Un torturador en la FGR (Aguascalientes)
Después de investigar las denuncias de 19 personas detenidas por la policía ministerial de Aguascalientes cuando Felipe Muñoz Vázquez era procurador de la entidad, la CNDH concluyó que se acreditaban los señalamientos contra el funcionario por diversas violaciones a los derechos humanos. Particularmente graves son los testimonios que involucran a Muñoz, actual subprocurador de Investigación de Delitos Federales bajo las órdenes del fiscal general Alejandro Gertz Manero, en actos de tortura y violación sexual.
AGUASCALIENTES, Ags. (Proceso).- La recomendación 17VG/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) enviada al gobierno del estado no deja lugar a dudas: el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Fiscalía General de la República (FGR), Felipe Muñoz Vázquez, cometió diversas vejaciones, tocamientos sexuales y torturas cuando fue procurador de Justicia de Aguascalientes en el sexenio del priista Carlos Lozano de la Torre.
En sus 301 páginas, la recomendación involucra a 19 víctimas de detención arbitraria, tortura, trato cruel, inhumano y degradante, así como tortura sexual. La CNDH señala directamente al exprocurador (identificado como AR1) de haber participado en los actos de tortura y violencia sexual.
Cita por ejemplo el testimonio de una mujer identificada como V2 (víctima 2), quien sigue presa, acusada de extorsión:
“ (…) pedí un vaso de agua y uno de los ministeriales se acercó con el vaso de agua pero yo apenas podía caminar, me dolían mucho las piernas, mi panza y un dolor muy fuerte en mi vagina (…) Se acercó un hombre por atrás, yo estaba esposada (…) Con la sola introducción de un hisopo en mi vagina el médico dijo que tenía desgarrada mi vagina producto de una violación (…) [AR1] me dio un beso en el cachete (…) me jaló la blusa y metió su mano, me agarró un pecho y me lo apretó.”
Tras recibir la recomendación de la CNDH, a la que debe dar respuesta, el fiscal General del Estado, Jesús Figueroa Ortega, dice que el caso “sí se va a investigar… con base en la denuncia que presente la comisión, esa es la parte medular”.
La comisión está solicitando a la fiscalía colaborar en la investigación contra Felipe Muñoz Vázquez y otros elementos de seguridad a través de la denuncia de hechos “que este organismo nacional presentará ante la Fiscalía del Estado en contra del personal policial y ministerial involucrado”, incluyendo a Muñoz Vázquez.
Por el momento, la FGR tiene señaladas a alrededor de 30 autoridades que pudieron haber participado directamente en actos de tortura, de las cuales cinco o seis todavía tienen cargos operativos en la FGE.
Durante los años en los que ocurrieron los casos de tortura integrados a la recomendación, Figueroa Ortega fungió como juez del Juzgado Quinto Penal y les dictó auto de formal prisión al menos a tres de las 19 víctimas de tortura.
“Nosotros no teníamos contacto con los imputados, ellos estaban a través de una rejilla. Nosotros no teníamos que certificar médicamente. El Poder Judicial no tiene médicos. Puede ser que alguno de ellos haya manifestado que había sido golpeado y eso se quedó asentado”, dijo al ser interrogado sobre su actuación en dichos casos.
De las 19 víctimas, nueve permanecen recluidas desde 2011 y 2012. Todas permanecieron presas entre uno y siete años; mientras que 10 denunciaron haber sido víctimas de tortura y abuso de autoridad; una denunció violación sexual.
Las denuncias formales por tortura presentadas por dos víctimas que actualmente están recluidas se encuentran en reserva de diligencias desde 2017, por falta de pruebas. En otras denuncias se determinó no ejercer acción penal por dichas violaciones, todas en el periodo de Muñoz Vázquez como procurador.
El colaborador del fiscal general Alejandro Gertz Manero ha ocupado puestos en la procuración de justicia de varios estados y en el gobierno federal desde 1992. En 2015 fue titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), cuando Arely Gómez era titular de la PGR.
En medio de las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Muñoz dejó el cargo tras defender la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam. Ese mismo año fue designado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
A principios de 2016 fue nombrado procurador de Colima, donde prometió que bajaría los índices delictivos en seis meses. Pasaron ocho y, entre críticas por el aumento de la violencia, renunció.
El mismo año fue designado titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la FGR, su cargo actual, en el que debe investigar los casos de corrupción que ha prometido atender el presidente López Obrador.
