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Caravana por una Vida Digna denuncia la violencia organizada en Guerrero

Unas 50 personas provenientes de diversas regiones de Guerrero llegaron este 11 de septiembre al Zócalo de la Ciudad de México para denunciar las condiciones de marginación y violencia que mantienen a miles de comunidades indígenas, afromexicanas y mestizas

Texto y fotos: Heriberto Paredes / Pie de página

Provenientes de las regiones de la Costa Chica, la Costa Grande, la Montaña Alta y la Montaña Baja, mujeres y hombres de diversas organizaciones sociales, integraron la Caravana por una Vida Digna, la cual, tuvo como objetivo denunciar las condiciones de marginación y violencia que mantienen a miles de comunidades indígenas, afromexicanas y mestizas, en una situación de alerta permanente.

El Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), miembro del Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG), de la mano del Frente Nacional por la Liberación de los Pueblos (FNLP) y la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS) llegaron a la capital con la intención de ser escuchados.

A pesar de las complicaciones de transporte, de falta de recursos económicos, de la inseguridad que impera en caminos y carreteras, de las fuertes lluvias y de las ocupadas agendas de los funcionarios del gobierno federal, alrededor de 50 personas, llegaron este 11 de septiembre al Zócalo de la Ciudad de México.

Intentaron ser recibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, o por algunos de los funcionarios del gabinete, sin embargo, no tuvieron éxito. Por parte de la Secretaría de Gobernación, se les ofreció una reunión, en los días siguientes, con el licenciado Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de esa dependencia. Sin embargo, la Caravana planteó que no sólo aceptará reunirse con él, sino que buscará una reunión con la titular, Olga Sánchez Cordero, con el procurador agrario, Luis Hernández Palacios Mirón, con la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra y con Adelfo Regino Montes, cabeza del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y con el presidente.

Tras el fallido intento, las mujeres hombres, niñas y niños que componen este esfuerzo, caminaron hasta la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para saludar a las mujeres que mantienen desde el pasado 3 de septiembre la okupa Casa de Refugio Ni una menos. La visita tuvo el objetivo de reconocer la lucha contra la violencia de género y para solidarizarse ante la criminalización de esta protesta.

Poco antes de retirarse, alrededor de las 3 de la tarde, las personas, representantes de comunidades en estas regiones de Guerrero, a pesar de sentirse decepcionadas por el gobierno federal, no bajaron el ánimo y anunciaron en una breve conferencia de prensa que volverán y que de ser necesario movilizarán a la entidad completa. «Nos vamos con la amarga solución de que no nos atendieron y siempre ha sido así, con las mentiras engañan al pueblo, que va a haber cambio y no hay nada, mientras allá los grupos paramilitares nos están asesinando y no hay ni hospitales» señaló Jesús Plácido, ñuu savi del Ejido Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, miembro del CIPOG-EZ.

“Ojalá que a las personas que le estamos pidiendo que nos atiendan, es más una obligación y para nosotros un derecho, si no hay las respuestas que estamos pidiendo, en estas puertas, si quieren que los pueblos vengan hasta aquí, tendremos que venir, no tenemos de otra”, finalizó Guadalupe Talavera, originaria de Coyuca de Benítez.


Guadalupe Talavera.

Conflictos agrarios y miseria

Pocos caminos llegan hasta las comunidades que coronan las montañas que conforman la mitad del estado de Guerrero. Se trata de caminos poco o mal pavimentados, llenos de derrumbes en la larga temporada de lluvia, es difícil acceder a esta geografía, pero más difícil es salir si una emergencia se presenta, por ejemplo, si una persona requiere atención médica.

O si hace falta alimento, las condiciones para que camiones suban el abasto son en extremo peligrosas. Cada ruta está siempre llena de historias de accidentes, de puentes o secciones enteras de piso que se caen al abismo, todo en medio de una vegetación exuberante.

Relata el profesor Pedro Martínez, originario de San Luis Acatlán, que «las comunidades de la Montaña no tienen carreteras pavimentadas, no tienen centros educativos, ni centros de salud, si no hay centro de salud, tampoco medicamento, en la educación no hay maestros, con esto de la pandemia, menos»

“En la Costa Chica, de donde yo vengo, hay muchos problemas de conflictos agrarios entre distintos ejidos. Por ejemplo, nosotros tenemos planos definitivos que fueron adoptados desde 1932, y el otro ejido [Citlaltepec], su plano fue adoptado en 1934 […], nosotros siempre hemos buscado el diálogo, pero ellos no y ya no encontramos solución en el estado, por eso acudimos acá” precisó quien también es comisariado ejidal de su municipio.

