La danza de los escudos

Gobierno Escudado (4 de 4)

Antonio Salgado Borge (*) y Rodrigo Llanes Salazar (**)

En las entregas pasadas hemos analizado los tres ejes de la Estrategia Integral de Seguridad Pública Escudo Yucatán: el “Escudo jurídico”, el “Escudo social” y el “Escudo tecnológico”. En el presente artículo, el último de esta serie de cuatro, analizaremos el contexto político de esta estrategia y el mensaje que se le quiere dar a la sociedad con ella.

La unanimidad suele ser una de las manifestaciones más visibles de graves déficits democráticos, pero es justamente la bandera de la unanimidad la que el gobierno del Estado ha decidido ondear para promover —y “defender”— la idea del Escudo Yucatán. El despliegue de la intensa y costosísima campaña estatal en medios de comunicación se ha enfocado en lucir a los dirigentes de distintos sectores, quienes públicamente y sin reservas han suscrito el proyecto de blindaje que se propone.

En este sentido, uno de los sectores que ha respaldado al Escudo Yucatán es el de las cámaras empresariales y sindicatos patronales. Desde una perspectiva empresarial, la seguridad es vista como una condición necesaria para atraer la inversión de empresas en el Estado, crear empleos y, así, generar bienestar. Sin embargo, también hay que advertir los riesgos de un enfoque de seguridad formulados sólo desde una visión de esta naturaleza, centrados en la protección de la propiedad privada y en el endurecimiento del castigo a robos a casas habitación y comercios —en el primer artículo de esta serie analizamos algunos de los problemas de este enfoque, que creemos terminaría resultando contraproducente—.

Sin embargo, las cámaras no son —ya sea hacia sus adentros o integradas en organismos más amplios como el Consejo Coordinador Empresarial— una masa homogénea. Así, poniendo entre paréntesis la viabilidad del “Escudo” y las críticas anteriores, es preciso distinguir que algunas cámaras pueden suscribir este proyecto como parte de una estrategia empresarial más amplia —este es el caso de la Coparmex que ha empujado proyectos para fortalecer la rendición de cuentas y que actualmente promueve una “cruzada” para hacer de Yucatán un “Estado de vanguardia”—; mientras que otras cámaras, desgraciadamente, se muestran ansiosas de publicitar su apoyo incondicional a un proyecto del que se conocen muy pocos detalles.

Por otra parte, en el Congreso del Estado la aprobación del Escudo Yucatán ha sido prácticamente unánime. El pasado 9 de abril se aprobó la primera iniciativa de ley de la estrategia. Los diputados del PAN, que habían cuestionado los puntos más débiles y el esquema de financiamiento del “Escudo”, decidieron espontáneamente —apenas unas horas después de haberlo criticado— darle el “beneficio de la duda” al proyecto, y aceptaron discutir sus costos con representantes del gobierno en secreto. Si bien resulta comprensible que, por motivos de seguridad, las autoridades no proporcionen detalles sobre el aspecto operativo de la estrategia, resulta cuestionable que el aspecto financiero de la misma se realice con tan poca transparencia de cara a los ciudadanos. Recordemos que, hablando en términos financieros, lo que está en juego son 1,500 millones de pesos de recursos federales que serán adelantados y usados para el “Escudo” y, por lo tanto, no serán empleados para sus fines originales.

De este modo, la estrategia de promoción del Escudo Yucatán parece estar enfocada en presentar al público una sinfonía escrita por el gobierno e interpretada por actores pertenecientes a diferentes sectores. Para sus críticos, que afortunadamente no son pocos ni irrelevantes, tan sólo ha habido oídos sordos. Vale la pena hacer un breve recuento de lo que se ha dicho en este sentido.

