Los desplazados, invisibles para el gobierno
Por Gloria Leticia Díaz / Proceso
Originaria de la sierra de Guerrero, Teodomira Rosales se ha convertido en un emblema para las personas desplazadas de esa entidad. De 2010 a la fecha ha cambiado de residencia tres veces, amedrentada por quienes se oponen a su lucha. Hace tres semanas ella y decenas de sus seguidoras levantaron un plantón de tres meses en las inmediaciones de Gobernación, tras lograr que 174 personas desplazadas fueran reconocidas como víctimas. Se trató de un pequeño logro en medio de una tragedia mayúscula: según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la cifra de desplazados se disparó en 2020 a 911 mil 914 personas.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– En víspera de Nochebuena y después de tres meses de permanecer en plantón frente a las oficinas de la Secretaría de Gobernación, Teodomira Rosales Sierra y decenas de personas originarias de la sierra de Guerrero desplazadas por la violencia se dispersaron por diversas ciudades del país, donde han encontrado refugio temporal con familiares y amigos.
En condiciones precarias, los desplazados permanecieron en la calle Abraham González para exigir ser reconocidos como víctimas y recibir asistencia técnica, legal y psicológica, así como las reparaciones de daño a que tienen derecho, de acuerdo con la Ley General de Víctimas.
“Parecemos invisibles, hemos estado en la cara del gobierno y no nos ve ni nos escucha; muchos nos enfermamos, pero aguantamos, todo por exigir justicia. Pudimos sobrevivir con la ayuda de Dios, de verdad”, dice Teodomira, directora del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón y ella misma víctima de desplazamiento forzado en tres ocasiones por su labor de defensa.
La primera fue en 2010: por defender el derecho al agua de pueblos indígenas, Teodomira salió huyendo de Tecoanapa, municipio del que es originaria, luego de ser rescatada por pobladores de un intento de homicidio contra ella y sus hijos.
La segunda fue en 2019. Refugiada en Ayutla, tuvo que desplazarse de manera forzada luego de recibir amenazas mientras acompañaba a víctimas de violaciones a derechos humanos y de la violencia.
La tercera, un año después, tras apoyar a personas desplazadas de manera forzada del municipio serrano de Leonardo Bravo, por parte de miembros de la delincuencia organizada y el Ejército. Teodomira salió del estado de Guerrero de manera definitiva.
Beneficiaria del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Rosales Sierra no ha dejado de estar en contacto con las víctimas de desplazamiento forzado; las sigue apoyando con gestiones ante autoridades federales para que se les reconozca como víctimas y para interceder ante los legisladores para que éstos aprueben de una vez por todas la Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno, aprobada en septiembre de 2020 en la Cámara de Diputados y en espera de ser votada en el Senado.
“Detrás de cada persona desplazada hay una historia de desaparición y muerte, las personas que salen huyendo de sus pueblos y comunidades lo hacen después de que un familiar fue desaparecido o asesinado. En ocasiones ni siquiera los pueden sepultar de acuerdo con sus usos y costumbres”, apunta la defensora, quien a finales de 2018 documentó la expulsión de al menos mil 800 personas de comunidades de Leonardo Bravo, en la sierra de Guerrero.
En esos casos, sostiene la defensora, los afectados advirtieron que “militares iban abriendo camino a miembros del crimen organizado y lanzaron granadas a las viviendas para que la gente saliera. Se pudo confirmar la colusión que hay entre las autoridades y los delincuentes”.
Abandonados a su suerte, muchos de los pobladores de la sierra que dejaron sus tierras se dispersaron por el país y la entidad, “mientras que los delincuentes se apoderaban de sus propiedades, porque el gobierno no ha podido garantizar regresarlas a sus legítimos dueños”, apunta Rosales Sierra.
Búsqueda sin fin
Al señalar que sólo en Guerrero hay aproximadamente 25 mil personas desplazadas de manera forzada, la defensora destaca que durante los tres meses que miembros de 355 familias estuvieron en plantón, fue más que evidente que “las víctimas de todo el país requerimos unirnos para visibilizar el problema, que cada vez es más grave, para que el gobierno atienda a las personas desplazadas, repare el daño y las apoye en su búsqueda de justicia, porque es su obligación”.
Sin un registro oficial que dimensione la población afectada por los desplazamientos forzados, a partir de 2019 el gobierno federal dio los primeros pasos para abordar el problema, considerado como un tema de atención en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024.
El Diagnóstico Nacional sobre la Situación del Desplazamiento Forzado Interno publicado ese año por el Consejo Nacional de Población, que forma parte de una serie de cuatro estudios sobre el tema, admite que el “vínculo entre violencia, en sus distintas dimensiones, y desplazamiento es innegable”.
