La Suprema Corte aplaza la decisión sobre el complicado caso de El Zapotillo

Tom Buckley, managing editor de El Daily Post contribuyó a este reporte.
Agricultores y ganaderos desesperados por detener la construcción de un acueducto que atravesará sus tierras en Jalisco, deberán esperar para conocer la resolución después de que la Corte eliminó el caso de su agenda.

La Suprema Corte de la Nación decidió este miércoles 13 de abril retrasar una audiencia sobre un caso que podría tener repercusiones no sólo para el proyecto de la presa y el acueducto El Zapotillo, en Jalisco, sino también para otros proyectos controversiales relacionados con el agua.

Algunos de los que se verían afectados son el Acueducto Independencia, que lleva agua desde los territorios yaquis en el norte del país para abastecer a la sedienta ciudad industrial de Hermosillo y el Acueducto Monterrey VI, un proyecto de 50 mil millones de pesos que llevaría agua de la región de la Huasteca a Monterrey.

La Corte tenía programado escuchar argumentos sobre una revision relacionada con el caso de El Zapotillo, la cual fue promovida por la Asociación de Ganaderos de San Juan de los Lagos, un grupo que aglutina a unos 800 agricultores de la región de Los Altos de Jalisco.

Los demandantes argumentan que el acueducto de 140 kilómetros que se planea construir para llevar agua de la presa a través de sus granjas y sus tierras hasta León, Guanajuato, violará sus derechos.

Los ganaderos están pidiendo que el proyecto se suspenda apelando al Principio Precautorio, tal como se establece en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992.

El Principio No. 15 de la Declaración de Río establece que “Con el fin de proteger el medio ambiente, el Principio Precautorio deberá ser aplicado ampliamente por los Estados de acuerdo con sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, no podrá utilizarse la falta de certeza científica como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”.

En su solicitud de la medida cautelar, los ganaderos argumentan que ante el escenario de la vulnerabilidad hídrica y el cambio climático, el acueducto podría potencialmente causar serio daño social, ambiental, económico y cultural que perjudicarían a los miembros de la asociación.

La corte aplazó la audiencia sin fijar una nueva fecha, pero es poco probable que se reprograme antes del final de la sesión actual que termina a mediados de julio.

Alejandro López Aguayo, uno de los abogados de los ganaderos, precisó que los jueces querían más tiempo para examinar el escrito antes de tomar o no el caso. Si tiene razón, la audiencia podría retrasarse hasta las próximas sesiónes.

El controversial proyecto de la presa enfrenta al menos 10 demandas, relacionadas casi todas con la posible reubicación forzada de habitantes de tres pueblos que resultaría de la inundación de sus tierras con el llenado de la presa.

El área en cuestión es parte de una amplia zona geográfica conocida como Los Altos de Jalisco, que se ubica en la parte suroeste de la región conocida como El Bajío.

El Bajío, conocido como el granero de México, está formado por mesetas de gran altitud, praderas, valles y llanuras que abarcan porciones de los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Querétaro. A diferencia de la mayor parte del resto de El Bajío, Los Altos de Jalisco están marcados por notables diferencias de altitud y valles profundos, una de las razones por la cuales las presas se consideran viables en la zona.

En total, la región de Los Altos de Jalisco (que se compone de 21 municipios) produce el 20% de todas las proteínas de origen animal que se consumen en el país. Esta región también suministra más del 60% de la leche que se consume en el estado de Jalisco y el 88% de los huevos.

Al este de Jalostotitlán está el municipio de Cañadas de Obregón, donde se encuentra la presa El Zapotillo. Esta zona semiárida se encuentra dentro de la cuenca del Río Verde, el principal afluente del río Aguascalientes.

Otra característica destacada de su hidrográfica son las aguas termales que se ubican especialmente en torno al pueblo de Temacapulín – o Temaca, como se le conoce. Su nombre se deriva de la palabra náhuatl Temazcalli, lo que significa baños termales, una característica que atrae a miles de turistas cada año. El asentamiento en la zona de Temaca se remonta a por lo menos el siglo 6 y sus habitantes están liderando la lucha contra la presa.

La Secretaría de Medio Ambiente, Conagua y los estados de Guanajuato y Jalisco firmaron un acuerdo para establecer el control sobre el uso y distribución del agua de la cuenca del Río Verde. El plan “garantizaba” agua para la ciudad de León (Guanajuato), para la ciudad de Guanajuato, Guadalajara y Los Altos de Jalisco, a través de la construcción de una presa y de un acueducto: El Zapotillo.

El acuerdo reconoce que los aldeanos de las comunidades de Acasico y Palmarejo tendrían que ser reubicados, pero determinó la construcción de dos diques en la presa que dejarían a Temacapulín a salvo de la inundación.

Dos años más tarde Conagua y los gobiernos de Guanajuato y Jalisco modificaron el acuerdo. Entre los cambios más importantes, la modificación aumentó la altura de la presa de los 80 metros originales a los 105 metros, lo que permitiría la inundación de Temacapulín. Hechos los cambios, el entonces gobernador de Jalisco Emilio González Márquez firmó el decreto de las modificaciones en 2008.

