Dejó que los civiles armados se llevaran de Chilapa a los desaparecidos, le recriminan a Rogelio Ortega

Luis Daniel Nava

Chilapa

Familiares de las personas desaparecidas durante la ocupación de la ciudad por civiles armados, del 9 al 14 de mayo, le dieron un plazo de 48 horas al gobernador, Rogelio Ortega Martínez, para localizarlas con vida.
El gobernador se comprometió a citar conforme a derecho a los comisarios que participaron en la toma de la ciudad, y a crear una comisión de seguimiento del caso con autoridades civiles, policiacas, con defensores de derechos humanos y los familiares.
Ahí le recriminaron la desatención de su gobierno, a pesar de tener información desde el primer día, según aceptó el mismo Rogelio Ortega, durante los cinco días en que los civiles tomaron el control de la seguridad en Chilapa, haberse presentado 14 días después de los sucesos y haber negociado con los comisarios su salida de Chilapa sin que antes presentaran a sus familiares desaparecidos.
Al alcalde Francisco Javier García (priista) le reprocharon haber huido del municipio durante la ocupación, y lo culparon de que desde el inicio de su administración en Chilapa ha habido muchas personas desaparecidas y muchas balaceras.
Ayer, después del medio día en las instalaciones del Seminario de Chilapa, en el barrio de San José, el mandatario y parte del primer círculo de su gabinete se reunieron por primera vez con familiares de las personas desaparecidas durante la irrupción en la ciudad de pobladores armados y autoridades comunitarias de al menos 16 localidades del sur del municipio, así como con parientes cercanos de víctimas de desapariciones registradas dos y hasta seis meses atrás.
El gobernador llegó a esta ciudad en helicóptero y se movió con sus funcionarios en un convoy de más de diez camionetas, en medio de un fuerte operativo de seguridad, que resguardó en una cuadra el lugar de la reunión.
En la reunión estuvo el fiscal Miguel Ángel Godínez; el secretario de Gobierno, David Cienfuegos Salgado y el de Educación, Salvador Martínez della Roca.
Y familiares de los jóvenes desaparecidos Jorge Jaimes Abarca (y su hermano Héctor Jaimes Abarca desaparecido meses atrás), Carlos Emanuel Meza Nava, Daniel Velázquez Romero, de los hermanos Juan, Miguel y Víctor Carreto Cuevas, Sergio Derramona Abarca, Alexandro Nava Reyes, Jorge Luis Salmerón Hernández, Jaime Villanueva Altamirano, Crispino Carreto González y Samuel Carreto Vázquez.
No asistieron familiares de Juan Carlos Casarrubias Avila, Adelaido Casarrubias Sánchez, Arturo Gutiérrez Jaimes y Victorino Morales Acatitlán.
Se presentaron además familiares del joven Gilberto Abundis Sánchez, desaparecido en marzo y recién identificado entre los tres cuerpos hallados este jueves 21 de mayo en la comunidad de Nejapa, así como los de los cinco profesionistas y comerciantes Mario Montiel Ferrer, Jesús Romero Mujica, Vicente Apreza García y los hermanos Hugo y Alejandrino Díaz Navarro raptados en noviembre de 2014 en las inmediaciones de Atzacoaloya.
Los familiares reprocharon al mandatario “¿Por qué diablos no vino cuando estas personas estaban aquí?, porque no fueron sus hijos, si los tuvieran no iba a dejar de pasar un solo día”. “Sólo vino porque necesita proteger su imagen”, dijo un familiar.
También le reclamaron porque cuando negoció la salida de los comisarios y los civiles armados se le olvidó “lo más importante, se le olvidó negociar con las personas a nuestros familiares que tenían retenidos”.
En una parte, donde el gobernador y el alcalde volvieron a polemizar sobre si sesionó o no el Cabildo para nombrar al encargado de Seguridad Pública del municipio, al oficial de la policía estatal, Juan Suástegui Epifanio, los padres enfadados les dijeron que se pusieran a trabajar y que dejaran su “pleito de niñas” que en los medios de comunicación también hicieron.
El gobernador respondió que tiene como principio no negociar con civiles armados y justificó que negoció con los comisarios su retirada de Chilapa para evitar una tragedia porque, dijo, su presencia ya había causado “malestar y crispación”.
Dijo que los comisarios se regresaron a sus pueblos y que la información sobre las personas desaparecidas le llegó después de que se habían ido.
Entre sus demandas que se resolvieron, dijo, fue la destitución del secretario de Seguridad Pública municipal.
“Resolvimos el problema: que se fueran y los agravios que hicieron, esos se trabajan en la ruta de la ley”.
Los familiares le exigieron que se pusiera a trabajar y que ya no les diera más palabras.
“Queremos hechos para que nos convenza, que entreguen a nuestra gente viva en 48 horas”, emplazó un padre de familia, después durante las intervenciones los padres secundaron el ultimátum y al final se lo volvieron a recordar al gobernador.
Ortega Martínez dijo que estaba ahí para determinar la ruta de la solución con el peso de las instituciones y que se haga justicia.
Luego, dijo que en la reunión que sostuvo en Casa Guerrero con los comisarios, éstos le expusieron que también tienen a 30 personas desaparecidas.
“Aquí el problema es la pelea entre dos bandas Ardillos y Rojos, que han penetrado el tejido social, reclutando jóvenes en condiciones de pobreza”.
–También a los políticos, gritó un familiar de los cinco desaparecidos.
“… Penetró las instituciones y a los partidos políticos”, reparó el gobernador, quien dijo que tiene las manos limpias.
Le respondieron: “usted si acaso tenía sus manos y su imagen limpia antes de esta desaparición masiva”.
Al final el gobernador ofreció conformar una comisión de acompañamiento con representantes del gobierno, de las corporaciones de seguridad, integrantes de la sociedad civil, un grupo de familiares y organismos defensores de derechos humanos.
Además de comprometerse a citar “conforme a derecho” a las autoridades comunitarias que participaron en la toma de la ciudad del 9 al 14 de mayo de 2015 y realizar con ellos una reunión bilateral para hablar de nuevo “cara a cara”.
Para que los familiares creyeran que en realidad estaba comprometido, el mandatario les dijo que si era necesario iba a estar en Chilapa todos los días y que desde aquí iba a despachar.