Acusaciones directas
En septiembre de 2010 el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura dirigió al entonces gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, un informe de las omisiones en la prevención y erradicación de la tortura, en el cual se enfatizó que la entidad no contaba con mecanismos que permitieran a las víctimas denunciar ese delito.
Tres años después, ya con Carlos Lozano como gobernador y Muñoz Vázquez como procurador, la CNDH abrió una investigación de oficio (expediente CNDH /1/2013/4123/VG) sobre la denuncia pública de los familiares de 186 personas internas en tres penales de la entidad.
Según los familiares de internos, policías ministeriales y el procurador participaron en detenciones arbitrarias y actos de tortura en una casa de arraigo y en un espacio conocido como “spa” o “gimnasio”, en las instalaciones de la Procuraduría Estatal.
En más de 100 casos, la CNDH no pudo ubicar a las víctimas o corroborar sus testimonios. Uno de los probables afectados falleció, sin que se pudieran determinar las causas.
Sólo 19 víctimas decidieron seguir con el proceso y sus casos resultaron en la recomendación final de la CNDH. Otras 27 omitieron sus testimonios por temor a represalias y seis testimonios no pudieron corroborarse, por lo que se consideran sólo como quejas. Estos son algunos de los testimonios en que Muñoz Vázquez es señalado en la recomendación por su puesto o por su clave AR1:
“(…) me aventó contra la mesa (…) me empezó a pegar, a aventarme, a patearme en el abdomen, vientre bajo, en las piernas, que me hizo caer de rodillas, otro me jaló el cabello (…) Estaba hincada (…) el procurador (…) me tomó otra vez del cabello y me aventó (…) me volvieron a dar cuatro patadas diferentes hombres, después el procurador me golpeó con algo en la cabeza y perdí el conocimiento (…) me senté y sentí un dolor muy fuerte en mi vientre”, relató la víctima con la clave V2.
Ella y otra mujer (V6) fueron detenidas el 14 de septiembre de 2011 en diferentes lugares. Las dos fueron torturadas y violadas sexualmente por policías ministeriales, incluido el entonces procurador, según se comprobó en la investigación de la CNDH.
Por el caso V2 la comisión señaló que “el Ministerio Público titular debió ordenar los exámenes médicos correspondientes para descartar cualquier agresión de índole sexual, aun cuando se tratara de AR1, servidor público que denotó un total desprecio, contrario a la dignidad de V2, aun cuando ésta se encontrara detenida”.
Otra víctima, que obtuvo su libertad el 14 de diciembre de 2017 fue asfixiada en varias ocasiones durante su detención y “tres elementos de la policía ministerial la desnudaron completamente, (y) le introdujeron los dedos en la vagina diciéndole que la iban a matar.
“‘¡Esta se cree muy huevuda!’ (…) pues me dijeron: ‘¡Nada más se hace pendeja’ (…) se empezaron a burlar todos (…) Me dijo: ‘¡Pues si no me firmas voy a ir por tu familia, al fin de cuentas ya sé a qué se dedican! ¡Yo sé que están trabajando ahorita y yo los puedo chingar, así que tú decides!’ (…) llegó un ministerial y se sentó delante de mí y en su escritorio tenía un arma, agarró el arma y me apuntó en mi cabeza y me dijo: ‘¡Si yo quiero te mato y te aviento por ahí, en algún baldío, y luego te pongo un cartelón: La matamos por perra, ajuste de cuentas, ¿como ves?’.”
Otra víctima de violación sexual (V1), fue detenida en 2011, acusada de robo calificado. Posiblemente estuvo embarazada, con seis semanas de gestación, cuando fue torturada, pero el médico legista que lo dejó asentado no adjuntó las pruebas médicas que permitieran asegurar el diagnóstico. Sólo fue atendida por un sangrado transvaginal 47 días después de su detención.
“Me tiraron al suelo y sentí que me quitaron la ropa de la cintura hacia abajo, sentí que me introdujeron algo en mi vagina, sentí que no era un pene, pero sí era algo duro como un tubo, sentí mucho dolor y como que me escurrió algo entre las piernas”, declaró. En diciembre de 2016 obtuvo sentencia absolutoria.
Las tres mujeres señalaron que el entonces procurador de Aguascalientes las obligó a firmar la declaración en la que se autoincriminaron.
