Los activistas en Colima son perseguidos, detenidos, amenazados y desplazados

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Heidi de León Gutiérrez / Diario Avanzda

Colima, México, Avanzada (24/05/2021).- Los activistas en Colima sufren todo tipo de vejaciones: han sido desplazados, desaparecidos, detenidos, perseguidos o amenazados por defender el medio ambiente, los derechos humanos o por denunciar el abuso del poder.

La situación es tan delicada que el Índice Global de Impunidad Ambiental (IGI Ambiental 2020) reveló que Colima es el estado que tiene el nivel más alto en materia de impunidad ambiental en el país.

Las historias de persecución y amenazas que han sufrido los activistas sociales en el país han quedado plasmadas en los diversos medios de comunicación, sin embargo hasta la fecha no existe una reparación del daño, ni garantías para su seguridad o las de sus familiares.

El 26 de agosto de 2016, la revista Proceso publicó una entrevista con la defensora del medio ambiente en Colima y fundadora de Bios Iguana, Esperanza Salazar, quien se exilió ese mismo año por amenazas hacia su persona.

En el texto publicado por el periodista, Pedro Zamora se documenta que en los preparativos de su salida, Esperanza Salazar Zenil estuvo acompañada por Jennifer Moore, representante para América Latina de la organización canadiense MiningWatch; Miguel Ángel Mijangos Leal, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y Marco von Borstel, del Colectivo Ollin, “Sin embargo, durante los trabajos de empaque y mudanza de las pertenencias de Salazar Zenil, ella y sus acompañantes sufrieron el hostigamiento de individuos vestidos de civil, así como de agentes de la Procuraduría General de Justicia y de la Policía Estatal, según un reporte presentado por Moore, Mijangos y Von Borstel ante Amnistía Internacional México, Brigadas de Paz Internacional y Front Line Defenders” publicó Proceso.

El hostigamiento hacia Esperanza y otros integrantes de Bios Iguana se incrementó cuando ella se opuso a la instalación de una mina en la comunidad de Zacualpan, donde los inconformes fueron atacados por elementos policiacos.

No es el único caso, el 23 de octubre de 2012, el egresado de la Universidad de Colima, Celedonio Monroy Prudencio fue sacado por la fuerza de su domicilio por un grupo armado y desde esa fecha se desconoce su ubicación.

“Lo agarraron, lo recargaron a la barda, lo golpearon y a mí me encañonaron poniéndome un arma en la cabeza. -Me dijeron -que no fuera a hacer ningún movimiento, que no volteara a verlos. A él le preguntaban que dónde estaban las armas (…) Nosotros no teníamos ninguna clase de armas, pero de todos modos se lo llevaron (…) Venían vestidos de Gobierno, como militares”, narró la esposa del líder comunitario nahua, Blanca Estela González, a la periodista Mónica González y que fue retomado por el canal Udgtv.com.

Celedonio era conocido por asesorar a las personas en los conflictos agrarios de la comunidad de Cuautitlán de García Barragán en los límites entre Colima y Jalisco y era un opositor a la minera Peña Colorada que se encuentra en el municipio de Minatitlán.

El 7 de junio de 2007, un grupo de ambientalistas fueron detenidos por las escoltas del entonces gobernador Silverio Cavazos Ceballos en el municipio de Manzanillo.

Una madre y sus dos hijas señalaron que fueron detenidas e incomunicadas durante cinco horas por oponerse a la destrucción de la Laguna de Cuyutlán.

El 17 de febrero de este año, AVANZADA publicó que el exdelegado de la comunidad de Campos, David Díaz Valdez, quien desde septiembre del año pasado se encuentra preso en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Manzanillo, expresó su temor de ser asesinado dentro del penal e hizo responsable de su vida al gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez.

“No olvidemos que el gobernador y sus oscuros intereses tiene metidas las manos en la empresa por la que fuimos despojados en Campos en la zona de Tepalcates, apresúrense a rescatarme, porque ya fui amenazado”, pidió el activista preso a través de un audio que envió desde el penal.

De acuerdo a la nota que se publicó el mes de febrero, Díaz Valdez, en el 2019 fue electo delegado de la comunidad de Campos en Manzanillo, y fue detenido en el marco de un conflicto con el gobierno del estado y la Secretaría de Salud y Bienestar Social, con quienes disputó la posesión de una ambulancia que daba servicio a la comunidad, pero fue demandado y desde entonces vinculado a proceso por una juez de control.

También el defensor de los Derechos Humanos Efraín Naranjo Cortés sufrió el robo de sus oficinas, y amenazas por realizar su labor, especialmente por defender a los familiares de los desaparecidos en la entidad y las víctimas de abuso de autoridad.

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