Consulta eólica viciada: sin información previa, sin traducción y con participación de empresarios: pobladores

Cecilia Balderas, Oaxaca

(21 de agosto, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) interpusieron un juicio de amparo en contra de la consulta a través de la que, supuestamente, la comunidad aprobó la construcción del parque eólico de la empresa Eólica del Sur, en Juchitán y El Espinal, municipios ubicados en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

El amparo se presentó ante el Juzgado de Distrito en Oaxaca y será el Juzgado Séptimo, con sede en Salina Cruz, el que conozca del mismo; en el documento, la comunidad zapoteca exige la anulación de la consulta, que el procedimiento se reponga en estricto apego a la legalidad, así como la suspensión inmediata de la construcción del proyecto.

Isabel Jiménez, vecina de Juchitán, recordó que la lucha por impedir que se instalen -de manera irregular- más empresas eólicas en el Istmo, data de hace varios años y aunque las violaciones a derechos humanos y el despojo de sus propiedades han sido reiteradas, “estamos decididos a seguir con la lucha y a defender con nuestras vidas, para beneficio de las futuras generaciones, nuestros derechos; la raza zapoteca no se va a doblegar aunque haya amenazas y hostigamientos”.

Mariano López, integrante de la APPJ, sostuvo que la consulta estuvo viciada de origen y exigió respeto a sus derechos y al principio de territorialidad, tras argumentar que “el gobierno federal, estatal y municipal ve en nosotros una mercancía y no a personas con derechos”, pues en el Istmo ya hay 21 parques eólicos instalados -12 en Juchitán- y la población no fue tomada en cuenta para la construcción de ninguno uno de ellos, por lo que pidió al Juzgado Séptimo emitir su decisión apegada a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

El también vecino de Juchitán denunció que previo al inicio del proceso de consulta, los opositores al mismo recibieron amenazas vía telefónica, además de que en el desarrollo de las reuniones, en las que participaron autoridades federales, de Oaxaca y del municipio, fueron agredidos verbalmente por personas a las que la empresa pagó por estar presente en las mesas de trabajo –algunas de ellas incluso iban armadas- sin que los funcionarios tomaran cartas en el asunto.

López señaló que el mismo Comité Técnico se negó a proporcionar información solicitada por los vecinos afectados y cuando lo hizo, entregó estudios prácticamente imposibles de entender por los conceptos técnicos utilizados, además de análisis y estudios realizados en otros países, que nada tienen que ver con el contexto de la comunidad zapoteca del Istmo de Tehuantepec.

“Si este proyecto llega a pasar, sería un atropello a todo el país porque sería el ejemplo para despojarnos a todas las comunidades indígenas del territorio mexicano, de nuestra tierra; lo que se vive en Juchitán, es prácticamente un desplazamiento forzado porque las empresas no respetan las normas internacionales; hay parques eólicos que se encuentran hasta a 30 metros de las zonas pobladas cuando la ley internacional dice que deben estar a más de 3 kilómetros de la última casa habitación”, dijo el vecino de Juchitán.

Argumentos jurídicos

Juan Antonio López, coordinador del área de justicia transnacional del Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC) explicó que el pasado 4 de agosto, la Secretaría de Energía (Sener) –encargada de la implementación del proceso de la primera consulta a comunidades indígenas que se realiza en México por un mega proyecto- anunció que la comunidad zapoteca otorgó su consentimiento para que iniciara el proyecto de construcción de un nuevo parque eólico en la zona; sin embargo, durante el proceso se violaron los principios que legalmente debe tener la consulta: previa, libre, informada y culturalmente adecuada.

El Comité Técnico de la consulta estuvo conformado por funcionarios de las secretarías de Estado federales de Energía, Gobernación (Segob), Relaciones Exteriores (SRE), de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la entidad como la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca (Segego), Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), la Secretaría de Turismo del estado, autoridades municipales, entre otras; además, también fueron incluidos representantes de la empresa eólica, aunque esto no está contemplado en la ley.

Cabe señalar que de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de la Ley de la Industria Eléctrica, reformada luego de la aprobación de la reforma energética, la consulta debe respetar los principios antes señalados, pero en el caso de Juchitán no se hizo, como lo pudo documentar la Misión de Observación de ProDESC, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C (Código DH) y el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).

