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Ley Korenfeld: barbarie neoliberal y un problema de todas y todos

Germain Pérez Gómez/La Jornada

El domingo pasado se celebró el Día Mundial del Agua en todo el mundo, este hecho no debe suponer que la situación nacional y mundial de este líquido vital es reconfortante, sino por lo contrario, la coyuntura por la que atraviesa México al respecto es demasiado alarmante. Basta citar algunos ejemplos que reflejan el grave deterioro ambiental en nuestra nación.

Según la sentencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México emitido en noviembre de 2014, se presentaron 211 denuncias ante este tribunal por problemas ambientales que benefician a empresas nacionales y transnacionales que afectan a 433 municipios de 21 estados. Algunas de estas denuncias, como en Michoacán o Guerrero, afectan a rutas de tráfico o lugares de explotación de recursos naturales y la criminalidad organizada. Las agresiones ambientales más frecuentemente señaladas incluyen la destrucción de fuentes de agua, bosques y vida campesina, la sobreexplotación de acuíferos y contaminación ambiental con agrotóxicos o la contaminación transgénica, que generó una demanda de medidas cautelares ante el sistema judicial mexicano que constituye una de las pocas excepciones en la tutela judicial de la protección de la vida en relación al medio ambiente. Todas esas luchas han conllevado frecuentes formas de persecución a las y los defensores ambientales con detenciones arbitrarias e incluso asesinatos 1.

El panorama sobre la crisis hídrica que vivimos en nuestro territorio cada vez se encrudece más y es que ahora no sólo se tiene un grave problema de contaminación o de abastecimiento de agua, sino que también bajo la ley que piensan imponer los neoliberales, este líquido para la vida lo quieren privatizar con la llamada “Ley Korenfeld”, la cual es detestable, tanto que diversas organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas, de derechos humanos, sindicatos, estudiantes e investigadores se han pronunciado para expresar una contundente oposición a esta ley autoritaria, porque de fondo busca apuntalar mega obras que sólo beneficiarán a particulares para seguir con el proyecto de industrialización bestial que día a día promueven los gobiernos en turno.

En Tlaxcala, la gente no está cruzada de brazos. Hay grupos que se están informando y buscan hacer frente a esta realidad abrumadora y ante medios de comunicación han puesto de relieve algunos puntos del por qué esta ley no debe ser aprobada, entre ellos está que se piensa impulsar los llamados trasvases como el Acueducto Independencia, Monterrey VI, 4ª Etapa Cutzamala (Estado de México), Túnel Emisor Oriente/PTAR Atotonilco, Chapultepec/Parota (Guerrero), Zapotillo (Jalisco), Paso de la Reina (Oaxaca), los cuales podrían ser concesionados, juntos con sus aguas, si se llegara a aprobar la Ley Korenfeld.

Además de que también hay una intención de seguir impulsando presas hidroeléctricas mal concebidas y privatizantes como La Parota (Guerrero), Zapotillo (Jalisco), Las Cruces (Nayarit), Jalcomulco y las 121 restantes propuestas para Veracruz. Se ha señalado que de igual forma que la privatización y mercantilización del agua, dejará en centros urbanos y en regiones campesinas facilidades para el uso industrial y de embotelladoras, dejando a millones de personas dependientes de pipas y de tandeo.

De aprobarse la Ley Korenfeld, eliminaría los espacios de participación y permitiría que la Conagua hiciera uso directo de la fuerza pública para imponer sus decisiones.

Para el caso de Tlaxcala, las concesiones a industrias y contaminación generada por las mismas, aumentarían aún más el riesgo en la población de contraer enfermedades como el cáncer sobre todo en la región Atoyac–Zahuapan, esa región que tanto ostentan defenderla en las últimas semanas. Por si fuera poco se brindaría el andamiaje necesario para la privatización de los ameyales y manantiales, como lo muestra la región de Zacatelco, cuyas aguas que nacen y corren pretenden ser concesionadas cuando su uso habitual ha sido comunitario.

Es necesario remarcar que la actual política económica que impone una actividad industrial intensiva, es la causa estructural de la crisis hídrica que se vive en la región; ejemplo de ello es la oferta gubernamental de Tlaxcala que hace a las industrias transnacionales prometiéndoles tierras, aguas, infraestructura para su instalación como lo es el Gasoducto Morelos, que forma parte del Proyecto Integral Morelos, así como mano de obra barata, sin importar que con ello se agraven las violaciones a los derechos de las personas, comunidades y pueblos que habitan la región.

En resumen, aunque la Ley Korenfeld promete que si otorgamos a la Conagua más recursos, más facultades, más compromisos con inversionistas extranjeros y menos participación, ahora sí resolverá las crisis hídricas del país. Sin embargo, la historia dice que después de 26 años de negligencia, complicidad y corrupción por parte de la Conagua, hemos aprendido que:

La única manera de garantizar agua de calidad y seguridad hídrica ahora y a futuro será a través de procesos organizativos y sociales y de una Ley de Aguas que abra la planeación, la gestión y la contraloría del agua en México a la participación directa, comunitaria y ciudadana.

Es tiempo de frenar este tipo de abusos, ¡todas las personas consumimos agua!, por tanto es un problema que atañe a tod@s.

1 Ver sentencia final en : www.tppmexico.org/sentencia-de-la-audiencia-final-del-capitulo-mexico-del-tpp/

www.lajornadadeoriente.com.mx/2015/03/25/ley-korenfeld-barbarie-neoliberal-y-un-problema-de-todas-y-todos/