“No nos iremos hasta que liberen a nuestros compañeros”: personal de la fiscalía del estado detiene clandestinamente a casi 80 manifestantes (Jalisco)
Foto:Zona Docs
La jornada de acciones de protesta de este viernes 5 de junio, terminó con la detención de al menos 80 personas de manera arbitraria, ilegal y violenta, por elementos de seguridad de la Fiscalía del Estado de Jalisco quienes, vestidos de civiles, encapuchados, armados y montados arriba de camionetas no oficiales, se llevaron “al azar” a ciudadanos y ciudadanas que buscaban asistir a la concentración que fue convocada para exigir justicia por Giovanni López y la liberación de 28 personas que fueron reprimidas y permanecen detenidas dentro de las instalaciones de la Fiscalía del Estado, durante las manifestaciones del día jueves 4 de junio en el centro de Guadalajara.
De acuerdo con el Gobernador del estado, Enrique Alfaro, se trató de “un grupo de personas de la Fiscalía” que “desacató” sus “instrucciones y actuó de una manera irresponsable y brutal”. Mientras que, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ), confirmó que se llevaron a cabo “detenciones fuera de todo protocolo” y se identificó “la práctica de alejar a las personas en vehículos particulares, sin placas y dejándolas en lugares alejados”.
Y es que, algunas de las 80 personas fueron liberadas conforme avanzó la jornada en distintos puntos de la ciudad y en otros municipios al interior del Área Metropolitana de Guadalajara; al menos uno de los celulares de estas personas apareció dentro de las instalaciones de la fiscalía y otros más están siendo entregados a sus dueños luego de contactarles, acciones que confirma el actuar de los elementos de seguridad estatal. Cerca de 14 permanecen con paradero desconocido, por lo que, podríamos estar hablando de desapariciones forzadas, afirma el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD).
De manera paralela, en el centro de la ciudad de Guadalajara y en Casa Jalisco, se llevaron a cabo otras manifestaciones que también concluyeron en represión, violencia en contra de ciudadanas y ciudadanos y sus detenciones.
Dalia Souza y Darwin Franco / Zona docs
Desde las 2:00 p.m. elementos de la policía municipal de Zapopan, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y de la Fiscalía del Estado de Jalisco, algunos de éstos vestidos de civil, con pasamontañas y chalecos antibalas, otros con equipo antimotines, esperaban la llegada de las ciudadanas, ciudadanos manifestantes y familiares que buscaban exigir a la autoridad estatal la liberación de 28 de personas que fueron reprimidas y detenidas el jueves 4 de junio, durante las acciones de protesta para exigir justicia al caso de Giovanni López, habitante del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos asesinado extrajudicialmente por agentes municipales el 4 de mayo por no portar un cubrebocas.
La protesta reunió a más de 300 personas quienes se pronunciaron en “repudio a la extrema violencia policial que las corporaciones policiacas ejercieron sobre las compañeras y compañeros que se movilizaron en Guadalajara el día 4 de junio”, así lo externaron a través de un comunicado con bocina y micrófono en mano, y frente a más de una treintena de elementos de seguridad que impidieron la entrada a la calle 14, donde se encuentran la entrada a las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco en la zona industrial de la capital de la entidad.
Las calles 12 y 16, así como la 5 y la 3, que forman un cuadrante alrededor de los edificios de la fiscalía, también fueron resguardados con cordones de seguridad y escuadrones de policías; mientras que, un vehículo blindado para combate realizaba rondines en todas las calles aledañas.
Si bien, la concentración fue convocada desde el miércoles 3 de junio y tenía como punto de reunión Casa Jalisco, de último momento y tras la detención de 28 personas durante las protestas del día jueves 4 de junio, se decidió cambiarla a estas instalaciones, pues en los separos del lugar presuntamente se encuentran privados de su libertad las y los ciudadanos -entre ellos menores de edad- que fueron también reprimidos y golpeados.
“Estos compañeros no fueron aprehendidos en flagrancia, sino que se les detuvo ilegalmente a partir de redadas por el centro. Por ello, sabemos que sus detenciones son arbitrarias y los cargos que se les imputan inexistentes. Algunos los golpearon brutalmente, incluso, cuando ya los tenían sometidos bajo custodia policial, cuando era en absoluto innecesaria la fuerza. Un compañero fue dejado inconsciente al momento de su detención” expresaron integrantes de la Red feminista YoVoy8deMarzo.
En este pronunciamiento donde exigieron que se investigue y castigue a los homicidas de Giovanni López y a sus cómplices; el retiro de los cargos y liberación inmediata de las y los detenidos sin el pago de fianza; respeto al debido proceso; y que se garantice la integridad y los derechos humanos de los detenidos hasta su liberación; se informó también que se temía que fueran llevados al penal de máxima seguridad de Puente Grande, como habrían advertido algunas autoridades a los familiares.
