En riesgo la privatización del agua; con Acueducto Monterrey VI, regios pagarán hasta 500% más por el líquido
Cecilia Balderas
(16 de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- De concretarse el proyecto denominado Acueducto Monterrey VI, que transitará por los estados de Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León, “se van a presentar muchísimos problemas sociales”, advirtió el pasado abril Celerino Cruz García, director general de Auditoría de Inversiones Físicas Federales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en una reunión realizada en la Cámara de Diputados con legisladores de todos los partidos políticos, integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF.
Sin embargo, esa no fue la primera vez que el proyecto, considerado como “estratégico” por el gobierno federal, mismo que se contempla sea financiado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con inversión privada a través de figura de reciente creación denominada Asociación Público Privada (APP), es objeto de este tipo de señalamientos.
En diversas oportunidades, grupos ambientalistas y conservacionistas -como Greenpeace México- defensores de derechos humanos e incluso el entonces candidato independiente al gobierno de Nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bronco, ex priista y actualmente gobernador constitucional de dicha entidad, se pronunciaron por detener la obra.
La Cámara Nacional de Comercio (Canaco), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Consejo Cívico de Nuevo León, Agua para Todos, Reforestación Extrema, la Academia Nacional de Arquitectura y Evolución Humana, son algunas de las instancias detractoras del proyecto; principalmente por anomalías en su diseño, costo, impacto ecológico y proceso de licitación, en particular, porque empresas que se verán beneficiadas con la asignación de la obra están ligadas a Grupo Higa, consorcio a través del que la familia Peña Rivera se hizo de su “Casa Blanca”.
El Acueducto Monterrey VI –que implica la instalación de tuberías de 84 pulgadas de diámetro a lo largo de 502 kilómetros, desde el río Pánuco hasta presa Cerro Prieto y seis plantas de bombeo que requerirán de bastante energía eléctrica para superar un desnivel de casi 300 metros y transportar el agua por cuatro entidades- fue diseñado para “subsanar” la falta de agua en la capital de Nuevo León y su zona metropolitana que actualmente son abastecidas, en un 60%, por el líquido proveniente de las presas Cerro Prieto, Cuchillo y La Boca y el resto, 40%, a través de los sistemas Mina y Huasteca, fuentes subterráneas.
El 21 de enero de 2008 –todavía en la administración de Felipe Calderón Hinojosa- la Conagua publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la determinación que, para dotar de agua al estado del norte, se extraería líquido de las corrientes del río Pánuco, lo que dio como resultado, que la dependencia otorgara al gobierno de Nuevo León, el título de asignación de un volumen de aguas nacionales de 15 mil litros por segundo.
Seis años más tarde, en enero de 2014, el entonces director general de Conagua, David Korenfeld –cesado luego que se ventilara que utilizaba helicópteros de la dependencia para viajes familiares- entregó al entonces gobernador de Nuevo León, el priista Rodrigo Medina, el permiso de construcción del acueducto e informó de la autorización de recursos del Fondo Nacional de Infraestructura para la realización de la obra.
Las bases de licitación fueron publicadas dos meses después.
Para obtener la licitación se inscribieron 28 empresas; sin embargo, solo dos consorcios presentaron propuestas. El ocho de septiembre de 2014, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM), informó su falló a favor de Concretos y Obras Civiles del Pacífico Desarrollos y de Construcciones Rogar. La primera empresa, es filial del Grupo Higa.
En la propuesta, se fijaba una contraprestación mensual de 124 millones 999 mil 167 pesos (sin IVA), por 27 años a una tasa fija de 6.25 %, misma que debería ser cubierta por estado de Nuevo León y por la Conagua.
La obra, que al principio se proyectó tuviera un costo de 14 mil 161 millones de pesos, podría llegar a necesitar una inversión de más de 57 mil millones de pesos por costos de operación y mantenimientos “incrementables”.
Medio año más tarde, en marzo de 2015, el gobierno de Nuevo León informó que preveía un gasto total de 47 millones de pesos para sufragar la adquisición de los terrenos en las cuatro entidades de la República donde cruzará el acueducto.
