Mueren internos por violaciones a la salud en penales de Morelos
Carlos Quintero J. / El guardián MX / Proceso
CUERNAVACA, Mor. (apro).- Francisco A. N. sabía que iba a morir. El hombre de 63 años tomó un bolígrafo, una hoja en blanco y comenzó a redactar un escrito, su último recurso: un amparo de vida o muerte.
“Se reclama el posible traslado involuntario y contra mi voluntad a un centro hospitalario externo del sector salud, colocando en riesgo mi vida por contagio al no contar con síntomas, el suscrito, de Coronavirus…” escribió de puño y letra.
En la comunidad penitenciaria de Atlacholoaya, Francisco se había ganado el reconocimiento de muchas personas privadas de libertad, por ayudar especialmente a aquellos que no tenían dinero para pagar un abogado.
–Era licenciado en Derecho y daba asesoría gratuita a personas humildes, las encaminaba a la Defensoría, les explicaba, incluso les conseguía medicinas– recordó un compañero que pidió la reserva de su nombre.
Durante los últimos años, Francisco padeció de Parkinson y Diabetes Mellitus tipo II, por eso sus visitas frecuentes al área de atención médica del Centro de Reinserción Social (Cereso) Morelos.
Un día, a mediados de junio, él escuchó una plática entre agentes custodios y el subdirector del penal: supo que en próximos días sería trasladado a un hospital público, porque su nombre estaba en “una lista” de la autoridad penitenciaria.
Se sintió vulnerable, sabía que su vida estaba en riesgo, pues por sus enfermedades y su edad era potencialmente presa de la pandemia que rondaba los dormitorios del penal desde abril.
“… lo que eventualmente impedirá el derecho al habeas corpus de mi familia ante un deceso premeditado y la incineración de mi cuerpo como es la usanza en estos tiempos de la pandemia”, argumentó.
Finalmente su profecía se cumplió. El 30 de junio murió en un hospital público tras contagiarse de covid-19.
La historia de Francisco exhibe la grave y constante violación del derecho a la salud de las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios de Morelos, agravado por la pandemia.
Un caso similar es el de Donato P. H., quien el pasado 3 de agosto también promovió un amparo ante la falta de medicamentos y tratamiento para un mal que enfrenta en “hematología” y “neumología”.
“… la falta de oxigenación me genera sufrimientos que son ignorados por el área médica del Cereso Morelos, quienes indolentemente se niegan a dar cuenta de ellos denegándome el derecho a la salud”, dice en su escrito de amparo.
Donato Popoca tiene dificultad para respirar y, aunque fue trasladado al hospital general de Cuautla y recibió una atención médica por 10 días, fue dado de alta el 26 de julio, en las mismas condiciones.
Personas privadas de libertad han denunciado que no hay medicamentos y, si hay, las propias autoridades penitenciarias comercializan su venta de manera ilegal.
La Constitución y los tratados internaciones establecen que las personas cuyos derechos fundamentales son violentados dentro de un reclusorio tienen, legalmente, la misma protección de los ciudadanos libres.
Es decir, el Estado tiene la facultad para adjudicarse el derecho de privar a una persona de su libertad por cualquier razón, pero también debe asumir la obligación de asegurarse de que dicha persona sea tratada de manera decente y humana.
Sin embargo, las autoridades penitenciarias no respetan el derecho a la salud en las prisiones del estado, según denuncias de las propias personas privadas de la libertad.
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