Omitieron consulta indígena en proyecto de hidroeléctrica en Puebla, acusan
Berenice Martínez / El Sol de Puebla
Integrantes de la organización civil Fundar y pobladores de la Sierra Norte de Puebla expusieron las afectaciones que ha generado el proyecto de la hidroeléctrica 1 en comunidades del estado, con el consentimiento de autoridades ambientales y culturales como la Semarnat, Conagua, INAH y la Comisión Reguladora de Energía.
Habitantes de las comunidades totonacas de San Mateo Tlacotepec, Altica y San Felipe Tepatlán, confiaron en que las autoridades reconozcan la vulneración a sus derechos, no solo por los daños, sino porque su caso refleja las violaciones que viven, pues refirieron que la beneficiaria del proyecto es la empresa Deselec 1, a la cual le fue autorizado el aprovechamiento de 350 millones de metros cúbicos anuales de aguas del Río Ajajalpan.
En conferencia de prensa este martes, detallaron que, de acuerdo con el permiso, la energía que se generará con la hidroeléctrica deberá destinarse exclusivamente a la satisfacción de las necesidades de autoabastecimiento de los socios de Deselec 1, entre ellos Nueva Wal-Mart de México, Waldo’s Dólar Mart de México, Operadora Vips y Suburbia.
“No se realizó de manera previa, libre e informada, un proceso de consulta y consentimiento indígena. Se violaron el derecho a la tierra y al territorio, a la libre determinación, al medio ambiente sano, al agua. Además, no se realizó un estudio de los posibles impactos sociales”, señalaron.
Joaquín, un habitante de San Felipe Tepatlán, una de las comunidades afectadas, dijo que defienden el río porque ese proyecto no los beneficia en nada y porque se violaron sus derechos y nunca les preguntaron si aceptaban la hidroeléctrica, ya que los permisos comenzaron a entregarse desde 2009 y la Secretaría de Energía realizó la consulta en 2015.
Entre las irregularidades que los activistas y pobladores han documentado están la obtención de firmas con engaños (faenas pagadas con alcohol), falsificación de firmas, el extravío de tomos anexos al amparo que presentaron el 4 de abril de 2016, así como actos de hostigamiento y criminalización contra las personas de las comunidades que demandaron, que forman parte de los Comités de Defensa del Río Ajajalpan y hacia las organizaciones que han acompañado la defensa.
“Nuestro río Ajajalpan ya está lastimado porque lo desviaron para la presa Necaxa. Entraron a la mala, no nos tomaron en cuenta, somos personas que tenemos derechos. Lo que pedimos al gobierno es que respeten nuestra decisión a la autodeterminación”, dijo Soledad, integrante de las localidades afectadas.