Durante 2018, organización registró 25 casos de desplazamientos forzados masivos en el país
Raquel Ollaquindia/La Jornada Zacatecas
El informe, elaborado por Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos
? Zacatecas ha aparecido en dos ocasiones en este estudio, tanto en 2017 como en 2016
Durante 2018 en el país se registraron 25 casos de desplazamientos internos forzados masivos en cinco estados y con casi 11 mil 500 personas afectadas. Estos resultados los arroja el informe correspondiente al año pasado, elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH).
En esta ocasión, las entidades en las que se produjeron estos movimientos de comunidades enteras fueron Guerrero, Sinaloa, Chiapas, Oaxaca y Michoacán y las causas fueron la violencia de grupos delictivos y política.
No obstante, el nombre de Zacatecas ha aparecido ya en dos ocasiones en este estudio, tanto en 2017 como en 2016, y los motivos de los desplazamientos en el territorio estatal en los dos casos reportados fueron las actividades extractivas por parte de alguna empresa minera.
Respecto a las cifras del año pasado, Guerrero y Chiapas concentran el mayor número de afectados con 5 mil 56 y 5 mil 35 personas desplazadas respectivamente, mientras que en Sinaloa fueron 860, en Oaxaca se registró el traslado de 300 habitantes y en Michoacán, el de 240 pobladores.
El acumulado histórico de desplazados internos en México, según las cifras de esta comisión, asciende a 338 mil 405 personas que, por diversos motivos como violencia o actividades industriales como la minería, tuvieron que abandonar sus comunidades de origen y trasladarse ya sea a otra población del mismo municipio, a otro municipio o incluso a otro estado del país.
Durante los últimos tres años, de 2016 a 2018, el informe reporta una disminución en el número de afectados por desplazamientos masivos. Sin embargo, se precisa que esto no significa necesariamente una mejora en la situación, sino que pudieron haberse incrementado los casos de desplazamientos no masivos, es decir, de los conocidos como gota a gota que no se reportan en el análisis.
En 2016 los movimientos forzados de personas tuvieron lugar en 12 estados, entre ellos Zacatecas. Se trató de Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y el territorio zacatecano. El caso concreto registrado en la entidad ese año, aunque no se menciona dónde ocurrió el desplazamiento, se señala que afectó a 67 personas que fueron desplazadas por “la actividad extractiva”.
En 2017 fueron nueve los estados con episodios de este tipo y nuevamente Zacatecas estuvo en la lista, junto con Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa.
En esta ocasión el informe precisa que el desplazamiento interno forzado masivo en el estado tuvo lugar en la comunidad La Colorada, en el municipio de Chalchihuites, y afectó a 230 personas que tuvieron que salir de esta población por “proyectos extractivos / megaproyectos (minería)”.
El detonador de estos hechos, según se expone en el informe, fue un “despojo con violencia” y se identificaron varios tipos de agresiones en contra de la población que tuvo que abandonar sus hogares.
Estas formas de violencia que se registraron en La Colorada fueron el uso de armas o la presencia de personas armadas en la comunidad, las amenazas y la intimidación, “casas, cultivos o negocios quemados, destruidos o baleados” y el “saqueo de viviendas, robo de animales y/o cultivos”.
En este caso, el desplazamiento fue calificado como intramunicipal, es decir, se trasladaron a otra ubicación dentro del mismo municipio de Chalchihuites y el estudio concluye que está entre los casos graves porque, al menos en el corto plazo, “no podrán regresar a sus hogares porque fueron destruidos”.
El informe también precisa que el perfil de los desplazados es el de familias completas, en total 47, incluyendo mujeres, hombres, niños y adultos mayores, mientras que de acuerdo a la información que recabaron se registraron además dos fallecimientos a consecuencia del desalojo.
En este punto, se sostiene que las víctimas fueron “desalojadas de sus viviendas por funcionarios de la minera canadiense Panamerican Silver” y se agrega que “Felicitas Guerrero Pasillas, una habitante de La Colorada, perdió a su padre y a su hermana, quienes habrían fallecido a consecuencia del despojo”.
Las formas de violencia que se reportaron en Chalchihuites no son las únicas por las que se detonan y se llevan a cabo los desplazamientos.
Por ejemplo, en los casos ocurridos en 2018 se registraron como detonantes del movimiento de población otro tipo de agresiones como “temor fundado ante la violencia de las organizaciones criminales”, “las incursiones y los ataques armados en contra de la población civil”, “los enfrentamientos de grupos delincuenciales entre sí o entre grupos delincuenciales y agentes del Estado” y “el asesinato de miembros de la comunidad”.
Mientras tanto, las formas de violencia que sufrieron antes y durante el desplazamiento también fueron diferentes y entre ellas se encuentran, aparte de las ocurridas en La Colorada, “las extorsiones y cobros de cuota de piso”, “desalojo con violencia”, “reclutamiento forzado o temor al mismo” y “desaparición de personas