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La Patrulla Fronteriza institucionaliza el robo

Luis Chaparro
Ser detenido por la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos implica no sólo la deportación a México, sino la pérdida de dinero y pertenencias. A los migrantes capturados en el país vecino los despojan de dinero, celulares y joyas. Y hasta de los anteojos. La recuperación se torna imposible por los trámites tramposos que se les imponen. Se trata, dice una especialista, de una forma adicional de desalentar la migración indocumentada, pues se corre la voz de que las autoridades estadunidenses también roban, lo cual es cierto.

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Luego de pagarle al coyote y comprar víveres, Carlos aún tenía 224 dólares al cruzar la frontera de Reynosa, Tamaulipas, a McAllen, Texas. Pensaba comer, pagar hospedaje y sobrevivir hasta encontrar un empleo. Pero ahora ese dinero lo tiene el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y Carlos está en esta plaza sin efectivo, sin identificación, sin la “cadenita” que le dio su abuelo… y sin zapatos.

La organización No Más Muertes (NMM) –con base en Arizona y dedicada a la defensa de los derechos humanos de los indocumentados– sabe por qué el dinero de Carlos es ahora propiedad del Departamento del Tesoro. En su reciente reporte Despojo: Cómo el sistema de deportación roba a los inmigrantes su dinero y sus pertenencias, detalla qué sucede con lo que cargan los indocumentados al ser deportados en la frontera o dentro del país.

“Cuando se siguen los protocolos del Departamento de Seguridad Nacional, gran parte del dinero va a una cuenta provisional de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y eventualmente termina en el Departamento del Tesoro”, explica el reporte.

Cuando la Patrulla Fronteriza detiene a un indocumentado, pone en una bolsa de plástico sus pertenencias, incluido su dinero, y le dice que tiene 30 días para recuperarlas. El efectivo se le regresa en un cheque girado por las compañías MoneyGram o Financiera Numi o a veces se les entrega en una tarjeta de débito que deben activar marcando un número 1-800.

Pero los indocumentados sujetos a deportación duran en promedio 60 días en algún centro de procesamiento en Estados Unidos antes de ser regresados a su país de origen, por lo que su dinero se pierde.

El Programa de Defensa e Incidencia Binacional –proyecto de la asociación Derechos Humanos Integrales en Acción– ha dado cuenta del incremento de denuncias de deportados a quienes les son extraviadas o retenidas sus pertenencias. De acuerdo con los testimonios recabados por el organismo, sólo en los primeros meses de 2014 hubo 165 denuncias por esos motivos en el sector Arizona.

Por esos 165 casos, el Departamento del Tesoro “recaudó” alrededor de 35 mil 25 dólares, cifra que la organización calcula como mínima debido a la pequeña muestra, que no representa al total de deportados despojados.

Las pertenencias de quienes son detenidos en la frontera son retenidas por la Patrulla Fronteriza 30 días y luego destruidas, detalla el documento. Pero las que tienen valor comercial son vendidas y las ganancias son puestas en una cuenta provisional de la CBP; si éstas no son reclamadas, pasan al Departamento del Tesoro.

Otros beneficiados

Pero no sólo el Departamento del Tesoro se beneficia del robo de pertenencias de los migrantes deportados. La investigación de NMM refiere que también hay robo directo por parte de los policías.

“Además del robo institucional rampante, los detenidos están en riesgo de ser robados directa e individualmente a lo largo del proceso de aprehensión, transferencia, enjuiciamiento, detención y deportación”, anota el documento. El robo por parte de agentes policiales de Estados Unidos representó 5% de los casos de pérdida de dinero, según el reporte.

“Las historias de dinero robado revelan que los inmigrantes están siendo privados de su dinero a lo largo de toda la cadena de custodia, por cuatro instituciones: CBP, el Departamento de Policía, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y las oficinas de los alguaciles de los condados”, detalla.

Además, las empresas como MoneyGram o Financiera Numi también se quedan con el dinero cuando éste es depositado en un cheque de la compañía.

Las pertenencias más retenidas y no devueltas –además del efectivo– son los documentos de identidad, celulares y ropa; también se les priva de medicamentos, fotografías, artículos religiosos, joyas, tarjetas de crédito o débito, comprobantes de estudios o lentes graduados.

“Hay una razón por la cual las pertenencias de los migrantes no les son devueltas: La criminalización de la migración y un cambio total en el procesamiento de migrantes detenidos”, explica Rocío Meléndez, abogada del Programa de Defensa e Incidencia Binacional en Ciudad Juárez.

“Estas acciones son al mismo tiempo una estrategia para desanimar al migrante que busca entrar al país. Se corre la voz de que en este país también van a ser robados”, dice a Proceso.

Además la Patrulla Fronteriza, abunda Meléndez, busca que el segundo o tercer intento del migrante por entrar al país sea casi imposible. “Los deportan por fronteras lejanas a su lugar de origen; si eres de Chihuahua te deportan por Reynosa, por ejemplo. Y sin dinero ni documentos es muy difícil o pasará mucho tiempo para que vuelvas a intentar cruzar”, detalla.