En los tres casos la CNDH señala como responsable directo o indirecto al exprocurador, además de acusarlo de no proporcionar certificados médicos de las víctimas durante su periodo de arraigo, cuando fueron agredidas por los ministeriales.
“Ha quedado establecido que bajo el consentimiento de AR1 y los ministerios públicos que integraban las averiguaciones previas en las que se encontraban relacionadas las víctimas, existió anuencia para llevar a cabo por parte de la policía ministerial violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, ante las detenciones arbitrarias; integridad personal por hechos de tortura, trato cruel, inhumano o degradante; tortura sexual; y acceso a la justicia y la verdad de las víctimas señaladas”, concluye la recomendación.
Agrega que es de “particular relevancia el hecho que la violación a los derechos humanos provenga de los servidores públicos encargados constitucionalmente de la prevención e investigación de los delitos. En el caso de AR1 resulta aún más relevante su actuar, dado que se trata del titular de la entonces Procuraduría Estatal, en quien se entiende es la persona con mayor grado de responsabilidad en su calidad de servidor público”.
El “gimnasio” de la tortura
Se documentaron también los casos de cinco policías municipales de Aguascalientes y un tendero detenidos en 2011 por presuntos nexos con el grupo delictivo La Oficina. Ellos testificaron que Muñoz Vázquez se encontraba presente y dio las órdenes cuando fueron golpeados en el “gimnasio” de la procuraduría local.
Un policía contó que el procurador traía unas hojas con algo escrito a mano y mencionó un nombre. Otro policía levantó la mano y contestó que era él. Enseguida varios sujetos encapuchados y armados lo rodearon y le ordenaron: “¡Pon las manos atrás, hijo de tu puta madre!”.
Otro uniformado (V14) tuvo que recibir atención psiquiátrica por depresiones y estrés postraumático, como resultado de la tortura.
Los seis acusados estuvieron presos casi dos años. Entre 2013 y 2014 recibieron el auto de libertad y, aunque presentaron denuncias por el delito de tortura, en 2013 y 2015 se determinó no ejercer acción penal en contra de los responsables.
En la mayoría de los casos, el exprocurador es acusado de no haber proporcionado los certificados médicos de las víctimas durante el tiempo que estuvieron arraigadas y en el que sufrieron asfixia, golpes en todo el cuerpo, choques eléctricos en los genitales y quemaduras.
A partir de los testimonios de las víctimas se estableció que los policías ministeriales, sin emplear ninguna técnica de investigación, circulaban por las calles y detenían a alguien supuestamente parecido al sospechoso. En el papeleo resultaba ser la persona que buscaban. En otros casos las víctimas fueron sustraídas de sus domicilios con violencia.
A ninguna de esas personas se les mostró la orden de localización o presentación del Ministerio Público en su contra. Además, se violentó su derecho a la presunción de inocencia y no se les informaba de su derecho a comparecer con un defensor particular. Después permanecieron incomunicadas.
Otra constante es que, al poner a disposición a las personas detenidas, la policía ministerial reportaba que “corrían para no ser detenidas y se caían”, “se aventaban a una zanja” o bien “caían de la camioneta en la cual los llevaban asegurados”, por lo que todos presentaron lesiones al declarar.
Después de la declaración ministerial –detalla la recomendación de la CNDH– los peritos médicos emitían su dictamen y “asentaban las lesiones que presentaban, sin precisar las características ni la temporalidad. En algunos casos se señalaba que estaban bien de salud, aun cuando después ingresaban a algún centro de salud, dependiendo de su gravedad. En su mayoría fueron trasladados a diferentes hospitales para su atención”.
Durante el tiempo en que las víctimas permanecían en los hospitales, se solicitaba orden de arraigo de 21 a 46 días para seguir integrando el expediente. Cuando estaba por vencer el plazo, los detenidos eran llevados a declarar, golpeados y torturados.
Tras haber sido torturado, un hombre con la clave V3 –consignado en 2011 por homicidio y delincuencia organizada, por lo que sigue recluido– requiere de hemodiálisis, ya que sus riñones dejaron de funcionar a causa de los golpes que recibió durante 25 días.
Después de la última golpiza, V3 permaneció en el Hospital Hidalgo durante 23 días y después se le dictó auto de formal prisión.
Este reportaje se publicó el 17 de febrero de 2019 en la edición 2207 de la revista Proceso.