Hidroeléctrica Morelos. Gobierno federal viola derechos en nombre del interés público: Juan Carlos Flores Solís
Diego Badillo / El Economista
En el caso de la central eléctrica La Huexca, Morelos, parece que vale más la actividad de los hidrocarburos que los derechos de los pueblos indígenas, señala Juan Carlos Flores Solís, integrante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala
Con la decisión del gobierno federal de impulsar proyectos “de interés público”, como el llamado Proyecto Integral Morelos, se han violado los derechos de las comunidades indígenas a quienes las han colocado en una situación desfavorable para defender ante la ley sus derechos, todo porque no se han hecho los estudios pertinentes que garanticen la viabilidad de las obras, planteó Juan Carlos Flores Solís.
El integrante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala dijo en entrevista que es necesario realizar una reflexión sobre la forma en que el gobierno decide hacer ese tipo de obras.
“Es una discusión urgente que debe partir de las situaciones reales de las propias comunidades, no de diálogos manipulados por la autoridad”.
El dirigente expuso que, si se diera una discusión en este sentido ahora, seguramente el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador va a decir “yo hago una consulta en mis términos, como lo están haciendo ahorita con la consulta indígena”.
Por ello, indicó que lo que debe hacerse es revisarse, desde las comunidades indígenas, casos específicos, como el de los pueblos yaquis que se oponen a la construcción de un acueducto en el estado de Sonora.
Desde su perspectiva, ante esas violaciones a los derechos de las comunidades afectadas por el proyecto de puesta en operación del gasoducto que pasa por Tlaxcala, Puebla y Morelos y la central de generación eléctrica en La Huexca, Morelos, han recurrido al amparo del Poder Judicial, donde han avanzado con dificultad sus recursos interpuestos.
Reiteró que con base en la experiencia de la defensa de las comunidades indígenas afectadas por el Proyecto Integral Morelos pareciera que vale más la actividad de los hidrocarburos, la minería, todo este tipo de actividades económicas que benefician a particulares que los derechos de los pueblos indígenas aun cuando demuestran que hay inseguridad en el proyecto y que no se tienen todos los permisos para llevar a cabo ese tipo de obras.
“Aun con todo eso, ponen por encima el transporte de gas, porque dicen es de interés público”.
Amparos mantienen detenida la obra de central eléctrica
El activista en favor de los derechos humanos recordó que Proyecto Integral Morelos inició en 2011 durante la administración del presidente Felipe Calderón y desde entonces se interpusieron los primeros amparos muchos de los cuales fueron desechados por la autoridad judicial.
Sin embargo, en otros, como el interpuesto en el 2014 fueron resueltos a favor. En este caso, el juzgado primero de distrito de lo penal, con sede en Puebla, resolvió en el 2017 conceder a cuatro comunidades de Atlixco, Puebla, el amparo de la justicia y la suspensión de la construcción del gasoducto por falta de una consulta a las comunidades afectadas y violación al uso de suelo y falta de estudio de impacto ambiental.
El recurso fue confirmado en el 2019 y lo que se logró fue el reconocimiento de que los pueblos tienen derecho a la consulta indígena; sin embargo, la construcción del gasoducto no se suspendió e incluso la obra ya fue terminada, con todo y que se violó el derecho de los pueblos a ser consultados.
Ante la resolución de la autoridad judicial, el gobierno nombró un consejo técnico para realizar la consulta, pero nada más.
Posteriormente la comunidad de Huexca interpuso otro amparo y a principios del 2019 el juzgado sexto de distrito en Morelos le concedió la suspensión definitiva, esta vez por el riesgo de contaminar el río Cuautla con las descargas de agua de la termoeléctrica.
El dirigente sostuvo que en total se promovieron alrededor de 10 amparos interpuestos por 11 comunidades indígenas. De esos ocho, se interpusieron en el 2019 a raíz de la consulta que hizo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y con la cual están en contra.
En tres de ellos, los jueces dijeron que no procedían porque la consulta no es un acto de autoridad. Impugnaron la resolución y finalmente los tribunales colegiados primero y segundo en materia Administrativa de Puebla les dieron la razón a los indígenas y señalaron que la consulta hecha por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador puede violar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas.