Indígenas criminalizados por el Gobierno luchan en Chihuahua y Guerrero contra mega empresas
Tercera entrega de una serie de reportajes realizados por Pie de Página: Mientras son criminalizados por las leyes, perseguidos por la autoridad y despojados por los megaproyectos extractivistas, los pueblos indígenas defienden el territorio y la vida. En la sierra Tarahumara, los rarámuris de Bakeachi, Mogotavo, Huetosachi y Bakajipare lograron la recuperación de su territorio, luego de una batalla legal de 25 años. En la montaña de Guerrero, los me´phaa y los na savi cuidan la vida comunitaria para defenderse y resistir la invasión militar y de mineras.
Abel Barrera (Guerrero), Estela Mondragón, Rafael Rodríguez, Horacio Almanza, Rafael Guerrero (Chihuahua)/PIÉDEPÁGINA/SIN EMBARGO
Tlapa, Guerrero, 11 de abril (PiedePágina/SinEmbargo).– En la montaña donde nacen los ríos que bañan las tierras ariscas de la sierra y la costa de Guerrero, se forjan los hombres y mujeres que han aprendido desde su nacimiento que la tierra es sagrada, que es nuestro vientre donde se gesta la vida comunitaria.
Es el hábitat milenario donde ha florecido la cultura del don y un modo de vida basado en la igualdad y la reciprocidad. La educación se da no solo en el surco si no en las asambleas, en los espacios lúdicos de las fiestas y en las trincheras donde se defienden los derechos colectivos. La comunidad es el eje que articula las relaciones familiares y las alianzas con los vecinos. Se establecen vínculos de hermandad cuando los comisarios llegan como peregrinos y como principales a los eventos religiosos y políticos que le dan identidad a los pueblos.
En la montaña donde habita el jaguar, también se ha forjado el carácter recio de los caballeros águilas, de los comisarios tigres, de las señoras nubes, de las doncellas del viento, de las sabias y sabios que interpretan las señales del universo y saben apaciguar la furia de los huracanes. Con ese temple, los defensores y defensoras comunitarios levantan su acero con el puño de la dignidad para impedir la entrada de las mineras.
Por su corazón comunitario son catalogados por los malos gobiernos como delincuentes de alta peligrosidad. Les fabrican delitos y los confinan a penales de alta seguridad al lado de los capos del narcotráfico. La perversidad del poder es mostrarlos como personajes siniestros con el fin de doblegarlos, de que claudiquen en sus ideales y que la población se desmovilice.
Quienes defienden la tierra, como Marco Antonio Suastegui y los presos de las Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop), han tenido que enfrentar al aparato represivo del estado para proteger el patrimonio de las futuras generaciones. Son hombres y mujeres que aman la tierra, que saborean los frutos, que cosechan con el sudor de sus frentes, que conocen los secretos de la naturaleza, que aguardan los saberes milenarios y que han logrado ser autosuficientes para mantener un estándar de vida digno de los hombres y mujeres del campo. Por eso las rejas no han impedido de su espíritu libertario rompa las cadenas de la injusticia y de las políticas discriminatorias.
Las mujeres han sido dignas herederas de una cultura que reconoce el lado femenino de la vida comunitaria. Su lucha silenciosa es el arma secreta que mantiene viva la memoria de los antepasados. Son las pedagogas que han sabido cargar con ternura a los pequeños tesoros del pueblo y que han aprendido a cultivar la lengua materna por que saben que es el código de la resistencia.
Ellas siempre están en la primera línea de la vida comunitaria, su fidelidad no tiene límites, su valor pasa las pruebas más difíciles de la vida. Pelean incansablemente y guardan en su corazón las experiencias más gratas que saben transmitir a sus hijos e hijas para que nunca traicionen a su pueblo. Este manantial de la vida comunitaria corre por las venas agrestes de una montaña indómita que resiste y se revela, que lucha y que interpela al poder, que no se agreda y que está siempre dispuesta a dar la batalla para que habite la justicia en las cañadas del olvido.
LA SIERRA TARAHURAMA: EL DESPOJO
La Sierra Tarahumara ha sido poblada, históricamente, por diversas comunidades indígenas, quienes en décadas recientes han visto cómo se ha transformado su espacio de vida de manera progresiva debido a la puesta en marcha de proyectos modernizadores -como el turismo y los megaproyectos extractivos- sin consulta previa. Esta situación ha creado graves conflictos sociales en la región, debido a una minimización sistemática de los intereses de los pueblos y la apropiación privada del territorio.
Para la asociación civil Bowerasa la sentencia judicial que reconoce a la comunidad Bakeachi, propietaria legítima de 7 mil 700 hectáreas no tiene precedente en el país. La lucha de la comunidad no solo es por la recuperación de su territorio, sino por la defensa de sus usos y costumbres, por sus mujeres, por su dignidad, en la búsqueda de la justicia.
Quería iniciar con la palabra Bowerasa, que significa “haciendo camino”. Lo que significó hacer camino con los Bakeachi. Lo que significó para todos ser escuchados. Caminar junto a los Bakeachi fue ir contra sus agresores y contra las autoridades que estaban obligadas a protegerlos.
Para la asociación civil Bowerasa la sentencia judicial que reconoce a la comunidad Bakeachi , en el municipio de Carichí, Chihuahua, como propietaria legítima de 7 mil 700 hectáreas no tiene precedente en el país. Así como el triunfo de los 33 juicios ganados en todas las instancias a través de más de 25 años de lucha. No tenemos conocimiento de que exista algún Pueblo Indígena que haya ganado en Tribunales más de 30 juicios, aunado a la recuperación del territorio invadido.
El Ejido Bakeachi fue creado por Resolución Presidencial de fecha primero de marzo de 1928, siendo dotado con 44,784 hectáreas, las cuales fueron ejecutadas en su totalidad el 28 de junio 1928.
Durante su existencia jurídica ha sufrido invasiones por parte de ganaderos mestizos de los municipios de Carichí y Nonoava, Chihuahua, con todas sus implicaciones: abusos, maltratos, violaciones, vejaciones y privaciones de la libertad para quien se atrevía a enfrentarlos o contradecirlos.
En el año de 1995 empieza la tarea de demandar a 11 ganaderos del municipio de Nonoava, Chihuahua, a través del juicio 79/95, estando involucradas 7 mil 695 hectáreas invadidas, el cual después de 20 años se resolvió favorablemente para el Ejido Bakeachi, quedando firme en todos sus términos.
En el año 2006 el Ejido Bakeachi fue demandado por 32 ganaderos del municipio de Carichí, Chihuahua, quienes asesorados por la Procuraduría Agraria, demandaron entre otras cosas, el reconocimiento como ejidatarios con todos los derechos inherentes a su calidad, además demandaban como pequeños propietarios para que respetaran sus ranchos ganaderos (estaban invadiendo aproximadamente 22 mil hectáreas).
De los 32 juicios interpuestos, se resolvieron todos a favor del Ejido Bakeachi, los cuales han sido ejecutados, desalojando a los 32 invasores de Bakeachi, terreno que en la actualidad está siendo usufructuado por la Comunidad de Bakeachi en su totalidad.
Para la Comunidad indígena de Bakeachi, la lucha no solo es por la recuperación de su territorio, sino por la defensa de sus usos y costumbres, por sus mujeres, por su dignidad, en la búsqueda de la justicia.
Como defensora de derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, la lucha del pueblo de Bakeachi, demostró que cuando se tiene confianza en la justicia y el derecho, se logra lo que la Comunidad ha obtenido a través de más de 100 años de lucha, por lo que aquí se concreta la frase:
“El tiempo terminará por ubicar a cada quien en su sitio, los gracos y los espartacos de todos los pueblos, necesitan de la paciente elaboración de los siglos para que Temis, la diosa de la justicia y Clio, musa de la historia pronuncien su veredicto”.
Waru Matetera Ba (muchas gracias).
PARADOJAS DEL TURISMO
A partir de la década de los noventa, los gobiernos de Chihuahua y federal comenzaron a visualizar a la Sierra Tarahumara como un territorio potencial para el desarrollo turístico y se formalizó un programa de inversión pública conocido como Plan Maestro Barrancas del Cobre. El gran patrimonio natural e histórico de la zona atrajo a grandes intereses económicos, afectando a las diferentes comunidades indígenas que viven ahí desde tiempos ancestrales.
Wetosachi es una comunidad rarámuri en el municipio de Urique. No importando que tuvieran ocupación sobre su territorio, el gobierno otorgó sus tierras en propiedad a un particular local.