López argumentó que la consulta no se realizó de manera previa, pues antes de que ésta se iniciara, la Semarnat aprobó, el 20 de junio de 2014, la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la empresa, a través de la resolución SGPA/DGIRA/DG/05364.

El 7 de abril pasado, la empresa Eólica del Sur informó al Comité Técnico que ya tenía firmados 722 contratos de arrendamiento y durante la fase deliberativa, el representante de la Secretaría de Energía presentó un permiso con numeral E/1264/AUT/2015-ES/006/2015 en el que autoriza a la eólica la generación de 396 mega watts bajo la modalidad de “autoabastecimiento en sus 18 socios”; es decir, la energía que se pretende producir, irá a parar a manos de empresas transnacionales y no se encenderá un solo foco de las comunidades aledañas a los complejos.

El principio de libertad en la consulta se violó por el cúmulo de agresiones y amenazas de las que fueron víctimas los vecinos de las comunidades zapotecas -incluidas amenazas de muerte, hostigamiento en los alrededores del punto de reunión de la APPJ- mismas que fueron documentadas por organizaciones de la sociedad civil que acompañaron el proceso.

La consulta tampoco se realizó de manera informada, pues a pesar de que se presentaron 75 solicitudes de información, el Comité Técnico no dio respuestas oportunas.

El abogado argumentó que también se violó el principio de que la consulta fuera culturalmente adecuada, pues no hubo traductores certificados en las mesas de diálogo entre las comunidades y las autoridades, además de que las sesiones se desarrollaron en contextos poco favorables para los pobladores indígenas y en completo desapego de sus tradiciones, aunado a que, de los aproximadamente cien mil habitantes de Juchitán, menos del 1 % participó en la consulta.

Las violaciones

Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red TdT, recordó que aunque en la historia de nuestro país ya hay antecedentes sobre la realización de consultas, éstas únicamente tenían carácter administrativo y se enfocaban en el impacto ambiental que pudieran generar las construcciones, no en el desarrollo de los proyectos en general, aunque desde entonces se detectaron “errores” a modo y discrepancias profundas entre lo señalado en los estudios y la realidad de las comunidades.

“Pensamos que esta consulta daría una nueva oportunidad, pero vemos que hay procesos amañados desde el principio…en el proceso neoliberal en el que estamos, en el que ha habido una gran apertura al capital extranjero, podría haber un despojo sistemático en los próximos años. Exigimos que no se repita porque los proyectos son incompatibles con el desarrollo, armonía, costumbres, tradiciones y cultura de las comunidades, lo que es violatorio de derechos humanos”, argumentó Ríos.

Óscar Pineda, investigador e integrante de PODER y de la Misión de Observación del proceso de consulta, declaró que “fuimos testigos de un proceso viciado, amañado y obviamente violatorio de los principios rectores del proceso que tendrían que ser una oportunidad de contribuir a la democracia, transparencia y rendición de cuentas, pero observamos prisa del Comité Técnico para terminar el proyecto y forzar el sí de la comunidad, además de que amedrentaron a las personas que tenían una participación activa en la decisión del futuro de sus territorios”.

Alba Cruz, coordinadora jurídica de Código DH subrayó que durante el proceso, simpatizantes de la APPJ fueron blanco de persecución e intento de secuestro, además de que “hubo hostigamiento, amenazas telefónicas y de manera personal, agresiones en el recinto donde se desarrolló la propia consulta, mismas que fueron denunciadas ante el Comité Técnico y otras ante las autoridades correspondientes sin que hicieran nada al respecto. La consulta fue una simulación para tratar de cumplir con la ley, pero la violentaron totalmente”.

La activista señaló que se pudieron documentar al menos 30 incidentes, sólo durante la consulta, además de que la empresa Eólica del Sur se ha encargado de violentar, confrontar y dividir a la comunidad prometiéndoles cosas como hacerse cargo de los estudios de sus hijos, en el extranjero, para que posteriormente les den trabajo en los parques.

“La presencia de las empresas no ha ayudado al progreso de las comunidades, al contrario; están violentando otros derechos como el de la alimentación de muchos pescadores y campesinos que hoy no pueden regar sus tierras con el agua de la comunidad porque está contaminada por los aerogeneradores”, concluyó Cruz.

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