El señor Jesús, padre de Isaí Luna, uno de los jóvenes detenidos el viernes 5 de junio, pretendía llegar también a la concentración, sin embargo, le fue impedido el paso por los elementos que “protegían” la zona. Aunque se esperara que llegara a manifestar sus exigencias frente a las y los asistentes, así como, ante las autoridades, nunca se le permitió acercarse, denunciaron.
De a poco, quienes sí lograban llegar al punto de concentración en la intersección de la calle 14 y la calle 3, daban testimonio de los actos de represión y violencia que habían sufrido o fueron testigos mientras intentaban asistir a la concentración:
“Aquí en la esquina de 8 julio, en el camión (de la ruta) 50B; están vestidos de civiles, están asustando a la gente, están provocando que la gente se pueda accidentar en el camión y ellos provocar algo peor, porque, no sabes que son policías. Esas no son formas de algo así. Por la calle de allá (calle 12) están metiendo a los detenidos que están agarrando en las calles aledañas”, expuso una de las ciudadanas que observó cómo policías vestidos de civiles bajaban de un camión urbano a personas que aparentemente buscaban asistir a la concentración
“Ni siquiera nos están dejando llegar libremente”, exclamó ante los medios.
Después comenzaron a difundirse los videos de las detenciones; en uno de ellos se puede observar a una decena de policías golpeando con macanas a un joven que iba en su bicicleta. Los nombres de dos jóvenes, Andoni Rosainz y Noe Olmos quienes se dirigían a la protesta y nunca llegaron, también se hicieron públicos. Incluso, mientras las personas se encontraban esperando que las dejaran pasar a las puertas del edificio de la Fiscalía del Estado, una camioneta color blanco, sin insignias oficiales, con hombres vestidos de civil, usando pasamontañas, con chalecos antibalas y armados, intentaron detener a algunos de los manifestantes.
“Se los están llevando” gritaban las y los reporteros mientras los elementos de seguridad del estado abordaban de nuevo el vehículo a toda prisa para después arrancar.
LOS ESCUADRONES Y SU MODUS OPERANDI
Sin respuestas de las autoridades, quienes sólo permitieron el paso a las inmediaciones del edificio oficial a dos jóvenes que denunciaron también las detenciones de las que habían sido testigos mientras pretendían llegar a la protesta; el contingente partió con rumbo a la avenida Colón, donde se desplegaron para tomar la estación Urdaneta del tren ligero. Por más de 20 minutos impidieron el paso de este transporte urbano y exigieron la liberación de sus compañeros.
Pasadas las 7:00 p.m. dos horas después del inicio de la protesta, se encontraba circulando en redes sociales un listado de 16 personas, la mayoría jóvenes que fueron “levantados” durante la tarde, por los mismos elementos de seguridad estatal vestidos de civil armados y a bordo de camionetas sin ningún tipo de identificación oficial. Hasta ese momento varios estaban en calidad de desaparecidos y algunos más ya localizados con vida pero “encontrados en lugares desconocidos” y golpeados. El punto más referido en el que se abandonó a estos jóvenes fue la colonia Cerro del Cuatro en el municipio de Tlaquepaque, a 30 minutos de distancia del punto donde presuntamente fueron detenidos.
Una integrante de la Red YoVoy8deMarzo fue también llevada ilegalmente bajo el mismo modus operandi: mientras se dirigía a la protesta en las inmediaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco y por “hombres desconocidos” a bordo de camionetas; su celular fue rastreado y geolocalizado dentro de la fiscalía. Al respecto, las integrantes de la organización feminista denuncian que, de acuerdo con los testimonios de personas que fueron “levantadas” y a quienes también se les quitaron sus celulares durante estas detenciones ilegales, “se los están devolviendo de maneras extrañas”.
Las declaraciones aseguran que cuando las personas llamaron a sus celulares, un civil contestó para decirles que “se había encontrado el celular en las vías del tren (que rodean las inmediaciones de la fiscalía en la zona industrial)”; éste les dijo que, para entregarles el equipo tendrían que verse en Plaza “Las Torres” (centro comercial cercano también al edificio de la fiscalía). Cuando acudieron “personas aparentemente comunes les dieron sus celulares”. En otros casos, fueron entregados directamente en la casa de las personas.