Por eso llaman a la autoridad agraria federal, para resolver pacíficamente los conflictos de tierras, que durante muchas décadas han estado ahí, listos para ser utilizados a favor de la violencia organizada y a favor del prejuicio que afirma que los conflictos son “peleas tribales”.

A lo largo de las cordilleras montañosas que parten desde la Costa Chica y que desembocan en Tlapa, por un lado y en la región de Montaña Baja con Chilapa, los conflictos por la delimitación de tierras son el pan de cada día. Las dotaciones agrarias nunca fueron delimitadas y escrituradas adecuadamente.

Tal es el caso, en 2015, del conflicto agrario entre la comunidad de Tierra Colorada y Tilapa, en el municipio de Malinaltepec, en el cual, dos grupos armados capitalizaron la enemistad entre estas dos comunidades: llevaron armas, armaron comandos para atacar a los contrarios y, a pesar de que el asunto de límites territoriales se resolvió por la vía legal, la presencia de este escenario tuvo como consecuencia la desaparición y posterior ejecución de al menos 6 personas, quienes abogaban por el uso del diálogo para resolver los problemas.

Fue en aquel entonces la Coordinadora Regional de Autoridades Regionales–Policía Comunitaria de Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) quien logró contener a estos grupos armados, sin embargo, la propia institución comunitaria de seguridad y justicia también ha sido víctima de divisiones y de ataques para intentar desestructurarla.

Ejemplos como este, desafortunadamente, hay muchos. En Guerrero y en el país.

Queremos dialogar con los titulares de las instituciones, –precisa Pedro con voz apurada– por ejemplo, de Educación Pública o de Salud, de Gobernación, para explicarles nuestros problemas».

«Si no trabajas para ellos te eliminan»

Centro comercial que reúne los productos de miles de artistas locales y campesinos, Chilapa es el centro económico de la Montaña Baja gracias a su mercado y a su localización geográfica, es un paso fundamental para llegar a Chilpancingo.

Ciudad mestiza donde la convivencia con artesanos y campesinos no ha sido cálida y respetuosa, la historia local en los últimos dos siglos está llena de levantamientos armados –1844, 1849, 1910, por mencionar sólo los años de grandes revueltas– originados desde las comunidades indígenas pertenecientes al municipio, siempre en contra de caciques o empresarios vinculados a la compra-venta de artesanías. Así se le conoce al arte indígena.

Ya la palabra artesanía suena a desprecio, aunque sea una parte fundamental del sostenimiento económico y social en la región. Quien viera las máscaras y los tallados en madera, los amates pintados de muchos colores, los tejidos y las pinturas en retablo que se ofrecen en el mercado, los vestidos de multicolor de las mujeres, diría que es arte y no artesanía, pero para buena parte de la población mestiza, los indios hacen artesanías.

Vivir de la milpa no es sencillo en el México de hoy. Nunca no la sido. Por ello las comunidades nahuas de Chilapa han desarrollado las destrezas inigualables de tejer la palma y tallar madera o transformar las pieles de vaca en máscaras de tigre, pero también han sabido fabricar un mezcal de muy alta calidad; la vida en las comunidades también son las actividades cotidianas como echar tortilla, guisar mole, preparar las fiestas y tocar música en las patronales de cada comunidad.

Pero todo esto es parte de un pasado reciente, hoy la realidad es otra: para cientos de familias que viven en estas comunidades la lucha diaria es sobrevivir a la violencia desatada por el grupo criminal conocido como Los Ardillos, quienes asesinan a quienes no quieren trabajar o colaborar con ellos y sostienen en la región, un ambiente de franco terror y total impunidad.

Heredero de la familia Ortega, este grupo ha crecido de manera considerable en los últimos 15 años. Para comprender que en Guerrero, las relaciones del poder político –y ahora las del poder criminal– se mueven casi siempre en función de la pertenencia a una familia, basta mencionar que el presidente del congreso estatal en 2015, fue Bernardo Ortega, uno de los hermanos de la familia a la que se le atribuye ser la cuna y actual sostén de esta organización criminal.

