La rebelión de San Quintín

Regeneración Radio

I. NOS DECÍAN QUE ESTÁBAMOS LOCOS

Los tiempos de la cosecha de fresa estaban cerca y miles de jornaleros estaban preparados para cerrar la Carretera Transpeninsular el 17 de marzo de 2015. No había marcha atrás. Dos años antes, una consigna se había esparcido como la tolvanera por todo el Valle de San Quintín: salarios justos. Y entre los surcos, ahí donde apio, calabaza, hortalizas, chile, betabel, pepino, tomate, fresa, mora y frambuesa son sembrados para ser enviados allende fronteras, se hablaba ya de una “loca idea”: había que levantarse. Una mañana clarísima, en un paraje desértico a unos cincuenta metros de su casa en la colonia San Juan Cópala, Bonifacio Martínez recuerda el momento en que inició todo:

-Una tarde regresé del trabajo, cansado. Y vi a mi señora madre. Me contó que había trabajado durante toda la semana y no le habían pagado. Entonces fuimos con el patrón, quien le dijo que se esperara una semana. Me dio un chingo de coraje. Imagínate, se supone que tú trabajas para que te paguen, porque lo ocupas. Y fue que pensé: ¿Qué tipo de patrones tenemos? ¿Si de por sí nos pagan bien barato a dónde vamos a llegar? ¿Dónde están nuestros derechos?

Bonifacio ronda los 40 años. No mide más de 1.60 metros, viste chamarra negra y una boina cubre su cabello, triqui oaxaqueño como todo él. A dos kilómetros de donde está parado, las olas del mar del Océano Pacifico rompen en una playa café y frente a la loma desde donde mira se extienden campos de fresa hasta donde la vista cubre. Cerca, una docena de jornaleros abrigados y con el rostro cubierto laboran su jornal. “En ese campo -señala hacía la alfombra verde-, años anteriores se entraba a las 6:00 am. Se comía en menos de 15 minutos, medio se agarraba el lonche, unos taquitos, y hasta las siete de la noche sin parar. Cuidado que descanses un día porque al otro no tienes chamba. Es empresa de Felipe Ruíz Conrado. Pagaba a 9.50 pesos la caja.”

Antes del levantamiento, Bonifacio trabajó en casi todos los ranchos de la región. “Trato pésimo estos cabrones. No les interesaba lo que a ti te pasara. Sólo les importaba la calidad de la fruta, que no la mallugues, que no le lleves una o dos fresitas mallugadas o podriditas porque esa caja no te la pagan. Había días en los que te no te contaban hasta 10 cajas; de a 10 o 12 pesos.”

Entonces Bonifacio comenzó a caminar con dos jornaleros más, Juan y Cirilo. Su objetivo, contrario a lo que había pasado ulteriormente -paros laborales focales, en pequeños ranchos- era organizar y levantar a todo el valle, una franja de desierto costero que se extiende en el municipio de Ensenada en Baja California, que abarca las localidades de Vicente Guerrero, Camalú y San Quintín, y donde además de la pesca de almeja, los ranchos de empresas como Driscoll’s, Berrymex y Los Pinos son los únicas fuentes de empleo. Una neo esclavitud que ha encallado en esta tierra.

“Nos decían que estábamos locos”, dice Bonifacio con su acento oaxaqueño. Y de su memoria rescata para la grabadora el discurso con el que comenzó a hablarles a sus vecinos en las colonias: “¿Quieres a tu hijos, pues qué estás haciendo para defenderlos? Si les tienes amor a tus hijos ahorita es el momento de que busquemos una solución para que ellos no vivan lo que nosotros. ¿No te gustaría que te pagaran mejor? Ya ves que sí quieres mejorar, pues defendamos juntos eso. Yo no vengo a ofrecerte despensas, ni dinero, ni un puesto público, eso no tengo. Lo que si te digo es que yo soy un trabajador igual que tú, y me duele lo mismo que a ti. Lo que si te puedo decir es que me levanto a las 4 de la mañana, y mi esposa también, para hacer el lonche. Y seguro que tú y tu esposa también; seguro que te falta para el gas, para la luz, ¿verdad? Pues llegó la hora.”

