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En Cuacuila empresa ignora orden de detener la construcción de gasoducto

El 25 de abril de 2014 la organización Ciudadanos Indígenas en Defensa de sus Derechos (CIDD) de la comunidad nahua de Cuacuila, en Huauchinango, recibió la noticia de que el Primer Juzgado de Distrito había ordenado la suspensión definitiva de la construcción de la obra del gasoducto Tuxpan–Atotonilco, que pasa por Puebla, Hidalgo, Veracruz y el Estado de México.

Aunque parecía una victoria, después el Juez Primero de Distrito en materia de Procedimientos Penales Federales, le impuso a los ciudadanos la publicación de unos edictos en el Diario Oficial de Federación y el periódico Excélsior, con un costo aproximado de 40 mil pesos, para que el amparo prosperara.

Pero los pobladores organizados, opositores a la obra de casi 300 kilómetros de extensión, no pudieron cubrir la cantidad. En rueda de prensa, Eduardo Pérez, parte del CIDD, explicó que la mayoría de los habitantes se dedican al campo y por eso la cantidad es casi imposible de reunir. Al no publicar los edictos, el Juez Primero de Distrito informó del sobreseimiento del proceso, que implica que el juicio de amparo se dio por terminado de manera anticipada.

El CIDD y la abogada Patricia Montaño anunciaron que presentaron un recurso de revisión en el Juzgado Primero de Distrito, que tiene ahora el número de amparo 61/2015, para tratar de que no se exija el pago de los edictos. También se preguntaron cuál es el nexo entre el poder judicial y el periódico Excélsior, pues no entienden por qué la publicación debe hacerse en ese impreso. Montaño dijo que el trato de los jueces ha sido inequitativo, pues pretenden tratar igual a una comunidad nahua, cuya principal actividad es el campo, que a la empresa Gasomex, con mucho más capacidad económica y recursos para construir la obra de 273 kilómetros.

El amparo que se ganó hace más de un año se interpuso contra Gasomex, empresa a cargo de la obra, así como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el ex presidente municipal Omar Martínez Amador y el presidente auxiliar Rodolfo Lechuga Ahuacatitla.

Inicialmente, el 7 de enero de 2014, se había otorgado ya la suspensión provisional de la obra, pero Gasomex continuó con los trabajos de perforación. Hasta antes de que se diera el último conflicto con los edictos, situación que el CIDD adjudica a “artimañas jurídicas” hechas por Gasomex–, ninguna autoridad acató la suspensión de la obra y los trabajos siguieron.

En octubre de 2014, en una asamblea en Cuacuila en la que participaron varias organizaciones sociales como el Frente de Pueblos de San Salvador Atenco, se denunció una vez más que luego de ganar el amparo siguieron las obras, con la complicidad de las autoridades.

A nivel ambiental, el gasoducto que pasa justo en la comunidad de Cuacuila, donde viven cuatro mil personas, pasa también por áreas protegidas. Mayeli Sánchez Martínez, presente en la rueda de prensa, fue consultada para analizar el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) hecho para el gasoducto. El trazo cruza por el área prioritaria terrestre 102 y las hidrológicas 69 y 76, decretadas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (Conabio).

Además, los tubos del gasoducto pasan justo en la comunidad de Cuacuila y atraviesan un kinder. Todo el pueblo está dentro de la principal zona de afectación. Para las compañías, el territorio donde no hay construcción, dijo Mayeli, es un territorio en blanco. “Para las comunidades es un territorio vivo”.

El conflicto en Cuacuila comenzó a finales del 2013, cuando algunos habitantes organizados en la CIDD y miembros de la Unión de Defensores de Derechos Humanos de la Sierra Norte (Uddh) denunciaron públicamente hostigamiento y amenazas, desde visitas a sus hogares por autoridades y personal de Gasomex hasta amenazas directas de “bajarle” a la lucha social o de lo contrario habría consecuencias.

Desde su inicio, la obra ha estado sumida en irregularidades y conflictos que no han tenido una resolución, pese a demostrarse su ilegalidad o ganar batallas también en el ámbito judicial. En mayo de 2014, el ex presidente municipal de Huauchinango, Omar Martínez Amador, admitió que no existe una sesión de cabildo que haya autorizado la licencia de construcción, ni el cambio de uso de suelo, ni el permiso para atravesar caminos municipales.

Este es el segundo caso en el estado de Puebla donde las autoridades ignoran las batallas legales ganadas por opositores a megaproyectos. Los pobladores de Nealtican, Puebla, opositores al trazo actual del Gasoducto Morelos que pretende pasar por la zona máxima de riesgo volcánico del Popocatépetl, también ganaron un amparo que ordena la suspensión temporal de toda la obra. El amparo se ganó en junio de 2014, pero no ha sido respetado por ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno.

Los habitantes de Nealtican han continuado la lucha legal, organizándose a nivel comunitario. A la par, pobladores de otras comunidades afectadas por el mismo trazo del Gasoducto Morelos, cerca de Atlixco y en municipios colindantes con Cholula como Juan C. Bonilla, siguen en la incertidumbre de qué pasará con la obra, cuya ruta definitiva, al día de hoy, no se ha dado a conocer.

http://pagina3.mx/2015/07/en-cuacuila-empresa-ignora-orden-de-detener-la-construccion-de-gasoducto/