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Precio de la tierra es la sangre: vecinos Atenco; “hay conflicto de intereses en Semarnat por aprobación ambiental”

Cecilia Balderas

(15 de julio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) denunciaron diversas irregularidades en que ha incurrido el proyecto de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CAICM) –mismo que además consideran inviable por las condiciones de la zona en que pretender realizarse- que incluye el probable conflicto de intereses por parte de la empresa que realizó el estudio de impacto ambiental, misma que fue fundada por Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Ricardo Lagunes, abogado que lleva el caso, señaló que el despacho denominado “Especialistas Ambientales S.A. de C.V.”, fue el encargado de hacer la propuesta del manifiesto de impacto ambiental a la Semarnat, mismo que fue presentado y posteriormente aprobado por la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental de la dependencia.

El FPDT se percató de la relación entre el funcionario público y la consultoría a finales de 2014, mientras analizaba el documento aprobado por la Semarnat, elementos que según el litigante, podrían dar margen para interponer acciones legales en contra de Lacy y solicitó a las autoridades competentes realizar las investigaciones que el caso amerite y aplicar las debidas sanciones a la empresa que además, ha elaborado otros manifiestos de impacto ambiental; por ejemplo, para Eólicas del Sur, en el Istmo de Tehuantepec, también, con un cúmulo de irregularidades.

De acuerdo a los vecinos de la zona de Atenco, el documento incluye “una serie de omisiones y debilidades no solamente en el tema de flora y fauna, que es un elemento fundamental en la construcción de aeropuertos ya que además de ser una ruta de paso obligado para las aves migratorias y con un alta densidad, las autoridades deben asegurarse que no habrá riesgo de impacto aviario con los aviones y en el manifiesto aprobado por la Semarnat, no está garantizado, por lo que prácticamente se expidió un cheque en blanco”, explicó el litigante.

El documento también carece de estrategias que permitan saber de qué manera se evitarían los riesgos de inundación y qué pasará con el manejo del agua que se concentra en la zona, que es regulador natural hacia donde corren miles de metros cúbicos que pueden desviarse hacia decenas de comunidades aledañas e incluso, parte de la Ciudad de México.

“La cuestión del agua es muy importante, no solamente por el riesgo de inundación, sino para garantizar el acceso y suministro a la región; el manifiesto de impacto ambiental señala que se reducirá un 70 % de consumo de agua en comparación con el aeropuerto actual, pero no dice cómo va a ser ese ahorro”, agregó Lagunes.

Niega Estado mexicano derecho a consulta

El pasado ocho de julio, el gobierno federal anunció la licitación de 21 paquetes de obras para iniciar la construcción del nuevo aeropuerto, mismo que tiene diversas etapas y que se iniciaría con cuestiones técnicas como la nivelación del terreno, la instalación de drenajes pluviales y sanitarios, cimentación de terminal, sistema eléctrico y subestación eléctrica, así como las pistas dos, tres y seis; la torre de control y el centro de control.

Los vecinos de la zona argumentaron que el NAICM está condenado al fracaso, pues el territorio donde se pretende construir tiene por vocación ser el punto más profundo de una cuenca y por ello, naturalmente un espacio inundable, por lo que más temprano que tarde el agua reclamará su lugar, evidenciando así que la obra sexenal más importante de Peña Nieto, es “un elefante blanco”.

El FPDT ha interpuesto varios alegatos por la vía legal en la defensa de su territorio. En enero pasado, habitantes de por lo menos cinco comunidades de la zona interpusieron una demanda de amparo en contra del mega proyecto, por considerarlo inconstitucional y violatorio de sus derechos humanos y del medio ambiente.

Dicha demanda fue turnada al Juez Noveno de Distrito con residencia en Nezahualcóyotl, estado de México; sin embargo, este desechó la demanda al calificarla de “extemporánea”, lo que motivó que los quejosos interpusieran un recurso de queja que fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado el 12 de marzo y se admitió la demanda de amparo.

A pesar de que los vecinos de la zona han manifestado ante el Juez Noveno que la construcción del NAICM viola derechos reconocidos en la Constitución y en Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, este se ha negado a suspender los actos, argumentando que la realización de la obra “es de orden público e interés social”

Ante la negativa se suspensión, se interpuso un recurso de revisión, mismo que fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado de Nezahualcóyotl, bajo el número 177/2015; la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya analiza la posibilidad de atraer el caso, por lo que ordenó al Segundo Tribunal no resolver hasta que esta se pronuncie sobre el tema.