Sin la presencia de visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), la Red YoVoy8deMarzo y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) se encargaron de la documentación de estos casos. Anna Karolina Chimiak y Denisse Montiel codirectoras de este centro de derechos humanos en Jalisco, denunciaron que, hasta las 10:00 p.m. del viernes 5 de junio, al menos 30 personas habían sido detenidas “al azar”, de forma arbitraria, ilegal y violenta por elementos de seguridad de la Fiscalía del Estado de Jalisco, vestidos de civiles, encapuchados, portando armas de grueso calibre y en algunos casos con bates metálicos. Las personas detenidas, en su mayoría jóvenes, fueron interceptados unas cuadras antes de llegar a la Fiscalía.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) declaró al respecto y aseguró que: “esta defensoría tiene registrados reportes de detenciones ilegales y arbitrarias”, donde se “identificó la práctica de alejar a las personas en vehículos particulares, algunos sin placas y dejarlas en lugares retirados”.
Gracias al trabajo de ciudadanas y ciudadanos aliados del movimiento de protesta en contra de la brutalidad policial en Jalisco y con acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, hasta la mañana de este sábado, la lista de los detenidos ascendía a más de 80 personas, 64 de éstas ya han sido localizadas con señales de violencia y golpes. La mayoría fueron detenidas en los alrededores de la Fiscalía del Estado de Jalisco, en calles y avenidas aledañas y rutas del trasporte público, aunque también fueron interceptadas durante las protestas que se llevaron a cabo de forma paralela en el centro histórico de la ciudad, en Plaza Liberación y Palacio de Gobierno. Se sabe que sus celulares fueron revisados y robados.
Hora más tarde, fueron localizados en los siguientes puntos: colonia Cerro del Cuatro, colonia Miravalle, colonia Las Pintas, colonia Los Olivos y La Loma, todas estas en el municipio de Tlaquepaque. También se denunció que otros habían sido abandonados en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Hay que advertir que, 13 de estas 64 personas se encuentran en calidad de detenidas, según afirman las organizaciones y aliados.
Las 14 personas restantes se encuentran con paradero desconocido y sólo se conocen sus nombres gracias a la difusión en redes, una de ellas, incluso, fue detenida durante las manifestaciones del jueves 4 de junio, estos son sus nombres:
- Jorge Poza
- Ana Isabel Rosas García
- Axel Ulises Hinojosa Ruelas
- Diego Uriel Torres
- José Ángel Ruelas Mendoza
- Oscar Alejandro Marín Medina
- Roberto Andre Méndez González
- Pedro Daniel Cabrales
- Antonio Sadayoshi Lomelí Tomatán
- Jorge Ramírez
- Jorge Fregoso Álvarez
- Fer Maldonado
- Jorge Armando Preciado Roque
- Edwing Alejando Martínez García
Al respecto, el CEPAD, afirma que, por las técnicas documentadas y por la nula información ofrecida desde el Estado, puede hablarse de desaparición forzada cometida por estos elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Incluso, sobre quienes permanecen detenidos desde el día 4 de junio, pues según han denunciado sus familiares, les han mantenido incomunicados, a punto de cumplirse las primeras 48 horas de su arresto.
LA BRUTALIDAD POLICIAL DISFRAZADA DE
“DESOBEDIENCIA” OFICIAL
Mientras tanto, Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador de Jalisco se encontraba en el municipio de Tequila, siendo “anfitrión” de la “Reunión Interestatal COVID-19”, que se llevó a cabo junto con otros gobernadores.
Fue hasta las 10:46 p.m. del viernes 5 de junio, una hora y media después de terminar las ultimas protestas en las calles de Lázaro Cárdenas y Federalismo en Guadalajara, que, el Gobierno estatal ofreció una postura sobre los hechos de represión y violencia en contra de las y los ciudadanos manifestantes.
Enrique Alfaro, publicó en sus redes sociales que lo sucedido era atribuible a un grupo de personas de la Fiscalía del Estado de Jalisco que había desacatado su instrucción y que “actuó de una manera irresponsable y brutal, que no va a ser perdonada”.
Advirtió además que, “con esas acciones se violentó” su instrucción de “no cometer excesos y actuar siempre respetando los derechos humanos”. Bajo el discurso oficial reiterado que asegura sólo tratarse de “algunos irresponsables” y no de todo un sistema de seguridad y procuración de justicia atravesado por la impunidad y la violencia, Alfaro Ramírez declaró que “los presuntos responsables de las actuaciones afuera de la fiscalía están bajo custodia” y “tendrán que responder ante la justicia”, “caiga quien caiga.
Al respecto, el CEPAD a través de un comunicado, ha demandado a las autoridades “iniciar de oficio las carpetas de investigación y quejas correspondientes con probables actos de tortura” cometidos en el marco de las manifestaciones del jueves 4 y el viernes 5 de junio de 2020.
Han señalado que, en el caso de las personas que denuncien tortura durante su detención, la autoridad tendrá que iniciar las investigaciones correspondientes de acuerdo a lo establecido en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.