El Congreso del estado se inconformó por la decisión del gobernador de no consultar con las autoridades estatales y locales, y presentó una demanda que dio lugar a una decisión de la Suprema Corte de Justicia en 2013. En este fallo, la Corte ordenó que la altura de la presa se limitara a los 80 metros originales.

La construcción de la presa comenzó a finales de 2009. Las protestas siguieron rápidamente y también más demandas judiciales.

La campaña internacional “Los ojos del mundo están puestos en Temaca” fue lanzada durante una conferencia de prensa en Guadalajara el 15 de marzo de 2010. Dos días más tarde, los manifestantes irrumpieron en una ceremonia durante la cual la Conagua y el gobierno de Guanajuato firmaron un acuerdo con relación al suministro de agua de El Zapotillo.

Alfonso Íñiguez Pérez, líder de la protesta en Temaca, dijo a la prensa que el gobierno aún no había realizado ningún estudio de impacto ambiental y tampoco había solicitado permiso al Instituto Nacional de Antropología e Historia para mover (o destruir) tres iglesias del siglo 18 que están en la zona. Después, INAH hizo un análisis que concluyó que cerca del 70% del entorno de Temacapulín posee monumentos históricos que requieren la preservación.

“No vamos a vender nuestras casas; no nos vamos a ir”, dijo, según La Jornada.

¿Cuál fue la posición Conagua en ese momento? “El daño es relativo porque más de 2 millones de personas se beneficiarán y sólo unos cientos serán molestados… pedimos comprensión. El proyecto no se detendrá”, dijo José Luis Luege, entonces director de Conagua.

El 9 de febrero de 2011, un requerimiento judicial ordenó el cese inmediato de la construcción de la presa El Zapotillo, después de confirmarse múltiples violaciones a la ley. Sin embargo, la construcción de la presa continuó. Los trabajos del acueducto sí se retrasaron, pero sólo porque no había una ruta trazada para ubicarlo.

En marzo, unos 200 manifestantes ocuparon el sitio de la obra, deteniendo momentáneamente toda la construcción.

Ese mismo año, el gobierno mexicano anunció manifestó que aún tenía la intención de mover a la gente de Temaca a un nuevo asentamiento conocido como Talicoyunque. Pero el 3 de agosto de 2011 el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco desechó el plan para construir el nuevo asentamiento por las inconsistencias del proyecto. Esta decisión fue confirmada en apelación unos meses después, en diciembre.
Modelo costoso

La presa representa un modelo de desarrollo que sus críticos aseguran presenta un enorme costo ambiental y socialmente destructivo, dado que una presa de este tipo sólo tiene una vida útil de entre 25 y 30 años.

Una coalición de grupos cívicos como el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua ha sido la promoción de alternativas para la gestión del agua local que obviaría la necesidad de conducción de agua desde los ríos lejanos.

Una coalición de grupos cívicos como el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua ha estado promoviendo alternativas para la gestión del agua a nivel local que haría innecesario bombear agua a la zona desde ríos lejanos.

El investigador de la Universidad de Guadalajara Arturo Gleason ha dicho que el Área Metropolitana de Guadalajara desperdicia actualmente suficiente agua para llenar la presa El Zapotillo varias veces. Las pérdidas se producen a través fugas en su sistema de distribución. Él estima que Guadalajara pierde más de 100 millones de metros cúbicos de agua, es decir, entre 30 y 40% del suministro de agua de la ciudad, por las fugas en el sistema de tuberías y bombas de la ciudad.

Además, debería sumarse el agua de lluvia que se pierde cada año por no ser colectada adecuadamente y que equivaldría anualmente hasta a unos 300 millones de metros cúbicos, tres veces la cantidad que la presa almacenaría.

Gleason también señala que no existe un sistema para medir el rápido agotamiento de los acuíferos en la zona, o la cantidad de agua de lluvia que se necesitaría para recargarlos.

Ellos quien enviar agua a León basados en un estudio de 1997, dice, y mucho ha cambiado desde entonces. “La suposición de que Jalisco tiene un excedente de agua para compartir con León es engañoso desde el principio”, dice.

Para colmo de males, dice Gleason, presas como estas tienen una vida útil máxima de 30 años debido a la acumulación de sedimentos.

Alberto Serdán, profesor asociado en el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, concuerda con Gleason.

“Las batallas legales (para evitar que la presa inunde esas comunidades) no serían necesarias si las ciudades de León y Guadalajara arreglaran todas sus fugas de agua”, dijo a BNamericas, una publicación de información de negocios. “El volumen de agua que El Zapotillo proporcionará estará ahí sólo durante 25 años. Inundar esos pueblos para abastecer de agua sólo durante 25 años a ciudades que podrían resolver sus problemas de agua gestionando sus cuencas y ríos y con la una buena red de distribución es una locura”.

Gleason se asoció con el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para proponer un plan que crearía un sistema de captación de agua de lluvia, convirtiendo lotes abandonados en parques que la ciudad necesita en serio. Estos proporcionarían zonas de recarga para canalizar el prolífico escurrimiento de la ciudad en temporada de lluvias a los empobrecidos acuíferos de la zona.

http://www.animalpolitico.com/2016/04/la-suprema-corte-aplaza-la-decision-sobre-el-complicado-caso-de-el-zapotillo/