“Por qué no investigan al alcalde”

Casi al inicio de las participaciones, una familiar directa del joven estudiante de Artes Visuales Gilberto Abundis Sánchez, desaparecido el 30 de marzo e identificado este sábado entre los tres cuerpos hallados en Nejapa el jueves 21, dijo:
“Por qué no se investiga a nuestras autoridades municipales, porque desde que este señor, que está ahí enfrente y se dice ser el presidente de Chilapa, han ocurrido tantas desapariciones y la violencia aquí fue en aumento año con año.
“Por qué no se les investiga, que explique por qué toda la gente de Chilapa lo acusa de nexos y porque tenemos que pagar los ciudadanos por tanta cochinada de los políticos.
“Estamos hartos y me atrevo a levantar la voz porque no es justo a que a mi hermano lo hubieran matado como un perro cuando él era un estudiante de Artes Visuales y sólo venía a esta ciudad a visitar a su familia y maldita la hora en la que vino a visitarnos, jamás hubiera regresado a este pueblo, porque como mi hermano decía en Chilapa ya no hay lugar para gente decente aquí la única gente que tiene lugar son los delincuentes”.
“¡Conteste señor presidente!, porqué desde su mandato aquí en Chilapa ha habido tanto desaparecido, tanto tiroteo y la gente se tiene que esconder como ratas en su casa cuando los ratas son otros”.
El alcalde Francisco García respondió que ni la policía municipal ni su armamento es suficiente y que la lucha de los grupos de la delincuencia ha dañado a todos los chilapenses.
Justificó además que le informó la situación al entonces gobernador Ángel Aguirre y de nuevo dijo que se ponía a disposición de las instancias federales para que se le investigue y si es cómplice o comparsa pagar como se debe.

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