguiente de ese hecho, el vocero Joya dijo que las víctimas, la mujer y su acompañante, son sobrina e hijo de María Lourdes, una mujer que, a decir del vicefiscal, está vinculada a una célula criminal.
Ana Lilia Montes, madre de Karla, la joven asesinada, aseguró en una entrevista para el portal Tlanesi. Periodismo de Derechos Humanos, que su hija no se dedicaba a ningún tipo de actividad delictiva, sino a vender ropa; que vivía en Pihuamo, Jalisco, y no tenía nada que ver con María Lourdes, más allá del parentesco familiar.
El viernes 17 de junio, Gustavo Adrián Joya indicó que el tercer comensal baleado en el bar de la avenida Ignacio Sandoval no es una víctima producto de un daño colateral, pues tenía vínculos con la mujer asesinada, ello de acuerdo a la declaración ministerial de otro joven que sobrevivió al ataque.
No tuvo que esperar mucho el vocero para encontrar respuesta a esta información. Amigos de Kevin Torres Águila y la Asociación de Futbol Americano, Arena y Flag del estado de Colima, a través de su cuenta en Facebook, exigieron a Gustavo Adrián Joya Cervera que se retractara de lo dicho y calificaron al vocero de “inepto”, “falto de ética” y de “valores”, al buscar culpar a gente inocente queriendo ocultar el daño colateral.
También el lunes 30 de mayo, cuando Joya Cervera dio a conocer los terribles hechos en el bar de la avenida Ignacio Sandoval, informó que 2 hombres fueron ejecutados a bordo de un vehículo en la calle Pimentel Llerenas de la ciudad de Colima, destacando que ambas víctimas, en sus redes sociales presumían armas de fuego.
Culpables y responsables
Arnoldo Delgadillo, corresponsal en Colima del periódico Milenio y profesor de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, reconoce que las ruedas de prensa del vocero son un avance porque permiten acceder a estadísticas en materia delictiva. Sin embargo, cuestionó que en esas comparecencias con los medios de comunicación, la autoridad criminalice a las víctimas con la intención de orientar a la gente a pensar que murieron porque “lo merecían”, ya sea porque estaban en “cosas indebidas” o porque eran parte del crimen organizado.
Llama la atención de Arnoldo Delgadillo, también investigador de la Universidad de Colima, que una de las argumentaciones utilizadas para criminalizar a las víctimas cuando no tienen antecedentes penales o carecen de vínculos con criminales, son publicaciones en sus redes sociales.
Del Centro de Apoyo a la Mujer, Clementina Nava, su vocera, señaló en una entrevista que en la investigación de los delitos cometidos contra las mujeres y en la información que se da a los medios de comunicación, no deberían el Gobierno ni la sociedad, hacer ningún tipo de juicios que puedan empañar la conducta de las víctimas, pues ello resulta en culpabilizarlas y responsabilizarlas de los delitos cometidos contra ellas.
Clementina Nava habló del tratamiento informativo en el lamentable homicidio de la niña de 13 años en la colonia Moctezuma de la ciudad de Colima. Explicó que al vincularla a gente con actividades criminales, la convierten en una víctima propiciatoria, es decir, se quiere hacer creer que la niña propició la suerte con la que corrió.
Ante esa política de criminalización y revictimización de las víctimas del delito, particularmente de mujeres, Clementina Nava llamó a los gobiernos y a la sociedad, a cambiar la manera de informar y modificar también la forma de ver a las víctimas.
En una entrevista por separado sobre el tema, Leticia Zepeda, del Colectivo 50 + 1, llamó al Gobierno, a la sociedad y a los medios de comunicación a tener mucho cuidado en el tratamiento informativo de las víctimas del delito, pues debe tratárseles como lo que son: víctimas y no criminales, pues al no tener una sentencia judicial se trata de personas inocentes.