En 1945 un mestizo solicitó reconocimiento como propiedad privada, y en 1952 se le otorga. Ocho años después éste le vende el predio a un hotelero originario de Sinaloa, quien en 1979 lo vende a su vez a los hermanos Elías Madero, quienes poseyeron el título hasta que se da el conflicto en 2008.
Ninguno de estos particulares tuvo ninguna objeción en adquirir terrenos con ocupación indígena. La comunidad de Wetosachi continuó su vida normal; los hermanos Elías Madero, no mostraron ningún interés en usufructuarlas hasta que en el 2008 se anuncia la construcción de un gran parque turístico a pocos metros de su predio.
El guardia del parque fue instruido para presionar a la comunidad con el fin de que desalojaran el terreno, lo cual realizó a través de la clausura de caminos y el hostigamiento verbal. La comunidad encontró asesoría jurídica en una asociación civil con enfoque en derechos humanos y llevó el caso a medios de comunicación con el fin de dar conocer su situación a la opinión pública.
Al mismo tiempo, interpusieron una demanda ante los tribunales por la vía civil, exigiendo el reconocimiento de su derecho a la consulta y al territorio. En el transcurso, se tejieron redes con otras comunidades en lucha y visibilizaban sus luchas ante la opinión pública y ante instancias como el senado de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ante un primer fallo adverso a la comunidad, se apela y, en una instancia más elevada, recibe un fallo favorable en febrero de 2014. La sentencia reconoce a la comunidad su derecho al territorio por lo que obtienen en propiedad las tierras que tenían en posesión. Adicionalmente logran la orden de restituir el desaparecido Consejo Consultivo Barrancas del Cobre, como instancia de participación de distintos actores con injerencia en la zona de inversión.
Mogotavo es una comunidad indígena con posesión ancestral de su territorio. Su solicitud de dotación ejidal y sus demandas de revisión fueron sistemáticamente negadas con el argumento de que, dada la supuesta “dispersión” en su patrón de asentamiento, no existían como asentamiento humano. De manera paralela, Indalecio Sandoval, un particular vinculado al gobierno, solicitaba le fuera asignada la propiedad privada de un predio al interior de la comunidad. En contraste a la desatención dada a la comunidad, el gobierno le concedió el predio en relativamente poco tiempo.
La comunidad buscó durante varias décadas la revisión del proceso e incluso realizó de nuevo en la década de los 80’s otra solicitud de dotación. Los topógrafos dictaminaban recurrentemente que el tipo de patrón de asentamiento les invalidaba para ser considerados como una localidad que calificara para recibir dotación agraria. En el transcurso de estos esfuerzos, los descendientes de Indalecio Sandoval dos solicitudes más de asignación de propiedad privada, hasta hacer crecer su propiedad de uno a tres lotes de 500 hectáreas cada uno.
En la práctica terminaron ocupando ilegalmente, inclusive tierras de propiedad nacional. En el año 2008, se anuncia la construcción del Megaproyecto Turístico Barrancas del Cobre e inicia el hostigamiento a la comunidad para que desaloje su territorio ancestral. Ivonne Sandoval, una de las y los nietos de Indalecio Sandoval que se ostentan como dueños de los predios, era secretaria de Turismo de Chihuahua en el momento en que estalla la controversia en 2008.
La comunidad contaba con asesoría jurídica de un particular, pero descubrió que servía también a los intereses del gobierno del estado, por lo que fue reemplazado por la Organización Civil de Derechos Humanos “Tierra Nativa”. De esta manera, la comunidad, junto a sus nuevos asesores jurídicos, llevó la denuncia a los tribunales.
Durante el proceso se dio a conocer que uno de los predios fue vendido a una inmobiliaria propiedad de un grupo políticos del Partido Revolucionario Institucional y directamente vinculados a funcionarios del gobierno en turno, incluido el hermano del ex-secretario de turismo Héctor Valles Alvelais, el excandidato a la alcaldía de Delicias Ricardo Orviz Blake y el actual Secretario Estatal del PRI, Omar Bazán, quien se presume es prestanombres del exsenador Manlio Fabio Beltrones.
La demanda por el reconocimiento del territorio ancestral ha sufrido un par de reveses, pero es previsible que la razón les sea otorgada en instancias más altas, como ha sucedido ya en los casos de las comunidades de Huetosachi y Choréachi.
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