Las consultas indígenas del Tren Maya incumplen con el convenio de la OIT, acusa organización

SinEmbargo

La organización denunció que las autoridades comunitarias no han sido informadas que el proyecto no ha sido sometido a los estudios de impacto ambiental.

Ciudad de México- El Gobierno de México incumple con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al consultar a los pueblos por donde pasará el Tren Maya, denunció el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (Ccmss).

De acuerdo con la organización, las autoridades federales no han generado las condiciones necesarias para que las comunidades se informen de manera libre y culturalmente adecuada.

El Ccmss acudió a las consultadas realizadas en las comunidades de Quintana Roo y Campeche y ahí presencio una serie de irregularidades por parte de los funcionarios federales.

Entre ellas se encontraron que el Gobierno “no está buscando el consentimiento previo de los pueblos originarios, sobre la ejecución del megaproyecto del Tren Maya, sino únicamente ‘conocer sus opiniones’”.

Además, la consulta “incumple el principio de ‘informada’, toda vez que la información disponible, a manera de datos sobre el proyecto, sus componentes y montos de inversión, no ha permitido ni el análisis, ni la comprensión de las afectaciones de este megaproyecto sobre los territorios y la vida de las comunidades indígenas“.


El Gobierno federal ha realizado consultas en las comunidades por donde pasará el Tren Maya. Foto: Twitter, @TrenMayaMX.

La organización denunció que las autoridades comunitarias no han sido informadas que el proyecto no ha sido sometido a los estudios de impacto ambiental.

Tampoco, añadió, se ha dado información sobre los polos de desarrollo, que, de acuerdo a la información oficial, son siete ciudades de 50 mil habitantes que el Gobierno y la iniciativa privada pretenden crear.

Agregó que la consulta no fue libre ni informada ni culturalmente adecuada porque sólo se convocó a las autoridades agrarias y locales y no al resto de la comunidad.

Por lo que el Gobierno dio la responsabilidad a las autoridades agrarias y locales de informar al resto de la comunidad.

Acusó que las asambleas no facilitaron el diálogo para que los asistentes pudieran analizar y discutir el proyecto, sino que condujeron la sesión con el fin de hacerles ver que el tren resolvería sus necesidades históricas.

Incluso, resaltó que el proceso fue discriminatorio porque sólo les concede el derecho a opinar sobre el proyecto y no votar por si están a favor o en contra del Tren Maya.

Finalmente, recalcaron que el proyecto del Tren Maya más que un proyecto de transporte es un megaproyecto turístico e inmobiliario que articulará nuevas inversiones del gran y mediano capital, despojando a las comunidades de su tierra y territorio, y generando una serie de afectaciones en los sistemas ambientales y sociales.

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