De esas charlas nació la Alianza de Organizaciones Nacional Estatal y Municipal por la Justicia Social con reuniones cada viernes. Y en los ranchos, en las colonias, se regó la voz. “Los mayordomos, los capataces, los productores ya sabían; habían escuchado. Pero decían: ‘Qué nos pueden hacer si durante años les hemos partido la madre a estos pinches indios’”.

La fecha se fijó para el 17 de marzo, cuando la temporada de la fresa se acercaba. Ese día, al alba, nada ni nadie pasaría por Transpeninsular que se extiende desde Tijuana hasta Cabo San Lucas en la Baja California Sur. Los jornaleros, miles, se acuerparían en uno solo para hacerse oír. Una profecía escrita siglos atrás, cuando Jacinto Canek se rebeló en Yucatán, se cristalizaba: “¡Se han sublevado los indios!”, porque indios de Oaxaca, Guerrero, Chiapas son mayoría en San Quintín. La noche del 16 de marzo nadie durmió en el valle y al amanecer el mundo entero sabía de los jornaleros plantados a mitad del desierto en el frio y soterrado norte de México.

II. EL SINDICATO Y LA POLÍTICA OSCURA

Camino al sur desde Tijuana, el asfalto de la Transpeninsular se desdobla por largos kilómetros en un taciturno paisaje. Montañas, sombríos e indiferentes cactus, arbustos y curvas peligrosas se agolpan junto al mar bravo y espumoso. Una arquitectura crisol, ora árabe, ora moderna, ora humilde, compone el camino y un silencio mortecino se cuela desde afuera. Adentro, una estación, la XEQIN La Voz del Valle Radio, suena a bajo volumen en el estéreo. Es la única que se ha sintonizado en kilómetros. Veredas se abren en medio de la tierra hacía “rutas del vino” poco transitadas.
El camino serpentea y adelante, en el mar gélido, un grupo de cruceros y barcos gigantescos, blancos como la leche más pura, posan frente a Ensenada, la última gran urbe de la Península antes de La Paz. Adelante, en Vicente Guerrero, cuando el auto se detenga, la noche se derramará sobre el valle y será hora de dormir a 16 grados centígrados. Un frio profundo.

Al día siguiente, 13 de enero, en Ensenada, los cruceros siguen allí. En el café Zu Taza, a unos treinta metros de la playa, los voceros de los jornaleros de San Quintín están sentados en una larga mesa. Dibujan, frente a medios locales, un balance del movimiento a casi un año de bloqueos, marchas, caravanas, boicots y reuniones. El 13 de mayo de 2015, a casi dos meses del levantamiento, la Alianza y el gobierno federal firmaron acuerdos en los que se establecieron algunas líneas para resolver el conflicto. Afiliación al seguro social, pagos puntuales, certificación de las empresas como libres del trabajo infantil -en los surcos se empleaban por igual a mujeres, niños y hombres-, respeto a los derechos laborales, humanos, y el aumento de los salarios. “San Quintín tomó la decisión de salir debajo de la mesa… ninguna de las demandas ha concluido… queremos recuperar las prestaciones que nos han arrebatado”, dice Fidel Sánchez Gabriel.

El acuerdo al que se llegó en agosto de 2015 con los empresarios de las más de 122 empresas que siembran en el Valle de San Quintín, fue que éstas pagarían un salario mínimo de 150 pesos diarios, y se fijaba que los salarios estarían en tres categorías: 19 empresas pagarían 180 pesos por el día de trabajo, 39 pagarían 165, y 64 pagarían el mínimo de 150. Pero en la realidad pocas empresas, y los gobiernos estatal y federal no han dado seguimiento al cumplimiento de las demandas. En los surcos la realidad es otra, dice Lorenzo Rodríguez, un veinteañero, indígena:

-Las mesas se quedaron atoradas en la categorización de los salarios. Y las empresas que han aumentado los sueldos también lo han hecho con el trabajo. Te exigen más surcos y no reconocen las horas extras.

Por eso todo el movimiento del valle se ha volcado en la creación de un sindicato independiente. Aunque no era una demanda inicial, un sindicato propio para los jornaleros es la apuesta a largo plazo para este movimiento. La conferencia en el café Zu Taza es en realidad la presentación formal del sindicato, cuyo registro fue otorgado un día antes por la Secretaria del Trabajo y Previsión y Social (STPS). El Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas ha sido reconocido “Con el propósito de transitar hacia la representación legítima de estos trabajadores”, dice el boletín oficial. Su secretario general es Lorenzo Rodríguez, quien ahora toma el volante del auto en el que se regresa a Vicente Guerrero luego de la conferencia.

