Familias de desaparecidos señalan que México vive una “crisis forense” inédita en el mundo (Veracruz)

Eliana Gilet / Sputnik News

Durante 15 días, más de 300 personas se reunieron al norte del estado de Veracruz, en el golfo de México, para buscar colectivamente a algunas de las más de 60.000 personas que han desaparecido en México en la última década. Sputnik acompañó a la quinta Brigada Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas y comparte su experiencia.

Las brigadas nacionales fueron la herramienta que creó una familia con cuatro hijos desaparecidos para romper el aislamiento al que los somete este crimen de lesa humanidad, cuando hiere a uno de los suyos. Amparados en una ley de víctimas sancionada tras los primeros movimientos del año 2011, las familias tomaron el protagonismo de sus propias investigaciones.

“Ante la omisión del Estado, las familias han tenido que organizarse”, explicó María Herrera, fundadora de Familiares en búsqueda —principal promotora de las brigadas nacionales— durante su lanzamiento en la Ciudad de México.

Después de dos semanas de trabajo en varios frentes, la Brigada Nacional emitió una alerta acerca de la crisis forense que vive el país que, aseguran, requiere de la urgente implementación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (un compromiso de la Comisión Nacional de Búsqueda, principal institución en el tema creada por la ley general de Desaparición de 2017) y requiere “toda la ayuda internacional posible, por lo que urgimos a que el Estado mexicano acepte la competencia del Comité para las Desapariciones Forzadas de la ONU”.

La Gallera: un centro de exterminio llamado ‘cocina’

La Gallera es un terreno de seis hectáreas que, próximo al camino de ingreso principal, tiene una casa que sirvió como centro clandestino de detención. En torno a esta casa —que fue despojada violentamente de sus dueños en algún momento no preciso de la última década— hay un gran horno a leña que, según la hipótesis de las familias de la brigada, se usó para calcinar los cadáveres de las personas asesinadas aquí.

Durante los días previos, el equipo dedicado a las búsquedas en campo (hay otros grupos de brigadistas que hacen búsqueda en vida y difunden comunitariamente la problemática en iglesias y escuelas) halló indicios de restos óseos en una pequeña localidad del municipio de Coyutla llamada La Palma, tras dos jornadas de exigente trabajo físico en la accidentada sierra que une a los estados de Puebla y Veracruz. También hallaron posibles restos óseos en la colonia La Rueda, en el municipio de Poza Rica. Este es el segundo día de trabajo en la Gallera.

El arqueólogo de la Fiscalía General de la República que las acompañaba ese miércoles 19 de febrero de 2020, tomó la palabra frente al grupo de familias para explicarles el trabajo del día previo, cuando la brigada les señaló el hallazgo de un nuevo indicio en el traspatio de la Gallera. Esto es grave porque este es un punto ya conocido por las autoridades y los familiares que ha sido cateado conjuntamente al menos dos veces anteriormente.

En los primeros meses del año 2017, la Fiscalía local exhumó al menos cinco cadáveres del traspatio de la casa donde ahora estamos. Como las familias regresaron y hallaron más restos óseos que no habían sido recolectados por la autoridad, exigieron la realización de más búsquedas en este mismo sitio, que se hicieron durante una semana de noviembre de 2017 y otra de mayo de 2018, en las que se recolectaron casi 1.200 fragmentos que podrían contener ADN factible de identificación, que aún no han sido analizados en su totalidad.

El arqueólogo entonces —volviendo a la séptima jornada de búsqueda en campo de la brigada 2020— les explicaba a las familias que en el día previo delimitaron el área señalada y encontraron allí otros dos posibles restos sobre la superficie, de los que no se pudo determinar origen a simple vista, por lo que corresponde su análisis químico.

Les explicó que removieron la densa vegetación del área delimitada, la varillaron (es decir, insertaron varillas de cerca de un metro en el suelo para que se libere el aroma de un cuerpo en descomposición) y buscaron a simple vista anomalías en el suelo que indiquen que la tierra haya sido removida. Es decir, replicaron el mismo método que las familias usan para buscar ellas mismas.

Explicó que cavaron calas en ese sitio, dos excavaciones lineales que dieron resultados negativos, sin hallazgos. También dijo que su equipo cribó la tierra extraída de allí, buscando fragmentos no visibles a simple vista y que se halló “un elemento balístico”. Luego taparon el área y se retiraron.

Uno de los brigadistas tomó entonces la palabra y señaló que la preocupación de las familias es la cantidad de ceniza que se halló en torno al horno que está a un lado de la casa principal del rancho. Pidió a los peritos que explicaran qué plan traen para procesar esa ceniza que podría contener indicios plausibles de identificación forense.

Otro miembro del equipo de la Fiscalía General de la República (FGR) —un antropólogo— le respondió diciendo que realizarían una planimetría para registrar la ubicación y orientación de los montones de ceniza en torno al horno a leña que es —claramente— el centro del trabajo del día. Pero entonces, el mismo antropólogo dice que como deben hacer el registro de foto y vídeo, no van a poder trabajar de manera simultánea en las cribas, que requieren de tres personas para su manejo.

Aunque estuvieron presentes 17 funcionarios estatales, incluyendo varios de las comisiones estatales y federal de derechos humanos, el antropólogo pidió voluntarios a las familias de la brigada para el trabajo de la criba. Seis mujeres se ofrecieron, varias de ellas de edad avanzada, todas con un familiar desaparecido.

Otros cuatro ex policías federales permanecían sentados dentro de la camioneta de la Comisión Nacional de Búsqueda, con el motor encendido y los vidrios de las ventanas subidos, gozando del aire acondicionado durante la diligencia.

Una emergencia forense inédita en el mundo

“Hay indicios por los teléfonos que a dos de mis hijos los estuvieron peregrinando por el área (cuando habían sido secuestrados) que señalan unas caballerizas del Ejército y este lugar”, explicó María Herrera a Sputnik, sentada en un murito a metros de la casa central de la Gallera.

“Este es un lugar de exterminio. La primera vez que entramos a la casa, vimos manchas de sangre en las paredes que son evidencias claras del horror que sucedió ahí adentro. Estaban sus manos dibujadas en sangre que ahora han sido limpiadas”, agregó.

Hallaron además cientos de prendas de ropa, mochilas, hasta juguetes de niño y pañales usados.

“El Gobierno descartó el área en 2017, pero nosotros pedimos pasar como familiares y se empezaron a encontrar restos. Nos dieron ciertos días para trabajar y nos luego nos fuimos, pedimos que se resguardara el área, pero no se hizo. Este sitio ha sido un gran descuido de la Fiscalía del estado de Veracruz”, sentenció Herrera, quien tiene expectativas de que los peritos del nivel federal de Justicia que trabajan en esta tercera ocasión hagan un mejor trabajo.

Luis Tapia Olivares es uno de los abogados del centro de derechos humanos Agustín Pro-Juárez que representa a la familia Trujillo-Herrera desde el año 2016 y fue contundente al señalar el problema actual.

“El meollo de la crisis forense del país está en el proceso de identificación de cuerpos y restos óseos”, sostuvo.

El abogado explicó que dada la magnitud de los casos registrados oficialmente en el país —60.637 personas en enero de 2020—, “México necesita crear una capacidad forense que no existe en el país ni en el mundo. Es una locura total lo que estamos viviendo”.

En la ciudad de Poza Rica, la quinta Brigada Nacional realizó una marcha, un mural conmemorativo a su trabajo bautizado Desenterrando la verdad por la paz y colocó una placa frente a la sede de la Presidencia Municipal local.


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