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Ejidatarios de El Pochotal se manifiestan en la subprocuraduría

Dalia Martínez, Sinaloa

Ejidatarios de la comunidad de El Pochotal, El Fuerte, se manifiestan de manera pacífica en las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia de la Zona Norte, en demanda de que les sean devueltas 100 hectáreas de terrenos agrícolas de los que fueron despojados por un particular.

Entre las pancartas se leen consignas hacia el gobernador Mario López Valdez para que tenga conocimiento de las arbitrariedades que se están cometiendo contra el grupo Yoreme-Mayo de parte de la Policía Ministerial, bajo la orden de un terrateniente que está apoderado de sus terrenos.

“Queremos justicia, queremos nuestras tierras porque son nuestras; tenemos certificados que nos amparan que son de nosotros las tierras por eso estamos luchando y aquí vamos a estar”.

“Que ya se nos entreguen las tierras. Aníbal no quiere dar su brazo a torcer y es lo que queremos: justicia”.

“Desde el 2006 entró él a desmontar y pues el 2012 salían las tierras y no las quiere entregar
y pues aquí andamos para allá y para acá y pues nada, no se arregla”, expresaron.

Aseguran que mantienen las tierras resguardadas por patrullas de la Ministerial y no les
permiten hacer uso de ellas, incluso fueron desalojados, por lo exigieron también la salida del procurador de justicia del Estado de Sinaloa, por abuso de autoridad.

“Ahora ha habido más violencia contra nosotros; ha mandado la Ministerial a los terrenos de uso
común que tenemos nosotros”.

“…fuimos a los terrenos y otra vez las patrullas de la Ministerial nos echaron para afuera; ya
no podemos ver los terrenos que nos corresponden a nosotros, cuando esos terrenos ya estaban marcados para regarse y nos negaron el agua también”, dijo.

Durante la manifestación, los ejidatarios estuvieron acompañados por el abogado Martín
López Félix, quien señaló que levantarían una denuncia en contra del procurador
de Justicia por abuso de autoridad.

“Eso es totalmente un abuso de autoridad, está atentando contra los derechos constitucionales de
Erasmo y así lo contempla el Código Penal de Sinaloa, que el funcionario público que atente contra un derecho constitucional del Gobernador se hace acreedor al delito de abuso de autoridad y pues él lo cometió”.

“…sus agentes a su mando así lo manifestaron, que el procurador les había ordenado hacerle el
desalojo y meter la maquinaria necesaria para destruir todos y cada uno de los trabajos de campo que tenían para la siembra”, indicó.

Un total de 24 ejidatarios han resultado afectados con este desalojo, los cuales dicen tener miedo por la presencia de la Policía Ministerial en sus tierras.

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