“Soy de Oaxaca. Yo llegué al valle en 2005, a los 15 años, cuando terminé la secundaria y en las vacaciones me vine y trabajé dos meses. Entonces pensaba que acá sí se ganaba dinero y decidí establecerme. Empecé en Berrymex. Les expliqué que yo estudiaba en la tarde la preparatoria y me dieron chance, pero no rendía igual en las clases, y el trabajo era muy pesado. Entonces me salí de la escuela. No me importaba nada; no veía la explotación, la humillación ni el acoso. Ni que decir de los sueldos miserables. Antes del 17 yo no veía mi futuro, pensaba que era joven y que podía rendir en cualquier trabajo, que lucharan los que tenían necesidad. Yo no. Pero después abrí los ojos. Qué iba a pasar cuando tuviera 50, 60 años. No tendría la misma fuerza. ¿Y mis hijos?”

Lorenzo es moreno. Su peinado se sostiene con gel y hoy se ha vestido “formal” para la conferencia. Pero más tarde tiene que regresar al campo. Es, quizá, el secretario general más joven del país, apenas rebasa los 25 años, y también el único que además de sus funciones sindicales es trabajador. Sobre el camino señala los puntos que se bloquearon el 17 de marzo, y dónde días después se alojó la caravana que viajó a Mexicali, la sede del gobierno del estado, encabezado por Francisco Vega de Lamadrid, panista de cepa a quien los jornaleros señalan como mecenas del Rancho Los Pinos, uno de los más robustos del valle. Entresijos del poder.

El Rancho Los Pinos ostenta el Premio Nacional a la Exportación. El reconocimiento fue otorgado en 2013 por el presidente Enrique Peña Nieto. El premio, ha dicho el gobierno, “es el máximo reconocimiento… a las empresas, instituciones y organizaciones que operan en México en el área del comercio internacional y que gracias a factores tales como esfuerzo, constancia, creatividad, calidad e innovación han logrado competir, incrementar y diversificar sus ventas de bienes y servicios al exterior”. Antonio Rodríguez Hernández, propietario actual del rancho fundado en 1952, fue diputado estatal por el PAN de 2004 a 2007. Luego, hasta 2013, fungió como secretario de fomento agropecuario de Baja California en el gabinete del gobernador José Guadalupe Osuna Millán, panista antecesor de Francisco Vega. Una carrera meteórica, con beneficios mutuos.

El cargo que otrora ocupó Rodríguez Hernández lo tiene actualmente Manuel Valladolid Seamanduras, familiar de Antonio Valladolid Rodríguez, actual secretario de planeación y finanzas. Manuel Valladolid ha sido señalado por los jornaleros, y por la diputada local del PAN, Rosalba López Regalado, como propietario del Rancho Valladolid, según lo recogido por el semanario Zeta, de Tijuana, el sábado 21 de marzo de 2015. Las conexiones de esta red política ligada a los ranchos en los que los jornaleros dejan la vida por 100 pesos diarios, o menos, se extienden en el caso de Antonio Valladolid. En un reportaje publicado por Newsweek en español, el 16 de mayo de 2015, se cita a al periodista Javier Cruz, quien ha investigado sobre la industria agrícola de San Quintín desde 1981. Testigo de las condiciones de explotación que imperan en la región, Javier dice que “Las familias Valladolid y Rodríguez, las principales productoras de la región, han resultado beneficiadas gracias a su acercamiento con el poder político (…) Manuel Valladolid Seamanduras no tiene propiedades inscritas en el registro público de la propiedad, ni figura como socio de empresas; sin embargo, existen partidas que informan de su participación en AgroIndustrias Vigor, S. A. de C. V. como administrador único, gerente general y apoderado legal”. Y un directorio de exportadores indexado en el sitio del gobierno del estado lo demuestra.
Lorenzo Rodríguez, el joven secretario general del sindicato de los jornaleros, que ahora conduce entre curvas y pendientes, detrás de un camión de transporte de personal del valle, hace un cálculo: “Imagínate, Driscoll’s -la transnacional más poderosa de la región- manda unos cinco o seis tráileres diarios por esta carretera. Cada tráiler, dependiendo el largo de su plataforma, lleva de 20 a 30 tarimas de fresa, y cada tarima le reditúa unos 150 mil pesos. Hablamos de millones, a diario. ¿No hay dinero? ¿Los patrones no pueden pagar más al jornalero?”