Un joven originario de Tula, una comunidad de este municipio, temerosamente me cuenta que las cosas van mal; que han pasado muchas balaceras y que los Ardillos no les permiten circular por el territorio; que ellos le tiran a las mujeres y a los niños también.

Me cuenta que una comisión va con el gobierno del estado y que nomás les prometen algo pero nunca cumplen; que los niños y niñas están asustadas; que vienen a acabar con el pueblo; que lo único que quieren es justicia y poder trabajar, porque se dedican a la milpa, al frijol, al campo; dice este joven que más de la mitad de su pueblo ya se fue, abandonaron las casas; que los Ardillos también se hacen llamar Paz y Justicia y que es el presidente municipal, Jesús Parra García, quien los protege y a veces hasta les manda escoltas para que se muevan en Chilapa; con nerviosismo, relata que a unos familiares suyos los envenenaron y que sólo los niños alcanzaron a escapar; que ellos ofrecen una oportunidad trabajando con ellos en la venta de drogas o en otras cosas pero que en Tula lo que quieren es paz; este hombre joven tiene una herida en el brazo izquierdo que le dejó la extremidad destrozada y con una deuda enorme.

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«Estaba con otros campesinos, habíamos terminado de trabajar y llegaron casi 200 miembros de los Ardillos y nos empezaron a tirar. Lo bueno es que nomás me dieron en la mano».

La base económica es la agricultura de autosuficiencia, sin embargo la concentración de tierra continúa: familias campesinas que tienen poca tierra cultivable y el resto está acaparado por los terratenientes que se renuevan de vez en cuando; las condiciones son muy similares en los municipios colindantes como Zitlala y Ahuacuotzingo.

Es la llegada de la mariguana y la amapola a mediados del siglo XX lo que sustituyó al maíz y al frijol como productos agrícolas básicos, los limitó a la parcela al mismo tiempo que permitió cierta acumulación de dinero para desarrollar otras actividades como la ganadería o el comercio. Quienes se negaron a este modelo productivo han sufrido la ola de exterminio, aunque se resisten a volverse mano de obra de la violencia organizada.

En en el otro extremo están estas familias con cierta injerencia en la política estatal, comenzaron a organizarse para la siembra, producción y distribución de la mariguana y del extracción de la goma que desprende la amapola, este negocio poco a poco fue creciendo, y fue entonces que –una vez establecidas las prohibiciones a nivel federal– las rutas se disputaron y las familias se convirtieron en cárteles locales y en los gobernantes o funcionarios, como consecuencia de este giro que da el capitalismo en los niveles más bajos de producción primaria.

Solidaridad y lucha desde la Costa Grande

Antes de la conferencia de prensa, Guadalupe platica un poco sobre su presencia y la de la gente de la Costa Grande, específicamente de Coyuca de Benítez, una región muy golpeada por el ejército durante la Guerra Sucia: «Siempre hemos sido de izquierda, estamos ahora acompañanado y apoyando a las organizaciones y comunidades que no han encontrado respuesta del gobierno estatal»

Para esta mujer de manos fuertes, la estrategia de «darles largas» no funciona, asegura que ya están acostumbrados a eso y que no les espanta, saben que la lucha por una vida digna requiere mucho esfuerzo y muchos sacrificios.

«Este gobierno –continúa– debe tener la capacidad y la madurez de visualizar los problemas, sabemos que no son problemas que él generó pero son problemas que constitucionalmente se heredan. Recibió un México resquebrajado, en la ruina, pero él debe de tener la capacidad, la sensibilidad de entendernos como mexicanos».

Guadalupe subraya que la violencia en la Costa Grande se mantiene, «en el mes de febrero tuvimos la muerte de una jovencita de 17 años, una joven que tenía una vida por delante y que se sabe que fue asesinada por policías municipales de Coyuca de Benítez, por haber hecho unas denuncias en redes sociales», me confía. La situación no hace sino agudizarse y entre la población de estas regiones de Guerrero, la ley es clara: hay que cuidarse del crimen organizado y de la policía, «son los que asesinan y los que matan, intimidan, amenazan».

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