Con amenazas y engaños, desalojan a 37 familias de asentamientos tarahumaras (Chihuahua)
RAÍCHALI
Bajo amenazas, engaños, burlas y con miedo de ser desalojados, viven cerca de 67 familias rarámuri en los asentamientos Carlos Arroyo y Carlos Diaz Infante, operados por la asociación civil Asentamientos Tarahumares.
Por 400 pesos de renta al mes, Esteban Carrillo enfrenta un proceso judicial para desalojar la vivienda que desde hace 10 años habita en el asentamiento Carlos Arroyo.
Denunció que la asociación dirigida por Arturo Ugalde González y Eliazar Sánchez Ramos busca lucrar con la necesidad de los indígenas que se han tenido que dejar sus comunidades por falta de oportunidades e inseguridad.
Aunque reconoce que la justicia le dio la razón a la asociación civil, él se resiste a dejar la casa en donde vive con su esposa, sus tres hijas y su hijo menor de seis años.
El problema, explicó, es que los nuevos administradores del lugar quieren vender las casas y mediante engaños han desalojado a cerca de 37 familias rarámuri que viven desplazados en la capital.
Pese a que han denunciado la situación en instancias como la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas (Coepi), hasta el momento no han recibido apoyo de ninguna autoridad para frenar los desalojos.
“Estamos cansados de que estén lucrando. Nosotros queremos que esa organización se vaya a trabajar a otra parte porque nosotros no somos objetos para que nos estén utilizando de esa manera”
Expresaron que, como la mayoría de las personas que están en el lugar no saben leer, les han dado a firmar papeles para sacarlos de sus viviendas, cuando el contrato que hicieron cuando llegaron a las viviendas fue por una renta de 400 pesos, más 15 pesos semanales por seguridad.
A Esteban le están cobrando 16 mil pesos de renta atrasada con la opción de comprar la vivienda a 75 mil pesos, sin embargo, la asociación sólo tiene la facultad de rentar las propiedades y ayudar con apoyos de construcción.
“No nos parece justo. Ellos (los administradores) hace poco consiguieron dinero en México para darnos apoyos. Les dieron 80 mil pesos por familia… pero nosotros no hemos visto nada, al contrario, nos quieren sacar para seguir lucrando”
María del Carmen Cruz González añadió que desde el cambio de administración, la vida en los asentamientos se ha deteriorado. Recuerda que antes contaban con apoyo de seguridad y no se permitían las bebidas alcohólicas.
Consideró injusto que la asociación llegue a decirles que el contrato por comodato ya está vencido desde hace varios años y, con ese pretexto, busquen cobrarles más por su estancia para después desalojarlos.
“Yo antes ganaba 150 pesos, trabajaba tres veces al día y me dejaban quedarme ahí, aunque no nos alcanzaba. Me preocupa que hoy hay tanto alcoholismo y descuido y todavía nos quieres desalojar”