Lorenzo habla con claridad: “de todo lo que hicimos, de tanta lucha, el sindicato es uno de los mejores resultados. El plan ahora es la afiliación masiva, primero en ranchos pequeños, en donde sí se afilia el 50% más uno de los trabajadores se puede emplazar a huelga, legalmente. Pelear los contratos colectivos y ganarle a los sindicatos charros, a la CROM, a la CROC, que no han defendido a los jornaleros. Cierto, hay desanimo por los despidos masivos que hicieron algunos empresarios, pero también hay esperanzas. Con el sindicato el poder sigue estando en nuestras manos. En la Ciudad de México, cuando se entregó el registro el sindicato, algunos periodistas cuestionaron mi edad y experiencia. Puede ser, les dije, pero no se preocupen, para eso estamos aquí, para aprender.” Una nueva tarde ha caído sobre el valle y Lorenzo sigue al volante.

III. EL ACOSO, LAS MUJERES

En los surcos, además de la explotación salarial, otra problemática guarecía para salir a flote. Y emergió. Con el levantamiento del 17 de marzo se hizo manifiesto que el acoso de mujeres en los campos, realizado por capataces, patrones y jornaleros, es también un tema pendiente. Uno áspero, difícil y arraigado en un machismo rampante al que las posiciones de poder crispan para socavar dignidades.

Sentada en un pequeño restaurante, donde se sirven burritos de carne asada, Gloria Gracida Martínez cuenta su historia: una que inicia con una niña de 10 años llegada al valle, a la que le pagaban a 50 centavos el bote de tomate (actualmente se paga entre 2 y 3.5 pesos) y que 20 años después, ya como profesora con un título de maestría en la Universidad Iberoamericana, pero sobre todo como participante activa del paro, se ha volcado a denunciar las condiciones de explotación infantil y hacía las mujeres en los surcos, incluso en las casas.

-Me tocó ver, sí, el acoso sexual. Sobre todo de los mayordomos, de los choferes de los camiones que transportan a los jornaleros. Hablamos de niñas, menores de edad. Incluso violaciones sexuales que no se denuncian. Por miedo, por la cultura de las mujeres. Hay un silencio auto impuesto. Y si se denuncia la atención no es la correcta. Entonces, una mujer, por la necesidad, tiene que permanecer en el campo. Y si va a otro le puede ocurrir lo mismo.

Una voz coral se conforma con los testimonios. Un día antes, Lorenzo Rodríguez, el joven secretario general del sindicato, había dicho: “Hay mucho acoso hacía las mujeres. Los mayordomos, los capataces, se aprovechan de los puestos que tienen. A veces son los hijos de los patrones. Les gusta ‘jugar’, ‘divertirse un rato’, cuando miran a una muchacha que les parece bonita. Durante el paro se denunció mucho. Y las cosas cambiaron un poco. Algunos mayordomos ya se dirigen con más respeto, pero hay campos en donde eso sigue igual. Y eso, por lo que sé, también pasa en las maquiladoras de Tijuana, Mexicali y Ensenada.

A Gloria el movimiento le ha cambiado la vida. Antes del 17 de marzo no tenía conocimiento de que se preparaba un paro en todo el valle. Pero ese día llegó a la escuela donde labora como maestra y las clases se habían suspendido. “Me regresé a dormir. Luego me dijeron: ‘hay movimiento y están cerradas las carreteras, los bancos’. Salí y no había nadie en el pueblo. Caminé hasta que llegué a un grupo de personas y me acerqué a una señora que estaba al frente. Me dijo que estaban denunciando, como trabajadoras, las injusticias y las violaciones a sus derechos. Me dijo: ‘Tú no te quedes callada hija, tú tienes que hablar, donde quiera que estés tú tienes que hablar.’ Entonces toda una montaña de memoria se le vino encima y se sumó a la rabia.

En su artículo La crisis de los jornaleros agrícolas en México, publicado en agosto de 2015 por la revista Tzapinco de la Universidad Autónoma de Chapingo, Rocío Guzmán Benítez recoge el testimonio de Mónica Rendón Toledo, jornalera y madre: “La vida empieza a las tres de la mañana y termina hasta las diez de la noche. Se sufre acoso del mayordomo y de los propios compañeros. Regresa a casa a sus labores (lavar, hacer cena, ver tareas con sus hijos). Al día siguiente lo mismo.” Una explotación que se expande y posiciona sobre otra: género y laboral.

