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Colima: Cifras históricas de feminicidios

Pese a que en Colima se ha registrado la mayor tasa de feminicidios del país y hay múltiples casos de desaparición de mujeres, el gobernador José Ignacio Peralta se empeña en minimizar el problema, se resiste a implantar la Alerta de Violencia de Género y niega que haya trata de personas. A su vez, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres señalan que la Secretaría de Gobernación se demoró meses en declarar la alerta y que el gobierno estatal incumple los protocolos establecidos por ley para manejar los asesinatos de mujeres.

COLIMA, COL.(Proceso).- Los grandes ojos de Linda Manzo Gómez, resaltados con delineador oscuro, sombra en los párpados y cejas tatuadas, miraron con naturalidad hacia la cámara, esbozando una discreta sonrisa que se esparció suavemente hasta los contornos de su rostro ovalado.

Cuando posó para la fotografía con blusa negra, el pelo castaño echado hacia adelante y cubriéndole los hombros, la muchacha de 22 años seguramente no pensó que tiempo después esa imagen se haría viral en las redes sociales al lado de la frase “Se busca”, en letras rojas, luego de que sus familiares empezaron a indagar su paradero tras su desaparición en Manzanillo.

No pasaron muchos días para que el cadáver de Linda fuera localizado en un terreno baldío aledaño a la Central de Autobuses de esa ciudad, con la huella de un golpe en la nuca.

Residente del municipio de Tecomán, donde laboraba como mesera, el 6 de marzo pasado la joven fue invitada por un exnovio a un bar de la ciudad porteña.

El caso atrajo la atención de los medios porque, horas después de salir de su domicilio, Linda envió a sus familiares un mensaje de audio por WhatsApp, en el que les alertó que su acompañante pretendía “venderla” con un hombre mayor, por lo que había escapado en un taxi, pero ya no volvieron a verla con vida.

El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez lamentó la muerte de la mujer, rechazó que en el estado exista el delito de trata de personas y dijo que una vez que concluyeran las investigaciones se darían a conocer los pormenores. Cinco meses después, nada se ha informado.

El caso de Linda se suma a la creciente cifra de feminicidios ocurridos los últimos 18 meses en Colima, lo que según organizaciones sociales colocó a la entidad en una “situación de emergencia”.

A la par del liderazgo sangriento que este pequeño estado ha mantenido de 2016 a la fecha en la tasa proporcional de homicidios dolosos en el país, también es primer lugar nacional en la incidencia de asesinatos de mujeres.

Las cifras de homicidios difundidas recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cruzadas con los resultados de su propia Encuesta Intercensal, revelan que durante 2016 Colima registró una tasa de 17.20 víctimas femeninas por cada 100 mil mujeres, con lo que superó a Guerrero (13.19), Zacatecas (10.01), Chihuahua (9.25), Morelos (8.49), Baja California (7.68) y el Estado de México (5), en tanto que la media nacional fue de 4.44.

En 2007 la tasa de asesinatos de mujeres en Colima era de 1.9; en 2013 los datos del Inegi ubicaron a esta entidad en noveno sitio nacional con una tasa de 5.09, y en 2015 escaló al tercer lugar, con 7.21, sólo debajo de Guerrero (11.93) y Chihuahua (7.87), para llegar al primer lugar en 2016.

Según el Inegi, de 26 asesinatos de mujeres cometidos durante 2015 en Colima, la cifra se elevó a 62 en 2016, pero el panorama sigue empeorando porque, de acuerdo con un seguimiento hemerográfico realizado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), a lo largo del presente año las víctimas registradas ya suman 43.

Indolencia de gobiernos

Carmen García García y Clementina Nava Pérez, representantes del OCNF y del Centro de Apoyo a la Mujer (CAM), respectivamente, coinciden en que entre las causas del incremento de los asesinatos de mujeres en el estado están la guerra del gobierno contra el crimen organizado y la confrontación entre cárteles del narcotráfico.

Hace más de una década, recuerda Nava Pérez, cuando una mujer era privada de la vida en Colima, el responsable en la mayoría de los casos era su pareja o expareja, pero de 2010 a la fecha cambió la situación y se empezó a percibir que las mujeres ya no solamente son atacadas en función de su relación afectiva, sino también por otros motivos.