Sin embargo, quienes suscribieron la demanda de amparo lo hicieron en el ejercicio de sus derechos constitucionales y para que se proteja su derecho a la salud, a la vida, al medio ambiente sano y a una consulta libre, previa e informada como pueblos originarios; pero el Estado mexicano ha controvertido este último tema con lo que pretende negarles este derecho.

“Pretende soslayarlos, ignorarlos, desconocer su identidad cultural aunque se han presentado peritajes en materia de antropología para robustecer y corroborar que no es una mera argumentación dilatoria, sino que va en el sentido de que el Estado respete los tratados internacionales y el artículo 2 Constitucional”, explicó el abogado.

El gobierno de Peña Nieto arguye que los habitantes de la zona no son pueblos originarios -esgrimiendo un argumento del siglo XIX- porque no hablan alguna lengua materna, lo que desmintieron los mismos pobladores al hablar náhuatl; que ni la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) o el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), tienen registro, en la región, de asentamientos de pueblos indígenas.

Ricardo Lagunes cuestionó por qué debe prevalecer el interés del Estado en la construcción de la obra y en detrimento de los de la ciudadanía, por lo que solicitó a los ministros de la SCJN dictar la suspensión de la construcción del nuevo aeropuerto, que consideran es un “parásito que absorbe y chupa la sangre”, además del riesgo de que haya un “etnocidio” en la zona, aunque los vecinos de la zona son conscientes de que esta, será una decisión política.

La tierra sólo tiene un precio: el de la sangre

Jorge Espinoza, indígena de más de 70 años, oriundo de la comunidad de Tecuila, en Texcoco, está dispuesto a morir defendiendo la tierra que heredó de sus padres, estos de sus abuelos y ellos, de sus bisabuelos, luego de una larga lucha por un legado: un surco donde sembrar.

“Para mí la tierra tiene solamente un precio, el de la sangre y no está en venta. Que nos oigan bien claro…licitación quiere decir subasta, robo. La tierra no se vende, se ama y se defiende, me niego a entregarla aunque tenga que morirme en ella. Ese proyecto lo único que va a venir a ocasionar es muerte, destrucción y esclavitud; la mentalidad que tiene Peña Nieto es la de Porfirio Díaz”, dijo el anciano.

Aida Juárez Olivares, representante de los jóvenes de Acolman y otros pueblos vecinos, declaró que la construcción del NAICM es una “necrópolis” que incluye la imposición de unidades habitacionales, zonas industriales, vías de comunicación, corredores turísticos y la denominación de pueblos mágicos, con la que además se incrementan sustancialmente los cobros de prediales.

“Tenemos miedo de que nuestros hijos, nuestros nietos, si es que aún no nos hemos acabado el planeta, ya no conozcan las especies; tenemos miedo y estamos muy indignados de que pretendan quitarnos el azadón por darnos una escoba con esos empleos temporales que ofrecen y sin ninguna especie de prestaciones y derechos laborales. Esta avanzada, es en contra de la humanidad y de vida. Vamos a luchar y a entregar nuestra vida, pero luchando”, sentenció la joven mexiquense.

En su participación, Mitzi Barrera, originaria de la comunidad de Texcoco, recalcó que los vecinos de la zona, “no damos un paso atrás, no van a poder con nosotros. No somos una mercancía”.

Vecinos de San Salvador Atenco agregaron que “la tierra es nuestra madre, es la que nos da de comer y por ella vivimos; nosotros no negociamos con ninguna empresa ni le pedimos nada al gobierno ni a los empresarios. No queremos su sucio dinero, sólo queremos nuestra tierra y que nos dejen en paz; queremos vivir nuestras vidas como antes del 2001 cuando vivíamos felices”.

Adán Esperanza, integrante del FPDT denunció que Peña Nieto quiere imponer la construcción del aeropuerto a través de violencia y sangre, “está haciendo todo lo posible por despojarnos a través de las licitaciones que anunció porque, a pesar de que hay un amparo, no debería proceder nada en términos legales hasta que se resuelva, pero no lo vamos a permitir. No al aeropuerto”.

Y al grito de “ni hoteles, ni aviones, la tierra da frijoles”, concluyó el mensaje.

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