Privatización del agua, el riesgo
Alicia Barrientos Pantoja, diputada federal de Morena, fue categórica al afirmar que el Acueducto Monterrey VI es un proyecto negativo para los mexicanos porque beneficia a la empresa consentida del gobierno de Enrique Peña Nieto -Grupo Higa- y por ser una obra que carece de total transparencia.
“El gobierno federal, en coordinación con los estados y municipios, busca implementar diferentes proyectos hídricos con visión a largo plazo para, supuestamente, aprovechar nuevas fuentes de abastecimiento. Los proyectos que se pretenden construir, como el Acueducto Monterrey VI, solamente benefician a particulares como Grupo Higa, endeudan a los estados y afectan al medio ambiente, porque no contienen criterios sustentables, encarecen el servicio a los ciudadanos y no garantizan la eficiencia permanente del suministro del vital líquido”, detalló.
En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, la legisladora advirtió que esta obra es parte de una intentona por privatizar el acceso al agua y la distribución de la misma. “Recordemos que la construcción incluye gastos de operación, el derecho de vía y la eventual transferencia. Una vez que termine el periodo de 30 años (lapso en el que el gobierno estatal y federal sufragarán la obra) los regios van a pagar el agua más cara de todo el país y no se le pagará al Estado, será a una empresa, como si estuvieran comprando un refresco”, detalló.
La legisladora criticó que se haya utilizado la figura de APP porque serán las empresas privadas ligadas a Grupo Higa –que en conjunto tendrán más de 60% de utilidad- quienes capitalicen los beneficios de la obra y no la ciudadanía en general; además, denunció que hay irregularidades en los estudios de impacto ambiental que pueden implicar graves problemas ecológicos a la entidad.
Informó que a través del Acueducto Monterrey VI se pretende transportar desde el río Pánuco, ubicado en Veracruz, un total de 6 mil millones de metros cúbicos durante los siguientes 30 años, por lo que les preocupa que “el costo por metro cúbico de agua, lo ajustarían a precio de uso industrial, lo que quiere decir que la gente no pagaría 100 pesos -que es lo que pagan, en promedio, por uso doméstico- sino que pagarían 500% más”.
Aunque su grupo parlamentario ha buscado entablar diálogo con el actual gobernador de Nuevo León, El Bronco, el escenario para Barrientos Pantoja no es positivo, pues recordó que “nos enfrentamos a un problema en el que los intereses, la corrupción, los grandes moches que seguramente la empresa de Higa va a dar para su beneficio, no vamos a tener una respuesta clara por parte del gobernador”.
Cuando legisladores del PAN propusieron que desde la Cámara de Diputados se hiciera un llamado a Jaime Rodríguez para cancelar la construcción del acueducto, los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que integran la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, se opusieron al mismo y la secretaría técnica de dicho órgano legislativo argumentó que el documento estaba mal elaborado, por lo que la propuesta fue desechada a pesar de señalamientos muy concretos a su favor.
Xavier Nava Palacios, diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), afirmó que antes de la construcción del Acueducto Monterrey VI hay tres alternativas para dotar de agua a la ciudad y su zona metropolitana: mantener las tendencias de reducción en la dotación de agua urbana, fortalecer las acciones de fuentes locales de abastecimiento e implementar mejoras en la eficiencia de agua en el uso agrícola.
Además, agregó “el proyecto no cuenta con la viabilidad que en algún momento pudiera llegarse a pensar”, pues el análisis titulado “Seguridad hídrica del área metropolitana de Monterrey y la cuenca del rio Pánuco”, solicitado por el Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey, evidencia inconsistencias serias en materia ambiental y sus conclusiones ponen en duda que haya desabasto de agua.
El perredista, también se pronunció por detener, formalmente, la construcción de la obra. En tanto, Pedro Garza Treviño, diputado regiomontano del Partido Acción Nacional (PAN), declaró que “hay argumentos científicos y técnicos suficientes, inconsistencias en el proyecto, que apuntan a que este no resuelve la demanda, a futuro, con ese enorme gasto o inversión que pretenden hacer”.