Carmen García enfatiza que la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer recomendó en 2012 al Estado mexicano cambiar su política de combate contra el crimen organizado porque ya estaba afectando a mujeres y niñas.

“Después de cinco años estamos viendo las consecuencias de un Estado omiso que no atendió la recomendación; pero el resultado no tan sólo se manifiesta en el aumento de las muertes violentas de mujeres, sino en la saña y la brutalidad con la que se está asesinando”, advierte.

A lo largo de 2016 y en el primer semestre de 2017, en el municipio de Manzanillo fueron encontrados los cuerpos descuartizados o mutilados de nueve mujeres, mientras que en 2013 fue localizado uno en Coquimatlán y en 2014 otro en Villa de Álvarez, respondió la procuraduría estatal a una solicitud de información del reportero por la Ley de Transparencia.

La nota roja ha dado constancia de que cadáveres femeninos con un balazo en la cabeza han sido abandonados en brechas o basureros; las ejecuciones han ocurrido en la vía pública o, de plano, los agresores se han introducido a los domicilios para asesinar a las mujeres frente a sus hijos.

Nava dice que al CAM no le “hace ruido” admitir que las mujeres también pueden estarse involucrando en actividades delincuenciales, pero acota que “generalmente han sido enganchadas por sus propias parejas, o sea que también son factores de género los que están influyendo para que las víctimas participen en esto”.

Además, añade, este fenómeno también debe aceptarse para tratar de ponerle remedio, porque ha servido como justificación para que las autoridades pongan en el mismo saco todos los casos y dejen de cumplir los protocolos de investigación, ya que cualquier asesinato de mujer lo encajonan con el argumento de que fue cometido por la delincuencia organizada.

“Cuando analizas los casos con los pocos elementos que la prensa te da, observas que muy posiblemente la mujer fue ejecutada sólo porque iba acompañando a su pareja o a lo mejor se fueron contra ella como venganza de él. De cualquier manera, los casos no se investigan conforme a los protocolos.”

A pesar del incremento de asesinatos de mujeres, este año el gobierno estatal sólo ha reconocido uno de ellos como feminicidio, expresó el propio gobernador a principios de julio, en una visita al Congreso local.

Según la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), de los 125 asesinatos de mujeres cometidos en Colima de 2013 a 2016, sólo 32 fueron consignados como feminicidios.

García considera esto “una burla” y “una ofensa” contra las mujeres. Lamenta que ante la violencia feminicida “cada vez más creciente, brutal y dolorosa”, el gobierno de Peralta actúe “con insensibilidad” y clasifique la gran mayoría de esos crímenes como delitos comunes.

La activista estima que el gobernador y el titular de la PGJE “no conocen o no les importa” el marco normativo del feminicidio, cuya tipificación en Colima es de las más amplias en el país. En 2015, en su sentencia del caso de Mariana Lima, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que todos los asesinatos de mujeres deben ser investigados como feminicidios, con debida diligencia, perspectiva de género y de derechos humanos.

Además, agrega Carmen García, el OCNF colaboró con la procuraduría colimense en la elaboración del Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio, publicado en mayo de 2013 en el Periódico Oficial del Estado, pero a su juicio este instrumento “no se ha aplicado, porque si lo hubieran hecho los resultados estarían hablando”.

Alerta a medias

Frente a la situación de violencia contra las mujeres que ya se veía y empezaba a crecer en aquel tiempo, el 22 de diciembre de 2014 el CAM, la Fundación Ius Género y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) solicitaron formalmente a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) la emisión de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el estado.

Y aunque la normatividad establece plazos de entre seis y ocho meses para resolver, el organismo de la Secretaría de Gobernación tardó 30 en activar ese mecanismo, el 20 de junio de 2017, y sólo lo hizo para cinco de los 10 municipios del estado (Colima, Tecomán, Cuauhtémoc, Coquimatlán y Villa de Álvarez), dejando fuera a Manzanillo –para el que sólo fijó algunas “acciones específicas”–, a pesar de que el puerto ha registrado en los últimos años el mayor porcentaje de asesinatos y desapariciones de mujeres.

Según los registros del Inegi, entre 2000 y 2016 en Manzanillo se cometió 29.2% de los asesinatos de mujeres registrados en el estado, en la capital 26.7%, en Tecomán 25.5% y en Villa de Álvarez 6.9%.

