Trabajan como jornaleros 24 mil guerrerenses en San Quintín; cuatro están en prisión

Lourdes Chávez
El Sur
En el valle San Quintín en Baja California trabajan como jornaleros agrícolas unos 24 mil guerrerenses, que se quedaron a radicar allá en condiciones menos gravosas que en otras entidades de la República, pero aún precarias, informó el secretario del Migrante y Asuntos Internacionales en el estado, Netzahualcóyotl Bustamante Santín.
Dijo que se sienten indocumentados en su país pero no quieren regresar Guerrero, porque en sus pueblos no tienen ni para comer.
En consulta telefónica desde Baja California, reveló que en la represión de las protestas de jornaleros agrícolas de marzo para demandar mejoras laborales, de los 14 personas que siguen en prisión, cuatro son na’ savi de Guerrero y el resto son triquis de Oaxaca.
De esos casos mencionó que en la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación, una de las principales demandas de la Alianza de Organizaciones, es su libertad inmediata, aunque las autoridades federales no los reconocen como trabajadores agrícolas, Bustamente Santín subrayó que son migrantes indígenas guerrerenses.
Informó que esta es la primera gira del gobierno del estado en Baja California para conocer los problemas de los migrantes en aquella entidad, y a tres meses de que concluya la administración pretende dejar un antecedente para su seguimiento. Añadió que tienen obligaciones tanto el estado que expulsa como el que recibe a los migrantes.
Explicó que el valle de San Quintín es una franja de 250 kilómetros y los guerrerenses, después de los Oaxaqueños, son las segunda población de migrantes más grande en la zona. De 80 mil habitantes, dos terceras partes son jornaleros y 24 mil de Guerrero.
Aunque San Quintín no se compara con Sinaloa, donde hay más de 10 mi hectáreas de cultivo, en el valle está cerca de 8 mil.
Estimó que el primer flujo de migrantes de Guerrero a San Quintín data de hace 30 años, y a la fecha no hay una llegada masiva de ellos, porque se han quedado a radicar allá. Aunque esta temporada arribaron a Guerrero unos 400 migrantes la mayor parte radican allá.
Por ejemplo, dijo que Las Brisas, en la delegación de San Vicente Camalú al sur de Ensenada, viven unos mil jornaleros, principalmente de Guerrero. Otro grupo se encuentra en la comunidad de Santa María de los Pinos, donde opera la empresa más importante de San Quintín.
Incluso, en Ensenada se creó la colonia 89 con familias náhuas de Copalillo, y en la delegación de Maneadero hay una comunidad na’savi de la parte alta de Metlatónoc, donde se acaba de crear una asociación civil para la educación bilingüe.
Contrario a otros estados, “donde (los jornaleros) viven manteados, en galerones horribles, en condiciones lamentables, en San Quintín no hay campamentos, están radicados, es más, acá los hijos de los jornaleros que nacieron en Baja California cuando les preguntaron si tienen interés de volver, dicen que no”.
De la vivienda opinó que distinto a otros estados, “acá relativamente hay mejores condiciones, (pero) hay una sequía tremenda, seis años que no llueve, y los migrantes no tienen drenaje, a ellos les están tandeando agua cada semana, cada 10 días. Familias de 10 y 15 personas habitan en cuartos de 3 por 3 metros, tampoco están en jauja, pero relativamente mejor que en otros estados”.
De las actividades institucionales, informó que se reunió con funcionarios de Baja California y delegados federales para conocer su perspectiva y la problemática de los migrantes; un tema principal es la seguridad jurídica de las viviendas, porque han comprado lotes pero no tienen certeza laboral para el pago de créditos.
Asimismo, se reunió con la Alianza de Organizaciones y conversó con Fidel Sánchez y Justino Herrera de origen triqui, voceros del movimiento de jornaleros que en marzo protestaron y fueron reprimidos por el Estado.
En los cuatro encuentros con organizaciones de migrantes coincidieron en que el tema de Guerrero es la falta de identidad, “son invisibles para las autoridades”.
Los adultos no tienen actas de nacimiento por pérdida de documentos y porque nunca fueron registrados. Los oaxaqueños no tienen este problema porque las autoridades de Oaxaca hacen campañas permanentes de Registro Civil en el estado del norte.
En el ejido Díaz Ordaz, en la delegación Vicente Guerrero, una comunidad de mixtecos le dijeron que no pueden acceder a los programas para migrantes, becas para sus hijos porque no tienen actas “decían que son indocumentados en su propio país, no tiene papel que acrediten que son guerrerenses”. Los temas laborales los atienden directamente con la Alianza de Organizaciones.
En Ensenada los compradores de Estados Unidos mandan a supervisores para evitar el trabajo infantil, pero en las comunidades hay jóvenes de 16 años casados, que no consiguen empleo precisamente porque no alcanzan la mayoría de edad.
Las autoridades estatales señalaron con preocupación el índice de drogadicción y violencia intrafamiliar.
Convocó al gobierno de Baja California a crear una comisión de seguimiento, para cualquier contingencia legal, de salud, de riesgo del trabajo, para estar permanente acompañando a los paisanos.
Destacó que los migrantes aportan a la economía de los estados donde trabajan, porque lo que reciben se queda ahí, no llega a Guerrero, todo lo gastan en vivienda, manutención, alimentación, “pero la diferencia es que acá comen, y tuvieron la posibilidad de emplearse ellos y sus hijos”

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