Subrayó que las inconsistencias financieras detectadas, apuntan a que no se ha analizado el impacto ambiental que el traslado del agua podría generar al río Pánuco, por lo que “es importante detener este proyecto”.
Irregularidades en Conagua
En los resultados del análisis de la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación determinó que Conagua no cumplió su objetivo de atender los asuntos y proyectos estratégicos y de seguridad nacional en materia hídrica, siendo dicha dependencia la autoridad en la materia, como órgano superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la federación.
Incluso, se detectó un gasto irregular de 15 millones 780 mil pesos en Conagua, principalmente en rubros como servicios de mantenimiento, mobiliario y equipo designado a emergencias, además de pagos duplicados en tecnologías de la información y comunicaciones.
En opinión de la ASF, la administración de los recursos hídricos por parte de la Conagua no logró alcanzar estándares de calidad para el manejo responsable del vital líquido, debido a una completa implementación de la política pública para preservar los recursos hídricos con calidad, lo cual implica un riesgo para asegurar la disponibilidad de agua con calidad y por tanto, en cantidad para los 122.3 millones de personas que habitan México, aunque el tema es considerado un asunto de seguridad nacional.
A este escenario se suma que 26% de las cuencas en nuestro país están contaminadas con sulfato, nitrato, fósforo, cloruro, carbonato, sodio, potasio, calcio, magnesio, gases disueltos, radiación y metales tóxicos y que la disponibilidad natural media per cápita del líquido, está disminuyendo; en 1950 era de 18 mil metros cúbicos por habitante al año y en 2013, pasó a 3 mil 982, cifra calificada de “baja”, por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Roberto Salcedo Aquino, auditor Especial de Desempeño de la ASF, explicó que los estándares internacionales indican que cada habitante debe tener 5 mil metros cúbicos de agua disponible.
En el año 2000, cada mexicano tenía “garantizados” 14 mil metros cúbicos; sin embargo, el deterioro en la cantidad y calidad del agua, hizo que en 2014, se considerara al agua como un asunto de seguridad nacional y dos años más tarde; es decir, en este 2016, se ajustó el número de metros cúbicos asegurados para los mexicanos a sólo 3 mil 200.
A pesar de esta problemática, únicamente 47% del agua es tratada para su reúso y son aislados los casos de empresas que han efectuado el pago de multas por contaminar el líquido. “Se dieron los permisos, pero no se está midiendo, no sabemos cuánta agua están sacando los que tienen permiso de uso del agua; además, sólo el 2% de los permisionarios paga por ella”, advirtió el funcionario federal.
Otros funcionarios de la ASF externaron su preocupación porque, aunque el gobierno de Peña Nieto ha propiciado la reducción de figuras de financiamiento como fideicomisos y mandatos, han proliferado las Asociaciones Público Privadas y proyectos con productores independientes.
La inquietud tiene que ver con que hasta ahora, no ha habido absoluta transparencia en el cumplimiento de todos los aspectos legales y financieros del propio mecanismo, sobre todo en la cuantificación de los costos para el Estado.
Celerino Cruz García, director general de Auditoría de Inversiones Físicas Federales de la ASF reiteró que en el Acueducto Monterrey VI, es el Estado quien asume todos los riesgos, mismos que van, desde problemas sociales, hasta el encarecimiento de la energía eléctrica que deberán utilizar los motores de rebombeo; los que implica la adecuación de una planta potabilizadora y otros que “no están claros para tomar una decisión respecto a la adjudicación del contrato”.
“Hicimos recomendaciones y solicitudes de aclaración, desde los permisos por donde va a transitar el acueducto, que no están completos, así como observaciones sobre el proceso de licitación, el monto del contrato porque no es nada más es escavar, colocar la tubería, compactar. Hay conceptos del contrato en los que no hay claridad suficiente en donde se pueda constatar el costo del proyecto”, concluyó el funcionario.
Aunque una de las promesas de campaña de El Bronco fue que de ganar la gubernatura de Nuevo León detendría la construcción del Acueducto Monterrey VI, sus últimas declaraciones apuntan a que no será así; por el contrario, analiza la posibilidad de continuar su planeación, pues ha declarado que la obra no está muerta.