Bonifacio Martínez había dicho: “Los mayordomos generales o capataces miran a una dama de buen ver y le dicen que si quiere trabajar tiene que andar con ellos. Bajo ese término. Y hay compañeras que prefieren no trabajar, no comer, para evitar a estos cabrones.”

Gloria Gracida, pausada por el llanto que cubre su moreno rostro, no quiere terminar la entrevista sin decir: “Sabemos que la lucha apenas empieza. Ahora viene la confrontación directa con los empresarios. Aquí estamos, somos fuertes, somos muchos, estamos unidos y ese es el mensaje que tenemos que dar; no es una tarea fácil, pero lo podemos hacer”.

IV. APUNTES OFICIALES, ASINATURA PENDIENTE

El 12 de marzo de 2016, el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República publicó el reporte Jornaleros agrícolas. A un año de la rebelión de San Quintín. El documento oficial asienta que los jornaleros agrícolas ocuparon un lugar prioritario en la definición de la Constitución del país, hace un siglo. En su artículo 123, la Carta Magna estableció los derechos laborales:

“jornada laboral de ocho horas, la prohibición para el trabajo de menores de 12 años (y jornadas limitadas para los menores de 16), un día de descanso por cada seis de trabajo, salarios suficientes, trabajo igual remunerado igualmente, limitación del trabajo extraordinario a tres horas diarias y su pago por el doble del de las horas normales; responsabilidad de los patrones por accidentes de trabajo y las enfermedades asociadas a este, derecho a la sindicación y a la capacitación, obligación de los patrones a proporcionar vivienda digna en renta que no excediera el 0.5% del valor catastral, así como obligación de proporcionar enfermerías, escuelas y demás servicios necesarios.”

El reclamo de los jornaleros del Valle de San Quintín -dice el documento- es, en síntesis, el cumplimiento de sus derechos establecidos en la Constitución de 1917. El reporte asegura que “Los jornaleros tienen condiciones de trabajo precarias respecto a otras personas ocupadas en el país en materia de acceso a la seguridad social, salarios y tipo de contratación. Estas condiciones ubican a los jornaleros agrícolas y sus familias entre la población más pobre y explotada del país; carecen de los más elementales derechos laborales que la Ley establece”.

Y concluye: “Una política social con enfoque de derechos en sustitución de la política puramente asistencial debería concentrar sus acciones en el desarrollo de capacidades institucionales para lograr el imperio de la ley, no solamente en el caso de los jornaleros agrícolas sino en todo el sector agropecuario; en particular debe fortalecerse la supervisión laboral, garantizando condiciones adecuadas para su ejercicio (entre ellos un número suficiente de supervisores), su especialización por sectores y su fuerza jurídica para revisar la situación de los contratos, horas de trabajo, salarios y otros derechos, así como para aplicar multas y sanciones por incumplimiento, tal y como ha promovido la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde 1969.”

V. UN VALLE EN VILO

Visto desde el cielo, el Valle de San Quintín se extiende a la orilla poniente de un país accidentado. Una planicie cafecina y desértica bañada por la brisa del océano, a más de tres mil kilómetros de la Ciudad de México. Sobrevolándolo, en el valle aquí y allá aparecerán formas geométricas caprichosas y verdes como estadios de soccer. Campos en los que se debate la vida y el futuro de más de ochenta mil jornaleros llegados desde el sur profundo.

San Quintín es hoy día la punta de lanza la rabia desbordada, pero que busca organización y dirección bajo la forma de un sindicato independiente. En San Quintín ha hablado la memoria de generaciones enteras de indios cuyos derechos han sido olvidados.

Los tiempos de la cosecha de fresa estaban cerca y miles de jornaleros estaban preparados para cerrar la Carretera Transpeninsular el 17 de marzo. No había marcha atrás. Dos años antes, una consigna se había esparcido como la tolvanera por todo el Valle de San Quintín: salarios justos. Y entre los surcos, ahí donde apio, calabaza, hortalizas, chile, betabel, pepino, tomate, fresa, mora y frambuesa son sembrados para ser enviados allende fronteras, se hablaba ya de una “loca idea”.

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