Despiden a 105 trabajadores petroleros más, sin liquidación

Por Ronny Aguilar

CAMPECHE, Cam. 1 de abril del 2016.- Trabajadores despedidos de la empresa Comercializadora Petrolera del Golfo, propiedad de la familia del ex funcionario panista, Mario Avila Lizarraga, exigieron ante la delegación de la Secretaria del Trabajo, la intervención de las autoridades por el retraso del pago de tres quincenas y la rescisión de sus contratos, sin liquidación. Fueron 105 las personas que perdieron el empleo.

Jesús Martínez Lozano, ex jefe de taller, en representación de los despedidos, señaló que requieren el pago de las quincenas atrasadas y una liquidación conforme a derecho, por los nueve años que han trabajado en su mayoría para la empresa.

Planteó que esta empresa cuanta con recursos económicos de sobra para solventar los pagos, pero aun así no los quiere dar.

“Ellos cuentan con recursos suficientes para pagar, sin embargo, nos dicen que no hay dinero, todas las dependencia de gobierno saben que tiene solvencia la empresa, es una empresa grande, son varios grupos, tiene sucursal en Laredo, Texas; en Laredo, México, en Poza Rica, en Villahermosa, en Carmen y aquí en Payucán, le trabaja a Pemex y a otras empresas, el subsecretario de Gobierno nos decía que Pemex estaba al corriente en pagos con la empresa, pero es la empresa la que no quiere pagar”, expresó.

Asimismo, denunció ante la delegación del Trabajo, anomalías en las condiciones de trabajo, además de las agresiones verbales que se usaban contra los trabajadores.

“Las autoridades saben de esto, nada más que se hacen de la vista gorda, nos hacen firmar contrato en blanco, que nunca vemos, nunca nos lo enseñan y no nos dan copia, insultan a la gente, nos dicen pendejos y no decimos nada, por temor a perder el trabajo, hay muchas irregularidades, hay una plataforma que se está hundiendo aquí cerca, a siete millas, que la compró el dueño de la empresa, incluso, la gente cocina con leña arriba de la plataforma, que no sabemos si trae gases o qué traiga, porque era un empresa de perforación, mas sin embargo, así sube la gente y Capitanía no se da cuenta porque se suben por la playa, ya no los dejan subir por el muelle”, reveló.

“Nadie se da cuenta de eso, qué es lo que vamos a esperar, que haya muertos en esa plataforma para decir que se va a ver, es una plataforma vieja que el dueño compró y la gente sube a repararla, suben a la gente sin sueldo, sin comida, sin agua y sin luz, con el riesgo de que venga otro barco y colisione con ellos, no vemos que la Marina, la API, nadie hace nada, se le ha dicho muchas veces a la autoridad y no hacen nada”, apuntó.

Manifestó que los dueños de esta empresa son Miguel Angel Maldonado Rullán, Enrique Ordóñez González y como representante legal está Sergio Gutiérrez Rullán, dos de ellos presuntamente familiares directos de la esposa de Mario Avila Lizarraga, María Isabel Gutiérrez Rullán, ex candidato a la gubernatura de Campeche por el PAN, acusado de fraude por el caso Oceanografía.

Abundó que a los ingenieros de la zona, se les quería pagar alrededor de dos mil pesos, por 50 mil que se le paga a los extranjeros, por el mismo trabajo, además de que los hablaban como indios, y los formaban a trabajar horas extras sin pago adicional.

“Cómo es posible que una empresa como esta pase desapercibida en Seybaplaya, si tiene problemas hasta de contaminación, y nunca ha ido la Profepa, ni nadie, lo más claro es que hay un vínculo, todo es corrupción, si ni el gobierno federal, ni estatal, ni municipal le prestan atención, qué está pasando entonces, nosotros solo queremos que nos paguen, tienen como pagar”, puntualizó.

Por su parte, la delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Rita del Río Avila, informó que el día lunes, estarán en el ámbito de sus competencias, realizando inspecciones, tanto en la plataforma señalada, como en los lugares donde se desempeñaban laboralmente estos trabajadores, además de coadyuvar en la medida de lo posible a solucionar su problema de pago.

De la misma manera, dio a conocer que la última inspección a la empresa reveló 219 faltas, según la norma mexicana, que tenían 90 días para solucionar y será el lunes cuando determinen que sí y que no se cumplió o en lo cual se reincidió para que ahora sí se puedan imponer sanciones.

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