CONVERSATORIO
"MIRADAS, ESCUCHAS, PALABRAS: ¿PROHIBIDO PENSAR?"”

Fundador de radio comunitaria denuncia intimidación

Veneranda Mendoza

TOLUCA, Edomex.- Indalecio Benítez, fundador de la radio comunitaria Calentana Mexiquense, no descartó que detrás del despojo sufrido a sus instalaciones el pasado jueves en Luvianos por parte de elementos de la Marina, tenga objetivos económicos o intimidatorios.

Hace un par de meses, recordó, “retomé por mi propia cuenta la investigación de mi caso para que haya sentenciados y consignados, que no quede en la impunidad. Ya vamos al 98 por ciento”, adelantó.

El 2 de agosto del 2015 las instalaciones de La Calentana fueron atacadas por un grupo armado, y en los hechos perdió la vida su hijo Juan Diego, de 12 años.

Desde entonces, Indalecio Benítez, su esposa y cuatro hijos se encuentran lejos de su hogar, en un refugio en el Distrito Federal.

Benítez indicó que las investigaciones de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) son lentas, sobre todo con el reciente cambio de fiscal, y por eso optó por tomar las riendas de su caso, auxiliado por abogados de Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras, Propuesta Cívica, Comumex, Amarc y Freedom House, entre otras.

Tampoco, prosiguió, “descarto intereses de algunos particulares o empresas en el ramo de la comunicación que metan las manos, pues el despojo ocurre a poco más de un mes de que se realice la nueva apertura para ingresar solicitudes de concesión”.

A Indalecio Benítez le resulta extraño que IFETEL sabía desde hace más de un año que Calentana operaba con nueva frecuencia, tenía su correo y número telefónico en orden de tal manera que incluso lo invitaban a reuniones y foros; “debieron indicarme antes”, dijo.

El papel de esta radio comunitaria es fundamental, destacó, porque somos la primera radio pacifista de México, “queremos hacer lo que no está haciendo el gobierno”; y somos una radio binacional, escuchados en casi toda la Unión Americana, donde haya un luvianense”.

“Tratamos de ayudar –a nuestros connacionales– para que no se involucren en actos vandálicos que les perjudiquen, porque si los deportan, debido a que hay poco empleo en México, el trabajo más seguro que encontrarán será con el crimen organizado. También fortalecemos la unión familiar”, al fungir como vínculo entre quienes radican en Luvianos y Estados Unidos (EU).

Para despojarnos de la estación y el equipo, lamentó, “utilizaron toda la fuerza del Estado –El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Marina–, y en un acto criminal no actúan”.

Por estas razones, adelantó que el lunes próximo iniciará una huelga de hambre en señal de protesta.

Además, expuso, “el relator de Naciones Unidas solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe sobre el caso. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitirá un comunicado”, adelantó.

De igual manera, “se solicitará un amparo para transmitir inmediatamente, aún antes de que se nos otorgue la concesión”.

“Queremos sentar un precedente para que otras estaciones comunitarias no pasen por lo mismo; no me cabe duda de que la concesión se va a lograr porque tenemos todos los trámites completos”, concluyó.

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