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La niñez violentada: ni invisible ni olvidada (Jalisco)

Foto: UNICEF

Katia Diéguez/ Territorio

En Jalisco, como en el resto del país y en varias partes del mundo, las niñas y los niños de pronto también pararon. Dejaron de ir a la escuela, de jugar con sus amigos, de visitar el parque y de reunirse los fines de semana. Y aunque fue así para intentar detener el contagio por la COVID-19, esto trajo otras consecuencias como el incremento de los casos por abuso sexual infantil.

Más niñas y niños en casa, entre otros problemas, significa que conviven más tiempo con sus agresores o posibles agresores. De acuerdo con los especialistas, los abusadores sexuales son principalmente familiares o personas allegadas; son quienes ya tienen acceso a la casa o al espacio seguro y han generado confianza.

Además ha significado que las y los niños no vayan a las escuelas ni a las aulas, uno de los espacios primordiales para denunciar las agresiones que viven o, incluso, para que los maestros identifiquen problemas en casa.

Desde que comenzó la pandemia hasta septiembre, la fecha más actualizada que tiene la Fiscalía del Estado de Jalisco en su sitio web es de 923 denuncias por abuso sexual infantil; aunque a través de su sistema de transparencia reportan mil 648 carpetas de investigación por el mismo delito; en el 2019 fueron 2 mil 422.

Ni siquiera la misma Fiscalía coincide con sus datos, si tomamos en cuenta la última cifra significaría que en promedio, este año 45 niñas y niños han sido abusados sexualmente cada semana.

Y aunque la cifra bajó en relación con los 2 mil 422 casos reportados el año pasado por la Fiscalía a través de una solicitud de transparencia, esto no quiere decir que necesariamente los abusos contra la niñez bajaron, sino, que tal vez, hubo menos posibilidades de denuncia debido a la pandemia.

“Este confinamiento significa menos soporte comunitario y familiar y anuló esos espacios de protección por lo que se reduce la posibilidad que la víctima denuncie. No es que no estén sucediendo, el tema es que no es sencillo que denuncien”, explicó Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

En Jalisco, la violencia contra la niñez no es nueva y desafortunadamente va de la mano con la delincuencia y el narcotráfico. La entidad se ha convertido en un punto de análisis importante por el aumento general de la violencia, donde la trata de menores es solo una rama más de los negocios ilícitos del crimen organizado.

“Es ganar espacio territorial, abrir otras brechas de negocio como la trata de niñas y mujeres jóvenes”, detalló Pérez.

El país en general es un lugar inseguro para ser niño o niña. Todos los días, de acuerdo con datos de la Redim, asesinan a 7 niños, niñas y adolescentes (NNA); todos los días desaparecen principalmente niñas y adolescentes y todos los meses se registran 13 feminicidios de adolescentes. Además, los datos incrementan cada año; por ejemplo, en el 2018 se registraron 4 desapariciones diarias y en el 2020 van 7.

“Todos los indicadores están subiendo y la impunidad se ha mantenido constante en un 97%”, señaló el director de la Redim.

Es decir, en algunos estados y municipios del país, el abuso sexual va en la misma lista que los casos de trata de menores, desaparición y explotación sexual.

De acuerdo con los estudios de las personas defensoras de los derechos de la niñez y lo que se sabe de las investigaciones policiales, las y los niños son secuestrados principalmente para darlos en adopción a organizaciones internacionales. También, desde hace al menos 7 años se ha analizado el incremento de la desaparición de mujeres de 15 a 17 años que son las menos localizadas y que se cree que son víctimas de explotación sexual.

¿En dónde sucede y qué se hace?

Como cada año, la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) acumula la mayoría de las denuncias, pero también hay otros municipios que resaltan por la cantidad de abusos contra menores, principalmente Tepatitlán, El Salto y Puerto Vallarta.

Este último es uno de los puntos más críticos en los estudios nacionales por ser un lugar que ha acumulado sospechas, denuncias e investigaciones por trata de menores.

El último caso mediático fue en julio cuando una niña de 10 años fue encontrada desnuda en el auto de Luis Alonso “N”, director general de recursos humanos de la policía municipal. Detuvieron al hombre, pero la impunidad continuó cuando el juez Jorge Luis Solís Aranda decidió que no había delito porque la menor “no sintió placer”.

