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Detienen a líder ejidal en Campeche por presunto “despojo de bien inmueble”

CAMPECHE, Camp., (apro).- El presidente del Movimiento Campesino Tierra y Justicia de Lerma, Pedro Celestino May Can, y tres integrantes de esa agrupación fueron acusados y detenidos por despojo de bien inmueble.

La detención se dio en el contexto de la disputa por unos terrenos del ejido Lerma, donde se construye el exclusivo proyecto inmobiliario Campeche Country Club.

El antecedente de esta polémica comenzó cuando los ejidatarios se negaron a ceder sus terrenos a Carlos Mouriño Atanes –padre de Juan Camilo Mouriño Terrazo, exsecretario de Gobernación en la administración de Felipe Calderón–, para construir su exclusivo proyecto inmobiliario Campeche Country Club.

Para hacer realidad su proyecto, el empresario dueño del gasolinero Grupo Energético del Sureste y del equipo de futbol español Celta de Vigo, presuntamente hizo valer sus influencias en las dependencias federales para apropiarse de las tierras del ejido Lerma, en las postrimerías del calderonato.

De este modo, se apoderó de 9 mil 685 hectáreas por las que pagó aproximadamente 40 centavos por metro cuadrado, según cálculos de los miembros del Movimiento Campesino Tierra y Justicia, quienes aseguran que ahora él revende en 288 dólares.

Así, el ejido quedó reducido a sólo 400 hectáreas, luego de un juicio que dejó a salvo los derechos de los ocho ejidatarios que se negaron a cederlos o venderlos. Según su denuncia, el magnate también quiere apoderarse de ese terreno para construir un estadio de futbol.

Y para evitar ser despojados, los ocho ejidatarios decidieron regalar sus tierras circundantes al Country Club con el fin de que ahí se creara “una colonia proletaria”.

Fue así que repartieron dos mil lotes a personas humildes para que construyeran sus viviendas y, con ello, se depreciara el valor de los predios del club.

Meses atrás, Celestino May Can denunció amenazas y atentados de muerte en su contra y responsabilizó directamente a Carlos Mouriño. Por ello, exigió ante el Congreso y el exgobernador Fernando Ortega Bernés poner atención a su caso.

Tiempo después, apareció en escena el empresario local Rafael Selem Ferrer para disputar a los ejidatarios una porción de las tierras. Su argumentó fue que el gobierno del estado se la dio hace años para instalar una de sus agencias concesionaria de autos nuevos.

La franja que reclama ese empresario, que motivó ahora la detención del grupo ejidatarios, es justamente el acceso a la colonia proletaria Tierra y Justicia.

El sector donde se encuentran esos terrenos fue donado al gobierno del estado hace más de 30 años para desarrollar un parque industrial. No obstante, en las cláusulas de la donación estaba especificado que si luego de las tres décadas no se desarrollaba el proyecto, como es el caso, esas tierras se reincorporarían al ejido.

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