Por principio de cuentas, tenemos los informes sobre violencia e inseguridad presentados por diversas organizaciones de la sociedad civil. Tal es el caso de Equipo Indignación, que en diversos documentos ha dado a conocer la alarmante situación de la tortura e impunidad como prácticas recurrentes en el Estado —como en su reciente comunicado publicado el pasado 9 de abril, “Escudo Yucatán: impunidad y tortura”—. Otro ejemplo es el de la comunidad de artistas del Estado que, en respuesta al Escudo Yucatán, ha exigido al gobierno un “escudo cultural”, lo que significaría que las autoridades no sólo destinen cuantiosos recursos a la tecnología de vigilancia, sino también a las artes y a la cultura, las cuales han tenido resultados favorables tanto en la prevención del delito como en la readaptación social de adolescentes, jóvenes y adultos.

Sin duda una de las más importantes voces que han desentonado con el coro de elogios al Escudo Yucatán es la de Dulce María Sauri, quien en este mismo espacio cuestionó la concentración de las distintas instituciones policiales del Estado en la Secretaría de Seguridad Pública (D. de Y., 6-4-16). A la ex gobernadora de Yucatán se le debe reconocer la claridad y solidez de sus argumentos. Los cartones de Tony Peraza han puesto, como ya es costumbre, el dedo en la llaga; el cartonista del Diario nos ha recordado que el primer escudo del gobierno es el que le sirve para rebotar las críticas. También han resultado positivas las críticas de Pablo Cicero y Carlos Luis Escoffié en el periódico “La Jornada Maya”.

Para concluir este análisis, consideramos de la mayor importancia detenernos en el discurso del gobierno sobre “Escudo Yucatán” y el mensaje que con él se envía a la sociedad. Una de las cualidades del lenguaje es su función representacional. Usamos las palabras para representar hechos, eventos y cosas. Sin embargo, no todas las palabras representan literalmente a lo representado. Es la capacidad de interpretación de las personas la que termina por darles sentido. En todo caso, el empleo del lenguaje es fundamental para transmitir nuestras ideas. Los encargados de comunicación en los gobiernos lo saben perfectamente; es por ello que suelen seleccionar cuidadosamente las palabras que generan en su público la representación deseada.

Este es el caso del nombre elegido para la nueva estrategia de seguridad: Escudo Yucatán. Un escudo es definido como un arma defensiva que se utiliza para cubrirse y resguardarse de las armas ofensivas y de otras agresiones. El concepto Escudo Yucatán presupone, entonces, la existencia de agresores —que pueden ser representados de maneras distintas, pero siempre como una amenaza— y de agredidos, quienes son las posibles víctimas de las agresiones. Sin embargo, en la presentación de la estrategia no hay una explicación clara de quiénes son los agresores ante los cuales hay que defendernos con un escudo.

De forma semejante, llama la atención el uso recurrente del término “blindaje” en el discurso de la estrategia. La definición de “blindar”, nos dice la Real Academia Española, es “proteger exteriormente con diversos materiales”. ¿Acaso este término no sugiere que las amenazas de seguridad en Yucatán provienen “de afuera”? Cabe preguntarnos, por lo tanto, ¿hay que blindarnos ante los peligros externos o más bien deberíamos enfocarnos en resolver las causas internas que producen inseguridad?

A lo largo de la historia muchos escudos han sido abandonados por sus debilidades o sustituidos por otros ante la aparición de nuevas armas de ataque: los antiguos romanos reemplazaron el circular clipeus por el rectancular scutum; el pequeño broquel dejó de ser eficiente en el Renacimiento; los europeos abandonaron los extensos paveses a finales del siglo XV.

A pesar de que el Escudo Yucatán no forma parte de una estrategia integral y tiene serias contradicciones, nuestro gobierno y sus aliados buscan empujarlo presurosamente y a como dé lugar. Pero como ha sucedido con otros escudos en la historia, Escudo Yucatán difícilmente defenderá a los yucatecos y rápidamente se hará obsoleto, mientras las autoridades no asuman como prioridad la protección a los derechos humanos y la transparencia, y mientras no realicen un frontal ataque contra la pobreza y la desigualdad en el Estado. En tanto esto no suceda, seremos los yucatecos quienes pagaremos sus enormes costos.— Mérida, Yucatán.

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