Integrantes del FPDTA denuncian amenazas de muerte por oponerse a colector de aguas negras en Puebla
Ixtlixóchitl López 9 / Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) denunciaron amenazas de muerte por oponerse a la construcción del colector de aguas negras, con el que se pretende descargar los desechos industriales y pluviales del corredor industrial Hujotzingo al río Metlapanapa, en el municipio de Juan C. Bonilla, en Puebla.
En conferencia de prensa, los defensores del territorio advirtieron que la construcción del colector afectaría a más de 30 pueblos, comunidades y colonias de la región cholulteca de Puebla que durante años han resguardado el afluente.
Miguel López Vegas, quien también es delegado del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), afirmó que empresarios de armadoras de autos les advirtieron que una persona ya había sido asesinada por oponerse al Proyecto Integral Morelos (PIM), en referencia a Samir Flores, y que faltaba uno de Puebla.
Explicó que en la región que defienden existen alrededor de 30 empresas que componen el corredor industrial Quetzalcóatl-Huejotzingo y que a su vez forman parte del PIM, al que Samir Flores se oponía cuando fue asesinado el 20 de febrero pasado. A la fecha ese crimen sigue sin esclarecerse.
El activista señaló que, para echar andar el PIM –consta de dos termoeléctricas, un acueducto, torres de alta tensión y un gasoducto de más de 160 kilómetros de longitud que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos–, el gobierno de Puebla y los empresarios de la zona han amenazado con órdenes de aprehensión a los pobladores que se oponen a vender sus tierras para la construcción de este “proyecto de despojo”.
Israel Mendoza, también defensor del territorio, indicó que no existen permisos ni estudios de impacto ambiental para el corredor de aguas negras, y de permitirse su construcción –aseguró– se estaría violando la NOM 001 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sermanat), que establece los límites de contaminantes en descargas de aguas residuales, como plomo, cobre, arsénico, cianuro, entre otros.
“Todo ese corredor industrial que quieren hacer a cielo abierto es un proyecto de muerte”, sostuvo, y responsabilizó al gobierno de Puebla y a los empresarios del corredor textil, en caso de que algo llegue a sucederle a él o a sus compañeros.
Alejandro Torres, comunicador comunitario, detalló que han recibido mensajes de texto con amenazas y son objeto de hostigamiento por parte de la policía municipal, el Ejército y hasta la Guardia Nacional, cuyos elementos se mantienen resguardando el lugar por donde pasará el colector de aguas negras.
El presidente municipal de Juan C. Bonilla, Joel Lozano, indicó que también ha sido amenazado con la destitución y con problemas en la cuenta pública, si respeta la voluntad del pueblo que se niega a la contaminación del río.
Además, agregó, han amenazado con cerrar la Radio Comunitaria Indígena de Zacatepec-Tlaxcalancingo 107.1, en la que colabora, y por medio de la cual la gente se mantiene informada.
Por ello, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que garantice su seguridad y cumpla su promesa, realizada en campaña, de cancelar el Proyecto Integral Morelos, así como el proyecto de descarga de aguas industriales y pluviales en el río Metlapanapa.
Claudia Martínez, directora del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Activistas (Conapa), pidió implementar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para los cuatro defensores del territorio que han sido amenazados en los últimos 15 días.
Asimismo, denunció que el organismo federal de protección no está cumpliendo a cabalidad con las medidas cautelares para los defensores del territorio que ya han solicitado protección, pues el director general adjunto de reacción rápida y recepción de casos, Jorge Ruiz del Ángel, no responde a los llamados y los botones de pánico no funcionan.
Expresó que ya han interpuesto recursos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que emita medidas cautelares, pero hasta el momento sólo ha dado respuesta a uno de ellos.
En entrevista con Apro, Alejandro Torres, concejal del CIG, agregó que como parte de estos proyectos se planea implementar 42 desarrollos inmobiliarios, que servirían para dar hogar a los empleados del PIM y que acabarán con las áreas de siembra.
“Este proyecto es integral, viene con el despojo completo y la esclavitud, porque al quitar la tierra fértil, al no producir el campo, nos veremos obligados a agarrar una de esas chambitas con las que las empresas ganan mucho dinero, pero que tienen explotado al trabajador. Te desintegras de tu comunidad, ya no participas, y eso rompe con los usos y costumbres de nuestros pueblos”, manifestó.
Además, señaló que el pasado 14 de agosto la comunidad de Juan C. Bonilla acordó en asamblea negar el permiso para la construcción del colector pluvial, pero en menos de una semana las autoridades violaron los acuerdos y pusieron elementos de las policías local y Federal para resguardar la zona de obras y evitar que los pobladores se acercaran.
Desde entonces, los habitantes han implementado una serie de protestas. Por ejemplo, ayer tomaron la presidencia municipal y declararon un plantón permanente hasta obtener audiencia con las autoridades.