El documento destaca que los principales factores del desplazamiento son “las disputas entre organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico”, las violaciones a derechos humanos, desastres naturales, proyectos de desarrollo, grupos de autodefensa y la actividad periodística”.
En una aproximación a la magnitud del problema, el Diagnóstico retoma información de la ONG internacional Centro de Monitoreo sobre Desplazamiento Interno (IDMC).
De acuerdo con esa organización, de enero al 31 de diciembre de 2020, por motivos de violencia ocurrieron 9 mil 700 desplazamientos en México, que afectaron a 357 mil personas.
Por desastres naturales, según el IDMC, 101 mil personas tuvieron que desplazarse; a ello debe añadirse que una misma persona puede moverse más de una ocasión de residencia, por lo que la cifra puede elevarse.
La sistematización de la información por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revela una situación aún más grave.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021 (Envipe), el año anterior 911 mil 914 personas salieron de su lugar de residencia para protegerse de la delincuencia, desplazamientos registrados prácticamente en todo el país.
Las entidades que más personas expulsaron por ese motivo fueron la Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, donde residía 29.73% de los desplazados; es decir, 297 mil 301 personas.
A esas entidades le siguen Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas, de donde huyeron 254 mil 447 personas; de Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, la Envipe registró 149 mil 328 desplazamientos debidos a la violencia.
Con menor número de desplazados están Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, con 121 mil 768, mientras que en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora, quienes decidieron salir por la violencia sumaron 89 mil 70.
La pandemia influyó también en la disminución del número de desplazamientos, pues en 2019 el registro de afectados por esta condición fue de 1 millón 251 mil 825 personas.
La tendencia de los desplazamientos forzados se mantuvo en 2021, por lo menos en los primeros nueve meses, en que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos registró 36 mil 272 afectados, según la información obtenida por medio del monitoreo de medios.
Los retos inmediatos
Teodomira Rosales resalta que, hasta noviembre pasado, organizaciones sociales que respaldan a desplazados de Chiapas, Guerrero, Chihuahua, Sonora, Michoacán y Quintana Roo se habían sumado al proyecto de impulsar una coordinadora nacional de desplazados de manera forzosa, que tendría entre sus objetivos impulsar la aprobación de la Ley General y vigilar su implementación en todo el país.
“En las conversaciones sostenidas hemos podido detectar que la gran mayoría de los desplazamientos ocurren en zonas donde hay una enorme riqueza de minerales y bosques o se construyen megaproyectos. En esos lugares, por lo general, hay acuerdos entre el gobierno y empresas, como las mineras o las madereras, y el crimen organizado es el encargado de desalojar a los habitantes de esas zonas”, sostiene Rosales Sierra.
Otro elemento en común, denunciado por las víctimas, es el “reclutamiento forzado de niños de 12, 13 o 14 años por miembros del crimen organizado. Yo empecé a saber de ese problema en Guerrero. Como organización, ayudábamos a familias que decidían huir cuando se enteraban que los delincuentes iban por sus hijos; platicando con compañeros de Chiapas, me confirmaron que allá está pasando lo mismo, y que es uno de los motivos del desplazamiento forzado”.
El abandono institucional, la impunidad y la criminalización de las víctimas son secuelas comunes en prácticamente todos los casos de desplazamiento en el país, dice la defensora.
“La importancia que tiene la Ley General es que, al tipificarse como delito, provoca el desplazamiento y los desplazados adquieren automáticamente la condición de víctimas. Eso obliga a las instituciones del Estado a darles atención y una reparación del daño, además de que obliga a las fiscalías a investigar los delitos, a buscar a los responsables”, agrega.
Rosales Sierra, quien dice estar dispuesta a ser “una piedrita en el zapato de autoridades y senadores”, alerta que, gracias a la tenacidad de los desplazados de Guerrero –que durante tres meses estuvieron en plantón–, lograron que 174 personas fueran reconocidas como víctimas, utilizando como fundamento jurídico la Ley General de Víctimas.
“Las autoridades han sido omisas con este tema porque, teniendo la Ley General de Víctimas, se han negado a atender a los desplazados y a emprender políticas públicas para combatir el problema. Alegan que no existe el delito de alentar el desplazamiento, y por tanto, que la gente afectada no puede considerarse víctima. Pero nosotros ya les demostramos lo contrario.
“Por eso la insistencia en que nos unamos. Primero, porque queremos mostrarles a los desplazados de otros estados cómo acceder al Registro Nacional de Víctimas; después, para estar detrás de los senadores para que aprueben la ley, y luego para que la apliquen en los estados”, insiste la defensora.