La abogada asegura que esta criminalización los hace aún más vulnerables al robo y los abusos por parte de las autoridades y los cárteles de la droga. “Actualmente se criminaliza a los migrantes deportados tratándolos como si fueran delincuentes, cuando ninguno ha cometido más que una falta administrativa”, dice.

El pasado 9 de enero el gobernador de Chihuahua, César Duarte, afirmó que esta situación, más la falta de comunicación con las autoridades migratorias estadunidenses, incrementa la violencia en esa entidad.

“Tenemos un fenómeno adicional que nos preocupa, porque nos genera un verdadero problema: Los repatriados que son exconvictos y cuya presencia no es notificada (…) han generado condiciones de delito, de violencia”, dijo Duarte durante la XXIV Reunión de Embajadores y Cónsules.

De acuerdo con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en El Paso, Texas, para el año fiscal 2014, que comenzó en septiembre de 2013 y terminó en agosto pasado –los últimos datos disponibles–, por este punto fueron deportados 48 mil 616 individuos. De ellos, 29 mil 196 (poco más de 60%) tienen antecedentes penales en Estados Unidos.

A escala nacional, según la misma fuente, las autoridades estadunidenses deportaron a más de 315 mil individuos a México en el año fiscal 2014.

Meléndez afirma que la mayoría de quienes tienen antecedentes penales entran en ese rubro por sus reingresos a Estados Unidos sin documentos y no necesariamente por haber cometido un delito.

“A quienes reingresan al país luego de haber sido deportados una o más veces se les cataloga como ‘criminales’, por eso se inflan esas estadísticas”, dice en entrevista.

Un agente encargado de las operaciones en el área de Nuevo México, entrevistado a condición de no revelar su nombre, explica que la Patrulla Fronteriza no tiene responsabilidad en cuanto a las pertenencias de los deportados. “Nosotros seguimos los protocolos; si ellos no pueden recuperar su dinero o sus pertenencias, está fuera de nuestra responsabilidad. No podemos hacer todo por ellos. Lo guardamos (el dinero y pertenencias), lo anotamos en la bitácora, lo entregamos a CBP y lo que suceda después ya no nos compete”, asegura el agente.

Atorado en Ciudad Juárez

Carlos, tamaulipeco de 28 años, está en un comedor comunitario a orillas del río Bravo, entre el centro de Ciudad Juárez y El Paso. Ahí el pastor evangélico Jesús Tavizón le da comida y refugio. También unos tenis viejos. Lleva aquí dos meses y no encuentra la manera de regresar a Tamaulipas.

“Ya he dado dos vueltas al registro civil para ver si me dan mi acta de nacimiento, pero para todo, hasta para transportarse uno, se necesita dinero, y me quitaron todo”, se queja.

Carlos cruzó a Estados Unidos por aquella frontera a mediados de noviembre. Pagó 500 dólares a un par de traficantes de indocumentados quienes lo abandonaron “en la línea”, apenas cruzando el río.

“Empecé a caminar, ya casi de mañana, iba solo, no iba con ningún grupo, que porque así era más difícil que me atorara ‘la migra’, pero ya cerquita de la carretera me encontraron los de la Border”, relata.

Antes de decidirse a cruzar la frontera trabajó como carrocero, remozando automóviles accidentados que alguien más pondría a la venta. Allí juntó unos mil dólares, 500 de los cuales pagó a los coyotes y de los cuales unos 224 tiene ahora el Departamento del Tesoro.

“En cuanto me agarraron me quitaron primero las agujetas y luego me vaciaron los termos que traía con agua. Después me vaciaron las bolsas de los pantalones y me dijeron que el dinero que traía, en dólares, lo iban a guardar y después me decían cómo recuperarlo. La cadenita de oro que me dio mi abuelo, con la Virgen de Guadalupe, me la arrancaron, y junto a mis lentes y otras cosas, me dijeron: esto va a la basura, ya no sirve”, cuenta.

Una vez procesado en McAllen, le anunciaron que sería deportado por Ciudad Juárez, le entregaron una tarjeta de débito que debía activar llamando a un número 1-800.

“Cuando quise llamar no se pudo porque el número nomás trabaja de aquel lado de la frontera”, dice. Además, los 30 días que tenía para recuperar sus pertenencias y su dinero se habían agotado mientras aún estaba en el centro de procesamiento.

Por lo pronto Carlos está atorado en Ciudad Juárez, una frontera que describe como “hostil”, donde no conoce a nadie. “No es por ser mala persona, pero es una frontera muy cabrona. De no ser por el pastor nadie te ayuda, y está cabrón no conocer a nadie, ni saber moverse en las calles, y si me agarra la policía, no voy a poder ni demostrar que soy mexicano. Me urge regresar a mi tierra”, dice.

https://www.proceso.com.mx/397244/la-patrulla-fronteriza-institucionaliza-el-robo