Manzanillo también encabeza la lista de municipios con el mayor número de mujeres desaparecidas en la entidad, con 37.9% de los casos, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, de Gobernación.

El registro oficial incluye hasta la fecha a 77 mujeres que no han sido localizadas en Colima, de las que 30 fueron vistas por última vez en el municipio porteño; 17 en Tecomán y 14 en la capital del estado.

Pero la exclusión de Manzanillo no ha sido el único aspecto cuestionado por las organizaciones civiles; la principal queja ha sido por la lentitud del gobierno estatal para implantar las medidas preventivas de la AVG.

El 10 de julio pasado, tras vencerse el plazo para presentar el programa de trabajo, el cronograma de actividades y el presupuesto asignado para atender la AVG, las activistas María Elena García Rivera, Isamar Ramírez Rodríguez, Catalina Suárez Dávila y Griselda Martínez Martínez, entre otras, presentaron ante la CDHEC una queja contra los tres niveles de gobierno por omisión del cumplimiento del primer paso de la AVG.

Señalaron que la conducta “omisa y de desacato” asumida por las autoridades estatales vulnera los derechos humanos, por lo que hicieron responsables a los tres poderes de “cualquier feminicidio, atentado o situación violenta contra cualquier mujer o niña del estado de Colima”.

Posteriormente, una decena de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, entre ellas el CAM y el OCNF, realizaron un plantón de 24 horas frente al Palacio de Gobierno para exigir que se agilice la aplicación de las acciones previstas en la AVG.

De acuerdo con la directora del Instituto Colimense de las Mujeres, Mariana Martínez Flores, el programa de trabajo se podría dar a conocer cuando sea aprobado por la Conavim, e informó que el presupuesto asignado para la operatividad de la AVG el resto del año es de 128 millones de pesos por parte de los tres poderes y los ayuntamientos.

El viernes 4 la funcionaria encabezó las Jornadas de Difusión sobre la Alerta de Violencia de Género en el jardín Gregorio Torres Quintero. El jueves 10 los tres poderes realizaron el Foro de Armonización Legislativa en derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género en las leyes colimenses, con el fin de discutir y recuperar las propuestas legislativas que se han realizado en el marco de la solicitud de la declaratoria de la AVG.

Clementina Nava cuestiona que, a más de mes y medio de la activación de la AVG, todavía no se han puesto en marcha las acciones que debían ser inmediatas para la atención de la violencia contra las mujeres.

En las últimas semanas, refiere, se ha apreciado falta de voluntad para atender el asunto o bien “esa voluntad política no se concreta”, ya que el jefe del Ejecutivo tendría que haber declarado tolerancia cero contra la violencia hacia las mujeres, que es “simbólica, muy fuerte y tiene un mensaje para los agresores y para la sociedad en su conjunto en el sentido de que aquí no se va a tolerar más violencia contra las mujeres, pero a estas alturas no lo ha hecho”.

Según datos del OCNF, desde la emisión de la Alerta de Género han ocurrido otros 17 asesinatos de mujeres en Colima.

Nava Pérez puntualiza: “No podemos esperar más, sobre todo por el factor tiempo, porque los asesinatos se siguen dando y esas muertes las sentimos como propias; la sociedad se desespera y quienes trabajamos en favor de la eliminación de la violencia también nos desesperamos, sobre todo porque en el CAM nuestro compromiso es con las mujeres”.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció el domingo 13 que, frente al aumento de la violencia contra las mujeres, participará en el seguimiento de acciones que los gobiernos estatales de Colima y Durango deben aplicar para cumplir con las AVG.

El año pasado la entidad registró la tasa más alta del país en homicidios dolosos de hombres y mujeres, con 71.22 casos por cada 100 mil habitantes, en tanto que durante el primer semestre de 2017 se mantuvo a la cabeza con una tasa de 42.12, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La tendencia continúa al alza, pues en 2016 el número total de víctimas de homicidio doloso fue de 607, mientras que en la primera mitad de 2017 ya son 381.

Ante ese incremento de los últimos meses –en junio se reportó la cantidad histórica de 99 asesinatos–, el martes 15 arrancó un Operativo Especial en Colima con la intervención del Ejército, la Armada y otras fuerzas federales y estatales.

Este reportaje se publicó en la edición 2129 de la revista proceso del 20 de agosto de 2017.

http://www.proceso.com.mx/500457/colima-cifras-historicas-feminicidios