Además, se fijaron 13 mil pesos para la reparación del daño, dinero que de acuerdo con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, es suficiente para que una niña de 10 años sane el trauma de una violación sexual presuntamente cometida por un funcionario público; para que una niña de la edad de una estudiante de quinto de primaria olvide el momento cuando fue encontrada desnuda en un carro; y para que los padres paguen las terapias psicológicas de su hija.

Tras el escándalo mediático, el juez, que ganaba 20 mil pesos mensuales, fue suspendido y denunciado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Sin embargo, este no es el primer caso de violencia infantil lleno de irregularidades.

Puerto Vallarta es uno de los paraísos de turismo sexual infantil en el país, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México; y como sucede con otras ciudades costeras, es un punto rojo en casos de abuso sexual infantil y trata de menores.

De enero a septiembre de este año se han abierto 124 carpetas de investigación por el delito de abuso sexual infantil, en promedio, 13 casos de menores abusados al mes. Según los expertos, por cada caso denunciado hay nueve que no se reportan.

El abuso infantil que permea a Jalisco

Desafortunadamente Puerto Vallarta no es el único municipio que reporta violencia infantil, ni es el único que ha generado casos mediáticos en este año pandémico. Y es que durante julio y agosto se dieron a conocer al menos 5 casos más de menores de edad violentados en el estado, lo que generó indignación entre activistas y académicos.

Otro de los casos fue el de Elsy, una niña de 12 años víctima de feminicidio quien el domingo 16 de agosto salió de su casa en el municipio de Tala hacia el rancho Los Conejos donde trabajaban sus papás. Iba por un cargador de celular pero en el camino fue desaparecida. Ese mismo día, 6 horas después de que iniciaron su búsqueda, su familia y las autoridades encontraron el cuerpo de la niña con huellas de violencia y abuso sexual.

Días después la Fiscalía estatal encontró el cuerpo de “Juan” a quien investigaban por el feminicidio de Elsy y quien confirmaron fue el responsable de su asesinato porque la prueba de ADN que tomaron del cuerpo de la menor coincidió.

Tala resalta como uno de los municipios más inseguros por delitos como homicidio y robo, pero el abuso sexual infantil también es frecuente. De enero a septiembre de este año la Fiscalía ha reportado 54 denuncias, en promedio, 6 niños y niñas son abusados sexualmente al mes en un municipio con 80 mil 365 habitantes.

Otro caso que sucede con frecuencia es el de los abusos a menores en casas hogar. El 17 de julio se dio a conocer el de un niño de 11 años quien fue golpeado y abusado verbalmente por un trabajador del albergue 100 Corazones donde atienden a niños y niñas con discapacidad. La denuncia se dio a raíz de la grabación de un vecino quien evidenció la agresión contra el niño.

No fue hasta que el caso se publicó en medios de comunicación, en redes sociales y creció la presión social, que el DIF Jalisco, instancia a la cual depende el albergue, aseguró que investigaría el caso. Casi un mes después, el 13 de agosto, la Fiscalía detuvo al hombre e inició una investigación por maltrato infantil y abuso de autoridad.

El presunto agresor estará en prisión preventiva durante seis meses en lo que concluye la investigación y la directora del albergue, Miriam Alejandra Vázquez Casillas fue destituida de su cargo.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se denuncia un problema de violencia en dicho albergue. En enero de este año, el partido Morena denunció a la casa hogar por abuso sexual contra 12 niños y niñas; y a pesar de que el DIF reconoció los casos que se dieron durante la administración pasada, un mes después no separaron de su cargo a los presuntos culpables.

Este mismo año también se denunciaron maltratos en el Hogar Cabañas, donde incrementaron los casos de crisis psiquiátricas en los menores y destituyeron a la subdirectora técnico educativa Lizbette Solís-Piedras por no cumplir con el perfil estipulado en el reglamento del hogar.

Las y los niños han sido también parte de esta pandemia y aunque las risas y los juegos ahora se escuchan desde dentro de casa, también hay que aprender a escuchar su silencio, sus miedos y garantizar su cuidado. Estar en casa también implica cuidarlos no solo del virus sino de los abusos.

https://www.anuarioindependiente.mx/julio2020